Santo Domingo, República Dominicana. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil, realizaron este miércoles un llamado al Poder Ejecutivo, a los gobiernos locales, al sector empresarial, a la cooperación internacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, para que las Casas Comunitarias de Justicia sigan ofreciendo sus servicios en los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana, ya que con su trabajo, contribuyen con la convivencia pacífica en los barrios y descargan al sistema de justicia, de un cúmulo de casos que ahora se resuelven en las propias comunidades.

“Las Casas Comunitarias de Justicia son centros de mediación, conciliación, promoción de los Derechos Humanos, prevención de la violencia, articulación y vinculación con el territorio, fundamentales para garantizar y promover la convivencia pacífica”, indicaron.

Estas Casas Comunitarias también ofrecen orientación legal, atención a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y espacios formativos para la construcción de ciudadanía, con el objetivo de promover y facilitar el acceso a la justicia, la convivencia pacífica, prevención de violencia, fomentar la educación ciudadana, escolar y comunitaria.

Hoy, las Casas Comunitarias de Justicia carecen de recursos suficientes para continuar con su labor. Es por ello, por lo que las instituciones firmantes realizaron un llamado a todos los sectores de la sociedad, para incentivar un mayor apoyo del gobierno, del sector empresarial y las Alcaldías, para que las Casas Comunitarias puedan seguir ofreciendo servicios a personas necesitadas de barrios y comunidades.

En sus 15 años de servicio la institución ha atendido a más de medio millón de personas en vulnerabilidad. La población beneficiaria se ubica en los sectores: La Ciénaga, en el Distrito Nacional; Las Caobas, en Santo Domingo Oeste; La Joya y Cienfuegos en Santiago; Villa Rosa, en La Vega; centro de la ciudad en San Francisco de Macorís; Las Cuarenta, en Mao, Valverde; Barrio José Horacio Rodríguez, Moca y en Puerto Plata.

Entidades firmantes:

1. Asociación Casa Abierta
2. Asociación Ciudad Alternativa
3. Articulación Nacional Campesina
4. Centro La Salle-Hno. Alfredo Morales
5. Centro Juan XXIII
6. Centro Poveda
7. Centro de Planificación y Acción Ecuménica, CEPAE 
8. Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, CE-Mujer
9. Centro de Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, CEDAIL
10. Centro de Trabajo Ecuménico Dominicano, COTEDO 
11. Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF
12. Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA
13. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
14. Club De Madre La Voz De La Esperanza. La Herradura Santiago
15. Club de Madre Reyna del Rosario. Distrito Municipal Hato del Yaqué Santiago.
16. Club de Madre Caminando con María Distrito Municipal Hato del Yaqué
17. Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL)
18. Fundación Dominicana por Amor a los Envejecientes y la Niñez, Fundó Amor
19. Movimiento cívico, Participación Ciudadana
20. Movimiento De Mujeres Mamá Tingó. Santiago. Yaguita De Pastor
21. Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM.
22. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, IDEAC
23. Centro de Información y Promoción Comunitaria-CIPROC-
24. Promoción de la Mujer del Sur
25. Acción Comunitaria por el Progreso, Inc.
26. Federación de Mujeres Las Golondrinas
27. Patronato Pro-Desarrollo de Sabaneta
28. Junta de Vecinos El Carril
29. Círculo de Mujeres con Discapacidad
30. Asociación de Abogados Santo Domingo Oeste
31. Fundación Voluntad Educativa (FUNVE)
32. Organización Nueva Abogacía (ONA)
33. Clínica Profamilia Herrera
34. Federación de Juntas de vecinos de Puerto Plata
35. Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR)

Personas firmantes:

1. Alberto Cruz
2. Antonio Fermín Páez
3. Ángel Paredes
4. Nicolas Guevara
5. Dorina López
6. Hno. Pedro Acevedo
7. Fernando P. Henríquez
8. Frank Cáceres Mendoza
9. Román Batista Álvarez
10. Pedro Franco
11. Pablo Vicente
12. Claudia Capano
13. Hamilk Chahin
14. Ricardo González Camacho
15. Rosa Lara
16. Fátima Lorenzo Mencía
17. Patricia Gómez
18. José Basora
19. Noria Hilario
20. Marino Tejada
21. Manuel Mejía
22. Norma Méndez Quezada
23. Victoria Pérez
24. Sandra Cuevas
25. Erenia Quezada
26. Nathaly Cuevas Ruiz
27. Ana Luisa Peña
28. María Graciela de la Cruz.
29. María Jiménez
30. Elsa Mata Bautista.
31. María Nelly Díaz
32. Gertrudys Silverio.
33. Josefina Sánchez
34. Nelly Heredia
35. Carlos Vinicio Custodio
36. Carlos Brito Sánchez
37. Luis Ortega Rincón
38. Lorenzo Ramírez

