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Primer informe de observación de las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024

Participación Ciudadana realizó este domingo su decimotercera observación electoral, desde 1994. En esta ocasión hemos desplegado una Red de voluntarios/as integrada por alrededor de 500 observadores, principalmente en las grandes demarcaciones, como Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y San Cristóbal. En total estamos en 156 municipios.

Entre los aspectos relevantes que se incluyen en la observación de hoy está, el ambiente general del proceso, el cumplimiento de las resoluciones de la JCE; la presencia de proselitismo político; las garantías del ejercicio del voto; indicadores de compra y venta de votos; la presencia de los delegados de los partidos; la puntualidad en el inicio de las votaciones; el acceso y facilidades para las personas con discapacidad, el papel de la policía electoral y de las autoridades, entre otros.

En relación a la organización general del proceso, se observó que, en la apertura del proceso, la mayoría de los colegios electorales contaban con los equipos y materiales, mientras se reportaron faltas de urnas u otros materiales en algunos colegios. Sin embargo, como en otras ocasiones, una proporción elevada comenzó la votación con retraso.

Otro aspecto en el que persisten notables violaciones a las leyes electorales es en el proselitismo el día de la jornada electoral. Nuestros observadores pudieron observar proselitismo abierto en los recintos y sus alrededores en el 45 % de los casos la mayoría a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en menor proporción la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Las modalidades más utilizadas son las pancartas, propaganda impresa, gorras, camisetas y botones con identificación de partidos y candidatos.

En el 91.7% de los recintos las filas se realizaron en completo orden. Sin embargo, hubo muchas quejas en el sentido de que el diseño de la caseta de votación no garantiza el secreto del voto, particularmente en los lugares de gran aglomeración de votantes

En el 83.6% de los recintos se contó con garantías para el ejercicio del voto de las personas con discapacidad, En otros no había facilidades para ello, o se permitía que las personas con discapacidad fueran acompañadas de otras, sin cerciorarse que se tratara de familiares.

El 97.5% de los recintos contaron con la presencia de la policía electoral, la gran mayoría de ellos ayudaban en la organización de las filas y en la dispersión de los ciudadanos y ciudadanas que ya habían ejercido su derecho al voto. En un 17% de los recintos se reportaron algunos obstáculos para la entrada de los votantes.

Otro aspecto que sigue presente en los procesos electorales son los indicadores de compra y venta de votos y manejo de dinero en efectivo o entrega de tickets (supuestamente para el reclamo posterior de alguna suma de dinero). Estas actividades fueron reportadas en el 16% de los recintos. Los partidos mayormente identificados en estas violaciones a la ley fueron el PRM, el PLD, la FP y el PRD. Estas observaciones se realizaron en las cercanías de los recintos. En algunos casos la policía electoral dispersaba a las personas involucradas en estas actividades, en menor medida se observó que ignoraban la situación.

Los observadores de Participación Ciudadana reportaron la presencia de guaguas llevando votantes en el 9% de los recintos, con identificación mayormente del PRM, el PLD, la FP y el PRD. En algunos casos de entrega de dinero a las personas que llegaron en las guaguas.

Una violación fragrante fue la realización de una caravana de motociclistas en promoción de la candidatura del candidato del PRM, Dío Astacio.

Una importante violación observada en varios recintos electorales fue la realización de encuestas a boca de urna, a pesar de que la JCE emitió una resolución que prohíbe la realización de estas encuestas.

El hecho más lamentable que enluta el proceso electoral es la muerte de Daniel Pérez, dirigente del PRM en Azua y las heridas graves a Eudy Evangelista, en Fantino. Reiteramos el llamado a vivir las elecciones como una fiesta democrática donde reine, la paz, la tranquilidad y el deber ciudadano.

Hasta este momento y a pesar de las irregularidades señaladas, éstas no ponen en cuestionamiento la calidad del proceso electoral ni la legitimidad de los resultados previsibles.

