Sin inamovilidad no habrá independencia judicial.

El tema de la inamovilidad de los jueces ha vuelto a ocupar en los últimos días las primeras planas de los diarios nacionales e importantes espacios en los medios electrónicos, tras la declaración del presidente de la República, agrónomo Hipólito Mejía, de que los jueces no deben ser eternos y las amenazas de algunos legisladores de integrarlo al proyecto de reforma constitucional.

Participación Ciudadana, que ha sido abanderada de la inamovilidad de los jueces como instrumento indispensable para sostener la independencia de la judicatura, se siente nuevamente preocupada por la pretensión de algunos sectores de confundir a la ciudadanía promoviendo la idea de que inamovible equivale a vitalicio.

Nada más falso. Los jueces inamovibles terminan su función con la edad de retiro o cuando son cancelados por razones de corrupción o de ineficiencia en el servicio, mientras que  jueces vitalicios sólo terminan su función con la muerte.

La mejor prueba del valor  de la inamovilidad para lograr una justicia independiente ha sido la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora para la reforma constitucional. Bastó que la decisión no complaciera a determinados sectores políticos que actualmente detentan el poder, para que  arreciaran las amenazas de eliminar la inamovilidad.

La reforma constitucional de 1994 introdujo en nuestra Carta Sustantiva el concepto de carrera judicial y como corolario la inamovilidad de los jueces. El acta de la Asamblea Revisora de 1994 recoge con precisión el alcance de este concepto al señalar “que ya la judicatura no estará sometida a los vaivenes de las elecciones que se celebran cada cuatro (4) años, algo terrible para la existencia de un verdadero Estado de Derecho”.

Las consecuencia de la designación de jueces por períodos determinados las estuvimos sufriendo hasta hace relativamente poco tiempo. Para nadie secreto que hasta 1997 la justicia en la República Dominicana estuvo secuestrada por sectores de influencia, sobre todo por los partidos políticos que cada cuatro años asignaban a sus senadores la labor de repartirse los puestos en la judicatura.

Desde hace años hemos venido denunciando que sectores que no aceptan haber perdido la influencia que antaño ejercían sobre el Poder Judicial conspiran para eliminar la inamovilidad. Por ello, fuimos parte del conjunto de organizaciones que solicitó la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial que pretendía restablecer los períodos para la función judicial.

Estas amenazas constituyen un intento de chantaje contra la Suprema Corte de Justicia muy parecido  al que precedió a la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, en que algunos de sus miembros amenazaban con remover a su presidente o a varios de los miembros del organismo.

En defensa de la inamovilidad hemos sugerido a los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia que sobrepasan la edad para retirarse que se acojan al retiro, al margen de su derecho de ampararse en el principio de no retroactividad de las leyes para mantenerse en sus cargos, en un gesto que ayudaría al clima de tranquilidad de la Nación.

Sin inamovilidad tendríamos, como en el pasado, jueces tímidos para aplicar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Sin inamovilidad no tendríamos carrera judicial, pues ambos conceptos son consustanciales. Lo que la justicia ha logrado es lo que desde hace años se reclama para los otros servidores públicos con la aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.