Miércoles 10 de agosto del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, señaló este lunes que después de más de una década de espera, el país está ante la oportunidad de aprobar una Ley de Extinción de Dominio, normativa llamada a fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción administrativa. El pasado viernes fue aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados y volverá al Senado para que la conozca de nuevo con las modificaciones introducidas. 

Participación Ciudadana entiende que esta ley constituye un paso de avance y nadie puede oponerse a la aprobación de una ley de extinción de dominio porque es un mandato constitucional. El artículo 51.6 de la Constitución, reza: “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.” 

El artículo 51.5: “Solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales.” 

La entidad expresó que esta normativa crea un instrumento que permite perseguir, de forma autónoma, los bienes obtenidos de manera ilícita; que no haya la necesidad de esperar una sentencia en lo penal para tales fines; que aquellos que cumplan condena penal, al salir de la prisión no se burlen de la sociedad exhibiendo los bienes mal habidos como un premio a su conducta delictiva.  

En otro orden, hay unanimidad de criterio en que en la aplicación de esta ley debe respetarse el debido proceso y así está consignado en el proyecto.  El artículo 28 de la ley se titula “Debido proceso”, y confirma en esta materia la garantía constitucional del debido proceso, permitiendo a los afectados participar en el procedimiento, oponer excepciones y defensa, presentar pruebas, intervenir en su preparación y presentación, recurrir las decisiones, y todo un elenco de garantías probatorias. El catálogo de garantías descrito en la ley, tiene un carácter enunciativo, pues toda regla que forme parte del debido proceso es aplicable en este caso. 

En cuanto a la retroactividad, el movimiento cívico puntualizó que se pueden aplicar las reglas de las obligaciones en la adquisición de activos establecidas en el Código Civil, que establecen los requisitos de validez de este tipo de operación.  Por lo tanto, no será la Ley de Extinción de Dominio la que anule la adquisición de activos obtenidos ilícitamente, sino disposiciones legales que datan desde la fundación de la República, contenidas en el código civil. 

“El proyecto reduce el tipo de hecho ilícito que puede dar lugar a la extinción de dominio, y todos son hechos ilícitos ya existentes y que pueden calificarse de mayores, como tráfico de drogas, de seres humanos, de órganos, secuestro, sicariato, soborno, terrorismo, pornografía infantil, robo agravado, falsedad, delito tributario, etc.”, indicaron.  

El Consejo Nacional de la entidad apoya que la jurisdicción que conozca los casos sometidos a esta ley sea la de las cortes de apelación, ya que no hay necesidad de crear una jurisdicción separada. Las cámaras penales de las cortes de apelación de los distintos departamentos judiciales serían competentes para conocer y decidir en primer grado del juicio de extinción de dominio. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia será el competente para conocer los recursos de casación que se interpongan de conformidad con lo previsto en la ley. 

Aunque no existe consenso entre los expertos constitucionalistas acerca de si esta ley es orgánica o no, Participación Ciudadana considera conveniente que se apruebe como ley orgánica, y de esa manera se evite una posible anulación por parte del Tribunal Constitucional, frustrando así los anhelos de una legislación tan necesaria como esta que, además, es un compromiso internacional asumido por el país.  

“En estos momentos en que se están produciendo avances en el combate a la corrupción y la impunidad, debemos reclamar a nuestros líderes congresuales y a la dirigencia de los partidos políticos dar un ejemplo de concertación y compromiso, aprobando esta ley con la mayoría requerida para las leyes orgánicas”, concluyeron.  

CONSEJO NACIONAL 

25 de julio del 2022 

Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, en su compromiso con la participación, el fortalecimiento democrático, la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad en la República Dominicana, realizó la tertulia “Hablemos de la Ley de Extinción de Dominio”. 

Esta tertulia tuvo como finalidad conversar con la ciudadanía y actores claves para dotar al país de una ley que castigue el crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales, recuperando los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero. 

El coordinador general de la institución, Joseph Abreu, enfatizó en sus palabras de bienvenida que, la Ley de Extinción de Dominio es una herramienta de lucha contra la corrupción que se enmarca dentro de los compromisos nacionales e internacionales.   

