Mientras el mundo reacciona ante la impactante intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Transparencia Internacional pide priorizar el restablecimiento de la democracia, a fin de proteger los derechos del pueblo venezolano y abordar la crisis de corrupción estructural en el país.

A la ONG anticorrupción le preocupa que el gobierno estadounidense pueda estar buscando el control del petróleo de Venezuela y otorgando a las empresas estadounidenses un acceso privilegiado para su extracción. Ningún país debe abusar de su poder militar para intimidar a otro y obtener ventajas económicas exclusivas.

Años de desmantelamiento de los controles y equilibrios democráticos han convertido a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo, ocupando el puesto 178 de 180 países en el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

El capítulo venezolano de Transparencia Internacional, exiliado desde marzo tras la escalada de la represión estatal contra la sociedad civil, pide que se reconozca a Edmundo González como presidente tras el resultado de las elecciones de julio de 2024. También pide a la comunidad internacional que facilite un proceso de transición fluido para restaurar las instituciones democráticas y un liderazgo responsable.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, afirmó:

«Años de corrupción generalizada y actividades ilícitas en Venezuela han provocado un aumento vertiginoso de la pobreza y la malnutrición. Millones de familias sobreviven con alimentos, agua y electricidad limitados, al tiempo que se enfrentan a la extorsión de bandas armadas y funcionarios estatales. Para cambiar esta realidad, ahora necesitamos un Estado honesto y transparente que rinda cuentas verdaderamente a la población venezolana, que respete los derechos humanos, garantice un sistema judicial independiente y proteja los recursos públicos en beneficio de todos. Debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano de vivir en una democracia libre».

Transparencia Venezuela también pide la liberación inmediata de los presos políticos y advierte de la continua represión por parte del gobierno aliado de Maduro que sigue en el poder.

François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, afirmó:

«Las leyes internacionales están para protegernos: todos los gobiernos deben respetar el estado de derecho y los derechos fundamentales. La prioridad ahora debe ser restaurar una democracia sana en Venezuela para garantizar que su pueblo pueda forjar su futuro. Cualquier decisión sobre el petróleo y los recursos naturales de Venezuela debe ser transparente y tomada por líderes venezolanos legítimos que actúen en interés de su población, no por Estados Unidos».

Notas para los editores

• El capítulo de Transparencia Internacional en Venezuela se vio obligado a exiliarse en marzo de 2025 en medio de una creciente represión de la sociedad civil.
• El Índice de Percepción de la Corrupción anual de Transparencia Internacional mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en países de todo el mundo. La última edición se publicó en febrero de 2024.

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) informa que con la designación de cinco nuevos jueces y juezas para ocupar las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), se pone fin a este proceso de evaluación y designación, que había generado preocupación por su suspensión indefinida.

De las cinco personas designadas, tres provienen de la carrera judicial: Édyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez y Manuel Aurelio Victoria, en cumplimiento de la cuota constitucional que garantiza la presencia mayoritaria de jueces y juezas de carrera en el máximo órgano judicial. Las otras dos designaciones corresponden a miembros de la comunidad jurídica: Namphi Andrés Rodríguez y Yorlin Lisett Vásquez Castro.

En cuanto a la composición del Pleno, ROI destaca que con estas designaciones se incrementa a cinco el número de mujeres que integran la Suprema Corte de Justicia, de un total de 17 miembros, lo que evidencia la necesidad de insistir para que se alcance la paridad en las altas cortes. Asimismo, se resalta la designación de Nancy Salcedo Fernández, actual secretaria del CNM, como segunda sustituta del presidente de la SCJ.

ROI observa la necesidad de que, en futuros procesos, se establezcan mecanismos que permitan verificar el respeto al escalafón judicial, la antigüedad y trayectoria dentro del Poder Judicial, y que las ponderaciones para las designaciones permitan a la ciudadanía comprender cómo fueron evaluados los méritos acumulados.

Adicionalmente, la Red advierte con preocupación que la mayoría de las personas finalmente designadas figuraban previamente en las listas que circularon de manera informal, lo que refuerza la percepción de que las decisiones estaban definidas con antelación. Este hecho, sumado a la suspensión previa del proceso sin explicaciones públicas claras, debilita la confianza ciudadana y plantea serias interrogantes sobre el grado de deliberación real, transparencia y apertura del órgano constitucional encargado de estas designaciones.

Finalmente, la Red de Observadores por la Institucionalidad reitera que la legitimidad de las designaciones judiciales no depende únicamente del cumplimiento formal de cuotas, sino de procesos transparentes, debidamente motivados y coherentes, que respeten integralmente la Constitución, el escalafón judicial, la igualdad de oportunidades y los estándares de independencia judicial, por lo que insiste en la necesidad de que el CNM publique de manera íntegra y oportuna las actas y motivaciones de sus decisiones. En los próximos días ROI estará presentando su informe final de observación y análisis de este proceso de designación.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresa su preocupación ante la suspensión sin fecha anunciada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del proceso de designación de cinco jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Este retraso, ya advertido por ROI como un hecho sin precedentes, mantiene en incertidumbre una decisión clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación clara ni un nuevo calendario público.

A esta situación se suma la circulación informal de listas con posibles personas a ser designadas, lo que incrementa la percepción de opacidad y debilita la confianza ciudadana en un proceso que, por su naturaleza, debe regirse por la mayor transparencia, objetividad y apego a las normas constitucionales. ROI recuerda que los procesos de selección y designación de jueces y juezas de las altas cortes no pueden desarrollarse en un clima de rumores ni decisiones diferidas indefinidamente. 

En ese sentido, la Red subraya la obligación constitucional de respetar la cuota de jueces y juezas de carrera judicial en la integración de la Suprema Corte de Justicia. En el presente proceso, de los cinco puestos actualmente vacantes, al menos tres deben ser ocupados por personas provenientes de la carrera judicial, conforme a lo dispuesto por la Constitución, como una garantía de profesionalización, independencia y fortalecimiento institucional del Poder Judicial.

Asimismo, ROI insiste en la necesidad de que el CNM asegure criterios de selección claros y verificables, en los que prevalezca el escalafón judicial, los años de experiencia, los aportes al sistema de justicia y el compromiso demostrado con la independencia judicial y con el respeto, garantía y protección de los derechos humanos. La equidad de género y la igualdad deben ser principios transversales en esta decisión.

La Red de Observadores por la Institucionalidad hace un llamado al CNM a retomar este proceso con la urgencia, transparencia y responsabilidad que amerita, informando oportunamente a la ciudadanía y asegurando que la designación de los jueces y juezas de la SCJ se realice en estricto apego a la Constitución y a los más altos estándares de idoneidad e institucionalidad.

Adicionalmente, ROI considera imprescindible la publicación íntegra y oportuna del acta correspondiente a la designación de los jueces y juezas del Tribunal Superior Electoral (TSE). La divulgación de dicha acta es una condición mínima de transparencia para conocer los motivos que sustentaron las decisiones adoptadas, los criterios efectivamente ponderados y las valoraciones realizadas por cada miembro del CNM. De igual forma, su publicación permitiría comprender las razones de la suspensión sin fecha de la sesión sin haber realizado las designaciones en la SCJ, evitando interpretaciones discrecionales y fortaleciendo la rendición de cuentas de un órgano constitucional cuyas decisiones impactan directamente la institucionalidad democrática y la confianza pública en el sistema de justicia. 

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

El año 2025 estuvo marcado por avances institucionales relevantes en la República Dominicana, pero también por graves retrocesos y persistentes desafíos en la lucha contra la corrupción, la transparencia, la justicia, la equidad social y la gobernabilidad democrática.

