Participación Ciudadana rechaza la anulación de la sentencia caso Bancrédito

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento Participación Ciudadana rechazó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que anuló el juicio que condenó a ocho años de prisión a los banqueros Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, por estafar a los clientes del Bancrédito.

Advirtió que a nueve años de un fraude que sumió al país en la pobreza y del que aún el país no se ha recuperado, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia parece estar preparando el terreno para la impunidad en el caso Bancrédito.

Recordó que el Banco Central llegó a un acuerdo con los imputados del caso Bancrédito,  que ha sido criticado por la opinión pública.

“No entendemos cómo una simple carta de la firma auditora KPMG señalando que no emitió un informe de auditoría en el año 2004 que sirvió de prueba en la sentencia condenatoria, puede más que las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre los informes de KPMG”, indicó PC.

La entidad cívica recordó que desde que se conocieron los casos de fraudes ocurridos en los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil en el año 2003, reclamó sanción contra los responsables, como lo hace ahora.

Asimismo, señala que no comprende por qué razón la Sala Penal de la Suprema Corte no valoró la existencia de otras pruebas descritas en las páginas 109 y 110 de la sentencia anulada que corroboran lo contenido en el informe de auditoría del año 2004 en el sentido de que una parte de los activos y pasivos de dicho banco no eran declarados ni a los auditores ni a las autoridades, violando claramente la Ley Monetaria y Financiera.

“Resulta censurable que el Ministerio Público, representado en esta instancia por su más alto exponente, el Procurador General de la República, siga sosteniendo que el simple hecho de haber desinteresado a los querellantes iniciales le impide continuar un caso que implica violaciones a leyes de orden público, pues es lo mismo que decir que al asesino le basta con llegar a un acuerdo con los familiares de su víctima para librarse de la acusación pública”, precisa PC.

Sostiene que el Procurador General de la República se olvida que él es el representante de la sociedad, y que lo que hace con este tipo de argumentación es dejarla huérfana.

“Esta posición del Ministerio Público es inconcebible cuando ha sido precisamente ese Cuerpo, a través de los fiscales especiales Daniel Miranda Villalona, Francisco García y Carmen Alardo, el que sustentó exitosamente la acusación en primer y segundo grado, y ahora su superior cuestiona seriamente la labor realizada”, argumenta PC.

Indica que el nuevo juicio ordenado, con la conciencia de que no habrá Ministerio Público que represente a la sociedad puesto que ha desertado de sus responsabilidades, será un teatro de mal gusto, que no podrá borrar de la conciencia ciudadana que en el Bancrédito hubo un fraude que dañó a todos, como tampoco podrá borrar la sentencia dictada por el Soberano, el Pueblo Dominicano.