CONSEJO NACIONAL
18 de febrero de 2024

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PC: Lo que importa es que la ciudadanía se exprese y vote

El movimiento cívico Participación Ciudadana consideró ayer que en cuanto al montaje y organización de las elecciones del próximo domingo, por parte de la Junta Central Electoral (JCE) todo el proceso marcha bien y llamó a la ciudadanía a ir a votar en los comicios municipales.

“Como institución, y viendo todo el proceso de la Junta Central Electoral todo está listo en la parte que tiene que ver con la organización, según el calendario y según las informaciones que la Junta ha ido presentando”, dijo Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de la entidad.

“Nosotros como participación Ciudadana vamos a estar observando desde la sociedad civil, el desarrollo del proceso, las incidencias que salgan, el comportamiento de la población, como se desarrolla la tecnología, que parece que está muy bien estructurada, por lo que entendemos que el domingo no va a ocurrir nada fuera de las incidencias que puedan darse en un proceso electoral”, apuntó.

Miriam Díaz, miembro del Consejo directivo de la entidad, explicó que en esta ocasión Participación Ciudadana se limitará a hacer una observación cualitativa. Dijo que para ese trabajo cuentan con 400 observadores que ya fueron debidamente acreditados en la JCE y estarán diseminados en todo el país.
“Participarán 400 observadores que están acreditados en la JCE y estarán distribuidos en todo el país para levantar la información cualitativa que se necesita para hacer un informe sobre la valoración del proceso”, expreso Díaz.

Igualmente, informó que en esta ocasión Participación Ciudadana no hará conteo rápido sobre el resultado de las elecciones. “El sistema que está implementado la Junta es bastante transparente, puede haber fallos en los lugares, pero en términos de transmisión y de rapidez, es difícil competir con eso, y no es fácil montar ese conteo rápido”, subrayó.

Las ejecutivas de Participación Ciudadana también llamaron a la población a votar en las elecciones municipales del domingo y que el ejercicio del sufragio lo ejerzan de manera consciente y bien informada.

“La ciudadanía debe ir a votar, es importante ir a votar, al final los gobiernos locales son lo mas cercanos que tiene la gente, eso sí, debe votar de manera consciente, bien informada; acérquense, busquen la lista de candidatos, conozcan su propuesta y voten por el que entiendan es la mejor propuesta”, instó Leidy Blanco, coordinadora de la unidad de partidos políticos de la organización.

En cuanto a las debilidades que identificaron de cara a las elecciones en el marco de la observación que hacen desde mediados del pasado año 2023, informaron que fue la falta de información y orientación a la ciudadanía de cómo votar. Sin embargo, reconocieron el esfuerzo que ha hecho la JCE en el último tramo para orientar a la población sobre cómo ejercer el derecho al sufragio.

“La sensibilización educativa es muy importante, no solo para que la gente sepa que el 18 debe ir a votar, sino para que sepa cómo votar, y cuáles son los puestos electivos, pero la JCE ha arreciado en la educación”, apuntó Blanco. Sostuvo que ese es un papel que también deben jugar los partidos políticos no solo para el traslado de electores.

Miriam Díaz reconoció que los partidos hacen su función, pero que lo hacen a última hora. “Hay que ver los colegios electorales y está todo ese grupo de gente tratando de convencer a los electores”, comentó sobre la realidad que desarrolla en el entorno de los colegios el día de las votaciones.

Explicó que el proceso de votación podría resultar complicado para los votantes. “Puede ser que haya muchos votos nulos”, advirtió Díaz.

Las ejecutivas de Participación Ciudadana fueron las invitadas la entrevista especial de elCaribe y CDN, conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez, junto a las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández.

Atento con tu voto

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana informó que de cara a las elecciones han puesto en funcionamiento la plataforma “atento con tu voto” que sirve para denunciar delitos electorales.

“Lamentablemente a veces la comisión de esos delitos se entiende como algo natural que se da en los procesos, y ahora hay un marco legal, tenemos la fiscalía especializada en delitos electorales, y esta plataforma para que la ciudadanía pueda denunciar esas situaciones que se verifican en el territorio”, comentó.