• El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dado a conocer a principios del 2025, mostró un avance de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, seguimos presentando desafíos importantes que no afianzan los esfuerzos de la lucha contra la corrupción.
• La desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción, uno que vulneró un derecho fundamental, como la salud. El caso SENASA quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano. 
• Este año hubo pocos avances en el procesamiento de los casos de corrupción que cursan en los tribunales, aumentando las preocupaciones sobre la lentitud y los intentos de lograr que éstos periman. El Ministerio Público, sigue en su trabajo de persecución de la corrupción y la sociedad dominicana depositando su confianza en dicha labor.
• En el ámbito del Congreso Nacional fueron aprobadas importantes leyes como el Código Penal y el Procesal Penal, ambas constituyeron avances, pero la prensa y la sociedad civil tuvieron que enfrentar activamente intentos, en algunos casos exitosamente, de sectores que pretenden impedir el avance de las reformas, tanto en derechos ciudadanos, como de las mujeres, la libertad de expresión y la persecución de la corrupción administrativa.
• En el 2025, varios casos del partido revolucionario moderno evidenciaron la penetración del narcotráfico en la política y posiciones gubernamentales. La persecución del crimen organizado produjo importantes logros y la sociedad civil presiona por medidas efectivas de prevención y persecución para preservar la institucionalidad e integridad del sistema político.
• 2025 será recordado por el fatídico derrumbe el 8 de abril de la discoteca Jet Set, con el trágico balance de 236 ciudadanos y ciudadanas fallecidos, cerca de 200 heridos y decenas de niños huérfanos. En su memoria reclamamos a las autoridades un proceso judicial imparcial y justo.

Corrupción e impunidad

Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional reflejó una mejoría para el país a inicios de 2025, la ciudadanía continuó enfrentando una profunda desconfianza institucional, agravada por nuevos escándalos de corrupción. El caso SENASA se consolidó como el hecho más grave del año, al evidenciar un entramado criminal que desvió más de RD$15 mil millones del sistema público de salud, afectando directamente a los sectores más vulnerables y vulnerando el derecho fundamental a la salud.

Más allá de las irregularidades que hoy son objeto de investigación, este caso evidencia el impacto directo que la corrupción puede tener sobre millones de ciudadanos que dependen del sistema público de salud para acceder a servicios médicos esenciales. La malversación, el uso indebido de recursos destinados a la salud, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria y distribución de sobornos constituyen una forma de violencia social que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. el caso SENASA es un ejemplo de cuando la administración de recursos de salud no se maneja con ética, transparencia y responsabilidad, las consecuencias no son solo financieras, sino humanas: vidas afectadas, tratamientos no otorgados y pérdida de confianza.

Esperamos que este caso, no corra la misma suerte de los casos de gran corrupción que se ventilan en los tribunales, es necesario un proceso en donde los plazos se manejen con propiedad y celeridad que permitan tener sentencias en tiempo oportuno. Que las audiencias sean públicas partiendo del   que tiene la ciudadanía de estar informada y la relevancia e impacto de este caso. Que las audiencias sean públicas partiendo del derecho que tiene la ciudadanía de estar informada y la relevancia e impacto de este caso, debiendo modificar lo que sea necesario para que todas las audiencias sean públicas, sobre todo en los casos de corrupción.

Durante el año, el Ministerio Público procesó y logró condenas en varios casos de corrupción administrativa y crimen organizado, incluyendo la Operación 13, irregularidades en el Ministerio de Agricultura, tráfico ilícito de municiones en la Policía Nacional, redes de sobornos para suplir seguridad privada al Estado y el expediente del INTRANT que involucra a altos exfuncionarios. Sin embargo, persiste la preocupación por la lentitud judicial, los constantes reenvíos y el riesgo de prescripción de los grandes casos.

Narcotráfico y política

El 2025 evidenció de forma alarmante la penetración del narcotráfico en la política, particularmente en estructuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Casos de diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales vinculados al lavado de activos y al tráfico de drogas culminaron en condenas, extradiciones y procesos en curso, revelando el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles al financiamiento partidario.

Casos emblemáticos de gran corrupción

Solo uno de los grandes expedientes logró concluir juicio de fondo: Alexis Medina y compartes, con condenas a personas físicas y jurídicas por un desfalco superior a RD$4,796 millones, aunque con penas consideradas insuficientes. Los casos Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero–Gonzalo Castillo–Peralta continuaron estancados por incidentes procesales, reenvíos y recusaciones, reforzando la alerta sobre la reproducción de la impunidad.

Controles y reformas institucionales

Se aprobaron importantes instrumentos de control como la nueva Ley de Contrataciones Públicas (47-25), una nueva Cámara de Cuentas, avances en digitalización de la Contraloría y destituciones de funcionarios por faltas administrativas. No obstante, el caso SENASA evidenció que los controles siguen siendo insuficientes y vulnerables.

En el ámbito legislativo, se aprobaron el nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal No. 74-25, modernizando el marco jurídico penal e incorporando figuras como los ciberdelitos. Participación Ciudadana valoró estos avances, aunque lamentó la exclusión de las tres causales del aborto, manteniendo al país entre los más restrictivos del mundo en derechos reproductivos.

Decisiones del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional emitió sentencias clave que fortalecen los derechos fundamentales, derogando normas que vulneraban la intimidad, la vida privada y la libertad de tránsito, así como disposiciones administrativas que permitían impedimentos de salida del país sin orden judicial.

Seguridad, reforma policial y crimen organizado

La Reforma Policial avanzó significativamente en formación, salarios, tecnología y supervisión. La DNCD tuvo una actuación destacada en la incautación de drogas. Como resultado, la tasa de homicidios se redujo a 8.3 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio regional.

Violencia de género

Pese a una reducción del 29.8% en feminicidios, se registraron 49 feminicidios y más de 57 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. La mayoría de los crímenes ocurrió en el ámbito doméstico, dejando decenas de niños huérfanos y evidenciando la urgencia de políticas preventivas y de protección más eficaces.

Aspectos político-electorales

El 2025 fue un año post-electoral relativamente estable. La JCE fortaleció el control sobre la campaña anticipada y avanzó en la preparación del nuevo documento de identidad. Se aprobó la Ley 39-25, que fortalece el Tribunal Superior Electoral, aunque generó preocupación la falta de transparencia en la designación pendiente de jueces de la Suprema Corte y la no ratificación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, conocida por su récord de decisiones y eficiencia, a pesar de su reconocida trayectoria y su elección como comisionada iberoamericana de Ética Judicial.

Economía

La economía dominicana se desaceleró, con un crecimiento estimado cercano al 2%, afectada por la incertidumbre global, restricciones fiscales y debilidades estructurales internas. Aumentó la inflación, se deterioraron servicios públicos y persistió la dependencia del endeudamiento, remesas e inversión extranjera. Aunque se registraron avances en reducción de la pobreza y la desigualdad, estas siguen siendo elevadas y persiste la falta de reformas fiscales y estructurales claves.

Contexto internacional, migración y soberanía

El país mantuvo estabilidad política y reconocimiento internacional, con coordinación entre gobierno y oposición frente a la crisis haitiana. No obstante, el 2025 no mostró avances sustanciales en política migratoria ni en la situación de Haití. Acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico generaron preocupaciones sobre soberanía nacional.

Conclusión

El 2025 dejó un balance mixto: avances legales e institucionales importantes, pero graves casos de corrupción, lentitud judicial, debilitamiento de controles y profundas brechas sociales. Participación Ciudadana insiste en que la lucha contra la corrupción debe trascender los discursos y traducirse en procesos judiciales oportunos, reformas estructurales profundas, transparencia efectiva y fortalecimiento real del Estado de derecho, para evitar la reproducción de la impunidad y proteger los derechos fundamentales de la población.

