• RD este año tiene una puntuación de 28 puntos de 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, una pérdida de 2 puntos y 8 puestos en el ranking mundial con respecto al año 2018.
• RD se encuentra 15 puntos por debajo del promedio del continente americano (43 puntos promedio), confirmando que no existe avance alguno en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó este jueves el indicador de corrupción más usado en todo el mundo, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, el cual situó nuevamente a República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100, dos puntos menos respecto al 2018.

Para la República Dominicana este indicador, elaborado por Transparencia Internacional, fue oficializado al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Los datos arrojan que el país está lejos de alcanzar la meta propuesta por esta estrategia para el 2020, que fue de 51 puntos y 78 puntos para el 2030.

“De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2019, nuestro país ocupa el lugar 137 de 180 países, representando una pérdida de ocho puestos con respecto al ranking mundial del año 2019, lo que evidencia que no hemos avanzando en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana

Destacó que, en comparativa, dos países con puntuación similar a República Dominicana en el año 2018, Sierra Leona y Togo, mejoraron 3 y 1 puntos respectivamente su calificación con respecto al año anterior y en el caso de Sierra Leona, este país presentó un avance de 10 puestos en comparación con su ubicación en el ranking del 2018, esto a pesar de poseer un PIB per cápita 16 veces inferior al de la República Dominicana.

Según los resultados del IPC 2019, en el continente americano, la República Dominicana presenta una peor puntuación que el 78% de los países de la región, igualado en puntos con Paraguay (28 puntos) y solo mejor que 5 países del continente, Guatemala y Honduras (26 puntos), Nicaragua (22 puntos), Haití (18 puntos) y Venezuela (16 puntos). En esta categoría, los países con mejor puntuación en el índice son: Canadá con 77 puntos, Uruguay con 71, Estados Unidos con 69, Chile con 67, Bahamas con 64 y Barbados con 62. La puntuación promedio del continente es de 43 puntos. República Dominicana está 15 puntos por debajo del promedio continental.

El Coordinador General de Participación Ciudadana informó que los países del mundo que obtuvieron la mejor puntuación son: Dinamarca y Nueva Zelandia con 87 puntos, Finlandia con 86, Singapur, Suecia y Suiza con 85; Noruega con 84, Países Bajos con 82, Alemania y Luxemburgo con 80, Islandia con 78, Australia, Austria, Canadá y Reino Unido con 77, Hong Kong con 76 y Bélgica con 75.

Agregó que, en contraste, los países del mundo con menor puntuación en el IPC 2019 son: Somalia con 9 puntos, Sudan del Sur con 12, Siria con 13, Yemen con 15, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Sudan y Venezuela con 16, Corea del Norte con 17, República Democrática del Congo, Guinea Bissau, Haití y Libia con 18, Burundi, Congo y Turkmenistán con 19 y Camboya, Chad e Irak con 20.

“Para el año 2019, el índice encontró que un poco menos de un tercio de los países (32.7%) obtuvieron 50 o más puntos, mientras que la puntuación anual promedio de todos los países que integran el ranking fue de 43 puntos, lo que representa muy poca variación en los avances en materia de lucha contra la corrupción a nivel mundial con respecto a los datos del 2018, lo que significa que la corrupción sigue siendo un gran flagelo a nivel mundial”, señaló Heiromy Castro.

Transparencia Internacional, en su comunicado oficial, indicó que “los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, tienen menos posibilidades de reducir la corrupción, de acuerdo con los resultados del análisis, y manifestó que “los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.

“Frente a estos resultados, Participación Ciudadana llama a todas las autoridades nacionales y municipales y a todos los sectores políticos y sociales a prestar alta atención a estos datos que muestran que la corrupción ha aumentado según lo perciben sectores claves y la opinión pública, tomando en cuenta, además, que los efectos nocivos de la corrupción pueden sentirse más en un período electoral en que el crecimiento económico disminuirá con respecto a años anteriores”, sostuvo el coordinador general de PC, Heiromy Castro.

El crecimiento económico dominicano no ha generado mayor institucionalidad ni reducción de la corrupción.

Luego de un análisis de los datos ofrecidos por el IPC 2019 y el ingreso per cápita de los países que lo integran, Participación Ciudadana determinó que de 110 países con ingresos per cápita iguales o inferiores a la República Dominicana (aproximadamente US$ 8,050 dólares promedio por habitante según datos del Banco Mundial), el 62% de estos países presentan una puntuación y una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 superiores a los resultados obtenidos por la República Dominicana, pese a que se ha demostrado que los países con mejores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menores niveles de corrupción, un dato que se corrobora cuando se visualiza que los países con mejores ingresos per cápita se encuentran en lo más alto del ranking de este indicador suministrado por Transparencia Internacional.

Recomendaciones por parte de Transparencia Internacional

Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional recomienda a los gobiernos:

1. Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política
2. Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés;
3. Gestionar los conflictos de interés y las “puertas giratorias”;
4. Regular las actividades de lobby, a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones;
5. Fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas;
6. Empoderar a la ciudadanía, y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas;
7. Reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.

En el año 2019, 180 países fueron incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción. La puntuación de cada país muestra la percepción sobre el nivel de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad y 100 significa que se lo percibe como la mayor transparencia y honestidad en la administración pública. Los datos son extraídos a partir de 13 evaluaciones de expertos y la realización de encuestas a empresarios.