“Esta Ley representa un instrumento para atacar una de las principales fuentes de ingreso con la cual se financian estos grupos criminales, quitándoles este brazo económico con el cual desarrollan sus actividades ilícitas”, concluyó Abreu.  

La tertulia contó con la participación de destacadas figuras entre las que se encuentran: Marko Magdic, abogado y experto en extinción de dominio; Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista y profesor universitario; Laura Paniagua, Gerente de Políticas Públicas de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y Francisco Álvarez, integrante de la comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana.  

En su intervención Marko Magdic, precisó que la herramienta principal del crimen organizado que le da mayor cuota de impunidad y poder, es precisamente las estructuras financieras que las soportan.  

“Esta normativa busca atacar estos recursos, y no a las personas, para eso está el derecho penal y administrativo, la finalidad de este proyecto es poder entregar una ley complementaria a lo que ya tenemos”, señaló Magdic. 

Por su parte el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, enfatizó que, en el proyecto de ley de extinción de dominio, existen algunos elementos bastantes sensibles que el país no lo necesita.  

Indicó que uno de estos, es la forma en que se ha abordado la naturaleza de la ley, «es arriesgado para el futuro de la ley de extinción de dominio, aprobarla como si fuera una ley ordinaria», precisó.  

El abogado Rodríguez considera que se trata de una ley orgánica, y así debe ser abordada.  

En su intervención Laura Paniagua, gerente de Políticas Públicas de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, enfatizó que esta institución se ha mantenido enviando sus comentarios y observaciones, para poder hacer de esta normativa una realidad en el marco jurídico dominicano.  

Señaló que “La ley de extinción de dominio es una herramienta poderosa y necesaria, pero tiene que ser efectiva, acorde con su propósito original”.  

Indicó, además, que esta ley para ser garantista debe respetar el debido proceso, garantizando la seguridad jurídica y la institucionalidad.  

Por su parte, Francisco Álvarez enfatizó que la Ley de extinción de dominio es un mandato constitucional. “El partido de gobierno debe llegar a un consenso con la oposición”, puntualizó.  

Concluyó realizando un llamado a los diferentes sectores para que se apruebe esta ley.  

Esta tertulia fue moderada por Leidy Blanco García, coordinadora de la comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, realizada en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia. 

21-07-2022 

Saludan el coraje, el compromiso y el enorme esfuerzo del Ministerio Público. 

Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, señaló en nota de prensa que, en los últimos días, la sociedad dominicana ha sido estremecida hasta sus cimientos por la publicación íntegra del expediente presentado por el Ministerio Público con el nombre de Operación Medusa, el cual involucra a quien fuera Procurador General de la República en el período 2016-2020, el señor Jean Alain Rodríguez. 

“No podemos decir que estamos sorprendidos por el intrincado entramado de delincuencia que muestra el Ministerio Público en este expediente, ya que, tanto nuestra organización como muchos otros sectores de la sociedad civil y de la prensa de investigación, habíamos denunciado las públicas y evidentes anomalías que se estaban cometiendo en el mismo órgano creado por la Constitución de la República para trazar y ejecutar las políticas públicas contra el crimen, la delincuencia y cualquier clase de violación a las leyes, al tiempo de servir como sombrilla protectora de la ciudadanía”, puntualizó la institución.  

Innumerables solicitudes fueron hechas al entonces presidente Danilo Medina para que destituyera a Jean Alain Rodríguez y detuviera los desmanes que se denunciaban. Pero esos reclamos nunca fueron atendidos y, por el contrario, ese funcionario gozó de un apoyo incondicional, comprometiendo así la responsabilidad de las más altas autoridades de su gobierno. 

El expediente presenta pruebas de que, en ese funesto período, proliferaron prácticas como las siguientes: 