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• El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dado a conocer a principios del 2025, mostró un avance de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, seguimos presentando desafíos importantes que no afianzan los esfuerzos de la lucha contra la corrupción.
• La desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción, uno que vulneró un derecho fundamental, como la salud. El caso SENASA quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano. 
• Este año hubo pocos avances en el procesamiento de los casos de corrupción que cursan en los tribunales, aumentando las preocupaciones sobre la lentitud y los intentos de lograr que éstos periman. El ministerio público, sigue en su trabajo de persecución de la corrupción y la sociedad dominicana depositando su confianza en dicha labor.
• En el ámbito del Congreso Nacional fueron aprobadas importantes leyes como el Código Penal y el Procesal Penal, ambas constituyeron avances, pero la prensa y la sociedad civil tuvieron que enfrentar activamente intentos, en algunos casos exitosamente, de sectores que pretenden impedir el avance de las reformas, tanto en derechos ciudadanos, como de las mujeres, la libertad de expresión y la persecución de la corrupción administrativa.
• En el 2025, varios casos del partido revolucionario moderno evidenciaron la penetración del narcotráfico en la política y posiciones gubernamentales. La persecución del crimen organizado produjo importantes logros y la sociedad civil presiona por medidas efectivas de prevención y persecución para preservar la institucionalidad e integridad del sistema político.
• 2025 será recordado por el fatídico derrumbe el 8 de abril de la discoteca Jet Set, con el trágico balance de 236 ciudadanos y ciudadanas fallecidos, cerca de 200 heridos y decenas de niños huérfanos. En su memoria reclamamos a las autoridades un proceso judicial imparcial y justo.

Crecen los casos de corrupción en el actual Gobierno

En los últimos años, pese a los discursos oficiales sobre el combate a la corrupción y la impunidad, el país ha sido sacudido por diversos casos que involucran a funcionarios públicos que han actuado en abierta contradicción con esos principios. Si bien algunos de ellos han sido removidos de sus cargos y sometidos a investigación por el Ministerio Público, en la ciudadanía persiste la amarga sensación de que aún estamos lejos de poder bajar la guardia en esta lucha. La corrupción continúa siendo un mal profundamente arraigado que erosiona el sistema político y la administración pública, y preocupa que personas a quienes se les confía la gestión de recursos del Estado sigan incurriendo en prácticas tan burdas y reprochables como las que han salido a la luz recientemente.

En los últimos años, el Ministerio Público ha logrado procesar a varios funcionarios del actual gobierno, así como a legisladores y regidores del Partido Revolucionario Moderno. Los casos más notables han sido: 

• Condena de tres años de prisión para Julio Enrique Domínguez Solano (Julito) y Antonio José Paredes Elizondo por malversar fondos por más de tres millones 800 mil pesos en el Ministerio de Agricultura en los años 2021 y 2022.
• Fueron condenados 8 de 10 acusados en la Operación 13, por desfalco en la Lotería Nacional.
• En el 2024 el Ministerio Público sometió a la justicia a una red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas de dicha institución. Esta red sustrajo más de 900,000 proyectiles.

En julio del 2025 la PEPCA arrestó, con el apoyo de la Dirección General de Persecución, 15 personas involucradas en una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas

• En este mismo año la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos. Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología. Todavía estamos en la espera de que se conozca la audiencia preelimiar.

• Cerrando el año con el horror del caso SENASA: Este escándalo ha estremecido al país, mostrando un entramado criminal, que, de manera despiadada, afectó la salud de los sectores más desfavorecidos que son atendidos por el seguro estatal. Fueron impuestas medidas de coerción contra 10 imputados en el caso, que involucra distracciones por más de 15 mil millones. Más allá de las irregularidades que hoy son objeto de investigación, este caso evidencia el impacto directo que la corrupción puede tener sobre millones de ciudadanos que dependen del sistema público de salud para acceder a servicios médicos esenciales. La malversación, el uso indebido de recursos destinados a la salud, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria y distribución de sobornos constituyen una forma de violencia social que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. el caso SENASA es un ejemplo de cuando la administración de recursos de salud no se maneja con ética, transparencia y responsabilidad, las consecuencias no son solo financieras, sino humanas: vidas afectadas, tratamientos no otorgados y pérdida de confianza.

La transparencia en el uso de fondos públicos y la exigencia de responder por su gestión no deben ser consignas vacías, sino prácticas institucionales permanentes y así como la prevención es tan importante como el castigo. El caso SENASA demuestra que la lucha contra la corrupción no puede limitarse a la identificación de responsabilidades individuales, sino que debe incluir reformas profundas que fortalezcan la transparencia, prevengan irregularidades y garanticen una gestión eficiente de los recursos públicos.

Esperamos que este caso, no corra la misma suerte de los casos de gran corrupción que se ventilan en los tribunales, es necesario un proceso en donde los tiempos se manejen con propiedad y celeridad que permitan tener sentencias en tiempo oportuno. Que las audiencias se fundamenten del derecho que tiene la ciudadanía de estar informada y la relevancia de este caso, y que todas tengan carácter público.

Narcotráfico y política

En los últimos años, varios casos han permitido conocer cómo estamentos políticos han sido permeados por el narcotráfico, muy especialmente en las filas del Partido Revolucionario Moderno.

Un caso que finalizó en el 2025 fue el de la ex diputada por el PRM, Rosa María Pilarte, condenada a cinco años de prisión y el decomiso de activos, al comprobarse su participación en una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

También el caso del ex regidor por Boca Chica del PRM, Francisco Alberto Paulino Castro, quien fue empleado del Programa Supérate, y que ha sido vinculado a un caso de drogas en la operación Kraken. También del PRM, Yamil Abreu, ex director municipal de Las Lagunas, Azua, extraditado a los Estados Unidos; Miguel Gutiérrez, diputado por el PRM, extraditado, quien fue sentenciado a cumplir 16 años de prisión por la Corte del Distrito Sur de La Florida, tras ser hallado culpable de conspirar con otras personas para distribuir drogas en los Estados Unidos; Gaspar Antonio Polanco Virella, ex director de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, relacionado con el PRM, quien viajó a Estado Unidos para entregarse; Edickson Herrera Silvestre, regidor del PRM por el Distrito Nacional, quien se entregó en mayo a las autoridades en Estados Unidos; Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera del PRM, son los diputados contra los que la Procuraduría General de la República ha solicitado un juez especial a la Suprema Corte de Justicia por su alegada vinculación a una red de narcotráfico, lavados de activos y otros delitos, la cual fue “desmantelada” en la Operación Falcón; recientemente el señor El exasesor honorífico para las Zonas Francas, Fabio Augusto Jorge-Puras acusado por las autoridades estadounidenses de integrar una red internacional de narcotráfico y destituido en mayo 2025.

El ejercicio de la política en la República Dominicana se ha convertido en una actividad de altísimo costo económico, especialmente durante los procesos electorales. Campañas millonarias, publicidad excesiva, clientelismo y estructuras partidarias infladas han creado un terreno fértil para que capitales ilícitos encuentren vías de penetración en el sistema político como lo evidenciado este año.

Los expedientes de corrupción amenazados por los constantes reenvíos

Los expedientes de gran corrupción que cursan en los tribunales han ocupado la atención de la opinión pública en el 2025. El único que ha terminado el juicio de fondo, después de 127 audiencias, es el caso de Alexis Medina y compartes, que representa una distracción de fondos públicos de aproximadamente RD$4 mil 796 millones.  La sentencia del 13 de agosto de 2025, condenó a 13 de las 26 personas físicas y a 18 de las 21 personas morales imputadas.  Este hecho, considerado un paso de avance por nuestra organización, aunque entendemos que el tiempo de prisión dictaminado por las juezas está por debajo de los probados delitos expuestos en la sentencia. Se ha informado que, tanto el Ministerio Público como los sentenciados, interpondrán recursos de apelación.