Santo Domingo, República Dominicana. Más de sesenta organizaciones y personalidades de distintas regiones del país del ámbito religioso, académico, empresarial, sindical, campesino, movimientos sociales y de la sociedad civil que suscriben el Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, solicitaron este miércoles al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, convocar con urgencia al Consejo Superior del Ministerio Público, a fin de que designe al Procurador que estará a cargo de la Procuraduría Especializada en crímenes y delitos electorales.

Esta solicitud fue realizada vía comunicación oficial, y a través de la cual, las organizaciones manifestaron su preocupación por la ausencia de los preparativos necesarios para la operatividad de la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los delitos electorales, creada por el artículo 289 de la Ley de Régimen Electoral, No. 15-19 de fecha 18 de febrero de 2019.

El comunicado, entregado al Procurador General de la República, señala que la eficacia de esta procuraduría dependerá del empoderamiento de todos los fiscales a nivel nacional, por tratarse de unas elecciones que se celebrarán simultáneamente en todo el país, tanto en el nivel municipal el próximo 16 de febrero como en los niveles congresual y presidencial el 17 de mayo del presente año, y una probable segunda vuelta presidencial el 28 de junio.

Requirieron, además, que por su conducto el Consejo Superior del Ministerio Público difunda ampliamente el listado con los nombres y datos de contacto directo de todos los Fiscales Adjuntos de cada Distrito Judicial que serán asignados a la persecución e investigación de los crímenes y delitos electorales, y el sometimiento penal de los responsables; y que estos sean instruidos a cumplir cabalmente con las responsabilidades puestas a su cargo.

“La ciudadanía reclama y espera que de oficio el Ministerio Público asuma frente a los crímenes y delitos electorales un rol activo, enérgico e imparcial y que no actúe solo a requerimiento de parte interesada. Que su accionar esté siempre apegado al respeto del debido proceso y a los derechos fundamentales de todos los dominicanos y dominicanas.  Que de forma alguna sirva de instrumento a intereses electorales partidarios, pero que tampoco se mantenga al margen del cumplimiento de sus responsabilidades legales y que con ello frustre toda posibilidad de procesar penalmente a quienes incurran en la deleznable práctica de retorcer la voluntad popular mediante la comisión de los ilícitos contempladas en la Ley de Régimen Electoral y el ordenamiento penal en general”, expresaron en el comunicado.

Finalmente, sostuvieron que la confianza en el proceso electoral es un elemento clave en la legitimación del acceso al poder público y para la consolidación del régimen democrático, por lo que tienen la firme determinación de trabajar para vencer la impunidad que ha prevalecido en la justicia electoral con sus graves derivaciones sociales, económicas y políticas, garantizando así los derechos civiles y políticos fundamentales que tutelan cualquier democracia.

Sobre Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente

Es una iniciativa creada para expresar el compromiso con la defensa activa y vigilante del proceso de institucionalización democrática de República Dominicana y, en particular, de su sistema electoral. Forman parte del Manifiesto Ciudadano: Articulación Nacional Campesina, Asociación Dominicana de Profesores, Centro Juan XXIII, Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Monseñor Jesús Castro, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Monseñor Víctor Masalles, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Participación Ciudadana, entre otras organizaciones y personalidades.

Nota: Anexo carta entregada al Procurador

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en el marco de las acciones que desarrolla dentro de su programa de observación electoral, manifestó su apoyo a los debates electorales que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), reconociendo su importancia al permitir a la ciudadanía conocer y contrastar las distintas propuestas y programas de los candidatos y candidatas.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó que la democracia necesita actores sociales y empresariales comprometidos con el Estado de derechos y que este se fortalece con el diálogo, las propuestas y el compromiso, mediante la participación activa y responsable de la ciudadanía y sus organizaciones, en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020.

Indicó que los debates electorales se convierten en un espacio de gran trascendencia para el país y que la República Dominicana debe pasar a la lista de las naciones que asumen esta práctica como una acción política de la democracia y de los sistemas electorales que promueven la integridad, la transparencia y la construcción colectiva.

“Confiamos en la metodología propuesta por ANJE para la organización de este tipo de eventos que aporta al fortalecimiento institucional y a la propia democracia de nuestro país, y esperamos que los candidatos y candidatas que plantean querer llevar los destinos de República Dominicana, se motiven a participar y a presentar sus propuestas y compromisos para abordar los problemas básicos de nuestra nación”, añadió Pimentel.

Participación Ciudadana espera que las informaciones extraídas de estos debates sirvan de lineamientos a las organizaciones políticas y que los candidatos y candidatas que logren ganar en los comicios de este año, durante su gestión, implementen esas iniciativas que llevarán a la construcción de una mejor sociedad.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, solicitó este jueves a la Junta Central Electoral (JCE), la acreditación de 1800 voluntarios y voluntarias que participarán como observadores electorales en los comicios municipales de este 16 de febrero de 2020.

Esta solicitud fue realizada conforme al compromiso asumido por Participación Ciudadana como entidad observadora para garantizar la transparencia del proceso, y dando cumplimiento al “Reglamento para la observación electoral en las elecciones ordinarias generales del año 2020” y al proceso de Observación Electoral 2020.

“Desde Participación Ciudadana haremos dos tipos de observación electoral; una observación itinerante, donde estos voluntarios y voluntarias se movilizarán por las calles y visitarán diferentes locales de votaciones, observando las incidencias dentro y en los alrededores de los mismos; y una observación de locales de votación, donde el observador u observadora tendrá asignado un local y podrá constatar las incidencias fuera del local y dentro de los colegios electorales”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de la organización.

