Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, junto a la Fundación REDDOM, socializó este miércoles un informe sobre la evaluación del Proyecto Piloto de Pagos por Servicios Ambientales Hídricos de la Cuenca alta del río Yaque del Norte (PSA-CYN), como mecanismo para promover la resiliencia ante los efectos del clima en Jarabacoa.

El PSA-CYN es una iniciativa que se ejecuta en una primera fase, en la cuenca alta del Yaque del Norte, bajo la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de contribuir con la conservación de los cuerpos de agua de esta cuenca mediante un Pago por Servicios Ambientales, con el fin de aportar a la sostenibilidad del recurso hídrico en calidad y cantidad.

El coordinador general de PC, Heiromy Castro, expresó que “mediante el desarrollo de esta evaluación, se capacitaron alrededor de 150 personas entre beneficiarios del programa de PSA y miembros de organizaciones de la sociedad civil en agroforestería y resiliencia climática, haciendo énfasis en el gran aporte que cada uno de ellos realiza en el uso adecuado del suelo, protegiendo la integridad del mismo, preservando el recurso hídrico, la biodiversidad yla belleza escénica que caracteriza a la comunidad de Jarabacoa”.

El informe arrojó conclusiones positivas sobre la implementación de esta iniciativa, catalogándola como un avance en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y un aporte a la conservación de uso del suelo que protege la integridad de la planificación territorial.

Luis Tolentino, especialista en Cambio Climático y Medio Ambiente de la Fundación REDDOM, indicó que a través de esta evaluación se verificó que los objetivos del PSA-CYN se cumplen y que se evidencia en los resultados visibles de conservación y preservación del recurso hídrico acorde a la percepción de los beneficiaros y otros actores locales.

Señaló que se pudo evidenciar el aumento y mantenimiento en la cobertura boscosa; incremento del caudal y calidad del agua; menos erosión en sus parcelas; aumento del ingreso familiar, que se refleja en mejoras físicas del entorno; y cambios en la cultura ambiental de los beneficiarios, manifestada en su entorno productivo y en sus comunidades.

“El proyecto piloto de PSA-CYN es un modelo novedoso y positivo de conservación en el país, que contribuye a la conservación de los servicios ambientales hídricos de la cuenca del Yaque del Norte mediante la conservación de bosques y sistemas agroforestales. De acuerdo a los propios actores involucrados, este ha contribuido a la mejoría de la calidad de vida de los beneficiarios, con lo cual se contribuye además a la resiliencia ante los efectos del clima, en Jarabacoa. El mismo servirá de referencia para la replicabilidad de este instrumento económico, a nivel nacional, en el marco de la aplicación de la Ley 44-18 que Establece Pagos por Servicios Ambientales en la República Dominicana”, resaltó.

El PSA-CYN se desarrolla en el marco de un acuerdo firmado en diciembre de 2007, entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Inició sus operaciones en el 2008; desde el 2009 han realizado labores de conservación de suelos (reforestación), y desde agosto de 2011, han establecido contratos de pago por servicios ambientales con propietarios o poseedores de bosques y sistemas agroforestales (café).

Para el estudio se trabajó de la mano con los beneficiarios del Programa, actores claves locales y con la comisión de Pagos por Servicios Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Indican que la decisión de la JCE sobre el arrastre agrega nuevas incertidumbres al próximo proceso electoral, sobre la autoridad y confianza que debe generar la JCE.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana,  lamentó la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de mantener el arrastre del voto a los candidatos a diputados a favor de los candidatos a senadores en las provincias con mayor cantidad de electores, por ser violatoria de la Constitución que establece en su artículo 77 que “la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo” (art. 77), y lo reitera en su artículo 208.

Para Participación Ciudadana, que se haya excluido el arrastre en 26 provincias, no elimina la violación a la Constitución en que se incurre en las otras 6 provincias, que además son aquellas que concentran el 59% del electorado e indicaron que “pretender una solución salomónica con el cumplimiento de disposiciones constitucionales no contribuye a la institucionalidad en la República Dominicana”.