El acusado Maxy Gerardo Montilla, incluido en el expediente Alexis Medina y compartes, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual aceptó su responsabilidad penal y el decomiso de cerca de 2,000 millones de pesos, incluyendo pago de indemnización a las distribuidoras eléctricas; la disolución de 10 empresas involucradas en el expediente; pago de impuestos por más de 431 millones de pesos a la DGII y el decomiso de terrenos. 

En lo referente al expediente de Adán Cáceres y compartes, que implica distracción de fondos públicos por RD$4 mil 500 millones de pesos, aunque el juicio de fondo comenzó en octubre de 2023, durante el 2024 y 2025 no se ha podido obtener una sentencia en primer grado, esperando que eso suceda en el primer trimestre de 2026.

Otro caso que fue incidentado durante todo el 2025 fue el de Jean Alain Rodríguez y compartes, que involucra fondos públicos por RD$6 mil millones de pesos. Fue enviado a juicio de fondo en junio 2024, después de 18 meses, aún no ha iniciado, debido a los incidentes presentados por los imputados. El próximo intento para tratar de iniciar el juicio de fondo ha sido fijado para enero del 2026.

El 2025 transcurrió sin avances en el caso Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, que involucra fondos públicos por RD$19 mil millones de pesos, también ha marchado lentamente, con continuos incidentes, incluyendo la recusación de jueces, lo que ha impedido una sentencia sobre el fondo.

En el 2025, Participación Ciudadana emitió 3 informes de Observación de Casos de Corrupción en la Justicia, en los que se da seguimiento puntual a las incidencias de estos hechos.  Durante el año, también se llamó la atención del Poder Judicial sobre la lentitud en los procesos judiciales, los riesgos y amenazas de dilatar los procesos para que se declare su prescripción y la necesidad de que los tribunales no permitan la reproducción de la impunidad.

Más controles de la corrupción

En este año se avanzó en algunos aspectos del control público como lo fue una nueva Ley de Contrataciones Públicas, una nueva Cámara de Cuentas, adopción de herramientas digitales, el sometimiento de casos relacionados con la ética pública, la destitución de funcionarios de diferentes niveles originadas en irregularidades administrativas y la creación de comisiones de seguimiento. Sin embargo, el caso de SENASA nos deja la lección que los controles existentes no son suficientes.

Reformas institucionales y congreso nacional

El Código Procesal Penal

El Tribunal Constitucional anuló la Ley No. 10/2015, que modificó el Código Procesal Penal (CPP), por haberse aprobado sin cumplir las formalidades legales y constitucionales correspondientes. La reforma llevaba 10 años aplicándose a todos los casos y debido a que su anulación inmediata podría generar un caos procesal, el TC decidió mantener la vigencia de esta Ley por un año, tiempo en el cual el Congreso debía aprobarla, con o sin modificaciones, pero cumpliendo con el procedimiento correcto

El Congreso dejó para última hora la aprobación de una ley de tanta importancia, teniendo un plazo de un año que vencía el 11 de diciembre 2025, y con esfuerzos, se aprobó en el Senado un proyecto que introducía modificaciones al texto original de la Ley 10/2015, luego de haber llegado a un consenso con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

El proyecto aprobado en el Senado pasó a la Cámara de Diputados, donde se presentó un texto distinto al sancionado por el Senado. Esto generó denuncias de una contrarreforma que dificultaría gravemente la persecución de los delitos de criminalidad organizada y, especialmente, de los casos de corrupción.

Uno de los contenidos modificados ha sido el artículo 148, que trata sobre el control de la duración del proceso. El CPP original establecía que los casos debían decidirse en un plazo de 3 años, y la Ley 10/15, lo aumentó a 4 años. En el nuevo CPP aprobado y ya promulgado, se aumenta el plazo a seis años para los casos complejos, lo que es correcto. Por igual, originalmente, luego de una sentencia al fondo, cualquier recurso debía ser conocido en seis meses, y la Ley 10/15, lo amplió a un año. Se pretendía introducir en el CPP que el plazo máximo de duración del proceso es un plazo matemático, lo que fue descartado.

La fuerte presión de la prensa y la sociedad civil aportó voluntad política para detener la contra reforma, y aunque hay textos que pudieron mejorarse, el CPP que se terminó aprobando casi venciendo el plazo de un año, resultó un texto bastante equilibrado. Un ejemplo de este equilibrio es el contenido del párrafo II del artículo 1, que dispone que las garantías judiciales deben salvaguardar los derechos de todas las partes en el proceso.

El Código Penal No. 74-25, promulgado el 3 de agosto, es uno de los grandes avances del año, ya que tenía más de 20 años en el Congreso. El mismo, moderniza el marco legal e introduce más de 80 figuras jurídicas no contempladas en el viejo código, que tenía más de 140 años.  Toda la problemática del ciber delito, la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, es tomada en cuenta, en el nuevo Código Penal.

PC lamenta que el Congreso Nacional haya rechazado los reclamos de incluir el tema de las tres causales del aborto en el nuevo código, con lo cual, el país sigue siendo uno de los pocos en el mundo que penaliza el aborto en todas las circunstancias.

Otro importante logro del 2025 es la nueva Ley de Contrataciones 47-25, del 21 de julio del 2025, la cual contiene 21 principios, se enfoca en modernizar el sistema de compras, promueve de manera sistemática la transparencia y la inclusión sostenible, con mayor rigor de eficiencia y   equidad para los sectores más vulnerables de las empresas (Micro y Pequeña).

Otra reforma del año es la Ley 45-25, que ordena la fusión de dos Ministerios: Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda con el objetivo de eficientizar los procesos y la vinculación más armónica, entre la política fiscal y el presupuesto. Dicha fusión ya ha sido realizada.

Como resultado de la reforma a la Constitución del 2024, comenzó a aplicarse la elección del Procurador General por el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue elegida por dos años la magistrada Yeni Berenice Reynoso, mientras Wilson Camacho pasó a ser el Director de Persecución.

En el marco institucional, la sociedad dominicana, acaba de tener un importante logro, con la Sentencia del Tribunal Constitucional: TC1225, que deroga el artículo 210 y 260 de los códigos de justicia de la Policía Nacional y de los militares. Estos artículos estaban amparados en las leyes 285, del 1966 y 3483, de febrero del 1953. El tribunal dictaminó que atentaban contra la vida personal, la intimidad y los derechos de las personas.

Otro paso, importante dado por el Tribunal Constitucional fue la Sentencia TC1186/25, que deroga por inconstitucional, el literal f, del artículo 53, de la Ley Tributaria, que permitía colocar impedimentos de salida del país a los ciudadanos por decisiones administrativas, sin la intervención de un juez.

Una reforma que ha avanzado significativamente en el 2025 es la Reforma Policial. El pasado 10 de diciembre fue introducida al Congreso una propuesta de reforma a la ley. Mientras tanto, los principales actores de la sociedad, encabezados por el presidente de la República, la ministra de Interior y Policía y los altos mandos policiales, se han reunido puntualmente todas las semanas para dar seguimiento a la transformación policial, con avances significativos en la educación, el entrenamiento, reclutamiento y selección; mejoría de salarios e incentivos, modernas tecnologías y procesos, entre otros.

La Dirección Nacional de Control de Drogas, en el 2025 tuvo una actuación muy destacada en la incautación de miles de kilos de drogas y la persecución del crimen organizado.  