Explicó que todos los voluntarios y voluntarias observarán las incidencias que se produzcan en las filas, en la mesa de votación y en los alrededores del local donde le corresponde hacer su labor, y que, al momento del cierre de la votación, estarán observando un colegio electoral para ver el proceso del cierre y conteo de los votos.

Castro invitó a todos los ciudadanos y ciudadanas del país a que se integren, a que ejerzan su derecho al voto de manera consciente y a que también sean observadores electorales y reporten cualquier irregularidad de la que sean testigo, destacando que “cada uno de nosotros decidimos el futuro de nuestro país, a cada uno de nosotros nos debe importar que se realicen elecciones transparentes para que no se atente contra la democracia dominicana”.

Esta es la onceava ocasión en que Participación Ciudadana realiza esta iniciativa que busca velar por el respeto de la democracia y la voluntad popular en las urnas. Desde su primera observación electoral en 1996, han contado con más de 60,000 voluntarios y voluntarias.

16 de enero de 2020

Santo Domingo, República Dominicana.  La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, manifestó su preocupación por la tardanza en la impresión de las boletas de votación que se utilizarán en las elecciones municipales del 16 de febrero, destacando que no es culpa de la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) ni del Tribunal Superior Administrativo (TSA), pero que requiere del compromiso y esfuerzo de todos para alcanzar la meta de que estén listas en tiempo oportuno, sean distribuidas y alejar la posibilidad de dificultades logísticas que pongan en riesgo los comicios.

“Varios factores han producido una gran cantidad de recursos jurídicos, especialmente los relacionados con las primarias, las reservas de candidaturas y la equidad de género. El TSE ha trabajado aceleradamente para dar salida a esos recursos, pero debe buscar una salida dentro del marco de la Ley para que sus decisiones no obstaculicen factores tan decisivos como la impresión de las boletas”, expresó el Consejo Nacional de PC mediante un comunicado de prensa.

Recordó que el Tribunal Superior Administrativo suspendió la resolución que establece el orden de los partidos en las boletas hasta tanto decida una solicitud de medida cautelar, lo cual impide imprimir las boletas a menos de 30 días de las elecciones.

“La audiencia para conocer la medida será celebrada este viernes 17 y ese día debe producirse una decisión en el sentido que entienda el magistrado apoderado, pero que además permita a la JCE continuar con su calendario hacia el 16 de febrero. Por igual, el TSE debe cumplir lo prometido y decidir en esta semana los casos pendientes para que la JCE pueda hacer a tiempo las correcciones necesarias en las boletas y mandarlas a imprenta”, afirmó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

El comunicado de prensa enviado por el Movimiento Cívico, señala, además, que el artículo 98 de la Ley de Régimen Electoral ordena que las boletas deben ponerse en manos de las juntas electorales en “tiempo oportuno”, y ese mandato no solo obliga a la JCE, sino, además, a los tribunales que conocen casos que pudieran incidir en el cumplimiento del mismo.

Tras el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina, por motivo del Día del Poder Judicial, la organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, realizó una evaluación del mismo indicando estar de acuerdo con varios de los puntos mencionados y haciendo énfasis en la necesaria mejora de la independencia de los jueces y juezas y del presupuesto nacional destinado al Poder Judicial, elementos omitidos por el presidente de la SCJ.

“En su discurso, el magistrado Molina pone el dedo en una de las llagas más lacerantes que padece nuestro sistema de justicia, la increíble mora judicial a la que hemos estado encadenados desde hace décadas, que afecta a todos los usuarios de este sistema, pero de manera principal a los sectores más vulnerables que se cansan de esperar una sentencia que nunca llega o llega demasiado tarde”, señaló el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Dijo que también apuntó en el sentido correcto cuando fija como una de las prioridades mejorar sustancialmente la eficacia y eficiencia con que se conduce el sistema de justicia, “llena de obstáculos burocráticos que ralentizan la labor judicial, además de la increíble desproporción en la carga de trabajo entre todos los jueces y juezas del país”.

“Dos aspectos del discurso merecen, sin embargo, una crítica constructiva, cuando no concede, por omisión, la importancia que tiene, en primer lugar, mejorar sustancialmente la independencia de los jueces y juezas, no solo hacia lo externo, sino además a lo interno, y en segundo lugar el cumplimiento de la ley que fija un 2.6% de los ingresos internos del presupuesto nacional para el Poder Judicial, sobre todo porque para el año en curso su asignación es de apenas 1.3%, es decir la mitad de lo que le corresponde por ley”, sostuvo el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Desde Participación Ciudadana esperan que la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial y su nuevo presidente utilicen sus facultades, incluyendo su iniciativa en la formación de la leyes, para trabajar junto con los demás poderes del Estado y la sociedad civil en las modificaciones que luego de agosto de este año deberían emprenderse en las normas sustantivas y adjetivas para mejorar las condiciones de independencia, comenzando por la revisión del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de excluir al Procurador General de la República como integrante del mismo, la eliminación de la facultad de dicho Consejo para evaluar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el establecimiento de una mayoría calificada para tomar decisiones, que obligue al consenso entre los miembros del Consejo.

