Transcurrido un año de que se denunciaran los escandalosos fraudes que hicieron sucumbir a tres importantes bancos privados, queremos llamar la atención sobre las señales desalentadoras que se han visto, tanto desde el Ministerio Público, como desde el Sector Justicia. Una vez más, parecen abrirse las puertas a la impunidad, ratificando la vieja tradición del sistema judicial dominicano de no llegar al conocimiento del fondo de los casos, ni decidir en función de las pruebas presentadas cuando se trata de grandes estafas contra la sociedad.
El 2 de junio de 2003, representantes de decenas de organizaciones, reunidos en la Cinemateca Nacional, proclamamos que no formamos parte, ni somos cómplices de estos graves hechos. También nos comprometimos a no silenciar nuestras voces para denunciar el fraude bancario. Nuestro compromiso llegó al punto de reclamar que todo aquel que estuvo involucrado en esos vergonzosos hechos fuera investigado y que se publicaran las listas de beneficiarios.
Los fraudes ocurridos en BANINTER, BANCREDITO y MERCANTIL representaron aproximadamente el veintidós por ciento (22%) del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en el año 2003. La acción de salvamento decidida por las autoridades incurrió a su vez en múltiples irregularidades, ya que no solo es cuestionable desde el punto de vista de su racionalidad financiera, sino que llego incluso a violentar de manera flagrante las disposiciones de la propia Ley Monetaria y Financiera respecto a los topes a ser reconocidos a los ahorrantes de los bancos quebrados.
Pasado un año del fraude, vistas las consecuencias que se han traducido en graves perjuicios económicos para la población, por vía de la inflación y la devaluación de la moneda, es oportuno recordar que en atención al principio de la continuidad del Estado, y la responsabilidad que éste tiene de velar por los intereses de la nación, no se puede permitir que los casos de corrupción bancaria se diluyan en el desinterés o la complicidad.
El Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla el reforzamiento de las normas de supervisión bancaria y la aplicación de justicia a los casos puestos al descubierto en el 2003, por lo que esperamos que las nuevas autoridades cumplan fielmente con estas cláusulas del Acuerdo.
El deseo de justicia es permanente.
La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y decenas de organizaciones de la Sociedad Civil, hoy volvemos a reiterar nuestro reclamo de castigo a los culpables, como lo hicimos el año pasado, porque si estos inmensos fraudes bancarios no son sancionados hasta las últimas consecuencias, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano, debilitándolo hasta su disolución.
Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad reiteran su interés de que el imperio de la justicia sea lo que prime en estos casos y no la impunidad de la que tradicionalmente ha sido testigo la sociedad dominicana.
14 de junio de 2004
1) Acción Comunitaria para el Progreso, Inc. (ACOPRO)
2) Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, ( ADME)
3) Asociación Prodesarrollo del Municipio de Juan de Herrera
4) Asociación de Estudiantes Universitarios del Municipio de Juan de Herrera
5) Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz, ( ASOJAPAZ)
6) Asociación de Juntas de Vecinos del Municipio de Vallejuelo
7) Asociación de Mujeres Sagrado Corazón de Jesús
8) Asociación Silvestre Gómez Para el Desarrollo Integral de Mata de Amacey. (Santiago Rodríguez)
9) Centro Cristiano de Desarrollo Comunitario
10) Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo
11) Centro de Solidaridad Para el Desarrollo de la Mujer, (CE MUJER)
12) Centro de Educación y Asistencia Jurídica, ( CEAJURI) (Barahona)
13) Centro de Planificación y Acción Ecuménica, (CEPAE)
14) Centro de Desarrollo Infantil
15) Centro de Desarrollo Social Integral
16) Centro de Apoyo a las Iniciativas de la Mujer
17) Centro Dominicano de Educación Ecológica, (CEDECO)
18) Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, (CEDAIL)
19) Centro Esperanza de Vida
20) Ciudad Alternativa
21) Club Gregorio Luperón
22) Club Cultural y Deportivo Diego de Velásquez, (San Juan de la Maguana)
23) Comisión Nacional de Derechos Humanos ( Filial Sabana Perdida).
24) Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales, ( COPADEBA)
25) Comité Para la Defensa de los Derechos del Pueblo,( Dajabón).
26) Confederación Agrícola Unión Campesina Autónoma, (UCA) (Dajabón)
27) Confederación de Organizaciones Campesinas y Barriales, ( Barahona)
28) Consejo de Unidad Popular
29) Consejo Nacional de la Empresa Privada , (CONEP)
30) Federación de Iglesias Evangélicas del Suroeste
31) Fundación Institucionalidad y Justicia, ( FINJUS)
32) Fundación Para el Desarrollo de Villa Altagracia, ( FUDEVA)
33) Fundación Solidaridad, Inc (Santiago de los Caballeros)
34) Iglesia de la Cristianización Nacional ( San Francisco de Macorís).
35) Iglesia el Shaday
36) Iglesias Evangélicas de las Asambleas de Dios, Isaías 53
37) Iglesia Luz en Medio de las Tinieblas
38) Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo, ( IDHSD)
39) Instituto Nacional de la Salud, ( INSALUD)
40) Instituto Dominicano de Desarrollo Integral , (IDDI)
41) Junta Campesina la Esperanza
42) Junta de Vecinos Madre Teresa de Calcuta de Gualey.
43) Junta de Vecinos los Altagracianos
44) Junta de Vecinos Unidad Cristiana
45) Kwen de Solidaridad (Santiago Rodríguez)
46) Ministerio Sanidad y Vida
47) Movimiento Cristiano de Trabajadores.(Santiago de los Caballeros
48) Organización para el Desarrollo de la Salud, ( ODESA)
49) Patronato de Cárceles Publicas de San Francisco de Macorís
50) Participación Ciudadana
51) Planeta Verde(Santiago Rodríguez)
52) Promoción de la Mujer del Sur, (PROMUS)
53) Radio Restauración
54) Red Provincial por la Defensa de los Derechos Humanos (San Pedro de Macorís)
55) Red Regional de Defensa de los Derechos Humanos
56) Sindicato de Chóferes de Sabana Perdida y Zonas Aledañas.
57) Unión de Juntas de Vecinos de Sabana Perdida