• Entrega de obras y contratos multimillonarios a cambio del cobro compulsivo de sobornos, al menos de un 20%, a una camarilla de amigos, familiares y allegados, por sumas que alcanzan miles de millones de pesos, que eran recolectados en efectivo en las mismas oficinas de la Procuraduría General. 
• Sobrevaluaciones, vicios de construcción y faltantes en obras públicas, por demás diseñadas y construidas, imponiéndose ante otras alternativas más razonables, con la expresa intención de obtener enormes beneficios. 
• Estafa al Estado y a la población en renglones de gastos masivos como la alimentación de las personas encarceladas. 
• Triangulaciones de transacciones de compras, como lo fue la estafa por más de 12 millones de pesos en la compra de un solar, supuestamente para parqueos de la Fiscalía del Distrito. 
• Instalación de una asociación de malhechores, integrada por amigos y parientes, justamente en la institución llamada a prevenir y perseguir la corrupción y el delito. 
• Instalación de un sistema de espionaje para beneficio propio, el cual controlaba los movimientos, incluso de los propios integrantes de las fiscalías. 
•  Instalación de cuentas y personeros pagados en las redes sociales, expresamente destinados a espiar y perseguir a periodistas críticos y honestos, así como a promover la imagen del procurador, con recursos públicos. 
• Contratación de asesores extranjeros, con multimillonarios recursos públicos, para crear campañas de imagen y asesorar al jefe del Ministerio Público. 
• Destrucción de evidencias, sustracción de equipos, incursión nocturna en las oficinas públicas para ocultar delitos y manipular expedientes.  
• Utilización de oficinas públicas como comandos de campaña, incluyendo distribución de recursos a favor del candidato y el partido oficial. 
• Desvío de recursos públicos hacia obras personales, como la construcción de villas.  
• Entrega de bienes incautados a cambio de supuestos servicios de publicidad.  

El movimiento cívico enfatizó que, las 12,275 páginas del expediente presentado se constituyen en un material de lectura obligada. El juicio será una cátedra, no sólo para el sistema judicial y los profesionales del derecho, sino una escuela de civismo para todos los ciudadanos y ciudadanas, políticos y funcionarios públicos que podrán constatar lo que constituye la antítesis de un servidor público y mirarse en el  espejo de lo que le puede pasar a quienes van al Estado a corromperse, mostrando un total desprecio por el respeto a las leyes, el honor y los principios morales que deben ser el fundamento de una sociedad civilizada. 

Participación Ciudadana expresó que comprende la estrategia del Ministerio Público al no incluir en el mismo expediente a funcionarios públicos del más alto nivel que podrían estar, y a los ojos de la ciudadanía están comprometidos, con estos y otros actos escandalosos y vergonzosos. Sin embargo, entendemos que la ley debe llegar a todos, incluyendo a quienes por comisión u omisión se hicieron partícipes de tales desmanes.  

El país atraviesa momentos muy importantes, determinantes en las aspiraciones de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. “El actual gobierno no puede darse el lujo de ceder o flexibilizar en una demanda que nos ha costado tanto esfuerzo y sacrificio. Por eso valoramos y saludamos las reiteradas muestras del presidente Luis Abinader de mantener con firmeza sus promesas de hacer una gran diferencia. El presidente conoce bien los riesgos de esta lucha y hasta ahora se ha mantenido firme, en una actitud muy loable”, indicó la institución.  

Participación Ciudadana expresa una vez más su confianza en el equipo actual del Ministerio Público y reitera su compromiso de apoyar y acompañarlos en este proceso. En estos momentos, el país entero debe sumarse al cuidado, el acompañamiento y el estímulo de personas como Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ellos y muchos otros magistrados representan una esperanza de una sociedad justa, democrática y progresista. 

CONSEJO NACIONAL 

13 de julio del 2022 

Santo Domingo, República Dominicana. Con la finalidad de analizar los retos y desafíos que presenta la democracia en la República Dominicana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la tertulia “Calidad de la Democracia Hoy”, dicho espacio contó con tres panelistas que abordaron desde diferentes puntos de vista el tema. Este evento estuvo dirigido a la membresía de la institución, servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil. 

El coordinador general del movimiento cívico, Joseph Abreu, enfatizó que Participación Ciudadana apuesta a una sociedad con institucionalidad, garante de derechos, donde la corresponsabilidad, la transparencia, y el ejercicio de una ciudadanía consciente sean la norma. 

“El objetivo que nos llama a esta tertulia, es conocer y analizar desde diferentes enfoques y puntos de vista la calidad de la democracia hoy; lo que nos mueve, no es una definición vacía que comienza y termina en la elección de un representante para el ejercicio del poder; al contrario, lo que nos mueve a estar presente en este espacio, es el interés de lograr una democracia viva, con ciudadanos y ciudadanas que asumen roles activos”, señaló Abreu.  

Por su parte, César Pérez, sociólogo, urbanista y municipalista, abordó los procesos históricos del desarrollo democrático desde la dictadura de Trujillo hasta nuestros días, en donde aseguró que, la concepción de los partidos ha involucionado tanto, que difícilmente se pueden considerar representativos y democráticos.  