Con respecto al presupuesto del Poder Judicial, explicaron que es cierto que uno de los problemas es el gasto ineficiente, lo que debe corregirse, pero que tampoco hay duda de que se requiere una fuerte inversión en “la penosa infraestructura del Poder Judicial, en el uso de tecnología, en los salarios, sobre todo del personal administrativo, en la puesta en funcionamiento de tribunales aprobados por el Congreso y muchos otros aspectos”.

El Consejo Nacional de PC afirmó que el acceso a la especializada jurisdicción contenciosa administrativa que lleva el mandato constitucional de creación de jueces de primer grado y que se ha incumplido por más de diez años por falta de presupuesto, está vedada a la mayoría de la población, a lo que se le añade las condiciones de extrema precariedad en que opera la misma, lo que la hace “prácticamente inexistente”.

Participación Ciudadana espera que temprano este año, luego de un levantamiento de las necesidades del Poder Judicial y de iniciar un plan de eficiencia en el gasto, el Poder Judicial en pleno, encabezado por su presidente, se comporte como el poder del Estado que es y reclame a sus pares la asignación presupuestaria que requiera.

“La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, y el nuevo presidente de ambos órganos, permiten una vez más alumbrar la esperanza de una mejoría en el sistema de justicia que le permita recuperar por lo menos parte de la credibilidad pérdida y Participación Ciudadana asume esa esperanza sin dejar de lado el ejercicio de su derecho a mantenerse vigilante, evaluar y opinar sobre los procesos que se avecinan”, expresó el Consejo Nacional de la organización.

Por realizar esfuerzos para concientizar sobre el impacto del cambio climático y alternativas para confrontarlo, el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, fue acreditado oficialmente por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como integrante de esta máxima instancia, confiriéndole la distinción de organización observadora.

La Convención Marco es la respuesta internacional al cambio climático y es un tratado que establece las obligaciones básicas de las 197 Partes (Estados) para combatir este fenómeno. Busca reforzar la conciencia pública a nivel mundial sobre las consecuencias derivadas de esta problemática y canalizar esfuerzos intergubernamentales para su mitigación.

El director ejecutivo de PC, Carlos Pimentel, expresó que la organización,  reconociendo la importancia y el rol fundamental de la sociedad civil en la lucha contra este fenómeno, se ha abocado en los últimos años a liderar y apoyar  iniciativas relacionadas con estos fines, al igual que también ha formado parte del accionar civil, siendo socio fundador del Foro Dominicano de Cambio Climático, el cual es un espacio que busca impulsar el diálogo activo entre actores sociales para la identificación, discusión y consenso sobre políticas, estrategias y acciones prioritarias para la incidencia en los procesos de toma de decisiones vinculadas con los riesgos derivados de los efectos del cambio climático.

“Este logro reafirma una vez más, el compromiso de Participación Ciudadana con la sociedad dominicana de apoyar las iniciativas para fortalecer el país, que, en su condición de estado insular, lo hace cada vez más vulnerable a los efectos del cambio climático. Es un impulso y una oportunidad para seguir concientizándonos, realizar esfuerzos, y transmitir a la sociedad informaciones sobre actitudes y aptitudes que debemos aplicar para adaptarnos y mitigar las consecuencias, a fin de lograr una República Dominicana resiliente y sostenible”, sostuvo Pimentel.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático cuenta con un órgano de decisión supremo denominado La Conferencia de las Partes (COP), que se reune anualmente para revisar el avance en la implementación de la Convención donde se proponen, evalúan y aprueban otros instrumentos que apoyen su instauración, al tiempo que examina el compromiso de las Partes en función de los objetivos de la CMNUCC y los efectos de las medidas adoptadas por las mismas.

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, expresó su más contundente rechazo a las declaraciones del ex presidente y candidato presidencial Leonel Fernández, en el sentido de que formará un comité de defensa al voto integrado por compañeros ex policías y ex militares por cada colegio electoral.

PC entiende que si lo que persigue el Dr. Fernández es evitar el uso de los recursos del Estado y la compra de votos, práctica esta última utilizada por seguidores de los dos principales precandidatos del PLD en las primarias pasadas, debe recurrir a los mecanismos institucionales, en cuyo uso encontrará, sin ninguna duda, apoyo ciudadano.

Participación Ciudadana llama al Dr. Leonel Fernández a la reflexión, que lo lleve a enviar el mensaje de paz que espera la ciudadanía de sus lideres políticos. El movimiento cívico espera que las únicas confrontaciones sean verbales basadas en los programas de gobiernos.

La organización de la sociedad civil exhortó a todos los protagonistas del proceso electoral a disponer de su empeño para garantizar la transparencia, la diafanidad y el respeto a las leyes electorales.

El año 2019 se caracterizó por un predominio casi absoluto de los temas políticos electorales. Desde la aprobación de la Ley 33-18 de partidos, movimientos  y agrupaciones políticas en agosto del 2018 y de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral en el mes febrero, el país estuvo envuelto en constantes discusiones y preparativos para la celebración de las primarias del 06 de octubre. Al término del año, todavía dominan la incertidumbre sobre el cumplimiento de estas leyes y las posibilidades de que la democracia salga fortalecida en los comicios de febrero y mayo del 2020.

Entre los elementos positivos en el ámbito político institucional se destacan:

• Participación Ciudadana valora las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en la Ley 33-18, tales como: las reservas de candidaturas, el voto de arrastre, campaña negativa, método de elección de los candidatos y negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas. En todos estos casos, las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos, medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral.

