A un año de las Elecciones Presidenciales

üEl primer desafío es revestir de mayor credibilidad a la JCE, superando las diferencias internas que han aflorado.

üLa restauración de la posibilidad de reelección presidencial obliga a mayores previsiones, a la luz de la experiencia histórica.

üLa instauración del voto en el exterior es la novedad del proceso.

üUrge dar seguimiento al financiamiento de los partidos y candidatos.

üEs necesario revisar las objeciones a los últimos comicios para prevenir retrocesos en el sistema electoral.

I.- Introducción.-

Desde su fundación en 1993 el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha tenido dentro de sus objetivos fundamentales contribuir al mejoramiento del sistema electoral, promoviendo la celebración de elecciones transparentes, libres de los fraudes que caracterizaron la mayoría de los comicios nacionales.

En 1994 denunciamos las múltiples irregularidades y fraudes que caracterizaron las elecciones generales y originaron una grave crisis política que hubo de ser conjurada mediante un pacto por la democracia que incluyó importantes reformas constitucionales, como la que prohibió la reelección presidencial.

A partir de la doble vuelta de los comicios presidenciales de 1996, y en los del 2000, al igual que en los congresionales y municipales de 1998 y 2002 hemos desarrollado procesos cada vez más minuciosos de observación electoral, no sólo de la jornada de votación, sino de las precampañas internas, las campañas electorales y todo el proceso organizativo por parte de la Junta Central Electoral (JCE).

Una experiencia particularmente rica fue la que vivimos en el exitoso proceso electoral del 2000, por cuanto implicó no sólo la preparación de la votación, sino la creación de un nuevo padrón electoral fotográfico, en un ambiente de suspicacias e incertidumbres, derivado de la elección, sin consenso, de los jueces electorales.

Fuimos testigos de tres elecciones sin mayores irregularidades ni impugnaciones. Sin embargo para las elecciones congresionales y municipales del 2002, reaparecieron las denuncias de irregularidades y se presentaron numerosas impugnaciones que dejaron algunas sombras sobre el proceso

Ya hemos iniciado la observación integral del proceso conducente a los comicios presidenciales del 2004, destacándose hasta el momento el seguimiento de las elecciones primarias de los partidos y el acercamiento a los nuevos jueces electorales, con quienes deseamos establecer una relación de colaboración dentro de un marco de respeto absoluto a las respectivas jurisdicciones, como ha sido desde nuestra fundación.

II.- El primer desafío.-

La elección de la actual Junta Central Electoral, que se produjo sin el deseable y conveniente consenso entre los diversos actores políticos, ha sido un elemento de discordia y siembra de desconfianza en el proceso hacia los comicios presidenciales del próximo año.

Esa deficiencia ha sido compensada parcialmente con la ley de reforma que amplió el número de jueces y dividió las funciones de la JCE, pero es de público dominio que ha habido tensiones entre la mayoría de los titulares y el presidente, lo que ha continuado sembrando dudas sobre el proceso organizativo.

Es fundamental que todos los integrantes del organismo rector del sistema electoral y los actores políticos acepten la realidad de que el consenso logrado a duras pruebas, fue la transacción posible para conjurar revestir a la JCE de cierta credibilidad.

Participación Ciudadana espera obtener, una vez más, la confianza tanto de los jueces electorales como de los partidos políticos para movilizar las energías de cientos de instituciones sociales y millares de voluntarios en todo el país, a fin de contribuir a un nuevo proceso electoral sin traumas y que reafirme la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones nacionales.

III.-La Restauración de la reelección presidencial.-

La restauración de la posibilidad de reelección presidencial marca un desafío histórico para la nación. Es obvio que el continuismo en el poder ha sido una fuente de elecciones amañadas, con abuso de los recursos del poder y de arrebatos en los cómputos de los sufragios, tanto en el país como en muchas naciones latinoamericanas.

No se registra una sola elección nacional libre y transparente cuando ha habido repostulación del Presidente de la República. Es la razón por la que todavía, pese a los avances institucionales logrados, una considerable proporción de la ciudadanía y sus organizaciones se opuso a la reforma constitucional del año pasado que reestableció la reelección presidencial prohibida tras los traumas electorales de 1990 y 1994.

Todos cuantos hemos contribuido al mejoramiento del sistema electoral, a partir de 1996, estamos en la obligación de multiplicar esfuerzos para evitar que el presupuesto nacional y las instituciones del Estado se pongan al servicio de un partido político y un candidato, como ha sido constante histórica y fuente de conflictos.