“No puede ser democrático un partido, que para ser postulado se debe pagar un dinero bastante alto, ahí vemos que la forma de participación no es abierta”, enfatizó.   

En la tertulia, también se abordó la contribución de la prensa y los medios de comunicación para el fortalecimiento de los poderes del Estado. “Sin una prensa libre e independiente no hay democracia, y no es casual que si revisamos la historia veremos que quienes no quieren ni creen en la democracia, están en contra de la libertad de prensa”, señaló la periodista Millizen Uribe. 

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de preservar la democracia, y la democracia pasa por el interés colectivo.  

“El periodismo sensible al conflicto juega un papel fundamental cuando reduce tensiones en sociedades divididas a través de informes bien investigados, que combatan estereotipos, cubran historias humanas y presenten soluciones”, concluyó Uribe. 

El sociólogo Miguel Pérez, señaló durante su intervención, que, si bien la República Dominicana no vive en dictadura, tampoco vive en democracia.  

“Vivimos en una monarquía social, instalada en un gobierno de élites, donde le financian todo a los partidos, que viven lejos de la realidad de los ciudadanos”, expresó Pérez. 

La tertulia fue moderada por la ex coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, quien agradeció la asistencia de los participantes y les invitó a seguir construyendo una democracia de calidad, que garantice los derechos y la participación plena de la ciudadanía.  

30/06/2022 

Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, expresó que el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, aprobado recientemente en el Senado y que está en agenda de la Cámara de Diputados, es un atentado a la democracia, por cuanto amenaza la libertad de expresión e información. 

“Esta pieza legislativa trata de proteger a los funcionarios públicos, políticos y legisladores en momentos en que lo que se necesita es más transparencia, mayor rendición de cuentas y empoderamiento de la ciudadanía y la prensa en cuanto a su derecho a monitorear las actuaciones de los gobernantes”, señaló la institución en un comunicado de prensa. 

Este proyecto, de ser convertido en ley, lesionaría la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, privilegiando a aquellos que tienen funciones públicas. El interés público, por el contrario, debe predominar sobre lo privado, cuando entraña claridad en la búsqueda de la verdad, de la información y de la noticia. De aprobarse este proyecto de ley, los medios de comunicación tendrían que solicitar consentimiento cada vez que vayan a utilizar sus archivos de imágenes de personas públicas. La investigación periodística, que tanto ha contribuido al descubrimiento y exposición de actos de corrupción y actividades ilícitas, se vería seriamente amenazada por este intento de mordaza.

La democracia dominicana, ha sido calificada como defectuosa, según el más reciente Informe de Riesgo Político América Latina 2022, del Centro de Estudios Internacionales. Estudios como Latinobarómetro establecen que República Dominicana adolece de debilidad institucional, y   falta de confianza en los actores políticos, sobre todo, en los congresistas.

El país cuenta con suficientes legislaciones para proteger el legítimo derecho a la dignidad, honra y la intimidad. La Constitución, en su Artículo 38, reza: Dignidad humana “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. De igual manera el art. 44 hace referencia al “Derecho a la intimidad y el honor personal y establece que: Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen”.

El Código Penal contempla sanciones y la Ley 61-32 tipifica la difamación y la injuria con sanciones claramente determinadas. Adicionalmente, la Ley 192-19, establece la necesidad de protección de la imagen, el honor y la intimidad familiar vinculados a personas fallecidas o accidentadas. 

La Constitución ampara a los ciudadanos y ciudadanas, en su Artículo 22:  Derechos de Ciudadanos, en el numeral 5, que dice “Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”; y, el Artículo 75, acerca de los Deberes Fundamentales, numeral 12, convoca a “Velar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

Participación Ciudadana expresó que, defiende el derecho a la dignidad y el buen nombre de todo ciudadano o ciudadana, incluyendo a los legisladores, políticos y funcionarios. Sin embargo, entiende que esa dignidad y buen nombre se fundamentan en sus correctas actuaciones, tanto públicas como privadas.  Tienen derecho a reclamar si se ven ofendidos o calumniados, pero no tienen derecho a establecer condiciones previas y permisos para la publicación de sus actuaciones. Por el contrario, sentencias del Tribunal Constitucional, favorecen el derecho de los ciudadanos a participar en el debate público de los temas de interés social.