• La creciente presión ciudadana y de la prensa nacional a favor del mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país. Este año se fortalecieron las demandas por unas elecciones limpias, equitativas y transparentes. Estas presiones fueron las que impidieron que se introdujera una nueva reforma constitucional con el objetivo de repostular al Presidente Danilo Medina Sánchez. Con vistas a las elecciones del 2020 han surgido varios grupos y propuestas que propugnan por un cambio en la cultura del abuso de los recursos públicos a favor del continuismo, el fraude y la violación de las leyes. La sociedad civil ha puesto a circular un Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, a través del cual coordina las acciones para una participación efectiva.

Dentro de los elementos negativos sobresalen: 

• La mitad del año en intentos reeleccionistas. A pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe, seguidores del Presidente Danilo Medina sometieron al país a un intenso debate sobre la posibilidad de eludir esa prohibición o de realizar una reforma constitucional para permitir una segunda reelección presidencial. Esto distrajo la atención y abrumó a la ciudadanía por más de un año, lo cual impidió además que se despejara el panorama al interior del partido de gobierno y creó un ambiente de incertidumbre ante las amenazas de imponer la fuerza del poder y del dinero. Al fin, la sensatez se impuso y el Presidente Medina anunció el 22 de julio que no intentaría una nueva reelección, permitiendo que su partido se abocara a la preparación de las primarias y que surgieran varias candidaturas.

• Limitaciones al voto de los dominicanos en el exterior, tanto por las pocas opciones que se ofrecieron para la inscripción en el padrón así como por el cierre prematuro del plazo.

• Proselitismo a destiempo y precampaña desigual. A pesar de las normas establecidas en la Ley 33-18 y de las facultades reforzadas de la Junta Central Electoral (JCE), las primarias de los partidos se convirtieron en una elección nacional con características, tiempos y gastos semejantes a las nacionales y contrarias a los anhelos  de un sistema electoral más avanzado y justo. Las normativas relativas a la propaganda, el activismo público, los plazos y el gasto fueron violentadas de manera notoria, fundamentalmente por el partido y los precandidatos oficiales. La JCE dictó la Resolución 10-2019 que suspendía la actividad política en el período previo a la precampaña luego de la denuncia que le hiciera Participación Ciudadana, pero estas continuaron en franca violación a la Ley Electoral y a la Ley de Partidos. Producto del desbordamiento, el órgano electoral emitió una nueva resolución, numerada 11-2019 que ordenaba la suspensión de la publicidad política y retiro inmediato de toda la propaganda electoral, la cual solo fue cumplida de manera parcial.

• Todo el gobierno lanzado a la campaña en favor del precandidato del Presidente. Al igual que en las últimas elecciones nacionales, las primarias se caracterizaron por la participación del gabinete completo y centenares de funcionarios públicos como coordinares regionales de la campaña del candidato oficial en uso claro de los recursos públicos. La división interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la intervención directa del Presidente Danilo Medina y de todo el aparato estatal a favor de un precandidato convirtieron las primarias en un proceso muy difícil y cuestionado con el resultado final de la división de ese partido y la renuncia del ex Presidente Leonel Fernández, quien ha sido postulado para el 2020 por el Partido Fuerza del Pueblo (PFP), anteriormente Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD). Aún se está a la espera de la decisión de las altas cortes sobre la aceptación de esta postulación. 

• Excesivo gasto en campaña de las primarias. Las elecciones dominicanas siguen siendo muy costosas con el agravante de que una parte de los recursos salen del uso ilegal del presupuesto nacional en favor de candidatos oficialistas. Las primarias de los partidos no fueron una excepción, sino que por el contrario aumentaron el gasto con relación a años anteriores. 

• Denuncias de fraude. Las denuncias de Leonel Fernández de que había sido víctima de fraude y que se había adulterado la voluntad popular en la transmisión de los datos de los equipos electrónicos se convirtió en un elemento que empañó el proceso y dejó incertidumbres que todavía no han sido esclarecidas. 

• Voto automatizado no logra confianza y consenso. El voto automatizado utilizado en las primarias fue exitoso en cuanto a la rapidez de la transmisión de resultados, pero no pasó la prueba de confianza luego de que se produjera un cambio en la tendencia y de que decenas de miles de personas en la región sur votaran en horas de la noche después del horario establecido.

• A pocos días de finalizar el año la situación del voto automatizado es incierta, ya que se ha requerido una auditoria, la cual debió realizarse desde principios del 2019 y hasta el momento no ha iniciado, teniendo de cara las elecciones municipales en el mes febrero y las presidenciales y congresuales en mayo del 2020.

La corrupción sin castigo sigue siendo la norma en el 2019

Ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, mientras el Ministerio Público, y en especial la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA) no cumplen con su responsabilidad de investigar y perseguir las innumerables denuncias y evidencias de corrupción que son de conocimiento público.

Otro ejemplo de corrupción sin castigo lo constituye el pobre trabajo realizado por la Cámara de Cuentas, órgano que fue creado para auditar las cuentas públicas y que no ha generado ningún avance en la detección y persecución de la corrupción. Las instituciones que más recursos manejan no han sido auditadas en los últimos años y el escandalo más significativo; el de ODEBRECHT, sigue a la espera de que se verifiquen las sobrevaluaciones de obras confesadas por la misma empresa.

