PC denuncia retroceso en combate a corrupción.

El director ejecutivo del movimiento Participación Ciudadana (PC), licenciado Javier Cabreja, afirmó que en el país hay un retroceso en materia de combate a la corrupción administrativa, porque el discurso de tolerancia cero hacia ese delito no se ha traducido en la práctica.

Al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa “Esferas de Poder”, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, consideró que no se ha avanzado de forma efectiva en materia de lucha anticorrupción por distintos factores, entre ellos los niveles de impunidad que siguen reinando en la República Dominicana.

Declaró que a pesar de las denuncias públicas que se hacen en contra de distintos funcionarios, que supuestamente incurren en actos dolosos desde la función pública, el Estado no lleva a cabo ningún tipo de acción que implique una sanción efectiva.

Cabreja enfatizó que en los últimos diez años la corrupción en el país ha crecido y no se han producido sanciones efectivas, porque la mayoría de los funcionarios implicados en esos hechos no han sido condenados.

“Esto se hace acompañar por el hecho de que las instituciones que están llamadas, primero a sancionar la corrupción y a investigarla, son muy débiles”, dijo.

Opinó que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción y el Poder Judicial no han evidenciado la capacidad ni la eficiencia necesaria para enfrentar los casos de corrupción.

Asimismo, dijo que ni la Cámara de Cuentas ni la Contraloría General de la República llevan a cabo el rol que deben desempeñar en materia de fiscalización que impida el crecimiento de la corrupción en el país.

“A esto se le suma la falta de voluntad política de los principales líderes y funcionarios del Estado dominicano y todo esto ha generado que la República Dominicana tenga los niveles de corrupción que tiene y que en los indicadores sigamos apareciendo como un país con uno de los niveles más altos de corrupción en la región”, agregó.

Cabreja manifestó que mientras persista la cultura de los niveles de discrecionalidad y los funcionarios públicos entiendan que la información que se genera desde el Estado son de propiedad privada, seguirán creciendo los niveles de corrupción.

El reparto de cargos

El director ejecutivo de Participación Ciudadana consideró que detrás del proceso acelerado de designación de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas y la urgencia que tiene el Senado está el interés de los partidos políticos de repartirse esos cargos.

Cabreja manifestó que esos puestos no pueden responder al interés clientelar que tienen los partidos políticos, sino que deben responder a la institucionalidad y al desarrollo.

Manifestó que Participación Ciudadana está muy preocupada por el proceso que ha estado llevando a cabo el Senado de la República, en cuanto a la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Calificó como contraria a la Constitución la decisión del Senado, de designar al senador Félix Vásquez como miembro del CNM.

“Por lo siguiente, para la designación del Consejo Nacional de la Magistratura la Constitución es clara, respecto a que el segundo miembro tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, debe corresponder o debe ser asignado al partido de la oposición de dicha cámara”, enfatizó.

Cabreja dice que aunque Vásquez es claramente un senador del Partido Reformista Social Cristiano, en la boleta electoral fue propuesto y alcanzó la curul con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana.

“Por ende no es el senador que entra al Consejo Nacional de la Magistratura siendo de un partido distinto o contrario o de oposición, como establece el propio espíritu de la Constitución”, dijo.

Manifestó que la Constitución obliga a la designación de los miembros de esas instituciones, pero también a una readecuación del marco legal y jurídico del país.

Entiende que lo más adecuado y conveniente para el fortalecimiento institucional, era iniciar este proceso con las modificaciones y ajustes legales que están pendientes, para que los nombramientos estén a la altura de la Carta Magna.

“Pero que al mismo tiempo que en esas legislaciones se establecieran claramente los mecanismos y los procedimientos para la designación de los miembros de esas instituciones”, precisó.