Declaración de Prensa

El movimiento cívico Participación Ciudadana exigió a todos los funcionarios públicos,incluyendo a los legisladores, dar cumplimiento a la ley 82-79 y formular su declaración jurada de bienes ante las autoridades competentes en los plazos previstos por dicha legislación.

En declaración de prensa, la organización de la sociedad civil lamenta que a más de dos años de haber resultado electos, algunos legisladores aún no hayan cumplido con el voto de la ley cuando señala que determinados funcionarios públicos están obligados, dentro del mes de su toma de posesión, a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante un notario público, el cual deben remitir a la Tesorería Nacional, que lo remitirá a su vez a la Procuraduría General de la República.

En ese sentido, Participación Ciudadana respaldó las iniciativas emprendidas por el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DEPRECO), orientadas a hacer que los funcionarios públicos entrantes y salientes cumplan con la Ley 82-79. Recordó el movimiento cívico que el incumplimiento de esta ley hace presumir como ilícitas las adquisiciones de bienes que realicen esos funcionarios públicos, siendo pasibles además de ser castigados por aplicación de los artículos 174 al 183 del Código Penal, que castigan la concusión y  el enriquecimiento ilícito.

Participación Ciudadana abogó por la modificación de esta normativa con el propósito de hacer más estrictos los procedimientos de control y auditoria del patrimonio de los funcionarios públicos. “Es necesario -indica la nota- que las declaraciones juradas sean sometidas a un proceso de verificación y auditoria por un personal competente de manera que se compruebe que los bienes que los funcionarios declaran como propios, realmente forman parte de su patrimonio al momento de iniciar una gestión pública o mandato electivo”.

Indicó que el Congreso Nacional ha estado apoderado de una propuesta de ley de probidad administrativa que modifica la ley 82-79 y que otorga un papel más activo a la Cámara de Cuentas en la supervisión del patrimonio de  los funcionarios públicos.

Finalmente, la organización social demandó procedimientos más expeditos y sanciones más graves para los funcionarios que no cumplan con el mandato de la ley y que pretendan mantener sus bienes fuera del escrutinio de la sociedad.