Explicó que la plataforma funciona con un equipo que va evaluando los hechos y que luego sube a una plataforma para que la gente pueda ver lo que se está denunciando.

“Lo importante de esto es que tenemos un acuerdo con la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, para que a partir del Ministerio Público pueda evaluar cuál de esas denuncias tiene indicios de que se pueda iniciar un proceso”, apuntó Fátima Lorenzo.

Agregó que el objetivo de recoger esas denuncias es para que la gente sepa que ‘hay un lugar donde esas denuncias llegan y tienen consecuencias”.

Enfatizó en la importancia de que la ciudadanía sepa que existe esa herramienta y que tenga conciencia de que hechos como la compra y venta de cédulas es un delito electoral a pesar de que la gente lo ha normalizado por la frecuencia con que han ocurrido durante mucho tiempo.
Depuración de candidatos

Miriam Díaz puntualizó que la información que suministró el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que sometería la lista de candidatos a investigación de varias entidades, incluida Participación Ciudadana, fue una propuesta que esa entidad no asumió.

“Nosotros decidimos, fue un tema que se discutió en Participación, decidimos que aunque nos mandaran (la lista), nosotros no íbamos a hacer ese trabajo; número uno porque nosotros no podemos desviarnos de los objetivos de la organización para trabajar en otra cosa que no nos corresponde, somos una organización de sociedad civil relativamente pequeña, no tenemos un ejército de gente para hacer eso”, explicó.

La segunda razón que expuso Díaz es que en el caso que hubiesen accedido a hacer la investigación que pidió el PRM y encontraran alguna persona cuestionable, eso mismo lo hubiese podido hacer un partido que “además tiene mejores posibilidades que Participación”.

Díaz consideró que los partidos políticos no han hecho el esfuerzo suficiente para evitar que el dinero del crimen organizado penetre las organizaciones. “Es que con campañas tan costosas, tan largos, un líder comunitario tiene la posibilidad de mantener una campaña más de un año; al tener campañas tan costosas y tan largas hace obviamente que el crimen organizado entre”, comentó Blanco.

Y agregó: “Primero esa es una responsabilidad de los partidos, identificar quienes son sus candidatos porque al final de la calidad y de la representación, no se limita a como los ciudadanos votan, sino a quienes los partidos presentan”.
El clientelismo sigue siendo un mal

Para las ejecutivas de Participación Ciudadana la transparencia del gasto público es la principal herramienta para evitar el clientelismo político. “Para nosotros que estamos dedicados a esta construcción democrática es algo importante, pero el pueblo dominicano tiene su forma de recibir una compensación, hasta un bono de mil pesos han puesto casi al término del año escolar”, dijo Díaz.

Leidy Blanco consideró que la Ley Electoral tiene recompensa social y establece que los montos de las ayudas sociales no pueden ser aumentados ni en presupuesto ni en número de beneficiarios. “Pero tú tienes un bono extra (bono educativo) que aún no se le ha explicado a la sociedad dominicana por qué van a entregarlo”, puntualizó. Fátima Lorenzo dijo que es necesario generar conciencia con la ciudadanía de que el clientelismo no beneficia a la ciudadanía. “Son muchos aspectos que se deben tomar en consideración al momento de ver este tema” observó la activista social.
“Difícil cuantificar uso recursos Estado”

Las representantes de Participación Ciudadana consideraron que en el contexto de la campaña municipal es difícil cuantificar el uso de los recursos públicos para favorecer el partido oficial. “En estas elecciones municipales están tan distribuidos y fraccionadas que sería muy difícil cuantificar algunas cosas, como sería el uso de los recursos del Estado, porque cada alcalde y aspirante a alcalde, hasta regidor, podría estar usando recursos del Estado en su provecho y el provecho de su partido”, apuntó Miriam Díaz. Dijo que cualitativamente la principal característica es la extensión de las campañas. “Por un lado nosotros mostramos algunas aspectos como progreso de la democracia que deben hacernos sentir contentos porque en muchos otros países se está echando para atrás, sin embargo falta organizarse y reducir los costos de las campañas con los recursos del Estado y de otras fuentes no legales”, comentó.

