¿Qué pasará en la Justicia? Compromisos del 2004

Sectores reclaman eficiencia y rapidez en la justicia

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), la Fundación Institucionalidad y Justicia y el movimiento cívico no-partidista Participación Ciudadana realizaron el evento “¿Qué pasará en la Justicia? Compromisos del 2004”, con la participación de los líderes políticos y judiciales del país.

En este actividad diez destacadas personalidades del sector justicia y políticos dieron su visión particular sobre dos preguntas: ¿qué debe pasar en la justicia en el 2004? y ¿cuál es el compromiso de sus instituciones con el fortalecimiento del estado del derecho y el sistema de administración de justicia?

Las ponencias presentadas expusieron  lo que es previsible, a su entender, de los cambios que se aproximan durante los próximos meses, adicional a un esbozo sobre las medidas, proyectos, iniciativas y compromiso de la institución que dirige, con miras al fortalecimiento del sistema de administración de justicia y del estado de derecho de la República Dominicana.

Este evento que fue moderado por Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, se pensado para la participación de las más respetadas personalidades del sector justicia. Los expositores fueron: Alfredo Pacheco – Presidente de la Cámara de Diputados;  Jorge A. Subero Isa – Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Víctor Céspedes – Procurador General de la República;  Eduardo Estrella – Candidato presidencial por el PRSC; César Pina Toribio, en  representación del  PLD; Julio Terrero – Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD); Fabiola Medina – Fundación Institucionalidad y Justicia y  Alfonso Abreu Collado – Participación Ciudadana

En las diferentes intervenciones los exponentes plantearon la necesidad  de eficientizar y la rapidez con que debe actuar la justicia dominicana.

A continuación ponencia presentada por el Coordinador General de Participación Ciudadana, Alfonso Abreu Collado

En nuestra opinión, los ciudadanos esperan que el sistema judicial reúna, entre otras, las tres características siguientes:

1.Un sistema judicial que actúe con total independencia, no sólo del poder político que se expresa a través de los demás organismos del Estado, sino también con independencia del poder económico que se manifiesta a través de grupos y personas, que por sus niveles de ingresos o de riquezas, devienen en poderosos poderes fácticos, sobre todo ante la presencia de instituciones tan débiles como las nuestras.

2.Un sistema judicial eficiente en su tarea principal, que no es otra que administrar justicia con decisiones oportunas y apegadas estrictamente a lo que pautan tanto la Constitución de la República como las leyes, reglamentos y normas que conforman el Estado de derecho del país.

3.Un sistema judicial cuyos tribunales estén conformados por personas que no sólo tengan los conocimientos necesarios para impartir justicia con sabiduría y equidad, sino que estén investidas de una incuestionable probidad, que garantice que sus decisiones no estarán influenciadas por el poder o por el dinero de los sujetos involucrados en los conflictos que les toca dirimir.

Sólo cuando existe un sistema judicial que reúne las características anteriormente señaladas, pueden los ciudadanos sentirse confiados en acudir a los tribunales cuando sienten vulnerados sus derechos, sean estos de carácter social, político o económico.

Podría afirmarse que el sistema judicial dominicano está adornado de esos atributos?  

La realidad es que, a partir de la reforma del año 1994, se han logrado importantes avances en el ámbito judicial, que van desde la creación del Consejo Nacional de la Magistratura como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia hasta la independencia administrativa y la relativa independencia económica a través del manejo de su propio presupuesto; pasando por el establecimiento de la inamovilidad y la carrera judicial. Sin olvidar la importante labor de capacitación y entrenamiento desarrollada por la Escuela Nacional de la Judicatura.

Es indudable que estas medidas han contribuido a fortalecer el Poder Judicial, al conferirle a los jueces garantías de estabilidad, permanencia y posibilidad de ascenso en su carrera profesional.

Sin embargo, no es menos cierto, que todavía persisten muchas deficiencia que deben ser superadas para que la ciudadanía cambie su percepción de que, en el caso dominicano, a la diosa Temis se le ha caído la venda o le han puesto una venda transparente.

No parecen casuales los resultados encontrados en las diferentes encuestas realizadas en torno a la percepción de los dominicanos sobre la justicia. Ya en la encuesta DEMOS 2001 se encontró que para el 48% de la población la justicia funciona mal y muy mal, mientras que sólo el 30% consideró bien su funcionamiento.

Pero más grave aún, es el resultado obtenido en el “Diagnostico y consulta sobre las necesidades judiciales desde la perspectivas de las organizaciones comunitarias” realizado entre noviembre del 2002 y enero del 2003, propiciado por FINJUS y Participación Ciudadana, con el auspicio del Programa de Reforma y Modernización del Estado (PARME) y el apoyo de la Unión Europea. Esta vez el 83% de las organizaciones entrevistadas consideró que la justicia funciona mal y sólo el 11.5% ponderó bien su funcionamiento.

Esas percepciones negativas indican que la justicia dominicana tiene muchas tareas pendientes. En ese sentido, consideramos que en el año 2004 podría concentrar sus esfuerzos en mejorar, por lo menos, los dos siguientes aspectos:

a)     Disminución de la mora judicial, a través de fallos oportunos y sin dilaciones innecesarias. Este resultado puede obtenerse, en el área penal, por ejemplo, con un esfuerzo adicional de los jueces para decidir en la misma audiencia la mayor parte de los incidentes, que usualmente tienen como única finalidad retardar los procesos. En este mismo orden, corresponde a la Suprema Corte de Justicia desalentar con decisiones rápidas, las conocidas triquiñuelas usadas con fines dilatorios, como lo es la recusación de jueces, muy utilizada, sobre todo, en los casos de corrupción.

b)     Este año 2004 puede resultar muy provechoso para el Poder Judicial, si empieza a demostrar que la justicia es igual para todos. Los casos de corrupción ya no sólo involucran a funcionarios o ex-funcionarios públicos sino también a influyentes personas, familias y empresas del sector privado. La opinión pública está expectante, con la esperanza de que esta vez no prevalecerá la impunidad. Los casos de corrupción de cualquier naturaleza deben merecer la prioridad de nuestros jueces dentro del esfuerzo colectivo de derrotar esta perniciosa práctica que pone en peligro la vida institucional y fomenta la pobreza del país. La lentitud en el desarrollo de los procesos de esta naturaleza reforzaría la percepción de que nuestro sistema judicial es cómplice de la impunidad que nos arropa.

Por otro lado, este es el año de la entrada en vigencia del Estatuto del Ministerio Público. Aunque la ley que se aprobó no es perfecta, entendemos que puede servir de base para comenzar a trabajar seriamente por un ministerio público independiente y eficiente. Para lo cual es indispensable que durante el 2004 la carrera del ministerio público comience correctamente. Vale decir, que solo ingresen a ella candidatos debidamente depurados, a través de un proceso de evaluación riguroso y transparente, que aleje la tentación de contaminar la selección con simpatías partidarias. La forma de designar a los miembros del ministerio público ha cambiado por mandato de la ley. Debemos estar vigilantes para que la misma se respete.

Renovamos aquí el compromiso asumido y sostenido por Participación Ciudadana, de participar en el proceso de reforma judicial desde nuestra posición de organización de la sociedad civil. Nuestra labor ha sido y será de vigilantes del proceso, prestos a denunciar los peligros que se ciernen sobre el mismo, provengan desde dentro o desde fuera del Poder Judicial. Además continuaremos siendo proactivos, ofreciendo colaboración para facilitar el indispensable acercamiento entre ministerio público, jueces y ciudadanos, así como sugiriendo ideas que puedan contribuir a mejorar el avance o a evitar retrocesos.