IV.- El voto en el exterior.-

Una particularidad novedosa del próximo torneo electoral es que por primera vez los ciudadanos y ciudadanas residentes en el exterior podrán ejercer el sufragio para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, lo que implica mayores esfuerzos logísticos transparentes.

Resalta la poca receptividad que hasta ahora ha tenido en la comunidad del exterior la convocatoria a registrarse por parte de la JCE. Hace apenas semanas se informó que sólo unas pocas miles de personas habían llenado los requisitos para ejercer el derecho al voto en el exterior, lo que se atribuye en parte al difícil proceso de inscripción y recepción de la cédula de identidad y electoral a que se somete a esa parte del electorado.

El tiempo parece agotarse para que se facilite el proceso de inscripción imprescindible, lo que parece indicar que esta primera vez será ínfima la proporción de votantes en la comunidad dominicana del exterior. En todo caso serviría como experiencia piloto para el futuro.

No compartimos los objeciones a que las inscripciones se realicen en las legaciones consulares de la República, puesto que eso es lo correspondiente y la práctica internacional. Las suspicacias carecen de fundamento si el proceso se realiza, como hasta ahora, con la participación de todos los actores políticos, y si se entrega a tiempo el correspondiente padrón en cada localidad, como establece el artículo 5 del Reglamento para el Registro de Electores en el Exterior.

Esta conquista de la meritoria comunidad dominicana residente fuera de la geografía nacional no puede ser vulnerada ni convertida en un elemento de conflicto en los próximos procesos electorales.

V.- El financiamiento a los partidos.-

Tomando en consideración que la reforma electoral de 1997 instituyó el financiamiento del Estado a los partidos políticos, por lo que se les entrega cuantiosos recursos aportados por la ciudadanía, es urgente que la JCE dé seguimiento a la forma en que se utilizan.

Dado que los partidos siguen recibiendo también amplio financiamiento privado, fuente de un rentismo que se cobra a los ganadores por parte de entidades y personas interesadas, es necesario que las autoridades electorales requieran informaciones más detalladas sobre las fuentes y cuantías de esos recursos y que se publiquen los informes correspondientes.

Sería conveniente una mayor rigurosidad en la ley sobre esta materia. Pero aún no se ponen en práctica previsiones vigentes, como la contenida en el artículo 52 de la Ley Electoral, y en especial en su Párrafo II el cual dispone que «La Junta Central Electoral solicitará a la Contraloría General de la República que audite los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes». Es convicción general que las campañas electorales dominicanas son cada vez más costosas, con derroche de recursos que de una u otra forma tienen origen en el trabajo de los dominicanos y dominicanas, lo que origina el rentismo y dificulta  las posibilidades electorales de los precandidatos y candidatos que no cuentan con abundantes recursos financieros.

Por otro lado, las opciones alternativas están en evidentes desventajas, al no contar ni siquiera con una proporción equitativa del financiamiento estatal, lo que se traduce en simple reafirmación de los partidos tradicionales.

VI.- Experiencias  de la última elección.-

Las elecciones Congresionales y Municipales del 2002 registraron deficiencias en el personal de mesas y de juntas municipales, así como irregularidades que en el caso de Santiago fueron comprobadas y rectificadas por la propia JCE.

Las lecciones de ese proceso obligan a una mayor transparencia y consenso sobre el personal que conforma las Juntas Electorales de los municipios y los Colegios Electorales, superando la práctica de cuotas a los partidos y escogiéndolos en base a criterios de independencia, capacidad y honestidad.

La selección más rigurosa de los agentes electorales y un mejor entrenamiento es de las recomendaciones que formulamos tras la observación de los comicios del año pasado. Los partidos están también en el deber de mejorar el entrenamiento de sus delegados para evitar tramperías y errores en el levantamiento de las actas.

Es necesario que las autoridades electorales, los partidos y la ciudadanía mantengan una estrecha vigilancia sobre el proceso de escrutinio, no sólo en los colegios electorales sino también en las juntas municipales, para evitar irregularidades e intentos de fraude.

Al respecto sugerimos adoptar la tecnología utilizada por el Partido Reformista Social Cristiano para el escrutinio en su reciente elección primaria, consistente en uso de barras codificadas para lector óptico y revestimiento de plástico sobre las actas, lo que debe reducir el margen de alteraciones frecuente en nuestra tradición electoral.

Confiamos en que tanto la JCE como los partidos y las organizaciones sociales harán los mayores esfuerzos para que el proceso electoral ya en marcha culmine como un nuevo certamen democrático que ratifique los avances de los últimos años, superando las deficiencias registradas en los del 2002.-