Leidy Blanco
De las cosas más valiosas que podemos decir de este proceso electoral es que el voto es directo, y eso es lo más central de este proceso”

Fátima Lorenzo
Hay un incremento significativo en el capítulo de publicidad sin que haya algún elemento extraordinario que pueda justificar el incremento”

Fuente: El Caribe

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Participación Ciudadana solicita al presidente Abinader suspender toda propaganda violatoria al Decreto 1-24 y a las Leyes 33-18 y 20-23

Participación Ciudadana ha observado que el Gobierno mantiene propaganda gubernamental que viola el Decreto 1-24 del propio presidente Luis Abinader, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respecto (Art. 206-211). A continuación, algunas muestras de estas violaciones:

• Bajo la denominación de “Chequéame tu”, el Gobierno está pagando páginas y portadas de periódicos con una serie de informaciones de “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral.
• El Ministerio de Agricultura está pasando de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación radiales y televisivos, un anuncio en el que sale el ministro Limber Cruz y otras personas, con fotos del presidente Abinader, agradeciendo el apoyo que éste ha dado a la producción alimentaria.
• Otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas.
• En las redes sociales, el Gobierno esta promoviendo el plan “Más Salud y Esperanza de Vida”, donde se atribuye el mérito de “elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus.”

Participación Ciudadana apela a la voluntad del presidente Abinader, quien se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales. También llamamos a la intervención de la Junta Central Electoral, haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley 33-18 para “tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública.”

La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales.”

El Decreto 1-24 emitido por el presidente Abinader para regular la publicidad gubernamental prohíbe “incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos”. También prohíbe “usar publicidad que tenga como objeto o efecto los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del periodo de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional”. Estas disposiciones son de aplicación inmediata.

El país no puede aceptar ningún argumento para el mantenimiento de propaganda gubernamental que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales y dirigida a obtener votos.

Participación Ciudadana continuará, durante todo el proceso electoral denunciando estas prácticas e invitamos a la ciudadanía a proporcionar información a través de nuestra plataforma “Atento con tu Voto”

Consejo Nacional
06 de febrero, 2024

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Las inauguraciones de la presidencia están prohibidas solo 60 días antes de las elecciones presidenciales, pero el presidente Abinader debería renunciar a este derecho desde ahora

La Ley No. 20-23 de Régimen Electoral es clara cuando en su artículo 210, párrafo VI, prohíbe las inauguraciones municipales 40 días antes de los comicios de febrero y las inauguraciones presidenciales 60 días antes de las elecciones de mayo, distinguiendo entre las inauguraciones municipales y las del Gobierno central con dos plazos diferentes para una y para la otra.

El calendario electoral preparado por la Junta Central Electoral contiene un error cuando señala el 20 de marzo como “límite para realización actos inaugurales del Gobierno y alcaldías”, pues las elecciones municipales ya habrán sido celebradas en el mes anterior, por lo que no era necesario que fueran mencionadas en el límite de marzo, que corresponde claramente, por mandato de ley, a las inauguraciones del Gobierno central.

Sin embargo, la realidad es que tales actividades inaugurales, tanto las del Gobierno central como la de las alcaldías, se realizan con fines claramente electorales por lo que Participación Ciudadana reclama que el presidente Abinader y todas las demás autoridades del Gobierno central y de las alcaldías, se abstengan de realizar actividades de esta naturaleza, que rompen claramente con la equidad electoral que manda la Constitución, pues los candidatos de la oposición que no están en una función pública se encuentran en desventaja.

Participación Ciudadana ha criticado históricamente estas actividades de inauguración de obras públicas, que solo sirven para promover personas y partidos, sin agregar valor a la ciudadanía. Siempre hemos sostenido que las obras públicas solo requieren ser informadas a la ciudadanía para su correcto uso a través de publicidad institucional, pero todos los gobiernos, incluyendo el actual, siguen utilizándolas para promoverse.

