Luego de conocerse la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar las operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- y suspender de inmediato la ayuda que esa nación, a través de su agencia de cooperación internacional, ha venido prestando en todo el mundo. Participación Ciudadana ha recibido manifestaciones de solidaridad y reacciones de diferentes personas o medios de comunicación   por los efectos que esa medida pudiera tener en nuestra organización.  

En efecto, la cooperación de USAID ha jugado un importante papel en el financiamiento de una parte de nuestros proyectos, desde finales de los años noventa hasta la fecha. Solo en el periodo 2015-2022, en el marco del convenio de cooperación AID-517-A-15-00006 “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ)”, ha sido desembolsada la cantidad de US$10,870,000, procedentes de esa agencia. Los montos aportados por la USAID a nuestra organización pueden ser verificados, en su uso y resultados, tanto en las fuentes de la agencia como en nuestra página web.  Estos fondos son monitoreados y auditados, tanto por la agencia como por auditores independientes. Justamente por la confianza y la fortaleza administrativa de PC es que hemos encabezado consorcios o alianzas ganadoras en los concursos de la USAID y de otras agencias internacionales. Entre las organizaciones que, en consorcios con PC, han ejecutado el monto señalado, se cuentan: la Fundación Institucionalidad y Justicia-FINJUS, las Casas Comunitarias de Justicia, INTEC y UNIBE.  

Los proyectos han estado orientados a: la ejecución de programas de apoyo al fortalecimiento y modernización de la justicia, de los partidos políticos, a las municipalidades, a las mujeres, los jóvenes, la policía, entre otros.  Además, a decenas de investigaciones, estudios, publicaciones, diplomados, talleres, ferias ciudadanas y una gran multiplicidad de actividades dirigidas a los ciudadanos y ciudadanas se realizaron con ese financiamiento; así como a apoyar gran parte de la observación de elecciones nacionales congresuales y municipales de las 13 elecciones que PC ha observado desde el 1996 hasta el 2024.  

Los recursos donados por los Estados Unidos, a través de la USAID han servido para fortalecer a decenas de organizaciones públicas, sin fines de lucro y comunitarias, las cuales, a su vez, los canalizan mediante actividades que han contribuido sustancialmente a los avances democráticos, de gobernabilidad y de fortaleza institucional que nuestro país exhibe actualmente.  Aunque una minoría ha cuestionado que se reciban esos fondos, tanto sus orígenes como los fines para los que han sido utilizados son legítimos y los beneficios para nuestra población son reconocidos en la región y en el mundo. Participación Ciudadana se enorgullece de la confianza que nos han dispensado, que también es una confianza en los dominicanos/as, no solo por parte de la USAID, sino también de la Unión Europea, Transparencia Internacional, la Cooperación Canadiense y de numerosos empresarios dominicanos de quienes también hemos recibido aportes, incluyendo la compra de nuestro local. 

En los últimos dos años, los aportes de la USAID han disminuido a su mínima expresión, por decisiones internas de ese país, pero es una pena que se ordene el cierre de programas sociales que han jugado un papel positivo en las democracias del continente. Participación Ciudadana, después de cumplir sus 30 años, está ejecutando desde el 2023 un proceso de transformación para seguir sirviendo al país desde un esquema más autosustentable y adaptado a los tiempos. Afortunadamente, todavía contamos con voluntarios/as que por más de tres décadas han sostenido gran parte del trabajo, sin costo alguno, sin beneficiarse de un solo peso de esa cooperación y pagando cuotas y aportes extraordinarios cada vez que se ha necesitado. Esta ha sido nuestra principal fortaleza y sobre ella nos apoyamos para seguir trabajando por la democracia, la justicia y el fortalecimiento de la ciudadanía, independientemente de la disminución de la cooperación internacional.  La situación actual es una buena oportunidad para que los dominicanos/as asumamos con mayor entusiasmo y entrega la construcción de nuestro propio destino, aportando tiempo, trabajo y recursos materiales. La cooperación internacional es importante, y es bienvenida, pero en el contexto actual debemos continuar fortaleciendo la misión de nuestra institución.  

CONSEJO NACIONAL 

4 de febrero del 2025 

• El año que termina mostró importantes avances en la organización de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, aunque disminuyó la participación de la población.
• El desempeño de la economía dominicana se destaca a la cabeza en el continente, tanto por un crecimiento, que ronda el 5%, como por la estabilidad y control de la inflación. El nivel de endeudamiento sigue aumentando.
• Como aspectos negativos del año se destacan los lentos avances en los casos de corrupción que cursan en la justicia, así como la norma del poder judicial que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de imputados.
• La lucha contra la corrupción se ralentizó este año, lo que se evidencia en la poca acción de los organismos llamados a ejercer la función de control, como la Cámara de Cuentas, Direccion de Ética, Congreso Nacional y la Contraloría General.