Durante el 2019, Participación Ciudadana dio seguimiento a los siguientes casos:

• Hospital Dr. Darío Contreras
• Hospital Dr. Luis E. Aybar
• Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)
• Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
• Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
• Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
• Caso Diandino Peña
• Los aviones Tucanos
• Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
• ODEBRECHT

En este año, los casos de corrupción visibilizados en los medios han sido significativos, resaltando los siguientes:

• El caso de ODEBRECHT y los Codinomes. Documentos dados a conocer por un grupo de periodistas de investigación de varios países, auspiciados por Transparencia Internacional, mostraron que en la República Dominicana 28 personas recibieron 39.5 millones de dólares como sobornos por Punta Catalina y otras cinco obras realizadas en el  gobierno del actual presidente, Licenciado Danilo Medina Sánchez. La actuación del Ministerio Público en este caso ha sido nula, a pesar de que tiene la posibilidad de acceso a los nombres de las personas que recibieron esos sobornos.
• La sobrevaluación del Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.
• La sobrevaluación del Hospital Luis Eduardo Aybar, la cual comenzó con una licitación de 699 millones de pesos y ya asciende los 14,522 millones de pesos.
• El enorme nepotismo en las instituciones públicas que quedó documentado en dos entregas realizadas por la periodista Nuria Piera.
• Licitación Compañía de Seguridad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) del 20 de mayo del presente año.
• Fideicomiso Ciudad del Sol del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en Punta Cana.
• La denuncia del periodista Marino Zapete sobre la firma de contratos de grado a grado entre el entonces Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y hoy candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y la señora Maybeth Virginia Rodríguez, hermana del Procurador General de la República, y además empleada de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado (OISOE), por un monto superior a mil millones de pesos.
• El caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones documentado por la periodista Alicia Ortega sobre la asignación de grado a grado de hormigón asfáltico caliente a varias empresas por un monto de RD$11,500 millones de abril a septiembre del presente año. Hay que advertir que para esa vertiente solo había sido asignado RD$2,500 millones para todo el 2019. Se violaron la Ley de Presupuesto 423-06 y la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios 340-06.

Todos los estudios dados a conocer en el año 2019 confirman la posición de la República Dominicana, la cual es considerada como uno de los países con más altos niveles de corrupción del mundo. Así lo establece el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional donde el país sacó un 30 de 100 puntos en materia de percepción de corrupción. El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe pone en evidencia como la falta de integridad política amenaza la democracia. En el referido informe, la República Dominicana queda en segundo lugar de 18 países, entre los peores en materia de soborno.

El Índice de Competitividad Global del Foro Económico, evaluó 141 países, obteniendo la República Dominicana un promedio general de 78 de 141. Sin embargo, en materia de corrupción el resultado es de 110 con una desviación negativa con respecto al promedio de 70.

En el estudio de OXFAM Autopsia Fiscal, se pone de manifiesto cómo se dilapida, dispendia y malversan los fondos públicos. Resalta el referido estudio que las expectativas de irregularidades para el 2019 en materia monetaria, serían por RD$154,000 millones, equivalente a 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Revela que anualmente la sociedad dominicana pierde RD$41,000 millones en corrupción.

El estudio Barómetro del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) en su más reciente informe “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas 2018-2019” establece altos índices de victimización de la población  por corrupción de los funcionarios públicos.

La economía dominicana en el 2019

El año 2019 estuvo marcado por un menor crecimiento económico, mayor depreciación del tipo de cambio y continuación del incremento de la deuda pública. La combinación de incertidumbre institucional y política que caracterizó el 2019 incidió sobre el desempeño de la economía de la República Dominicana. Los planes de modificación de la Constitución afectaron las decisiones de inversión de los agentes económicos. De igual forma, el proceso de primarias partidistas, y las reacciones posteriores que este acarreó, representó otro elemento que incidió sobre la incertidumbre económica. Menor actividad económica y depreciación del tipo de cambio fueron elementos atribuibles, en parte a la incertidumbre generada por los procesos citados.

Otro efecto importante sobre la economía dominicana estuvo relacionado con la caída de la actividad del sector turístico durante el 2019. El factor que detonó la reducción en la actividad turística fue la disminución en la llegada de visitantes como consecuencia de la cobertura mediática de algunos medios de prensa extranjeros de hechos que involucraron a nacionales estadounidenses en hoteles locales. La manera como las autoridades del sector manejaron los casos en sus inicios contribuyó al mayor deterioro de la imagen del destino turístico. Aunque se hacen esfuerzos para recuperar la imagen de la República Dominicana en el exterior, el impacto económico es notable en la principal industria generadora de divisas del país y la de mayor encadenamiento productivo. El turismo procedente de los Estados Unidos y de Canadá, ha sufrido una reducción significativa con relación al año 2019, la cual se ve reflejada en la ocupación hotelera de los principales polos turísticos del país.

En la segunda mitad del año el Banco Central de la República Dominicana trató de compensar la pérdida de dinamismo de la economía por medio del aumento del crédito interno. El instrumento empleado fue la liberalización de RD$34,000 millones del encaje legal de las instituciones de intermediación financiera. Estos recursos fueron destinados a diversos sectores de la economía a una tasa de un 9% anual para préstamos de seis años. La política de préstamos a tasas bajas es una medida temporal, sin efecto en los fundamentos de la economía, cuyo impacto solo será transitorio. A pesar de la medida, la economía terminará con un crecimiento menor al experimentado en el 2018.