Nos preocupa la recusación realizada a un miembro titular de la Junta Central Electoral que emitió su opinión sobre el tema de las inauguraciones, lo que genera inquietud a pocos días de las elecciones del 18 de febrero y desvía la atención del máximo órgano electoral. Esta situación debe resolverse de forma institucional, conociendo y decidiendo la Junta Central Electoral de tal recusación a la mayor brevedad, para poder continuar concentrando su atención en las próximas elecciones.

CONSEJO NACIONAL
1 de febrero de 2024

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PARTICIPACIÓN CIUDADANA HABILITA PÁGINA WEB PARA REGISTRAR DENUNCIAS DE DELITOS ELECTORALES

La ONG llama a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero y a constituirse en observadora proactiva del proceso.

Santo Domingo, RD. – El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) presentó hoy a representantes de medios de comunicación y a la ciudadanía, la plataforma www.atentocontuvoto.org para registrar y tramitar denuncias de delitos electorales antes y durante la campaña y el proceso electoral.
A través de la página web, las personas podrán realizar denuncias con fotografías y videos de los delitos contemplados en las leyes No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; No. 20-23 de Régimen Electoral; y el Decreto 1-24 que regula la publicidad gubernamental durante el calendario electoral.
Para depurar y validar las denuncias, PC cuenta con un equipo responsable de confirmar la veracidad de las mismas, incluida su geolocalización, con la cual posteriormente se mostrarán en un mapa dinámico y georreferenciado con las reseñas validadas.
La presentación estuvo encabezada por la coordinadora general, Lizzie Sánchez; junto Fátima Lorenzo, directora ejecutiva; Leidy Blanco, Stalin Montero y Josefina Arvelo, integrantes del Consejo Nacional de la entidad.
Al evento asistieron Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, magistrado Iván Féliz Vargas, procurador fiscal y magistrada Yanit Pujols, procuradora adjunta; además de periodistas y representantes de otras instituciones.
Delitos frecuentes
Para PC como organización de la sociedad civil, es importante hacer un proceso de concientización que incluya a los partidos políticos y a la ciudadanía en general, que promueva evitar y observar los delitos y malas prácticas que se han normalizado como resultado de la cultura político-electoral en la República Dominicana, y que con frecuencia no se formalizan ante las instancias públicas contempladas por la ley.
Entre las violaciones a leyes y delitos frecuentes no denunciados, señalaron el uso de vehículos y recursos del Estado; y la compra, alquiler y venta de cédulas; así como la violencia política en contra de las mujeres por razones de género.
Para este 2024, subrayan el proceso de observación electoral que realizan desde 1996 con el lema "la democracia más que un voto es un proceso", y reiteran el llamado a que la ciudadanía reclame mayor transparencia y mejores propuestas. //

CONSEJO NACIONAL
31 de enero de 2024

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REPÚBLICA DOMINICANA AVANZA 3 PUNTOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR EN EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

