En torno al proceso post-electoral

Ante los últimos acontecimientos relacionados con las recién efectuadas elecciones congresionales y municipales, Participación Ciudadana expresa su preocupación por las denuncias que han afectado dicho proceso, al tiempo que llama a los principales actores, incluyendo las autoridades electorales y los partidos políticos, a trabajar hasta haber despejado cualquier elemento que pueda afectar la credibilidad de los comicios

Debemos preservar a toda costa la confianza que legítimamente se han ganado las autoridades electorales que han administrado las últimas cuatro elecciones de tal forma que han sido ejemplo de transparencia para el continente.  La confianza de la ciudadanía es el mayor activo con que cuentan las autoridades electorales, y los propios partidos políticos, para asegurar el éxito de futuras elecciones.

En los casos de denuncias que impliquen alteración intencional de actas de votación o de digitación, las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias, sin importar que  pueda afectar o no los resultados preliminares. Y no se debe descansar hasta sancionar de manera rigurosa a los responsables de cualquier irregularidad que pueda ser documentada, por pequeña que sea.

En aquellas provincias o municipios afectados por las denuncias que hayan sido documentadas, la investigación debe incluir el cotejo de todas las actas de los colegios contra los formularios de Resultado de Colegios Electorales VALIDADOS. Este proceso debe estar rodeado de la más absoluta transparencia, incluyendo su supervisión  por los partidos políticos y observadores que laboraron en estas elecciones.

Estos comicios han revelado claramente deficiencia en la capacidad de los integrantes de los colegios electorales, lo que produjo una cantidad apreciable de errores en el llenado de las actas y los formularios con el subsecuente retraso en la emisión de los boletines con los resultados electorales.

Las autoridades electorales deben poner más atención en el reclutamiento y capacitación de este personal que, el día de las elecciones, tiene en sus manos el control del proceso.

Debe eliminarse la práctica de llenar las vacantes con personas reclutadas o sugeridas por los partidos políticos, ya que este mecanismo permite a los partidos manipular la selección de los miembros de mesas y colocar a personas allegadas.

Es importante recordar el esfuerzo realizado por las autoridades electorales en la organización de las elecciones del pasado 16 de mayo, que permitió, como describieron los observadores nacionales e internacionales, el desarrollo de una jornada electoral  satisfactoria, de la cual lamentamos los hechos de violencia que cobraron la vida de varias personas tanto en Montecristi como en  Jarabacoa. Es  responsabilidad del Ministerio Público investigar y someter a la acción de la justicia a los responsables de las mismas.

Las dificultades identificadas luego de iniciado el escrutinio se encuentran focalizadas en  lugares muy concretos del conocimiento de las autoridades y la ciudadanía. Resulta indispensable su cabal esclarecimiento para el bien de los futuros procesos electorales y de la democracia dominicana.