Con relación al clima de negocios, el informe Doing Business presentado en el 2019 mostró que la República Dominicana se encuentra rezagada en reformas para mejorar las condiciones para el emprendimiento empresarial. Actualmente el país ocupa el puesto número 115 entre las 190 jurisdicciones evaluadas a nivel mundial. Esa posición relativa dentro del ranking mundial representa una pérdida de trece peldaños con respecto al informe publicado en el 2018. Los resultados señalan que las reglas de juego que imperan en la economía dominicana afectan negativamente a los emprendedores e incentivan a operar fuera de ellas. Es decir, continúan las condiciones que motivan a invertir dentro de regímenes tributarios especiales que conceden privilegios a quienes se acogen a estos. De igual forma, las mismas reglas de juego estimulan el establecimiento de procesos productivos dentro de la informalidad, es decir fuera del complejo, oneroso y discrecional sistema imperante.

La política fiscal ejecutada durante el año 2019 continuó el preocupante curso de años anteriores. Era previsible que los ingresos tributarios fueran menores al monto presupuestado, ya que ha sido una práctica constante la sobreestimación de estos dentro de las leyes de presupuesto de años recientes. En adición, los ingresos fiscales disminuyeron con respecto al presupuesto como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica. A pesar de la caída en las recaudaciones, el gobierno no realizó ajustes en el gasto público con la intención de por lo menos, mantener el déficit en el nivel presupuestado. En la modificación a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado, aprobada por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo solicita apropiaciones nuevas de gastos superiores a los RD$10,185 millones. Como resultado del mayor gasto y la disminución en los ingresos fiscales de más de RD$14,100 millones, el déficit fiscal del Gobierno Central será superior al presupuestado en cerca de RD$24,300 millones de acuerdo a la ley antes mencionada de "presupuesto complementario". De esta forma, el déficit alcanzará aproximadamente la cifra de RD$100 mil millones, siempre de acuerdo con las estimaciones oficiales.

El resultado final de la política fiscal del año 2019 será un crecimiento mayor al previsto en la deuda pública. Por un lado, el monto de la deuda crecerá en por lo menos US$1,950 millones para financiar el déficit de casi RD$100,000 millones en el resultado presupuestario del Gobierno Central previsto por las autoridades. Por otro lado, de acuerdo con la modificación a la Ley de Presupuesto de 2019 aprobada por el Congreso Nacional, el sector eléctrico requerirá que el Ministerio de Hacienda asuma una nueva deuda equivalente US$1,750 millones para sustituir pasivos de corto plazo contratados en el año por las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES). Es decir, que las necesidades de una nueva deuda pública para el año 2019 son equivalentes a por lo menos US$3,700 millones o RD$190,000 millones.

La forma como fue manejada la política fiscal durante el 2019 evidenció la necesidad de mayor disciplina y de reglas fiscales, sobre todo por el ritmo al que está creciendo el endeudamiento. Es preocupante que la deuda pública consolidada se mantenga a niveles cercanos al 53% del PIB (incluyendo la deuda intergubernamental), sin embargo, ocasiona mayor alarma que el gasto en intereses de la deuda sobre los ingresos tributarios sea cada vez mayor y se sitúe cercano al 24%. Es decir, el ritmo de endeudamiento público mantiene comprometida una porción considerable de los ingresos tributarios, y en consecuencia a la misma política de gasto público del gobierno.

El elemento más positivo del 2019 sigue siendo el crecimiento de las remesas de los dominicanos en el exterior, las cuales se han constituido en la principal fuente de divisas del país, alcanzando en este año una suma superior a los US$6,500 millones.

La justicia sigue débil y con pocos resultados

En el 2019, la calidad e independencia del sistema judicial dominicano  continúan siendo una tarea pendiente. Acontecimientos ocurridos durante el presente año, tales como el proceso de elección de jueces a las altas cortes, el caso ODEBRECHT, el acceso equitativo a la justicia, la persecución del crimen organizado, entre otros,  así lo demuestran, sin ningún tipo de reacción de los poderes públicos.

El maltrato por parte del Procurador General de la República a la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, durante la evaluación de su desempeño en la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, concitó un gran repudio y empañó el proceso de elección de los jueces de las altas cortes. Las imputaciones del Procurador General, abusando de su poder contra la  magistrada Miriam Germán Brito mostraron profundas y estructurales debilidades del sistema de selección que a manera de espectáculo violó la Constitución,  el debido proceso, el  Reglamento para la Evaluación del Desempeño de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Reglamento 1-17 de la Ley No. 137-18. El reconocimiento de espionaje de la vida pública y privada de la jueza Miriam Germán Brito, reafirmó las acciones en el país con respecto a las intervenciones telefónicas vulnerando el derecho a la intimidad y privacidad no solo de la ciudadana, sino de muchos hombres y mujeres sin ningún tipo de consecuencias.

El tratamiento del escándalo ODEBRETCH sigue siendo totalmente insatisfactorio para la sociedad dominicana. Desde sus inicios, el expediente ha sido evidenciado como incompleto, tanto en la cantidad de implicados como por la exclusión del financiamiento de campaña y la sobrevaluación de las obras. Contrario a los demás países del continente donde esta empresa realizó las mismas prácticas y donde hay mucha gente acusada y condenada, en la República Dominicana este caso se perfila como uno más de la larga lista de impunidades.