Los dos certámenes electorales que se llevaron a cabo en el 2024 transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, respectivamente. Las impugnaciones fueron mucho menos que en ocasiones anteriores, pero la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para mayores avances. La abstención subió, factor  que la JCE se ha comprometido a investigar y prestar atención.

El 2024 estuvo marcado por una ralentización en la función fiscalizadora de los organismos del Estado, aunque hubo avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor, en febrero 2024, del Decreto No. 416-23 que aprueba el nuevo Reglamento de aplicación de la Ley No. 340-06. En relación con los órganos de control interno debemos destacar avances importantes en la labor de rectoría y monitoreo de la Direccion de Compras y Contrataciones.

En cuanto a la institucionalidad democrática, se destaca la aprobación de una reforma a la Constitución que hace más difícil cualquier intento por mantenerse en la presidencia más allá de dos periodos. Otro cambio positivo fue excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su nombramiento y el de sus adjuntos mediante propuesta  que presentará el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura y la inclusión en este organismo del presidente del Tribunal Constitucional.

Participación Ciudadana lamenta que el período del procurador general será de solo dos años, con posibilidad de ser confirmado por otro periodo similar, lo que le resta independencia. Tampoco comparte la decisión de unificar las elecciones en una misma fecha.

PC lamenta que se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, en razón de que el país tiene una larga lista de necesidades de inversión para mejorar la vida de la población. Exhorta al gobierno a retomar en el 2025 esta reforma y avanzar en las otras prioritarias, como las de seguridad social, salud, partidos políticos, seguridad ciudadana, reforma policial, código penal, y modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. La importante Ley de Extinción de Dominio, promulgada en el 2022, todavía no ha entrado en ejecución por falta de los reglamentos.

Participación Ciudadana destaca como elementos positivos de año la ratificación del presidente y otros tres miembros de la Junta Central Electoral, la renovación del Tribunal Constitucional y espera que se continúe avanzando, con transparencia y primacía del interés colectivo en la selección de varias posiciones en la Suprema Corte de Justicia y en la selección del Tribunal Superior Electoral. Con relación a la Cámara de Cuentas, PC expresa la necesidad de que el Congreso Nacional cambie la vieja práctica de distribuir sus miembros por fuerzas políticas o por sectores de interés, lo cual ha hecho un terrible daño a ese importante organismo y lo ha sumido en la inacción. 

Al tiempo que se suma a la preocupación por el tema haitiano,  PC entiende que el país debe ser prudente, equilibrado y firme en torno a la difícil situación en que nos encontramos al compartir la isla con un país que sufre una profunda crisis económica, política, institucional y social, pero que, al mismo tiempo mantiene y debe seguir manteniendo, tanto una relación comercial como un controlado suministro de la fuerza laboral que el país requiere para la producción agrícola, la construcción y otros servicios.

Con firmeza, pero respetando el debido proceso y los derechos humanos, debemos continuar protegiendo nuestras fronteras, acabando con la corrupción en el trasiego de haitianos y estableciendo mecanismos institucionales para la estabilidad de aquellos trabajadores de origen haitiano que contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la economía dominicana.

La economía dominicana retomó en el 2024 su ritmo de crecimiento económico y se espera que termine el 2024 alrededor del cinco por ciento, el mayor de América Latina. La inflación a octubre estaba en 3.2%, y se estima que termine el año cerca del 3%. Participación Ciudadana entiende que el gobierno debe reducir el ritmo de endeudamiento público y atender las necesidades de inversión con una modificación y eficientización fiscal.

Uno de los temas más preocupantes en el 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias dilatorias, aplazando por meses las audiencias por causas injustificables. 

En casos como el denominado Camaleón, sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces y auxiliares en un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del poder judicial.

El panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante  una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto.  

La sociedad dominicana ha experimentado cambios desde el 2017. Un mayor nivel de participación social viene produciéndose en el cuerpo social dominicano. La vigilancia social se expresa con impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional, el respeto a las normas y a las leyes vigentes. En esa perspectiva se produjo el rechazo generalizado a la Ley del DNI, así como al decreto del presidente designando al director de compras y contrataciones en la presidencia de la Alianza Público- Privada, para que desempeñara los dos cargos a la vez.

Participación Ciudadana reitera su compromiso para el 2025 de  seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en República Dominicana, vigilando el uso de los recursos públicos y la aplicación de justicia en los casos de corrupción y, sobre todo, acompañando al pueblo dominicano en sus aspiraciones de una mejor vida y en el respeto de sus derechos.

Descargue el balance del año 2024 en su versión extensa aquí

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, entregó el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción 2024 al destacado periodista Marino Zapete, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional Contra la Corrupción.

