Carta enviada por el Consejo Nacional de PC al Presidente

Doctor
Leonel Fernández Reyna
Presidente de la República
Palacio Nacional

HonorableSeñor Presidente:

Nos complace saludarle al tiempo de expresarle nuestras profundas  preocupaciones por una serie de acontecimientos que vienen sucediéndose en  las últimas semanas y que denotan unos, falta de transparencia, carencia de prioridades efectivas y  de racionalidad  en la inversión pública y otros que se inscriben en el proceso de descomposición moral que se percibe en la vida pública y privada de la nación, y particularmente en el ejercicio de la función pública.

Apenas a 8 meses de iniciado su gobierno, en el que las grandes mayorías nacionales han cifrado esperanzas de renovación, modernización y progreso, nos encontramos con hechos que generan escándalo y tienden a reducir la credibilidad en la gestión pública, con el agravante de escasa fe en las investigaciones y los procesos judiciales.

Queremos referirnos concretamente a la falta de transparencia y racionalidad en las siguientes inversiones, realizadas sin concursos ni licitaciones y sin que estuviesen consignados en la Ley de Gastos Públicos:

1.La desproporcionada inversión de 241 millones de pesos en muebles y decoraciones ostentosas en el nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, con duplicidad de contratos, lo que constituye una ofensa frente a la pobreza que sufren las mayorías nacionales, y las mismas precariedades que se observan en el resto del Poder Judicial.

2.La compra de un edificio por mil millones de pesos para alojar la Dirección General de Aduanas, sin que se produjera ninguna licitación pública al respecto, ni se evaluará la oportunidad de dicha compra, a pesar de que presumiblemente esa institución deberá reducir significativamente el volumen de sus operaciones debido a la tendencia hacia acuerdos de libre comercio y desgravación arancelaria.

3.Sustitución de pisos, asientos y ventanas en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recién construida, por una suma multimillonaria hasta ahora imprecisa, sin previa solicitud de sus autoridades.

4.La inversión de 25 millones de dólares en un hospital privado en la Ciudad de Santiago, en momentos en que se denuncian grandes carencias en el sistema público de salud que han retrasado la puesta en vigencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

5.Persistencia en iniciar la construcción de un sistema subterráneo de transporte que concentrará la inversión pública en la Ciudad de Santo Domingo, con estimados de costos que especialistas nacionales e internacionales consideran subestimados y con escasas consideraciones de otras soluciones viales más adecuadas a las circunstancias económicas del país. La construcción del metro no sólo implicaría una desproporcionada inversión, sino que también  aumentaría excesivamente la deuda externa, lo cual apuntalaría una política de endeudamiento público que ha sido criticada por el actual gobierno.

Nuestras preocupaciones aumentan, Señor Presidente, por acontecimientos turbios, colindantes con la corrupción y denuncias de actuaciones irregulares que pasan como normales, mientras los rumores apuntan a mayores implicaciones. Nos referimos a los siguientes casos:

a)   Relaciones entre funcionarios civiles y militares y la contratista del amueblado y decoración del edificio de la Suprema Corte, con el señor Quirino Paulino Castillo, involucrado en la mayor incautación de droga en la historia del país. La información de que una parte de los muebles destinados a esa edificación fueron encontrados en un almacén del procesado, fortalece versiones más graves que circulan persistentemente desde diciembre pasado. Algunas de estas han sido incluso difundidas por medios de comunicación, sin que se hayan hecho las aclaraciones pertinentes.

b)   Nos parece sumamente grave  que el subsecretario de las Fuerzas Armadas Julio César Ventura Bayonet estuviera en la finca de un comerciante de Moca justo cuando fue encontrado allí un cargamento de licores introducido al país de contrabando, lo cual amerita una explicación racional y convincente, no siendo suficiente el informe del estamento militar al que el Subsecretario pertenece.

c)   Crea un conflicto de intereses y causa profunda preocupación el que el propio Secretario de Estado de Salud Pública sea accionista del Hospital privado de Santiago, en el cual invertiría el Estado, directa o indirectamente, 25 millones de pesos, pasándose ese hecho por inadvertido, lo que violenta el Artículo 102 de la Constitución de la República.

d)   El escandaloso caso de que al Fiscal del Distrito Nacional se le asigne  una yipeta de lujo que se sabía que había sido robada en Estados Unidos, aunque se creía que no había sido reclamada, esto último desmentido por la Embajada de Estados Unidos en el país.

e)   No es coherente con las promesas de combate a la corrupción el que fueran retirados, sin inmediata sustitución, los abogados que por parte del Estado conducían el proceso judicial por las irregularidades denunciadas hace 4 años y medio en el Programa de Empleo Mínimo Eventual,  (PEME).

Todos estos acontecimientos, Señor Presidente, han producido un gran desconcierto en amplios sectores nacionales, sobre todo porque manchan una gestión de gobierno iniciada con grandes promesas de saneamiento.  Ante esta situación, nos permitimos los siguientes planteamientos:

1.Solicitarle que impulse la  aprobación  del proyecto de ley ya consensuado en  la Cámara de Diputados y con numerosas instituciones sociales para establecer nuevas normas para las compras, contrataciones y concesiones del Estado.

2.Que mientras se produce tal aprobación, se establezcan esas normas por decreto presidencial para reducir el margen de rentismo, clientelismo y corrupción que se registra en las compras y contrataciones estatales.

3.Fortalecer  los organismos consultivos y participativos que usted mismo ha instituido, como la Comisión Nacional deÉtica, que debe impulsar el cumplimiento del Código de Ética  del Servidor Público y el Consejo Económico, Social e Institucional,  llamado a establecer las prioridades en materia de inversión pública.

4.Que se separe de la administración pública, o sean suspendidos mientras se establece si son pasibles de procesamiento judicial, los funcionarios civiles y militares involucrados en actividades  escandalosas.

5.Reclamar la publicación de todas las auditorías realizadas por los organismos estatales correspondientes, y que el ministerio público inicie los procesamientos judiciales que de ellas se deriven sin importar la jerarquía de los involucrados.

6.Que definitivamente se suprima la práctica de la factura consular, se unifiquen todas las tarifas de servicios consulares  y se fijen sueldos a los cónsules en concordancia con los recibidos por el resto de los servidores del Estado en el exterior.

7.Que se le dé vigencia y aplicación a la Ley 1491, que establece el Servicio Civil y la Carrera Administrativa para enfrentar el clientelismo, las deficiencias y la inestabilidad del empleo público.

Señor Presidente:  Estas inquietudes y recomendaciones se la hemos formulado como expresión de sana preocupación por el país y por la imagen de su gobierno, conscientes de las expectativas cifradas en el mismo por el 57 por ciento de quienes lo invistieron en la máxima magistratura del Estado en las elecciones de hace casi un año.

En su discurso del día martes 3 de los corrientes, en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, en ocasión de la promulgación de la Ley 122-05 que deroga y reemplaza la Orden Ejecutiva 520 del 26 de junio de 1920, usted resaltó la importancia y el papel estelar que está llamado a desempeñar la sociedad civil junto a su gobierno para reencausar el país en términos más democráticos y venturosos.  Esa es nuestra preocupación y esa nuestra esperanza.

Con sentimientos de consideración y estima,  a nombre del Consejo Nacional de nuestra institución, le saluda,

                                            Atentamente,

Consejo Nacional
Participación Ciudadana

Nota: Esta correspondencia fue remitida el pasado viernes 5 de Mayo de 2005 al Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández Reyna.