El país sigue mostrando algunos avances a partir del desarrollo del gran movimiento de lucha contra la corrupción que se produjo entre el 2017 y 2019. Desde el 2020 pasó de 28 a 35 puntos en el IPC.
En el informe dado a conocer este 30 de enero en Berlín por Transparencia Internacional, se destaca que pocos países han avanzado en el IPC. Con avances significativos sólo se registran 7 paises en el mundo, entre los cuales está la República Dominicana. En Las Américas, sólo dos países, Guyana y República Dominicana, han mejorado sus puntuaciones durante la última década, mientras que los demás se han estancado o han disminuido significativamente. La puntuación promedio de la región es 43 puntos.
El mismo informe atribuye el poco avance en Las Américas al no cumplimiento del papel crucial del Poder Judicial en el control de otras ramas del gobierno. Afirma TI que “La falta de independencia judicial socava el Estado de derecho, promueve la corrupción y conduce a la impunidad de los corruptos y poderosos. Dado que el puntaje promedio de la región se mantiene en 43 y dos tercios de los países se ubican por debajo de 50, abordar este tema es imperativo para la lucha efectiva contra la corrupción.”
Participación Ciudadana, tal como afirmamos en el informe correspondiente al 2022, entiende que los puntos ganados en el IPC son atribuibles a un Ministerio Público independiente, que ha presentado a los tribunales expedientes que documentan la alta corrupción que afectó al país en las últimas décadas. También hay que destacar el trabajo que están desarrollando otras entidades de control, como Contrataciones Públicas, Contraloría y la Dirección de Ética.
Estos factores, impulsados y acompañados por una ciudadanía más consciente, vigilante y activa, así como el aporte de la prensa y las redes sociales, son fundamentales en la meta de dejar atrás la larga historia de corrupción rampante que ha afectado nuestra imagen internacional.
Sin embargo, seguimos insistiendo en que la demora en los procesos judiciales, los casos que ya han caído en la impunidad por esta causa, así como las posibilidades de que esto se repita, siguen siendo una preocupación y un posible escollo para el avance en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.
Los países con los más elevados IPC en el mundo en el 2023 son: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelandia, Noruega, Singapur, Suecia y Suiza. En las Américas están a la cabeza: Canadá, Uruguay, Barbados y Estados Unidos, mientras las peores puntuaciones la obtienen, una vez más, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es elaborado por un equipo técnico de la sede central de Transparencia Internacional en Berlín. Combina datos de distintas fuentes que recogen las percepciones de empresarios y especialistas sobre los niveles de corrupción en el sector público. Los capítulos nacionales no tienen participación en el cálculo de la puntuación.

CONSEJO NACIONAL
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PARTICIPACION CIUDADANA PRECISA: LA LEY 1-24 ES INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE ENTREGAR INFORMACIÓN SIN UNA ORDEN JUDICIAL.

PARTICIPACION CIUDADANA PRECISA: LA LEY 1-24 ES INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE ENTREGAR INFORMACIÓN SIN UNA ORDEN JUDICIAL.
Participación Ciudadana entiende que, con esta ley o sin ella, los agentes de dicha entidad de inteligencia no tienen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas, sin obtener previamente autorización de un juez, a través del Ministerio Público. De hacerlo estarían violentando el derecho fundamental a la intimidad, por lo que cualquier interpretación o acción contraria sería inconstitucional.
La Ley No. 1-24 debe ser reformada de inmediato para que incluya de manera expresa la obligación de los agentes de tal entidad que pretendan la entrega de información, de obtener la autorización judicial correspondiente. La ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes.
De no ser reformada estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales.
Entendemos la preocupación que ha despertado este tema, sobre todo cuando, de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo, la redacción del artículo 11 que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información “con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.”
En un tema de derechos fundamentales no puede haber espacio para la ambigüedad, aun descansando en las disposiciones del artículo 74.4 constitucional que dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos.”
Otros artículos de la Ley No. 1-24 deben ser igualmente revisados, como el artículo 26 sobre sanciones penales, para dejar claro que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa, o el artículo 30, en la misma dirección.
También debe quedar claro el campo de actuación del DNI, para que no interfiera con las funciones del Ministerio Público. Recordemos que las evidencias que pueda recoger el DNI de cualquier violación a la norma que ponga en peligro la seguridad nacional, debe hacerse cumpliendo con el debido proceso y el acompañamiento del Ministerio Público, pues de lo contrario tales evidencias no podrán ser utilizadas por el Ministerio Público para sostener cualquier acusación. Se necesita en la Ley una mayor claridad en la relación DNI-Ministerio Público.
Un aspecto positivo que ha tenido este tema de la Ley No. 1-24, es que ha servido para probar las alarmas que protegen nuestros derechos fundamentales. Esas alarmas han sonado en forma dura y clara. La prensa y otros sectores han jugado su papel. Sin embargo, la utilización de este debate para fines electorales no contribuye a la creación de conciencia ciudadana y hace daño a la democracia. Tanto el gobierno como los partidos de oposición deben asumir su responsabilidad en las críticas que ahora se hacen a esta Ley. Como
parece que todos estamos de acuerdo, esperamos que la modificación de los artículos cuestionados se haga de inmediato.
Participación Ciudadana tiene más de 30 años en la defensa de los derechos ciudadanos. En estos momentos estamos inmersos en nuestro compromiso de observación electoral y nos sorprende que algunas personas hayan lanzado campañas en las redes sociales, aprovechando este debate, para tratar de relacionarnos con el sector político en el poder o haber renunciado a nuestros principios. Quienes conocieron y aprobaron esta cuestionada Ley no están en las filas de nuestra organización y nadie logrará sacarnos de nuestro foco en estos momentos en que el país necesita, una vez más, una sociedad civil que observe el proceso electoral, con el solo interés de fortalecer nuestra democracia y preservar los avances que tanta lucha nos han costado.