Todas estas acciones apuntan hacia mejores resultados en seguridad ciudadana. Para los años 2007, 2010, 2012, la tasa de homicidios en el país era de 25 por cada 100 mil habitantes, mientras en la región de América Latina y el Caribe era de 21. En el 2025, según Insigne Crime, tenemos una tasa de homicidios de 8.3, en cambio en la región es de 19.

Varias de las reformas prioritarias prometidas por el presidente Abinader se mantuvieron en discusión durante el 2025, pero ninguna fue aprobada. La reforma fiscal, una de las más urgentes, después de ser retirada de la discusión por el presidente Abinader en octubre del 2024, no fue reintroducida en el 2025, aunque a final de este año hay indicios de que será retomada en el 2026.

El Código Laboral avanzó en su discusión en el Congreso Nacional y se llegó a consensos en varios aspectos. Sin embargo, el tema de la cesantía laboral lo mantiene estancado y, aunque se ha asegurado su inminente aprobación, la versión conocida sigue teniendo en contra al sector empresarial.

Otras importantes reformas prometidas que siguen pendientes, destacándose la Ley de Seguridad Social (87-01); el sistema de transporte; el código del agua; la de mercado de valores; la transformación digital; reforma del sector hidrocarburo; de la transparencia y la institucionalidad. También la reforma de la Contraloría; la modernización del Estado; la reforma por la calidad educativa y la del sistema de Salud.

En este año se avanzó en algunos aspectos del control público como lo fue una nueva ley de contrataciones públicas, una nueva Cámara de Cuentas que de inmediato comenzó a publicar auditorías que habían sido retenidas; adopción de herramientas digitales en la Contraloría, el sometimiento de casos relacionados con la ética pública, la destitución de 32 funcionarios de diferentes niveles originadas en irregularidades administrativas y la creación de comisiones de seguimiento.   

Siguen los feminicidios

De acuerdo al Ministerio Público, entre enero y octubre del 2025 se registraron 49 feminicidios, mientras que en el mismo período la prensa registra 53 casos. Esto representa una disminución del 29.8%, ya que en el 2024 se registraron 61 casos.  A estos casos se le agregan 15, que corresponden a feminicidios conexos, el cual se refiere a aquellos donde se quita la vida de una mujer sin ésta ser su objetivo principal, en el entorno de un escenario de violencia feminicida. No obstante, este es uno de los temas que más preocupa a la sociedad dominicana por las profundas consecuencias en familias destruidas, niños y niñas huérfanos.

En este 2025 se presentaron 57,538 denuncias relacionadas con la violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Durante la década del 2014 y 2024 se registraron 842,288 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

La mayoría de los feminicidios fueron cometidos por la pareja actual (63.27%) o expareja (36.73%), es decir en el entorno familiar, motivados por celos o separación de la pareja y la insistencia del hombre de mantener el control sobre la mujer, mostrando un carácter predominantemente doméstico. Estos hechos ocurren con mayor frecuencia en los fines de semana: sábado y domingo, con 47.8% de los casos y el lunes es el día que registra el mayor número de denuncias (81.8%).  La mayoría de las víctimas tenían edades comprendidas entre 26 y 40 años. Los victimarios presentan una mayor incidencia a partir de los 40 años. En relación a la nacionalidad de las afectadas, la mayoría de las personas involucradas son dominicanas: 41 víctimas y 41 victimario; seguidas de haitianas: 7 víctimas y 6 victimarios, y alemana: 1 víctima y 1 victimario.

Para la ocurrencia de los hechos fueron utilizados: armas blancas en 21 casos; armas de fuego en 18; golpes contusos 5; estrangulación 2; quemaduras 2; envenenamiento 1. Estos casos, mayormente, se concentraron en las zonas urbanas, registrándose un 48.97% en Santo Domingo Este, Distrito Nacional y San Cristóbal. La totalidad de los hechos ha dejado como resultado que más de 37 niños y niñas hayan quedado huérfanos. La permanencia de este tipo de conducta obliga al Estado dominicano a desarrollar acciones de protección a las víctimas, prevención en el entorno familiar, atención a las denuncias, y en el orden de la educación pública.  Diferentes sectores de la sociedad dominicana se han expresado en esta misma dirección.

Aspectos políticos electorales

Siendo un año post electoral, el 2025 fue relativamente tranquilo. La Junta Central Electoral avanzó en la preparación del cambio de la cédula de identidad y electoral que iniciará a principios del 2026, así como en la reestructuración de las juntas electorales.

Se destaca el seguimiento que ha dado el organismo a los intentos de los partidos políticos de iniciar la campaña electoral varios años antes de lo establecido en la Ley. En tal sentido, los tres principales partidos han sido advertidos y notificados de la prohibición de campañas públicas a destiempo. Tal es el caso del PLD, que anunció la selección de su candidato presidencial, proceso que fue detenido por la JCE; el PRM, cuyos precandidatos han estado haciendo actividades que han sido consideradas proselitistas, también fue advertido y, finalmente, la Fuerza del Pueblo, recibió una intimación de la JCE, después de realizar una marcha, con marcado ambiente proselitista.

En este 2025 Participación Ciudadana presentó al país el estudio-propuesta sobre las leyes electorales y de partidos, el cual hace un análisis sobre la situación de los partidos, la abstención electoral y el sistema de financiación, con propuestas de modificación para avanzar hacia un sistema más eficiente y democrático.

En este 2025 se aprobó la Ley No. 39-25 que robustece las funciones del Tribunal Superior Electoral, un órgano que ha venido jugando un importante rol en los avances que se han producido en los aspectos electorales. La nueva Ley fortalece a la institución contenciosa electoral como el espacio más expedito para dirimir los conflictos en los partidos.  

Recientemente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) realizó la evaluación correspondiente y eligió un nuevo Tribunal Superior Electoral. Su presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo fue ratificado, así como los miembros Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz. Como nuevas juezas fueron elegidas Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Todos con sus respectivos suplentes.

Asimismo, observa como un hecho sin precedentes en la historia del CNM que no se anunciara la designación de los cinco jueces o juezas pendientes de la Suprema Corte de Justicia, ni la fecha en que el CNM volverá a reunirse para tomar esta decisión. Esto genera incertidumbre y abre espacio a especulaciones innecesarias.

Otro aspecto a destacar fue sobre la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, conocida por su récord de decisiones y eficiencia, pero controversialmente no ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 2025, lo que desató fuertes críticas hacia este organismo por presunto sesgo político y discriminación de género, denunciando una persecución política, a pesar de su reconocida trayectoria y su elección como comisionada iberoamericana de Ética Judicial. 

La economía dominicana se ralentiza

Durante el 2025, la República Dominicana no logró sostener el ritmo de crecimiento que la habían venido caracterizando desde mediados del siglo XX. Con datos de octubre, luce que el PIB terminará con una expansión en torno al dos por ciento. Dado que esto sucede por segunda vez después del rebote post pandemia (en 2023 también el crecimiento había sido bajo), parece ser un indicio de cierto agotamiento del modelo que se ha seguido por mucho tiempo.

Casi todos los sectores del PIB que habían sido responsables del crecimiento en períodos anteriores registraron desaceleración o caída en 2025. La construcción se contrajo; por su parte, el sector industrial, tanto para el consumo interno como para exportación, atenuó su expansión, al igual que la agropecuaria y el turismo. Dentro de los sectores principales, solo se mantuvieron creciendo razonablemente el financiero, actividades inmobiliarias y el transporte y almacenamiento.

