Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, al analizar el gasto en publicidad del gobierno dominicano durante el primer cuatrimestre de 2024, encontró que el mismo alcanzó cifras históricas, al sextuplicar su monto respecto al año anterior, pasando de RD$491 millones en el primer cuatrimestre de 2023 a RD$3,121 millones en el mismo período de 2024. En el 2025, aunque se reduce a RD$2,445 millones, sigue siendo muy superior al valor registrado en el 2023.

Entre las instituciones que registraron los mayores aumentos relativos y absolutos en gasto publicitario se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Supérate y el INDOTEL. No se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas. No hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones. Esta opacidad impide saber si el dinero público está siendo bien utilizado o si alimenta estructuras clientelares con fines electorales encubiertos.

Respondiendo a un reclamo nacional, el presidente Abinader emitió el Decreto 1-24, en enero de 2024, el cual establece que la publicidad oficial debe responder a objetivos institucionales legítimos, como informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, los servicios públicos disponibles y la rendición de cuentas. La normativa prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales y que se utilice como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores. Asimismo, el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas, exige numerosas condiciones, entre ellas una justificación de la selección del medio. La falta de cumplimiento de estas disposiciones vulnera el marco legal vigente y afecta la credibilidad del uso de los recursos públicos.

Participación Ciudadana solicita a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) la siguiente información:

• Transparencia absoluta: publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
• Detalle completo de los montos contratados y los medios beneficiados, objetivos institucionales y criterios técnicos de selección.
• Justificación de cada contratación conforme a lo establecido en el Decreto 1-24 y el Manual de Procedimientos de Excepción.

La tradicional explosión del gasto publicitario del gobierno en los años electorales genera una alerta de la ciudadanía por sus efectos negativos a la democracia, por lo que Participación Ciudadana propone las siguientes acciones:

1. Auditoría urgente e independiente del gasto en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
2. Aplicación estricta del Decreto 1-24 y del Manual de Procedimientos de Contratación Pública, incluyendo sanciones por su incumplimiento.
3. Establecimiento de un sistema de monitoreo ciudadano permanente que garantice el uso ético de estos recursos.
4. Regulaciones vinculantes que limiten estrictamente el gasto publicitario en años electorales.

Santo Domingo, 1 de julio del 2025

Participación Ciudadana presenta este tercer informe del observatorio sobre la suerte de los casos de corrupción que se conocen en los tribunales dominicanos, cuyo objetivo es monitorear estos casos hasta que se produzcan las sentencias definitivas. Como organización dedicada a la lucha contra la corrupción y la impunidad, el propósito de estos informes es medir la eficiencia con que opera el sistema de justicia en esta materia, mantener informada a la opinión pública y crear conciencia ciudadana en la lucha contra la impunidad de los delitos de corrupción.

Entendemos que, los expedientes de corrupción administrativa no deben subsumirse en estadísticas generales de mora judicial, por el contrario, debe dársele seguimiento especial, ya que se trata de los casos más complejos, con más acusados, con redes complejas de involucrados con poder para lograr y encubrir sus propósitos y porque presentan montos jamás vistos en la historia de la justicia dominicana. Por tanto, estos casos son de interés general de la sociedad, porque se trata de recursos públicos, porque son responsables de la pobreza de la población y del Estado y porque la corrupción es un delito presente en toda la historia del país que es imperativo erradicar.

Este tercer informe recoge las incidencias en el desarrollo de estos casos en los últimos meses del año 2024, y profundiza en el análisis de los riesgos de que en los mismos se pueda declarar extinguida la acción pública, por la llegada del tiempo máximo de duración del proceso sin sentencia al fondo.
Como se desprende de la información que exponemos a continuación, todos los casos de corrupción administrativa en la justicia avanzan muy lentamente, algunos ya pasaron o en este año cumplen 4 años, sin que se haya logrado una sola sentencia en primera instancia. Esto nos lleva a afirmar que la mora judicial, en temas de corrupción administrativa, sigue siendo extremadamente alta.