La construcción de una democracia sólida, así como el fin de la impunidad y de la corrupción, atraviesan por una constante y bien estructurada vigilancia, tanto por parte de la prensa como de la ciudadanía, sobre todo en momentos de expansión del crimen organizado.  El escrutinio público es inherente a la democracia, favorece a las personas que actúan con ética y respeto a las leyes y previene contra las inconductas. La credibilidad y la confianza se ganan con la exposición pública, ya que las actuaciones éticas no requieren ser protegidas, y esto, en vez de ser visto como una amenaza debe ser aprovechado para educar y avanzar. 

Participación Ciudadana aspira a que este proyecto de ley sea una oportunidad para que los diputados reafirmen el compromiso que asumieron con la construcción de una sociedad democrática y la defensa de los espacios de libertad que tantos sacrificios han costado al pueblo dominicano.

Consejo Nacional

23 de junio del 2022

Santo Domingo.-  Al dictar la conferencia “Avances y Desafíos en la Administración Pública”. el ministro Darío Castillo Lugo, se pronunció a favor de un Pacto entre las direcciones de los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, por la Institucionalidad y la Profesionalización que erradiqué el principio del clientelismo, el botín político y de la corrupción, que proclama “Hice campaña y no me resuelven” y que acaba de segar la vida a un gran dominicano y excelente funcionario público.  

La disertación del ministro tuvo lugar durante el Seminario sobre avances en la Administración Pública en los últimos 10 años, realizado en el marco del cierre del Proyecto Administración Pública Inclusiva, el cual forma parte del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP II), que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, y que viene ejecutando Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, hace más de 3 años.  

El seminario tuvo por objetivo conocer desde diferentes enfoques, los avances y desafíos que se han generado a partir de las reformas normativas que se han realizado en los últimos años en la administración pública, y como estas han mejorado la calidad y efectividad de los servicios públicos como garantía de derechos.  

En ese sentido, el ministro de Administración Pública destacó como avances concretos la aprobación, mediante el decreto 149-21, del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública y la promulgación, en agosto del año pasado de la Ley 167-21 sobre Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.  

De su lado, Joseph Abreu, Coordinador General de Participación Ciudadana, al introducir el seminario, externó que la política clientelar es el principal obstáculo que impide que se consolide el objetivo principal de la función pública: que quienes la conforman sean profesionales de la carrera administrativa. 

Desde la Unión Europea, Katja Afheldt, Embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, indicó que la sociedad civil ejerce un rol clave en la vigilancia de los procesos de fortalecimiento de la administración pública, siendo éste fundamental para cumplir con las expectativas de la ciudadanía de que sus derechos fundamentales sean protegidos y garantizados.  

“Me complace constatar que la Unión Europea ha sido un aliado clave para el país a lo largo de 3 décadas de trabajo conjunto con el sector público y la sociedad civil, en favor de la reforma y modernización de la administración pública en República Dominicana”, concluyó la Embajadora Afheldt .   

Una década de experiencias 

El seminario contó con dos paneles. El primero sobre Avances en la reforma de la administración pública en los últimos 10 años y el segundo sobre Mejora en la calidad de los servicios públicos versus Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos/as.  

En el primero, Miosotis Rivas Peña, directora general de la Oficina Nacional de Estadística, indició que en la administración pública hay muchos avances en materia institucional, y de camino al censo; sin embargo, no existen hasta el momento estadísticas oficiales que reflejen la satisfacción de los usuarios con la administración pública. 

Por su parte, Gregorio de Jesús Montero Montero, Viceministro de Reforma y Modernización del Estado, del MAP, destacó la importancia de la calidad en el dato para poder tomar decisiones certeras y diseñar políticas públicas. Mostró como un avance el SIGEF, por lo que implica en materia de información y transparencia. Como desafío el tema del enfoque transformacional y el cambio de cultura estructural en el Estado. 

Mientras que Leidy Blanco, excoordinadora de Participación Ciudadana, identificó como un mal de la administración pública, la duplicidad de funciones que se da debido al amiguismo y a la concepción clientelar del Estado. También mostró como desafío el tema de que no hay sinergia, explicando que el problema es que las instituciones tienen equipos diferentes, en algunos casos muy técnicos, y en otros muy de servicio, generando que no puedan comprenderse. 

En el segundo panel, Julio Corral, consultor, habló de la importancia de establecer la naturaleza de las instituciones, para así poder evaluar los servicios que prestan. Se refirió también a la necesidad de identificar qué medir y cómo medirlo, pues no todas las personas requieren el mismo tipo de servicio. 