“Un voto que se realiza a favor de un candidato a diputado y se pretende adjudicar a un candidato a senador sin que el elector lo haya marcado, no puede interpretarse jamás como un voto directo, por lo que esta decisión de la JCE agrega innecesariamente nuevas incertidumbres sobre el próximo proceso electoral ante la probabilidad de que el tema llegue al Tribunal Constitucional”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Señaló que la gran mayoría de los partidos políticos, así como los más renombrados expertos en derecho constitucional, han planteado claramente la imposibilidad de mantener el voto de arrastre en la elección de senadores debido a las disposiciones constitucionales antes mencionadas, indicando que “la intención del legislador no puede estar por encima de la intención de la asamblea revisora y mucho menos de un texto constitucional claro”.

La organización de la sociedad civil sostuvo que el voto de arrastre reduce la libertad que debe tener el elector, cuyo voto, de acuerdo con el artículo 208 constitucional, debe ser “personal, libre, directo y secreto”. En adición, la nueva ley electoral en su artículo 92 estableció un nivel de elección separado para los candidatos a senadores y otro distinto para los candidatos a diputados, señalando que los mismos son indivisibles y no fraccionables.

Destacó que, con su decisión, la JCE actúa en forma contraria a las disposiciones del artículo 74.4 constitucional que obliga a los poderes públicos a interpretar y aplicar las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, agregando que, en este caso, el titular del derecho fundamental al sufragio es el elector y sus intereses deben prevalecer sobre cualquier partido que pretenda beneficiarse de los efectos antidemocráticos que produce el arrastre.

“Con esta decisión favorable al partido de gobierno, la JCE desaprovecha una buena oportunidad para mostrar su independencia de criterio frente al sector oficial y, al mismo tiempo, desperdicia la posibilidad de generar la confianza ciudadana que le hará falta para arbitrar adecuadamente los venideros comicios del 2020”, manifestó el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Carta ENTRE a MEM

Santo Domingo, República Dominicana. El Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), remitió una carta al ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, donde solicitó incluir dentro de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), aspectos que permitan visualizar las políticas de género y medio ambientales implementadas por las empresas y el Estado, en las que se represente los esfuerzos se están realizando en estos ámbitos de vital importancia en el marco del Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esta solicitud fue hecha de cara a la próxima Conferencia Mundial del EITI, a realizarse el 18 y 19 de junio en Paris, Francia, la cual, busca brindar una oportunidad para que los jefes de estado, los activistas de la sociedad civil y los líderes de la industria discutan las tendencias emergentes y las mejores prácticas en el buen gobierno de los recursos naturales; y examinar el papel de la EITI en la buena gestión del sector extractivo, especialmente en el crecimiento de los recursos provenientes de la IE, la lucha contra la corrupción, el aumento de la inversión y la habilitación del espacio cívico.

“Es por ello, que teniendo como norte la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno y de la industria, con lo que se hace posible promover el debate público capaz de impulsar las mejoras de Gobernanza de los recursos naturales no renovables y, consecuentemente, que su explotación beneficie también a los ciudadanos y ciudadanas del país, y tomando en cuenta su condición de líder de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), esta conferencia ofrece una ocasión insuperable para abordar estos temas para así reforzar la importancia del diálogo y la apertura de múltiples partes interesadas para enfrentar estos desafíos”, expresó ENTRE en el comunicado.

El ENTRE es un espacio que agrupa más de 120 organizaciones populares, sociales, académicas y comunales de todo el país, que buscan luchar por la transparencia en la industria extractiva en República Dominicana, cuya coordinación nacional está conformada por Participación Ciudadana, la Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA), el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD) y la Articulación Nacional Campesina (ANC).

ENTRE forma parte de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar internacional que promueve la rendición de cuentas en este sector, de forma que los ingresos generados, se gestionen de manera transparente para impulsar el crecimiento económico dirigido al desarrollo sostenible y a la reducción de la pobreza.

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación y rechazo ante lo que parece ser una avalancha de abusos de poder que se están cometiendo en el país, impulsada por sectores gubernamentales y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En la medida en que se acerca el proceso electoral, el país ha visto multiplicarse expresiones de poder que son propias de los regímenes dictatoriales y que están causando un profundo daño a la democracia dominicana.

1. La Ley de Partidos ha sido, no sólo ignorada, sino violada en numerosos artículos, sobre todo los relacionados con el control de las campañas a destiempo, el uso de recursos del Estado, la transparencia y el control del financiamiento. El país está agobiado por la lucha interna del partido en el poder y varios candidatos de ese partido han desafiado al organismo electoral, a la Ley 33-18 y a un país que requiere institucionalidad, respeto y moderación.