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PARTICIPACIÓN CIUDADANA LANZA CAMPAÑA QUE BUSCA PROHIBICIÓN EN PUBLICIDAD Y USO DE RECURSOS DEL ESTADO EN CAMPAÑA ELECTORAL

La iniciativa se desarrollará en el marco de su tradicional proceso de observación electoral que realiza desde hace 30 años en el país, articulando a cientos de voluntarias y voluntarios a lo largo del territorio nacional.

Santo Domingo. – El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó a la sociedad dominicana una campaña de comunicación que promoverá a través de sus redes sociales, bajo el lema “La democracia, más que un voto es un proceso”, con la que busca dar a conocer las prohibiciones que las normativas legales establecen en relación al uso de los recursos del Estado y la publicidad estatal en la campaña electoral.
De igual manera, como entidad no gubernamental y apartidista, saludaron la firma por el presidente de la República del decreto 1-24, que regula la publicidad gubernamental, sobre todo en período electoral, el cual viene a reforzar las disposiciones contenidas en la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, y en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, al tiempo en que advirtió que no basta con la buena intención, ya que la parte más importante es el cumplimiento de dicha normativa, debido a la tradición de uso y abuso de los recursos del Estado a favor de partidos y candidatos en el poder.
La campaña consistirá en mensajes cortos y con lenguaje llano con el objetivo de visibilizar cualquier transgresión a las normas que rigen la materia, así como otros mecanismos como la plataforma Atento con tu voto, serán puestos a la disposición de la ciudadanía para reportar violaciones a las normas.
Participación Ciudadana aclaró que no es correcta la versión puesta a circular de que las disposiciones del decreto 1-24 sólo son aplicables cuando se publique el reglamento que se prevé para dentro de seis meses, y enfatizó en que esas reglas son de cumplimiento inmediato, pues tienen que ver con el contenido de la publicidad gubernamental.
Mensajes
“La ley 33-18, de partidos políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales” señala una de las publicaciones.
La organización de la sociedad civil también anunció que dentro de su programa de observación electoral realizará un monitoreo de los mensajes publicitarios del gobierno con el propósito de contribuir a erradicar las malas prácticas que tradicionalmente han caracterizado los anteriores procesos electorales en el país.

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La sociedad está estremecida por la corrupción y el abuso de poder de las pasadas autoridades, afirma Participación Ciudadana

El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, señaló en nota de prensa que, en los últimos días, la sociedad dominicana ha sido estremecida hasta sus cimientos por la publicación íntegra del expediente presentado por el Ministerio Público con el nombre de Operación Medusa, el cual involucra a quien fuera Procurador General de la República en el período 2016-2020, el señor Jean Alain Rodríguez. 

“No podemos decir que estamos sorprendidos por el intrincado entramado de delincuencia que muestra el Ministerio Público en este expediente, ya que, tanto nuestra organización como muchos otros sectores de la sociedad civil y de la prensa de investigación, habíamos denunciado las públicas y evidentes anomalías que se estaban cometiendo en el mismo órgano creado por la Constitución de la República para trazar y ejecutar las políticas públicas contra el crimen, la delincuencia y cualquier clase de violación a las leyes, al tiempo de servir como sombrilla protectora de la ciudadanía”, puntualizó la institución.  

Innumerables solicitudes fueron hechas al entonces presidente Danilo Medina para que destituyera a Jean Alain Rodríguez y detuviera los desmanes que se denunciaban. Pero esos reclamos nunca fueron atendidos y, por el contrario, ese funcionario gozó de un apoyo incondicional, comprometiendo así la responsabilidad de las más altas autoridades de su gobierno. 