De su lado, Guadalupe Valdez, exdiputada, se refirió a que los avances tecnológicos no tienen sentido si no están al servicio de la ciudadanía y recalcó el tema de la equidad, no solo en el acceso a la información, sino también en el derecho a recibir atención, y cómo el Estado debe garantizar estos derechos a todas las poblaciones, incluyendo las vulnerabilidades. 

Finalmente, Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, destacó la importancia que tiene el conocimiento y actualización de los marcos jurídicos referentes a la administración pública para la puesta en marcha de cualquier estrategia que procure el desarrollo social sostenible. 

Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, realizó un llamado al Congreso Nacional para que no fragmente más el territorio nacional, que solo tiene 48,442 kilómetros, divididos en 31 Provincias y un Distrito Nacional, 158 Municipios y 238 Distritos Municipales.  

Señalaron que esta división territorial, sólo agregaría más gasto al Estado y con ello, sangrarían los ingresos. Ya la nómina pública representa un 15%, de la fuerza laboral, incluyendo el sector formal y el informal.  La densidad pública ocupacional en el país está entre las más altas en la región.   

“Mas fragmentación del territorio, no implica mayor calidad de servicios, eficiencia y eficacia, pero sí, más empleos políticos”, puntualizó la institución.   

Congresistas de todos los partidos, aprobaron de urgencia una nueva provincia, ignorando lo que establece el artículo 193 de la Constitución, que dice: “La organización territorial se hará conforme a los principios de unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, social y económica”. Adicionalmente, los artículos 194 y 195 establecen la prioridad de un Plan de Ordenamiento Territorial y de una ley orgánica que regule el nombre y límites de las regiones, provincias y municipios.  

Al realizar un análisis de la distribución geográfica de 12 países de la región, se ve claramente que la República Dominicana hace mucho que sobrepasó los límites razonables de fraccionamiento territorial.   

El movimiento cívico realizó un llamado a los Congresistas a abandonar los intentos de mayor fraccionamiento territorial y concentrarse en los temas cruciales para la sociedad que están pendientes de legislación, en el marco de la institucionalidad, el desarrollo y la transparencia, como lo son: la Ley de Extinción de Dominio, el Código Penal, que tiene más de 20 años en esa institución y la de Ordenamiento territorial, que data desde que se promulgó la Constitución en el 2010. 

“En estos momentos en que el país y el mundo atraviesan por una fuerte crisis económica, una terrible guerra que nos está afectando a todos, una lucha que aún no termina contra la pandemia y cientos de problemas sociales que afectan a nuestra población, no es justo que los legisladores se dediquen a discutir propuestas que no representan ningún beneficio para la población y que, por el contrario, desviarían recursos que ahora se necesitan más que nunca para afrontar las verdaderas necesidades del país”, concluyó la institución de la sociedad civil. 

CONSEJO NACIONAL 

20-06-2022 

Santo Domingo. República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó que la sentencia absolutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Súper Tucano, y el no ha lugar en el de Los Tres Brazos, se suman al expediente Odebrecht en la misma ruta de impunidad que sigue nuestro país desde siempre, dejando muy mal parado al sistema de justicia.

“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”, indicaron.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, señalo en rueda de prensa que, ha fallado el sistema de justicia pues los hechos criminales han sido mucho más que evidentes, llegando en los casos de las empresas brasileñas hasta el punto de éstas haber confesado los sobornos y declarado los montos entregados.

En Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular y contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban dichos terrenos por largos años. No cumplieron con la obligación constitucional de obtener la aprobación del Congreso Nacional, según se hizo constar en un informe rendido por una comisión especial encabezada por el entonces Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal.

El movimiento cívico, señaló que en el caso Super Tucano, revela la imperiosa necesidad de introducir reformas que impidan se instale el interés partidario en el Ministerio Público, pues este caso, al igual que el de Odebrecht, estuvo bajo la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez, un procurador general de la República que fue incapaz de perseguir la corrupción de sus propios compañeros de partido.

Se presentaron acusaciones sin haber recolectado en Brasil las pruebas que las empresas se comprometieron a entregar cuando firmaron con él, sendos acuerdos de penal abreviado.

“Permitir que los casos Super Tucano y Odebrecht llegarán a juicio de fondo sin las pruebas correspondientes, a pesar de tener el compromiso escrito de entregar las mismas por parte de ambas empresas, revela una clara obstrucción a la justicia y, en el menor de los casos, una negligencia grosera, que debe ser investigada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, señaló Participación Ciudadana.

