Participación Ciudadana organiza encuentro con periodistas Expositor resalta amenazas a libertad expresión Ignacio Alvarez, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Las principales amenazas contra la libertad de expresión en América Latina son las agresiones físicas, las leyes que sobreprotegen a los funcionarios públicos, los asesinatos contra periodistas, la impunidad y la autocensura de los comunicadores sociales por temor a represalias.

La afirmación la hizo el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Alvarez, quien subrayó que en la última década han sido asesinados 145 periodistas de América Latina, en su gran mayoría como consecuencia de su labor periodística.

Alvarez señaló que en distintos países de la región se producen agresiones físicas contra los comunicadores. Y en muchos casos, igual que los asesinados, quedan en la impunidad..

“La impunidad es un problema, porque en un país donde agreden a un periodista o los asesinan, y no se castiga a los responsables, eso invita a que sea una acción recurrente, porque no hay una consecuencia”, expresó Alvarez durante un almuerzo con periodistas y ejecutivos de diferentes medios que organizó Participación Ciudadana.

La siguiente gama de violaciones contra la libertad de expresión, según el relator del organismo de la OEA, tiene que ver con las leyes de desacato y difamación, injuria y calumnia, porque son leyes que otorgan una protección especial a los funcionarios públicos, “son leyes que vienen desde el Imperio Romano, donde se concebía que la crítica a los funcionarios podía interferir en sus funciones” y se castigaba y aún se castiga en algunos países con penas de cárcel a quien irrespete a un funcionario público o a una institución pública.

Tras advertir la importancia de este aspecto, Alvarez subrayó que en los últimos años al menos nueve países de la región han derogado la ley de desacato, sin embargo se siguen aplicando –con el mismo propósito- las leyes para los delitos de difamación e injuria.

Esto, a su juicio, constituye un serio problema para la libertad de expresión, y afirmó que en una sociedad democrática los funcionarios deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio en cuanto a sus actividades, pues están administrando dinero y políticas públicas sobre una serie de asuntos muy importantes para los ciudadanos.

Consideró que imponer sanciones penales a los periodistas, por cualquiera de las vías –desacato o difamación e injuria- son desproporcionadas en una sociedad democrática con respecto a eventuales abusos de la libertad de expresión por parte de los periodistas.

Sin embargo, dijo que la CIDH propone que la violación a la libertad de expresión sea sancionada a través de juicios civiles, no penales, y el derecho a rectificación o respuesta “esos son los elementos con que se debería proteger ese derecho” de los funcionarios a que se les respete su honor.

Sin embargo, observó que a pesar de las leyes, casi en ningún país de la región hay periodistas presos, pues en realidad el objeto último de los procesos penales no es encarcelar a los comunicadores, por el escándalo que podría generarse, y subrayó que la violación a la libertad de expresión está, básicamente, en que haya un proceso penal donde el comunicador tiene que ir a responder; en la amenaza de terminar preso o presa, y además es un intento de que el periodista y sus colegas se autocensuren por el temor a ser objeto de procesos penales, que muchas veces implica la prohibición de la salida del país.

“En definitiva, esa es una de las grandes preocupación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, porque realmente se coarta la libertad de expresión a través de los procesos penales”, recalcó Alvarez, quien aboga porque sea derogada, al menos en relación a los funcionarios públicos, la ley de difamación.

Una mayor libertad de expresión

En la percepción de Álvarez, en la región hay una sensación de que en muchos países hay una mayor libertad de expresión de la que realmente existe, debido a la autocensura.

En efecto, dijo que en muchos países se ejerce la autocensura, para evitar represalia, y por eso da la impresión de que hay menos ataques contra la prensa y los periodistas. En algunos casos ha disminuido el número de asesinatos de periodistas, “pero no es porque haya cambiado la situación como tal, sino porque los periodistas al fin y al cabo tienen un temor natural a ser asesinado y dejan de informar sobre el tema”.

Pero no porque se dejen de asesinar periodistas quiere decir que hay mayor libertad de expresión. Y lo mismo puede ocurrir con las legislaciones y las agresiones físicas.

Otro aspecto que atenta contra la libertad de expresión es la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, y resaltó que en muchos países, a los medios que no son muy críticos, el gobierno les asigna mayor publicidad, y eso también puede llevar a la autocensura.

Asimismo, la CIDH ha recibido denuncias de que a medios que son contrarios o que tienen una línea crítica hacia la acción gubernamental se les fiscaliza tributariamente de manera más severa.

Amenaza de la  libertad de expresión

Otro de los factores que amenaza la libertad de expresión es el monopolio de los medios de comunicación. “Ni los monopolios, ni los oligopolios favorecen la libertad de expresión”, precisó Álvarez.

Explicó que cuando se concentra la propiedad de los medios en un solo grupo empresarial o persona se restringe la pluralidad de la información, que es precisamente la idea del derecho a la libertad de expresión, que las personas estén expuestas al mayor número de ideas y pensamientos posibles expresados a través de las noticias, para que se puedan formar su propia opinión.

“Definitivamente la posición de la Relatoría es que los monopolios y los oligopolios no contribuyen al derecho a la libertad de expresión, más bien constituyen una restricción a este derecho”, manifestó Alvarez.

Destacó que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y es un derecho de extrema importancia por el valor intrínseco que tiene y por las consecuencias que conlleva su falta para el disfrute de todos los demás derechos humanos.

¿Qué es la CIDH?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D. C. El otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General

Esta actividad contó, además, con la presencia del Dr. Roberto Cuellar M., Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien agradeció a este movimiento cívico la organización de la actividad, escenario que le permitió a esa entidad  plantear su posición en torno a la libertad de expresión.

La actividad se inició con las palabras del coordinador general, Paulo Herrera Maluf, quien dio paso al expositor de la actividad, Dr. Ignacio Álvarez. La moderación del evento la hicieron Juan Bolívar Díaz y Nurys Paulino.