Este galardón, instituido en 2009, honra anualmente a ciudadanos ejemplares cuya trayectoria representa un compromiso inquebrantable con la transparencia, la justicia y la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.

Marino Zapete fue elegido por su valentía y persistencia al exponer casos de corrupción que afectan los cimientos democráticos del país. A lo largo de su carrera, ha demostrado una firme integridad y una determinación inquebrantable en su búsqueda de la verdad, utilizando el periodismo como una herramienta esencial para combatir la impunidad y fomentar la rendición de cuentas en las instituciones públicas.

En su discurso de agradecimiento, Zapete expresó sentimientos encontrados: "Me da pena que me tengan que dar un reconocimiento. Mis expectativas, 37 años antes, no iban a ser éstas: que yo estaría recibiendo un reconocimiento por hacer las cosas como debía hacerlas". El periodista también hizo un llamado a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes ejercen poder y resaltó la importancia de un periodismo crítico: "El periodismo útil es el que pone el dedo en la llaga. Solo cuando se señala lo que no anda bien hay posibilidad de corregirlo".

Durante el acto, Participación Ciudadana reiteró la urgencia de continuar fortaleciendo los sistemas de justicia y los controles institucionales para combatir la corrupción de manera efectiva. Se destacó el avance significativo del país en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde la República Dominicana mejoró su puntuación en los últimos tres años, pero se subrayó que aún queda mucho por hacer.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades de los sectores público, privado y de la sociedad civil, incluido el presidente de la República, Luis Abinader Corona, quienes reconocieron la importancia de mantener un compromiso firme con la lucha contra la corrupción.

El Reconocimiento a la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción no solo exalta la labor del homenajeado, sino que también busca inspirar a la ciudadanía y a las instituciones a redoblar esfuerzos en la construcción de una sociedad más justa y libre de corrupción.

La organización no partidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, se opone a la nueva política, aprobada por el Poder Judicial como regla general, aplicable aun por defecto, que permite la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física, lo que ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción. Con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción.

La Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todos en aquellos de naturaleza penal. La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios de tribunales, auxiliares y todo el personal relacionado, pero también a las partes en el proceso, imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, así como a testigos e informantes, con las excepciones propias para proteger a menores de edad y personas vulnerables.

El acceso a los expedientes de los casos judiciales, no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. Contrario a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía.

Participación Ciudadana sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad debe, como regla general, ser decidido a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que deben ser muy puntuales.

De acuerdo a la nueva normativa del Poder Judicial, la lista de datos personales sujetos al anonimato es tan extensa, que incluye hasta la cédula de identidad y electoral, que es requerida para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciar personas con el mismo nombre. Esta política pretende ampararse en la experiencia de otros países, olvidando que esos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluyendo al sector justicia, que nuestro país aún no alcanza.

Participación Ciudadana expresa su preocupación porque esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad.   Hace un llamado al Poder Judicial para que retire esta normativa, por ser un duro golpe a los esfuerzos que han hecho amplios sectores para sacar a nuestro país de una larga historia de corrupción e impunidad.

De manera especial, preocupa que la política de protección de datos del poder judicial pueda servir de sustento a los jueces para impedir a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, conquista fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles de transparencia. 

CONSEJO NACIONAL

26 de noviembre del 2024

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el país, Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizaron el pasado jueves 21 de noviembre un panel titulado “Compras y Contrataciones Públicas: Aspectos claves para actualizar el marco legal”, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Moderado por la destacada comunicadora Carolina Santana, el evento contó con la participación de representantes de la Cámara de Diputados, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Commercial Law Development Program (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Un diálogo necesario sobre el marco legal vigente

El panel abordó los retos y oportunidades de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, destacando la necesidad de su actualización para adaptarse a las demandas actuales de transparencia y eficiencia.

Temas destacados durante el panel:

El impacto económico de las compras públicas, resaltando la relevancia en la economía nacional y cómo una gestión eficiente puede potenciar el desarrollo económico del país.

Transparencia y lucha contra la corrupción, destacando papel de la contratación pública en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Beneficio para las MIPYMES, ya que la nueva legislación busca incluir mecanismos que promuevan la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de licitación.

Lecciones aprendidas en emergencias, en este caso se exploraron soluciones para mejorar la eficiencia y transparencia en contrataciones realizadas durante situaciones de crisis.

Hacia una reforma integral

Los panelistas coincidieron en que la contratación pública representa una herramienta clave para combatir la corrupción y optimizar los recursos del Estado. Asimismo, destacaron los avances incluidos en el proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso, como la incorporación de acuerdos marco y la reducción de costos operativos.

Participación Ciudadana reiteró su compromiso de abogar por un marco normativo más robusto, que garantice el uso eficiente de los recursos públicos y promueva una mayor participación ciudadana en la supervisión de los procesos de compras y contrataciones.