Paradójicamente, el crecimiento del 2%, si bien se considera muy precario para los niveles históricos dominicanos, constituye un logro dentro de un contexto internacional bastante adverso. La incertidumbre política, económica y social que se ha apoderado de Estados Unidos y gran parte del mundo con la guerra comercial y los conflictos geopolíticos, han afectado el comportamiento económico de todo el mundo occidental. En EUA la economía crece menos, el Tesoro se endeuda más, contribuyendo a generar temores y desconfianza en el dólar, el desempleo aumenta y la inflación, que venía convergiendo hacia la tasa meta del 2%, ha vuelto a subir.

En los países de la Unión Europea el panorama pinta peor, con los principales países sumidos en crisis, con caídas o casi nulo crecimiento del PIB, desindustrialización, guerrerismo y armamentismo desenfrenado, mayor endeudamiento e intentos por desmontar el Estado de Bienestar, lo que podría provocar mayores conflictos sociales. Entre las grandes economías que impactan la dominicana y a Latinoamérica en general, las que permanecen menos afectadas son las asiáticas, con China que parece terminará creciendo por encima del 5% a la par con inflación negativa, y la India que crece más del seis por ciento.

En nuestro país, la menor tasa de crecimiento ocurre al tiempo que se recrudece la inflación, pues, tras haberse mantenido en torno al 3% en 2024, la misma se elevó en 2025, llegando al 4.74% al mes de noviembre, por lo que terminará el año posiblemente en un 5%. Una parte de esta inflación es importada, debido a nuestros estrechos vínculos con los Estados Unidos, pero contrarrestada en parte por China, país que registra deflación y de donde viene una gran parte de los productos importados, y a los menores precios del petróleo.

Internamente, contribuyeron a la inflación la flexibilización monetaria adoptada por el Banco Central con miras a reactivar las actividades productivas (disminución del encaje y de la tasa de interés de política monetaria), así como los efectos sobre la producción agrícola del paso del ciclón Melissa.

La flexibilización monetaria ha tenido muy escaso éxito en provocar disminución de las tasas de interés activas de la banca, por lo que en poco ha beneficiado a los sectores productivos y el diferencial entre tasas activas y pasivas ha engrosado la intermediación bancaria; sin embargo, se advierte que dicha política sí influyó en que la tasa de cambio subiera en alrededor de un 5% a lo largo de 2025.

No hay dudas de que uno de los factores más destacados del escaso crecimiento es la incertidumbre que vive el mundo. Pero el hecho de que el aminoramiento de la expansión del PIB comenzara desde el segundo semestre del 2024, antes del ciclo electoral de los Estados Unidos, indica que hay factores estructurales que explican la pérdida de dinamismo de la economía. Dentro de ellos están la restricción fiscal y la ancestral incapacidad de la economía dominicana para generar un sector exportador dinámico y competitivo.

La restricción fiscal provoca imposibilidad de producir bienes públicos, como infraestructura y servicios a la ciudadanía y las empresas, y un permanente déficit fiscal que incrementa los niveles de la deuda. En 2025 se percibió claramente el deterioro gradual de los servicios públicos, reflejados de manera visible en el abastecimiento eléctrico, transporte urbano de Santo Domingo y la salud pública.

Intentando contrarrestar el precario ritmo de aumento del PIB, el gobierno recurrió en el segundo semestre del año a un intento de aumentar la inversión pública, al costo de incrementar el déficit. Si bien el mercado internacional mantiene bastante confianza en la estabilidad y el crecimiento, lo que facilita la entrada de capitales y de inversión extranjera directa, en el fondo todo el mundo sabe que esto es insostenible en el largo plazo sin reformas sustanciales.

Las exportaciones aumentaron algo en el 2025, principalmente por los altos precios del oro, pero su nivel de apenas 11 por ciento del producto muestra la precaria capacidad de competir del aparato productivo. Si a eso se añade que el turismo ha tenido un relativamente mal año, creciendo la cantidad de visitantes extranjeros por vía aérea apenas un 2.2% hasta noviembre, provocan constreñimientos en el sector externo que solo se alivian con endeudamiento, inversión directa y el creciente monto de las remesas. Estas últimas constituyeron la única variable que registró un acelerado crecimiento en el año, a pesar de todas las amenazas contra los inmigrantes en EUA.

Estas cifras muestran que la economía dominicana no tuvo su mejor momento en el 2025. Sin embargo, algunos indicadores sociales muestran que el país ha avanzado en aspectos como la reducción de la pobreza y la desigualdad.  Medido por la pobreza monetaria, nos encontramos en 16%. En el 2020, arribaba a 23. La indigencia, o pobreza absoluta ha disminuido de 7, en el 2020, a 3.2%. La desigualdad, medida por el Coeficiente de Gini, ha mejorado de 0.445, en el 2015, a 0.386 (mientras más se acerca a 1, más grande es la desigualdad). Sin embargo, siendo la séptima economía de toda la región, el peso de la pobreza y la desigualdad sigue siendo muy alto. El 10% con más riqueza acapara el 30.7% de los ingresos; en cambio, el 10% más pobre apenas, reciben el 2%.

La esperanza de vida al nacer, ha mejorado. Hoy, la República Dominicana, alcanza los 75.1 años promedio. Un 9.5% de la población, sobrepasa los 65 años. Hace 20 años, solo el 3%, trascendía esa edad.

La Ley de Salarios, (105-13) que tiene ya más de 12 años, no se ha cumplido, ni ha sido derogada. La Ley 41-08, de Administración Pública debió ser revisada a los 10 años de su promulgación. Actualmente, hay alrededor de 778,000 empleados públicos. Del 2016 al 2020, el crecimiento de empleos fue de 128,000. Del 2021 a noviembre del 2025, van 126,000. La sociedad dominicana, requiere un pacto político, para profesionalizar la administración pública.

Aspectos internacionales, gobernabilidad y migración

En el 2025, el país mantuvo un ambiente político y de gobernabilidad que ha sido reconocido por todos los organismos internacionales como un ejemplo en el continente. El gobierno y la oposición han exhibido un comportamiento respetuoso y de armonía. Un ejemplo de esto es la comunicación, reuniones y decisiones conjuntas del presidente Luis Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, en los que se llegó a acuerdos con relación al manejo de la política exterior y de migración con la vecina nación de Haití, como resultado de la cual se han logrado unos pocos avances en la atención que el tema merece y que el país ha reclamado a la comunidad internacional.

República Dominicana, en este 2025, se ha visto afectada por las medidas arancelarias adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump y ha recibido el impacto de los cambios en el combate al narcotráfico en la zona. En este contexto se ubica la visita del Secretario de Estado Marco Rubio y del Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hedgest. Un acuerdo anunciado por el presidente Abinader otorga permiso hasta abril del próximo año a aeronaves norteamericanas para usar áreas del Aeropuerto Internacional de Las Américas y de la Base aérea de San Isidro, con fines de apoyo logístico en el combate del narcotráfico en la zona. Este acuerdo ha creado cuestionamientos y preocupación en importantes sectores de la sociedad civil que temen por la vulneración de la soberanía nacional y el involucramiento del país en la agenda internacional de otro país.  

El 2025 no registra ningún avance significativo en el tema de la migración haitiana y de las relaciones con el vecino país. A pesar de los anuncios constantes de deportaciones y la disminución de las atenciones a embarazadas haitianas en los hospitales dominicanos, en términos generales se mantienen las mismas tensiones y temores, en vista de que la situación en Haití, especialmente el avance de las bandas criminales, sigue a gravándose.

16 de diciembre del 2025

Participación Ciudadana otorgó a la periodista Edith Febles el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025, distinción que resalta su trayectoria de más de tres décadas marcada por la ética, la responsabilidad social y un ejercicio periodístico comprometido con los más altos valores ciudadanos.