2. La Ley del Consejo Nacional de la Magistratura fue violada abiertamente en todo lo que se refiere a las condiciones para la sustitución de jueces de la Suprema Corte y el nombramiento de nuevos. No se produjo la evaluación, no se dio a conocer sobre qué base se sustituyeron o ratificaron los jueces evaluados y una vez más se designaron directivos del partido en el poder para esa delicada función. El tratamiento del que fue objeto la magistrada Miriam Germán, no sólo pasa a los anales de la vergüenza nacional, sino que sienta un precedente funesto y envía un mensaje a todo el sistema judicial y, en especial a las Altas Cortes, sobre lo que le puede pasar a quien se atreva a actuar de manera independiente y responsable.

3. El más reciente abuso son las presiones que ha recibido el Tribunal Superior Electoral por una decisión sobre el Partido Revolucionario Dominicano. Es inaceptable que el Presidente de este tribunal fuera llamado a los despachos del Procurador General y del Ministro de Defensa, que se le retirara la escolta, que recibiera presiones de varios funcionarios del gobierno y que fuera amenazado con un juicio político en represalia por una decisión que está plenamente dentro de sus funciones y cuya discusión corresponde al ámbito de los organismos que contempla la Constitución.

4. Los desafíos de sectores del PLD a la Junta Central Electoral, al negarse a cumplir con la Ley de Partidos y, más recientemente, presionar para que no se ejecute la separación de la elección de senadores y diputados, conjuntamente con las amenazas a tres miembros del TSE, presagian un proceso electoral caracterizado por fuertes tensiones e intentos de debilitar a esos organismos y torcer su necesaria imparcialidad.

5. Las presiones y persecuciones a las que están sometidos los medios de comunicación y los periodistas para que se sometan a los dictados que se les envían desde el Palacio Nacional, han llegado a niveles que el país había superado al final de la década de los 70. No se trata solamente de asfixiar económicamente a todo el que se atreva a disentir, sino también de corromper y destruir uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión.

6. La creación de campañas de difamación y extorsión a través de las redes, la intervención telefónica y el espionaje contra personas seleccionadas por sectores del poder, por diferentes razones, es otra situación frente a la que no podemos guardar silencio. El caso de la magistrada Miriam Germán es un ejemplo, pero no el único de lo que se está haciendo desde el poder para perseguir, chantajear y coaccionar a favor de los intereses del grupo en el poder.

7. La campaña reeleccionista que han puesto en marcha los funcionarios gubernamentales y sectores del PLD, ignorando la prohibición constitucional y el amplio rechazo a una nueva modificación de la carta magna con el único objetivo de perpetuar un grupo en el poder, se presenta en esta ocasión con características más agresivas que nunca, apoyada en el control de una gran diversidad de instituciones y en enormes recursos económicos producto del largo ejercicio del poder.

8. Además, expresamos nuestra preocupación por los altos niveles de inseguridad y ver cómo nos convertimos en una ciudad insegura, violenta, con ejecución extrajudiciales sin consecuencia, todo esto agudizado por la situación de los desalojos forzosos que se registran en todo el país.

Reiteramos una vez más nuestro compromiso inquebrantable con el impulso de las reformas legales e institucionales, procurando que los sectores de la vida social, política, económica y cultural del país, sumemos esfuerzos para detener las intenciones y prácticas que ponen en peligro el débil sistema democrático

Organizaciones firmantes:

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, rechazó las amenazas contra la mayoría del Tribunal Superior Electoral (TSE) que decidió anular reuniones del PRD, aliado al oficialismo, indicando que son claros signos de la intolerancia que suele dar paso a la dictadura.

Para PC constituye una intromisión incalificable las declaraciones del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, solicitando a la Cámara de Diputados iniciar investigaciones sobre los miembros de TSE, en claro mensaje de inicio de un juicio político por haber tomado una decisión dentro de su competencia.

Participación Ciudadana entiende que se trata de un mensaje mordaza que va mucho más allá del TSE, y afecta a todos, desde periodistas, sociedad civil, entidades públicas, aún aquellas autónomas como la Junta Central Electoral.