El expediente presenta pruebas de que, en ese funesto período, proliferaron prácticas como las siguientes: 

  • Entrega de obras y contratos multimillonarios a cambio del cobro compulsivo de sobornos, al menos de un 20%, a una camarilla de amigos, familiares y allegados, por sumas que alcanzan miles de millones de pesos, que eran recolectados en efectivo en las mismas oficinas de la Procuraduría General. 
  • Sobrevaluaciones, vicios de construcción y faltantes en obras públicas, por demás diseñadas y construidas, imponiéndose ante otras alternativas más razonables, con la expresa intención de obtener enormes beneficios. 
  • Estafa al Estado y a la población en renglones de gastos masivos como la alimentación de las personas encarceladas. 
  • Triangulaciones de transacciones de compras, como lo fue la estafa por más de 12 millones de pesos en la compra de un solar, supuestamente para parqueos de la Fiscalía del Distrito. 
  • Instalación de una asociación de malhechores, integrada por amigos y parientes, justamente en la institución llamada a prevenir y perseguir la corrupción y el delito. 
  • Instalación de un sistema de espionaje para beneficio propio, el cual controlaba los movimientos, incluso de los propios integrantes de las fiscalías. 
  •  Instalación de cuentas y personeros pagados en las redes sociales, expresamente destinados a espiar y perseguir a periodistas críticos y honestos, así como a promover la imagen del procurador, con recursos públicos. 
  • Contratación de asesores extranjeros, con multimillonarios recursos públicos, para crear campañas de imagen y asesorar al jefe del Ministerio Público. 
  • Destrucción de evidencias, sustracción de equipos, incursión nocturna en las oficinas públicas para ocultar delitos y manipular expedientes.  
  • Utilización de oficinas públicas como comandos de campaña, incluyendo distribución de recursos a favor del candidato y el partido oficial. 
  • Desvío de recursos públicos hacia obras personales, como la construcción de villas.  
  • Entrega de bienes incautados a cambio de supuestos servicios de publicidad.   

El movimiento cívico enfatizó que, las 12,275 páginas del expediente presentado se constituyen en un material de lectura obligada. El juicio será una cátedra, no sólo para el sistema judicial y los profesionales del derecho, sino una escuela de civismo para todos los ciudadanos y ciudadanas, políticos y funcionarios públicos que podrán constatar lo que constituye la antítesis de un servidor público y mirarse en el  espejo de lo que le puede pasar a quienes van al Estado a corromperse, mostrando un total desprecio por el respeto a las leyes, el honor y los principios morales que deben ser el fundamento de una sociedad civilizada. 

Participación Ciudadana expresó que comprende la estrategia del Ministerio Público al no incluir en el mismo expediente a funcionarios públicos del más alto nivel que podrían estar, y a los ojos de la ciudadanía están comprometidos, con estos y otros actos escandalosos y vergonzosos. Sin embargo, entendemos que la ley debe llegar a todos, incluyendo a quienes por comisión u omisión se hicieron partícipes de tales desmanes.  

El país atraviesa momentos muy importantes, determinantes en las aspiraciones de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. “El actual gobierno no puede darse el lujo de ceder o flexibilizar en una demanda que nos ha costado tanto esfuerzo y sacrificio. Por eso valoramos y saludamos las reiteradas muestras del presidente Luis Abinader de mantener con firmeza sus promesas de hacer una gran diferencia. El presidente conoce bien los riesgos de esta lucha y hasta ahora se ha mantenido firme, en una actitud muy loable”, indicó la institución.  

Participación Ciudadana expresa una vez más su confianza en el equipo actual del Ministerio Público y reitera su compromiso de apoyar y acompañarlos en este proceso. En estos momentos, el país entero debe sumarse al cuidado, el acompañamiento y el estímulo de personas como Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ellos y muchos otros magistrados representan una esperanza de una sociedad justa, democrática y progresista. 

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