Durante sus palabras de bienvenida, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, destacó el valor simbólico del reconocimiento y el compromiso institucional con la transparencia. Señaló que: “Este reconocimiento representa un símbolo: de la fuerza de la verdad, el valor de la independencia y el compromiso inquebrantable con la integridad. También nos recuerda que luchar contra la corrupción es, ante todo, un acto de valentía.”

Blanco también se refirió al contexto nacional reciente y recordó que la lucha contra la corrupción tiene impactos directos en la vida de las personas. En relación al caso SeNaSa, afirmó:
“Este año la desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción. Hablo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), institución vital para garantizar cobertura a millones de ciudadanos. Cualquier manifestación de corrupción en salud no solo erosiona la confianza en el sistema, sino que se traduce en medicamentos que no llegan a tiempo, diagnósticos tardíos y vidas vulnerables que quedan expuestas.”

Además, advirtió que no habrá retrocesos en el compromiso de la institución con la transparencia y el control ciudadano:
“Aprovecho para afirmar, con serenidad pero con absoluta firmeza, que ningún intento de silenciarnos prosperará. Que nadie podrá detener el avance hacia la transparencia. Cada intento de silencio confirma la importancia de nuestra misión.”

De acuerdo con la certificación oficial emitida por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, Febles ha sido “un ejemplo de periodismo apegado a los principios éticos, comprometido con la defensa de los sectores más vulnerables, especialmente con la justicia social”, cualidades que han definido su carrera profesional y su aporte a la comunicación pública del país.

La organización resaltó que la trayectoria de la reconocida periodista constituye un modelo de integridad profesional, independencia de criterio y coherencia ética, elementos que contribuyen al fortalecimiento de la cultura democrática y a la formación de una ciudadanía informada y vigilante.

Durante el acto, conducido por la comunicadora Amelia Deschamps, se proyectaron imágenes y audiovisuales sobre la historia del reconocimiento y la carrera de la homenajeada. La entrega formal del reconocimiento estuvo a cargo del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, que aprobó la selección de Febles mediante resolución oficial, dando cumplimiento a las bases del galardón, creadas para resaltar vidas y trayectorias que encarnan altos estándares de honestidad, conducta ética y espíritu cívico.

Tras recibir la distinción, Edith Febles dijo “es un compromiso frente a la gente”. Agradeció la presencia de sus familiares, amistades, seres queridos de infancia y demás presente.

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) valora la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de ratificar a tres jueces en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la decisión unánime de mantener en funciones a su actual presidente. La continuidad institucional del TSE es un elemento positivo para la estabilidad del sistema electoral, más aún en un órgano cuyas decisiones impactan directamente en la democracia, los partidos políticos y la resolución de controversias electorales.

Sin embargo, ROI considera necesario llamar la atención sobre varios aspectos del proceso que generan preocupación pública legítima. Durante días circularon rumores que se convirtieron en noticia, de que los tres hombres que integran actualmente el TSE, estos son su presidente, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, y los jueces Pedro P. Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, serían reelectos, mientras que las dos únicas mujeres que lo integran, las juezas Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez y Rosa Pérez de García, serían las únicas sustituidas, a pesar de estas contar con un historial de desempeño valorado positivamente. 

El resultado final -donde ambas fueron efectivamente reemplazadas, por las mismas personas que avisaba la noticia del pasado 28 de noviembre-, refuerza interrogantes que el CNM debe responder con absoluta transparencia ¿cómo los medios de comunicación y la comunidad jurídica conoce del proceso de decisión del CNM antes de ser público? los procesos deliberativos ¿contienen posibles sesgos de género, donde las mujeres son los puestos de cambios por las negociaciones políticas?

En ese sentido, ROI exhorta al Consejo Nacional de la Magistratura a publicar a la mayor brevedad posible el acta completa de deliberaciones, incluyendo las motivaciones que sustentan tanto las ratificaciones como las sustituciones. El país requiere conocer los criterios utilizados, especialmente cuando las decisiones afectan a dos juezas cuya labor ha sido reconocida por sectores jurídicos y por la ciudadanía.

Asimismo, observa como un hecho sin precedentes en la historia del CNM que no se anunciara la designación de los cinco jueces o juezas pendientes de la Suprema Corte de Justicia, ni la fecha en que el CNM volverá a reunirse para tomar esta decisión. Esto genera incertidumbre y abre espacio a especulaciones innecesarias.

Como acostumbra a hacerlo, tan pronto se realice el anuncio de los jueces y juezas que conformarán la SCJ, la Red hará público su informe final sobre este proceso, que incluirá el perfil de cada una de las personas designadas en esas altas cortes.

ROI recuerda que la transparencia, la previsibilidad institucional y la motivación adecuada de las decisiones son pilares esenciales del Estado de derecho. La ciudadanía tiene derecho a conocer no solo los resultados, sino también los fundamentos que los respaldan.

La Red reitera su compromiso de monitorear este proceso y de mantener un escrutinio público responsable, orientado a fortalecer la confianza en las instituciones y a promover designaciones basadas en mérito, independencia y equidad de género, como corresponde en una democracia constitucional.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) reconoció los avances realizados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante las recientes entrevistas a aspirantes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y al Tribunal Superior Electoral (TSE). La organización valoró positivamente la apertura del proceso al escrutinio público y la incorporación de preguntas técnicas pertinentes, resaltando el interés del CNM en fortalecer la evaluación de competencias jurídicas.

El análisis de ROI señala que las entrevistas muestran un esfuerzo significativo por evaluar conocimientos técnico-procesales, especialmente en derecho electoral, casación y justicia digital. No obstante, la organización observó que estos avances deben complementarse con una mayor uniformidad en las preguntas y un equilibrio que permita valorar con igual profundidad aspectos esenciales como ética judicial, independencia, derechos humanos y perspectiva de género.

ROI destacó la importancia de garantizar igualdad de trato entre todas las personas entrevistadas, evitando diferencias en el número o tipo de preguntas y asegurando que no se introduzcan temas personales, religiosos o ajenos al criterio de idoneidad. También subrayó que, aunque algunas entrevistas incluyeron tópicos importantes sobre transparencia, paridad, violencia política de género y estándares internacionales, estos deben abordarse de manera transversal y no de forma aislada.

La organización reiteró que el proceso de selección judicial es una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana y consolidar un sistema de justicia independiente, moderno y alineado con estándares democráticos. ROI reafirmó su disposición a colaborar constructivamente en la mejora continua de los mecanismos de evaluación y selección.

De cara a la decisión que el CNM adoptará este jueves 27 de noviembre, ROI llamó a que la elección de jueces y juezas responda a los principios de idoneidad, debido proceso, transparencia y paridad, garantizando que cada designación contribuya al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana.

ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

Participación Ciudadana advierte sobre el enorme daño que sufriría la lucha contra la impunidad y la confianza en la justicia, en caso de que tengan éxito los intentos por hacer extinguir los grandes casos de corrupción que cursan en el sistema judicial.

Aprovechando la lentitud de los tribunales, el imputado Jean Alain Rodríguez se ha atrevido a desmentir que solo en la fase preliminar hubo 94 aplazamientos como reveló Participación Ciudadana en su Segundo Informe del Observatorio de casos de Corrupción Administrativa publicado en https://pciudadana.org/2024/09/participacion-ciudadana-lanza-segundo-informe-del-observatorio-de-casos-de-corrupcion-caso-medusa/.

Este informe fue citado por Diario Libre en dos oportunidades, la última en su edición del 19 de noviembre del año en curso. Ese dato se encuentra en la decisión del juez Amauri Martínez, que lo envió a juicio de fondo. El intento de dar inicio al juicio de fondo lleva ya 12 audiencias aplazadas, a lo largo de 17 meses, algunas con causas legítimas como la muerte de uno de los abogados, pero la mayoría por recusaciones de jueces y recursos ante la Suprema Corte de Justicia, quien también se ha dilatado en conocer y decidir los mismos.