Después del juicio preliminar de seis imputados en el caso ODEBRETCH, el pleno de la Suprema Corte de Justicia está inmerso en el conocimiento de uno de los procesos más graves de gran corrupción no solo en la República Dominicana sino de toda América Latina, el cual se encuentra envuelto en peticiones, excepciones, incidentes procesales planteados por los seis imputados y deliberaciones de la alta magistratura.  La afirmación de la magistrada Miriam Germán de que ese expediente no cuenta con los medios probatorios para una condena es la sentencia anunciada para prever la suerte de ese proceso, en el cual no son todos los que están ni están todos los que son. En donde los grandes ausentes son los funcionarios públicos vinculados a los periodos en que la empresa ODEBRECHT trabajó en la República Dominicana, incluyendo a los del presente gobierno.

Los niveles de percepción negativa sobre el sistema de justicia dominicano siguen siendo altos, conforme al Barómetro de las Américas 2018-2019. Entre un 35.4% y un 20% de los encuestados confía nada o poco, respectivamente, en el sistema de justicia. Además, apenas un 42% de los dominicanos considera que las cortes realizan un juicio justo. El más reciente estudio del Latinobarómetro 2018 presentó niveles de confianza institucional aún más bajos que el Barómetro de las Américas. La confianza en el Poder Judicial dominicano se sitúa en un 21%, según el estudio.

El acceso equitativo y oportuno a la justicia constituye un elemento primordial para la garantía de los derechos y libertades fundamentales, sin embargo, la mora judicial y la falta de cumplimiento al debido proceso siguen siendo retos del Poder Judicial en áreas claves como la justicia penal, civil y laboral.

En otra línea, afrontar de forma efectiva las acciones del crimen organizado desborda las capacidades del Ministerio Público y lo relega a una investigación y persecución reactiva y no proactiva. Según Insight Crime “Cada semana llegan a aguas dominicanas unas tres lanchas rápidas, llevando entre 700 kilos y una tonelada de cocaína. El crimen organizado logra transportar y exportar los cargamentos de droga con relativa facilidad y seguridad, lo que sugiere que existe corrupción en los altos niveles de los organismos de seguridad”, sin embargo, no se aplica un sistema de consecuencias para los que incurren en la comisión de esos delitos y que envié un claro mensaje a la sociedad de tolerancia cero a las acciones de narcotráfico y delitos conexos. Así lo confirma el “desmantelamiento” de la red de narcotráfico que supuestamente dirigía el nombrado "César el Abusador", que puso de relieve la incapacidad del sistema de justicia de perseguir las complicidades sociales y estructurales que solapan las acciones del crimen organizado.

Por otro lado, durante todo el 2019 quedó evidenciado que la asignación de un presupuesto mayor a todo el sistema de justicia es impostergable para la protección efectiva de los derechos y mantenimiento del orden civil, situación que no solo afecta al Poder Judicial y al Ministerio Público, sino también a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) donde se reporta una importante reducción del personal capacitado, por la enorme carga laboral y los bajos salarios, obligándose a la contratación de personal no formado con la rigurosidad exhibida en otros años. A la par se ha reportado debilidad en la supervisión y control de las actuaciones de los defensores públicos, observándose viejas prácticas prohibidas de solicitar con distintas tácticas un pago adicional a los defendidos.

Por último, se continúa a la espera de que sea colocado como agenda pública prioritaria  la migración al nuevo modelo penitenciario de los reclusos y reclusas del modelo tradicional, cuya población se encuentra en hacinamiento, siendo un escenario para la vulneración de derechos y la dignidad de las personas.

 Consejo Nacional
18 de diciembre del 2019

Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, entregó el “Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2019” al periodista Juan Bolivar Díaz Santana. Este reconocimiento fue creado por PC para ser entregado a un dominicano/a ejemplar de comprobada integridad, probidad y seriedad.

El reconocimiento tiene además el objetivo de educar mediante el ejemplo, presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas y resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República.

Son elegibles para este reconocimiento ciudadanos y ciudadanas dominicanos o residentes en el país que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, que sean ejemplo de conducta ética y/o que hayan hecho una contribución significativa en este campo.

Para la entrega del reconocimiento el Consejo Nacional de PC tomó una resolución de fecha 7 de noviembre del 2019, en la cual se acoge la recomendación de la Comisión Evaluadora, atendiendo a las ponderaciones recibidas y tomando en cuenta las bases del Reconocimiento a la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción

La organización considera que el propósito fundamental de este reconocimiento es el de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

PC entiende que Juan Bolívar Díaz Santana reúne todas las valoraciones exigidas para su selección, por representar el más elevado ejemplo de voluntariado, persistente y sin desmayo, entregado a la promoción de los principios, valores y programas de lucha contra la corrupción. Además, su larga trayectoria en los diferentes escenarios públicos y privados, principalmente en los medios de comunicación donde asumió diversas responsabilidades, fundamentado en su excelencia profesional y, por otras cualidades, entre las que se cuentan su integridad, valentía, responsabilidad y generosa entrega, que le ha ganado el reconocimiento como una de las voces más influyentes y respetadas en el combate a la corrupción, la impunidad, la defensa de la democracia y la justicia social.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana entiende que, por su trayectoria, Juan Bolívar Díaz Santana tiene los méritos suficientes para recibir el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2019, por su trayectoria de toda una vida caracterizada por la integridad, el apego a los principios democráticos y por ser un referente moral para el pueblo dominicano.

Consejo Nacional
9 de diciembre del 2019
Día Internacional contra la corrupción