“El señor Pared Pérez debe retirar sus palabras y pedir disculpas al país por afectar el clima democrático que es su deber fortalecer como presidente del Senado”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

La organización de la sociedad civil reiteró que debe investigarse la denuncia de que ministros del gobierno presionaron para que se modificara la sentencia del TSE y de que se retiró la seguridad del presidente del TSE, aunque la hayan repuesto posteriormente.

“Es lamentable esta situación que ocurre justo después de un proceso irregular de sustitución de algunos jueces independientes de la Suprema Corte de Justicia llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura, controlado por el oficialismo. Alertamos a la Nación ante estos signos de intolerancia que ponen en riesgo la imperfecta democracia dominicana”, señaló el Consejo Nacional de PC.

Consejo Nacional
11 de abril de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, y el Espacio Nacional para la Transparencia en la Industria Extractiva (ENTRE), afirmaron que es inconcebible que a la fecha el gobierno dominicano no aplique de manera uniforme la disposición de la Ley 64-00, que en su artículo 117 establece que los municipios donde estén ubicadas explotaciones de recursos naturales no renovables deben recibir el cinco por ciento (5%) de los beneficios netos generados.

La afirmación fue realizada durante el panel “Régimen de Participación de los Municipios en los Beneficios derivados de la Minería”, que tuvo como objetivo difundir informaciones sobre las aportaciones del 5% de la industria extractiva, la relevancia económica y legal, la importancia del Estándar de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI) y su posible aplicación respecto al ordenamiento territorial en los municipios afectados.

Los panelistas fueron Anselmo Muñiz, investigador social y abogado; Maritza Ruiz, economista y directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD); y Domingo Matías, sociólogo, investigador socio-político y experto en temas de desarrollo local y reforma de la administración pública.

Durante la actividad, indicaron que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la participación en los beneficios generados por los planes de inversión y desarrollo, en particular los relativos a la exploración y explotación minera de sus tierras ancestrales, es un derecho extensamente reconocido, tanto a favor de las comunidades indígenas como de los pueblos tribales, lo que es asimilable en el contexto dominicano, debido a la conexión intrínseca que poseen los habitantes de un lugar con su territorio, en tanto “base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y sistema económico”.

Citaron al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que establece en su artículo 15 que, ante “cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”, “los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.

“Nuestro país tiene abundancia de recursos naturales renovables y no renovables, minerales (Oro, Plata, Zinc, Níquel), con un Estado compuesto de instituciones deficientes, con insuficiente regulación y bajos niveles de cumplimento de la ley, por lo que se asume una alta cuota de corrupción. Por esto es necesario que en nuestro país se impulsen iniciativas para procurar y demandar transparencia en este sector tan fundamental para la economía”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de PC.

Señaló que la participación de la ciudadanía promoviendo y exigiendo la transparencia en esta industria, permitirá incrementar la auditoría social, construir diálogos entre el Estado, la empresa y la ciudadanía, sobre la base de la demanda y análisis de información completa y veraz.

En su intervención, el investigador social y abogado, Anselmo Muñiz, indicó que no existe ninguna transparencia sobre cuáles son los beneficios derivados de la empresa explotadora, añadiendo que lo que se acuerde entre la empresa y el Estado tiene efectos relativos y que los municipios si tienen la facultad de exigir directamente a la empresa o al Estado el pago.

Por su parte, la directora del Observatorio de Política Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Maritza Ruiz, manifestó que "el Estado debe regular el pago de las empresas mineras sobre la base de las ganancias obtenidas. Si la sociedad civil no se empodera y las comunidades no se movilizan, los recursos de las empresas mineras se van a diluir".

El sociólogo Domingo Matías, explicó que no es lo mismo transferir recursos de las empresas mineras a municipios que a ayuntamientos, indicando que los recursos están muy centralizados y que el clientelismo político se adueña de ellos.

El evento, realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa República Dominicana (FLACSO RD), contó con la participación de más de 30 personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil y público general.

09 de abril de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. En vista de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se apresta a decidir la forma en que quedará integrada la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que algunos sectores propugnan por una “renovación” o “borrón y cuenta nueva” en la alta corte, Participación Ciudadana (PC), hizo un llamado final a los miembros del CNM para que actúen apegados a la norma y a que sus decisiones estén dirigidas a lograr una SCJ independiente.

“La renovación total no es posible, excepto que todos los jueces actuales merezcan ser removidos como resultado de una evaluación de desempeño individual, basado en prueba admisible, y el país sabe que existen jueces que merecen su confirmación. Un “borrón y cuenta nueva”, entendido como una renovación total, no solo lesionaría el debido proceso, sino que afilaría la espada que siempre pende sobre las cabezas de los jueces con estas evaluaciones de desempeño, reduciendo aún más su independencia”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

Indicó que entre los (as) candidatos (as) evaluados (as) existen suficientes jueces de carrera con todas las condiciones para ir a acompañar a los que permanecerían, debido a sus méritos, y así poder construir una SCJ excepcionalmente idónea, para lo cual solo se requiere la voluntad de alejar la política partidaria de uno de los más altos tribunales de justicia del país, para que este pueda replicar dicho proceso hacia las instancias inferiores.

El Consejo Nacional de PC señaló que, por esa razón, Participación Ciudadana ha abogado por darle prioridad a los jueces de carrera y que de su matrícula se escoja al presidente de la SCJ, así como a los presidentes de sus tres salas.

“La cuota para abogados en ejercicio, fiscales o académicos se ha utilizado en el pasado para llevar a la SCJ a personas comprometidas con los partidos políticos, colocándolos en un serio conflicto de intereses y lealtades cuando tienen que ser jueces de aquellos que fueron sus compañeros de partido, y a los cuales posiblemente les deben favores políticos. Por esa razón, la única forma de curarse en salud en estos momentos es no escoger personas en esas condiciones y mucho menos para la presidencia de la SCJ”, manifestó.

Consejo Nacional
03 de abril de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. Como parte de su labor de observación electoral, el movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, remitió una carta al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, donde presenta algunas observaciones sobre el proyecto de automatización del voto.

La organización de la sociedad civil explicó que el fracaso del uso de nueva tecnología en las elecciones pasadas, se debió más que a los equipos y programas utilizados, al poco tiempo que se tenía para implementarla y a que se saltaron varias de las fases recomendadas en un proyecto de esa naturaleza, por lo que exhortan a tomar este factor en cuenta, ya que según expertos se requiere de por lo menos un año luego de ser adquiridos los equipos.

Indicó que, para la implementación del voto automatizado, se requiere de varios simulacros o pruebas realizadas en el campo y que el uso del sistema en las primarias pautadas para octubre de este año, no puede ser considerado una prueba para validarlo, ya que deben realizarse con antelación a las primarias.

“La credibilidad del sistema se consolidará o afectará de acuerdo a los resultados de tales primarias, por lo que la JCE debe asegurar que para las primarias, ya el sistema haya sido probado en más de una oportunidad, para detectar y corregir a tiempo todas las falencias que surjan durante las pruebas, incluyendo, pero no limitado a equipos, programas, conectividad (solo para los momentos del boletín cero y de la transmisión de los resultados), energía, facilidades de los locales, entre otras”, expresó en el comunicado, el nuevo coordinador general de Participación Ciudadana, Heiromy Castro.

Resaltó la importancia de realizar auditorías al sistema y que estas sean transparentes, agregando que la selección a tiempo de los auditores, los cuales deben ser independientes, permitiría que estos acompañen todo el proceso de implementación y prueba del sistema, además de ayudar a identificar problemas técnicos y apuntalar la confianza de los partidos y electores.

“Nadie discute el criterio de la necesidad de las auditorías en todos los sistemas, sin importar su modalidad, incluyendo el sistema automatizado con impresión en papel térmico del voto de cada elector, que le permitiría comprobar por quién votó y, además, un conteo físico si fuese necesario, que es el que utilizará la JCE”, sostuvo.

Otro factor destacado por Participación Ciudadana fue el tema de la educación, señalando que les preocupa los problemas que puede generar el uso del sistema automatizado de la boleta electoral por parte de la ciudadanía con escasa educación formal, sobre todo la de mayor edad.

“Entendemos que además de una campaña educativa intensa, se requerirá de un plan B en cada mesa de votación, con la finalidad de que uno de los miembros de la mesa pueda estar entrenado para ayudar a votar, respetando el secreto del voto, lo que se lograría, aunque tome tiempo, si esta persona orienta al elector sobre cómo avanzar en la pantalla táctil, dejándolo solo en cada ocasión en que el elector deba votar y avanzar hacia el próximo nivel de votación”, manifestó Castro.

Añadió que, si durante los entrenamientos o el proceso de educación se detecta que este problema podría generar dificultades serias, valdría la pena considerar la posibilidad de limitar el uso del voto automatizado, en esta oportunidad, solo para las zonas urbanas, dejando la zona rural para unas próximas elecciones, con más tiempo para el trabajo educativo. Una de las recomendaciones de los expertos es no implementar cualquier sistema en el 100% del territorio, sino utilizar planes pilotos.

Finalmente, en el comunicado, PC se refirió al calendario de actividades para la implementación del voto automatizado, indicando que el calendario de actividades administrativas y plazos legales 2020 de la JCE no contempla las actividades propias del proyecto del voto automatizado, ya que fue confeccionado antes de que se aprobara la Ley de partidos y las primarias, por lo que es necesario actualizarlo y completarlo hasta el momento mismo de las últimas elecciones que se realizarían con este sistema para así dar seguimiento a su cumplimiento.

Consejo Nacional
31 de marzo de 2019

Anexo: Comunicación de PC al Lic. Julio César Castaños Guzmán y demás miembros de la Junta Central Electoral

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, realizó el estudio “Monitoreo y Evaluación de las Estrategias Nacionales para el Cambio Climático en RD”, con el objetivo de evaluar y monitorear los avances en la aplicación de las Estrategias Nacionales para el Cambio Climático, en cada uno de los municipios de intervención de su proyecto “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana”.

El estudio, elaborado en coordinación con la especialista ambiental, Yeny Cornelio, y auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), buscaba realizar una valoración de los roles desempeñados por las organizaciones involucradas en la implementación de las Estrategias Nacionales de Cambio Climático, y la pertinencia de las estrategias, procedimientos y metodologías utilizados.

“Este informe tiene como propósito visibilizar los avances y desafíos pendientes del Estado dominicano para abordar el cambio climático desde todas sus dimensiones técnicas y científicas.  Pretende ser un aporte al conocimiento de la ciudadanía en general,  para movilizar la acción desde nuestras propias prácticas que nos conduzcan a establecer contribuciones que como país nos competen, articulados bajo una dinámica Estado-Sociedad, partiendo de la premisa de que el cambio climático no es un componente adicional o un aspecto del desarrollo, sino que es algo que condiciona todas las formas de producir y vivir, por lo cual se requiere de decisiones que manejen  escenarios de largos plazos”, expresó Ruth Henríquez, representante de Participación Ciudadana.

Por su parte, el coordinador del proyecto de PC “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana”, Dionys de la Cruz, explicó que debido a la gran inversión que se ha estado realizando por las cooperaciones internacionales, y el mismo Estado en materia de cambio climático, surge la necesidad de verificar el estado actual de la ejecución de acciones en pro de la lucha contra este fenómeno, a la vez tomando en cuenta que República Dominicana es país signatario desde 1998 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde asumió el compromiso de cumplir con la agenta 2030 y los ODS.

Algunas de las conclusiones del estudio sobre las Estrategias Nacionales para el Cambio Climático en el país, fueron que se consideran pertinentes en el avance de los acuerdos de la Convención y que las políticas de cambio climático han sido adecuadas a las necesidades institucionales, pero debido a que esto implica un seguimiento nacional y local a todas las intervenciones propuestas, se recalca que en algunos territorios locales, sobre todo por la falta de financiamiento y la debilidad institucional, las acciones y resultados no son los esperados y en general son limitados.

También se verificó que no se toman en cuenta las condiciones de las instituciones ejecutoras, especialmente, las necesidades de coordinación para la formulación y ejecución de las actividades con las instituciones de los Gobiernos Locales y que por lo tanto no llegan a concretizarse en acciones específicas; y que se solicita mayor transparencia de las acciones y resultados de las actividades relacionadas con el cambio climático.

Para la realización de este estudio, se entrevistaron a 26 representantes de instituciones locales del gobierno central y organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de cambio climático, entre las cuales estaban la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), entre otras. También se consultaron representantes de los ayuntamientos de Jarabacoa, Santiago, Las Terrenas, San Pedro de Macorís y Distrito Nacional. Los criterios de evaluación tomados en cuenta fueron la pertinencia, la eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de las estrategias implementadas.

Durante el evento también se realizó un panel para socializar los resultados del estudio, que contó con la participación del Ing. Ernesto Reyna, M.Sc, vicepresidente del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio; Solhanlle Bonilla, Ph.D, maestra-investigadora del INTEC; y el Lic. Jose Antonio Chevalier, M.Sc, director de Planificación y Programación del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís.

La actividad fue realizada en el Hotel Sheraton y contó con la asistencia de más de 40 personas, entre ellas, representantes de la sociedad civil y de organizaciones que trabajan los temas de cambio climático, gestión ambiental y otras áreas afines.

29 de marzo de 2019

Reitera la necesidad de la eliminación del antidemocrático sistema del arrastre.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, afirmó que apoya la solicitud realizada a la Junta Central Electoral (JCE), para que apruebe el reglamento relacionado con las boletas y señaló que, de acuerdo al art. 92 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No 15-19, debe existir una boleta a nivel senatorial, separada de la del nivel de diputaciones.

PC reiteró la necesidad de la eliminación del antidemocrático sistema del arrastre de los votos del candidato/a a diputado/a de un partido al candidato/a a senador/a del mismo partido, indicando que “no cabe duda de que la JCE tiene poder reglamentario para establecer que a nivel senatorial habrá una boleta diferente a la del nivel de diputaciones”.

El Consejo Nacional de PC expresó que “la base legal para ello viene dada por el artículo 92 de la Ley No 15-19, que separa el nivel senatorial del de las diputaciones, además del artículo 97 de la misma ley que dispone que ‘las boletas se elaboraran en la forma y condiciones que establezca la Junta Central Electoral, mediante resolución motivada’. La ciudadanía tiene derecho a saber cuántos votos obtuvo por sí mismo cada candidato/a a senador/a y no hay texto legal alguno que impida conocer este dato, que se facilitaría con la boleta senatorial que se desprende del artículo 92 de la misma Ley”.

Sostuvo que el artículo 104.III de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, prohíbe que los votos a un/a candidato/a en una circunscripción determinada le sean sumados a candidatos de otras circunscripciones, aunque sean del mismo partido y que el párrafo IV del mismo artículo hace una excepción con los/as candidatos/as a senadores/as, “a quienes se les computarán todos los votos obtenidos por el partido en la provincia”, lo que implica un choque entre dos disposiciones legales, la que prevé el nivel senatorial separado del nivel de diputaciones, y la que establece el arrastre a favor de los senadores, lo que obligaría a una interpretación de los textos legales.

Participación Ciudadana señaló que, para favorecer el arrastre, no basta con señalar la Ley 157-13 sobre voto preferencial, que ciertamente permite sumar a favor del candidato/a a senador/a los votos obtenidos por los candidatos/as a diputados/as de su partido en cada provincia, pues habría previamente que determinar cuál es el alcance del voto directo previsto en la Constitución.

El Consejo Nacional de PC entiende que: “La interpretación de las disposiciones legales en contradicción debe basarse en los principios constitucionales que rigen la materia, entre los que se encuentra, de manera destacada, el derecho de los electores al voto directo, contemplado en el artículo 77 constitucional cuando dice que ‘la elección de los senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos establecidos en la ley’ y reiterado en el artículo 208 constitucional”.

“El voto directo es aquel que permite al elector sufragar a favor del candidato de su preferencia, sin utilizar intermediarios u órganos que decidan por él, aunque este órgano sea un partido. No cabe duda de que, cuando se pretende que el voto a un diputado también se le atribuya a un candidato a senador por el cual no se ha votado, se rompe el principio del voto directo y se coloca al elector en la obligación de votar por un candidato a senador, sin que necesariamente esa sea su voluntad, lo que nos llevaría a la vulneración de otro principio constitucional, que es la libertad del voto, contemplado en el artículo 298 constitucional”, manifestó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

PC indicó que, debido a esto, el choque entre las disposiciones legales descritas debe zanjarse haciendo prevalecer la Constitución y la voluntad del elector e interpretando el artículo 104.IV de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en el sentido de que los votos que se computarán a favor del candidato/a a senador/a son los que obtenga el partido, pero en la boleta a nivel senatorial.

Consejo Nacional
28 de marzo de 2019