La detallada observación del proceso permite sospechar que la connivencia para defraudar al Estado, también se ha hecho presente para dilatar los casos y hay imputados que alegan no participar en los incidentes que generan la dilación, pero promueven que otros imputados lo hagan. Recordemos que en el caso Jean Alain Rodríguez se imputa a 40 personas y 22 sociedades de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos y que la mitad de los imputados han reconocido su culpabilidad y señalado como responsables a aquellos que no lo han hecho.

Recientemente, el ex procurador alega que “las dilaciones del caso se deben a plazos vencidos por la acusación, entregas tardías de pruebas, errores en la presentación de evidencias y a la magnitud y desorden del expediente”. Con estas declaraciones pretende desviar las evidencias que ya PC ha documentado en sus cuatro informes de observación del proceso, de que imputados y sus abogados han incidentado el proceso, como es el caso del señor Jean Alan Rodríguez, con el claro objetivo de solicitar la extensión de la acción penal, por sobrepasar el tiempo que establece la ley. 

Mas allá del tiempo que tomaron las investigaciones y de otros aspectos procesales que corresponden al Ministerio Público, la realidad es que, por primera vez, el país procesa en la justicia a redes amplias, complejas y poderosas que por años se enquistaron en la administración pública. El sistema de justicia dominicano nunca se había enfrentado a asociaciones criminales como estas. La única verdad es que en este tipo de casos ha imperado la impunidad.

La ciudadanía no entiende por qué los jueces no pueden controlar las tácticas claramente dilatorias y llegar a una decisión en tiempo oportuno. Las excusas no serán aceptadas, ni atribuir la culpa a plazos o actores de cualquier nivel involucrados en el proceso, pues el robo de la cosa pública les afecta por igual y el país no puede perder la oportunidad de ponerle fin a la impunidad.

Participación Ciudadana, una vez más, solicita al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción, que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo. Solo solicitamos que hagan su trabajo con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes. Que no haya privilegios para los acusados de corrupción. La ciudadanía así lo espera y lo seguirá exigiendo, al igual que lo ha hecho desde el 2017 a la fecha.

Preservemos los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresa su más seria preocupación ante las graves denuncias contenidas en la comunicación remitida por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz al Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), en respuesta al acta No. 010-2025-CNM, relativa a su no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia.

La magistrada Jiménez Ortiz, con 23 años de carrera judicial y un historial de evaluaciones
públicas sobresalientes, describe en su carta inconsistencias graves, criterios de valoración ajenos al marco normativo, ausencia de motivación suficiente y la utilización de “percepciones” o inferencias subjetivas como fundamento para una decisión de altísimo impacto institucional. Estas observaciones se suman a cuestionamientos previos formulados por ROI sobre el proceso, incluyendo la falta de transparencia en las deliberaciones, la ausencia de identificación de los consejeros responsables de los señalamientos y la inexistencia de evidencia objetiva que respalde varios de los argumentos utilizados para justificar la no ratificación.

Resultan especialmente preocupantes las denuncias de la magistrada respecto de un presunto patrón histórico dentro del Consejo Nacional de la Magistratura que habría afectado de manera particular a mujeres de reconocida trayectoria judicial. Las afirmaciones sobre campañas de descrédito, utilización de criterios discrecionales y ausencia de garantías para la protección de la independencia judicial no solo comprometen la legitimidad del proceso, sino que pueden constituir prácticas discriminatorias contrarias a los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y no discriminación.

Frente a la gravedad de estos señalamientos, ROI considera indispensable que organismos especializados en derechos humanos y género se pronuncien y actúen con prontitud. En particular, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Ministerio de la Mujer (MMUJER) deben examinar, desde una perspectiva técnica, la posible existencia de discriminación estructural en los procesos de evaluación y permanencia en las altas cortes, así como los riesgos que estas prácticas generan para la autonomía de las mujeres en la administración de justicia y para la independencia judicial
como componente del Estado de Derecho.

ROI recuerda que la evaluación de jueces y juezas es un mecanismo extraordinario destinado a garantizar la eficiencia judicial, no un instrumento de presión política. Utilizar este proceso para fundamentar decisiones discrecionales o para desvalorizar el trabajo de jueces y juezas puede constituir una amenaza directa al sistema democrático.

La organización reitera su disposición a colaborar con todos los actores institucionales para
asegurar un sistema de justicia transparente, basado en criterios objetivos, con apego a la
legalidad y respetuoso de la independencia judicial. Asimismo, ROI hace un llamado a la
comunidad jurídica, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a
mantenerse vigilantes. La independencia judicial y la igualdad de género en la justicia no
son negociables; son pilares esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación
Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de
Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó su profunda preocupación por las razones invocadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Acta núm. 010-2025 para no ratificar en sus funciones a los magistrados y la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes fueron evaluados en el reciente proceso de revisión de desempeño de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Según el documento oficial, el CNM justificó la no ratificación de los tres jueces señalando que “los resultados no alcanzan los estándares de idoneidad y desempeño exigidos”. Sin embargo, la documentación pública sobre las evaluaciones realizadas por la propia del Consejo refleja valoraciones excelentes en aspectos de capacidad jurídica, ética profesional, independencia y cumplimiento de funciones. Para ROI, esta incongruencia entre las evaluaciones técnicas y la decisión final pone en entredicho la objetividad y transparencia del proceso.

En el caso del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, el CNM aludió a su proximidad a la edad de retiro establecida en el artículo 151, numeral 2, de la Constitución de la República, que fija el límite en 75 años. Aunque dicha circunstancia puede ser una razón atendible, ROI considera que, de ser ese el criterio, el juez no debió haber sido sometido a evaluación, pues el proceso debe dirigirse a valorar desempeño y no a aplicar causales de retiro que ya están constitucionalmente determinadas. De hecho, el acta no consigna la edad como motivo de exclusión, lo que evidencia un uso discrecional y poco coherente de los criterios.

Asimismo, ROI advierte que las observaciones vertidas en el acta sobre las posiciones jurídicas razonadas de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, única mujer evaluada en esta etapa, revelan sesgos preocupantes que afectan el principio de igualdad y la garantía de independencia judicial. Cuestionar posturas jurisdiccionales debidamente fundamentadas puede constituir interferencias en la libertad de criterio judicial y se suma a precedentes adversos para la justicia dominicana.

Observa, además, que las actas no indican quiénes emitieron las opiniones ni los votos individuales, lo que impide determinar las responsabilidades institucionales en una decisión de alta relevancia para la justicia nacional. Esta omisión vulnera los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir los procesos del CNM.

La Red recuerda que la evaluación de desempeño judicial no debe convertirse en un instrumento discrecional para separar jueces y juezas de sus funciones. Aunque son designados por un período determinado, la evaluación debe tener un carácter técnico, objetivo y formativo, orientado a mejorar la calidad de la justicia y no a ejercer control político o disciplinario sobre quienes integran la SCJ. Cualquier utilización del proceso evaluativo con fines distintos pone en riesgo la independencia judicial, la estabilidad institucional y la confianza pública en la justicia.

ROI reiteró su llamado al CNM a continuar publicando las actas y a que lo haga oportunamente, consignando de manera íntegra las evaluaciones, los fundamentos técnicos con la indicación de la postura y de los votos individuales de cada uno sus integrantes, a fin de asegurar que las designaciones respondan a estándares verificables de mérito, transparencia, idoneidad y equidad, y no a criterios discrecionales.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).