Investigación “La Corrupción sin Castigo”

El movimiento cívico Participación Ciudadana puso en circulación este jueves 26 de junio el libro “La Corrupción sin Castigo” que recopila las denuncias reseñadas por los medios de comunicación sobre casos de corrupción administrativa desde el año 2000 hasta el 2013.

En 257 páginas la edición recoge 94 denuncias de corrupción realizadas por una gran variedad de personas e instituciones, no solo de la oposición política o de instituciones dedicadas al tema, sino además provenientes de organismos oficiales.

Participación Ciudadana busca que esta recopilación sirva como herramienta de investigación para aquellos estudiosos que busquen entender el fenómeno de la corrupción en la República Dominicana.

También persigue que este libro cumpla una función educativa para la prensa, empresarios, políticos, educadores, profesionales en general, así como toda la población, de modo que no solo rechacen la corrupción, sino que la denuncien y pongan en práctica una tolerancia cero.

Los casos reseñados se encuentran en diferentes situaciones extraprocesales y procesales: unos simple denuncia en los medios,  otros  en denuncias o querellas ante el Ministerio Público, donde están en fase de interrogatorios o investigación, algunos en etapa preliminar o de juicio y otros ya concluidos cuyas decisiones varían desde el archivo, auto de no ha lugar, absolución,  descargo, puesta en libertad y se resaltan 8 condenas.  Llama la atención que en la investigación la motivación de la denuncia o de la querella es en base a las auditorías realizadas por empresas privadas por la Contraloría General o por la Cámara de Cuentas,  las cuales ascienden a 17.

En este sentido, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Sonia Díaz Inoa, durante la presentación del libro resaltó el hecho de que  los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil han realizado numerosas denuncias de corrupción y que las autoridades no han hecho nada.

«El sistema judicial dominicano no ha sido capaz de investigar a profundidad los casos denunciados y mucho menos de sancionarlos», indicó Díaz Inoa.

Mientras que, Miriam Díaz Santana, Coordinadora de la Comisión de Transparencia calificó de inaceptable el argumento de que en el país no hay suficientes leyes para sustentar el castigo de la corrupción.

«Si bien podría mejorarse o endurecerse las penas, esto no justifica que nadie o muy pocos hayan recibido castigo por actos de corrupción y que una gran parte de  las personas que aparecen en estos expedientes y denuncias sean funcionarios, legisladores y políticos activos que descaradamente utilizan las riquezas sustraídas para mantener su vigencia política”, manifestó Díaz Santana.

En dicha actividad participaron además el  periodista Fausto Rosario, el padre jesuita Pablo Mella y la socióloga Rosario Espinal.  Fausto Rosario hizo un análisis de la corrupción desde la perspectiva del periodista, resaltando el rol que juegan  tanto  la denuncia periodística así como los medios de comunicación en general “los cuales no deben hacer el papel de los órganos de investigación estatal frente a la corrupción administrativa”, argumentó.  Pablo Mella analizó la corrupción dentro de un Estado de derecho, afirmando que ésta forma parte del círculo vicioso de la cultura política dominicana, donde de cualquier lado que se quiera atacar se puede hacer por la circularidad en que se desenvuelve.

Rosario Espinal  examinó la corrupción tomando en cuenta  el botín que representa el Estado y donde todos los sectores quieren participar  en ese mecanismo de distribución de la riqueza que esa circularidad citado por Pablo Mella representa.  Afirmó que la situación es sumamente compleja pero hay que analizar las posibilidades de cambios donde la sociedad civil juega un papel muy importante, concluyó.  El acto culminó con la lectura del compromiso ciudadano Impunidad 0 a cargo de Claudia Capano.

Participación Ciudadana enfatiza que esta recopilación no representa una acusación de culpabilidad y mucho menos una prueba contra ninguna de las personas mencionadas en las denuncias, ya que esa es una labor reservada estrictamente para las autoridades del sistema de justicia dominicano, en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico.