PC se pronuncia sobre anulación de sentencia BANCRÉDITO

Desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, Participación Ciudadana ha tenido un importante activismo reclamando sanción contra los responsables y hoy, ante una sentencia de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que anula la sentencia condenatoria contra los antes condenados y hoy nuevamente imputados en el caso Bancrédito, desea expresar su posición, coherente con sus actuaciones pasadas.

A nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún no nos hemos recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito, sobre todo tomando en cuenta que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados  que ha sido cuestionado por la opinión pública.

No entendemos como una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG. O por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública. Se olvida el Procurador General de la República que él es el representante de la sociedad y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada.

El nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que nos dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.

CONSEJO NACIONAL
17 de julio del 2012