La institución de la sociedad civil, indica que las decisiones sobre estos tres casos se producen en momentos en que se han instalado francotiradores que pretenden descalificar a la magistrada Miriam German Brito, a pesar de que estos expedientes, al igual que la precaria situación carcelaria que existe en el país, no han sido responsabilidad suya.

“Las críticas a la magistrada Germán tienen por finalidad presionarla para hacerla renunciar a su posición y colocar allí a alguien que permita que los escándalos de corrupción que cursan ante el Poder Judicial o se encuentran bajo investigación actualmente, sigan la suerte de los preparados bajo la responsabilidad del antiguo procurador general de la República”, concluyó Joseph Abreu.

Participación Ciudadana reitera su confianza en el equipo encabezado por la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, e integrado, entre otros, por los magistrados Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El Movimiento Cívico se ha comprometido a dar seguimiento a los casos de corrupción sobre los cuales se presente acusación. En relación a las amenazas de accionar judicialmente contra la institución, reiteraron que seguirá defendiendo el derecho que el Código Procesal Penal les concede de tener acceso a las acusaciones, sus pruebas y a divulgarlas, con la única intención de que la ciudadanía conozca el contenido de las mismas y pueda formarse su propia opinión.

Concluyeron que respetan la obligación de los jueces de fallar los casos conforme a las pruebas presentadas y sólo bajo el amparo de la Constitución y las leyes, pero, al mismo tiempo, defienden el derecho ciudadano de propugnar y luchar por el fin de la impunidad que ha permitido el enorme crecimiento de la corrupción en el país.

CONSEJO NACIONAL

14 de junio del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó el 1er Seminario de Juventudes: Oportunidades y Desafíos, con la finalidad de debatir cuáles deben ser los medios y recursos que le permitirán a los diferentes sectores de la sociedad ofrecer a los y las jóvenes las mejores condiciones para su empoderamiento. 

La actividad fue realizada en el marco de la iniciativa Juventud Participa, que impulsa el movimiento cívico, y señala que los jóvenes son agentes claves en el cambio social, la innovación, la lucha por una sociedad inclusiva, por detener los prejuicios de género y un motor esencial en el desarrollo sostenible, lo que los sitúa como actores indispensables en el diálogo y análisis de las principales problemáticas que afectan a sus comunidades, así como en la búsqueda de sus soluciones. 

Sin embargo, a pesar del papel preponderante de los jóvenes para promover el desarrollo y generar cambios sustanciales en el país y en sus comunidades, aún enfrentan grandes desafíos y desigualdades. 

Luego de un debate y análisis reflexivo en el que se buscaba identificar las principales problemáticas que aquejan a las comunidades desde la óptica de la juventud, los jóvenes participantes del seminario, señalaron que, uno de los principales problemas es la falta de oportunidades y empleo para los jóvenes en las comunidades, especialmente los jóvenes de los municipios con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad, problema que se agudiza y genera otras problemáticas como los embarazos y las uniones tempranas de los jóvenes como consecuencia de la falta de empleo y orientación. 

El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, reconoció a los jóvenes participantes del seminario por su iniciativa y motivación de ser parte de Juventud Participa, espacio que busca promover una sociedad más inclusiva y equitativa, una sociedad justa, dónde se promuevan el respeto a los derechos y valores que permiten lograr una democracia plena. Además, de hacer frente a las desigualdades expresadas que viven los jóvenes dominicanos. 

El seminario contó con varias actividades, en las cuales se encuentra el primer panel: Desde la sociedad civil y la política: Retos y oportunidades para las juventudes, el cual estuvo integrado por Melina Zaiz, abogada y activista social; Anabel Rivas, directora de Cuidados del Programa Supérate, Leyvi Bautista, diputada del PRM y Rogelio Alfonso Genao, diputado del PRSC, bajo la moderación de Leidy Blanco García, coordinadora de Juventud Participa. 

El encuentro, además contó con un segundo panel donde se abordaron iniciativas impulsadas por jóvenes que impactan positivamente a la sociedad, el cual estuvo integrado por Paola Tejeda, directora de El Mitin, Katherine Motyka fundadora de Jompeame, y Benjamin Bocio, embajador juvenil. Con la moderación de Naomi Rodríguez, integrante del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Leidy Blanco. 

En el encuentro estuvo presente Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y contó con la asistencia de más de 50 jóvenes quienes asistieron desde diferentes partes del país.