PC denuncia derroche y falta de Institucionalidad deslegitiman reforma fiscal.

La enorme falta de credibilidad es el principal obstáculo que enfrenta el gobierno para poner en marcha el nuevo proyecto de reforma tributaria sometido al Congreso Nacional, independientemente de la calidad de la propuesta legislativa.

Esa gran desconfianza es el resultado del reiterado incumplimiento dela Ley de Presupuesto yde la muy mala calidad del gasto. Como a diario observa la ciudadanía y ha sido documentado por múltiples reportes de organismos locales e internacionales, el manejo de los fondos públicos en el país se caracteriza por la falta de transparencia, el derroche, la malversación, el clientelismo, el favoritismo, la ineficienciay la corrupción.Ninguna de las promesas hechas por el Poder Ejecutivo en los últimos años para racionalizar el gasto, ni ninguno de los planes de austeridad anunciados, ha sido cumplido, incluyendo el recientemente anunciado en el marco del actual Acuerdo con el FMI. 

El gobierno ha tratado de justificar la nueva reforma,señalando que el propósito principal del nuevo paquete impositivo es atender el reclamo ciudadano de una asignación presupuestaria a educación,  equivalente a un mínimo de 4% del PIB. Desafortunadamente, la opinión generalizada es que la verdadera intención es cubrir el enorme déficit derivado de un manejo irresponsable del gasto público, evidenciándose una vez más la falta de confianza de la población en la forma en que están siendo administrados los recursos públicos.

Participación Ciudadana entiende que antes de cualquier modificación impositivael gobierno debe dar señales claras, mostrar evidencias de su compromiso con el manejo responsable de los fondos públicos, destinar el dinero de los contribuyentes a las reales prioridades nacionales y eliminar todo gasto superfluo. Si tiene que suspender o aplazar obras no prioritarias, como el metro, que lo haga.

Los déficits presupuestarios solo tienen tres maneras de cubrirse: mediante aumento de los impuestos, endeudamiento (que ha aumentado enormemente en los últimos años)  o racionalización del gasto, opción ésta última que ha sido completamente ignorada, a pesar de las reiteradas recomendaciones de expertos y el permanente reclamo de la ciudadanía.

Conviene recordar que el informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, dirigida por Jacques Attali, planteó que para mejorar la aceptación del impuesto por parte de los dominicanos “el Estado debe erigirse en modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría como útiles y beneficiosos para la sociedad dominicana”. La primera iniciativa recomendada en dicho informe es devolver la confianza en las instituciones; a la vez propone que todos los ahorros obtenidos a partir de la reforma del Estado sean utilizados para aumentar el presupuesto de la educación y el de la salud.

Sería oportuno que antes de intentar la aplicaciónde la nueva reforma fiscal el gobierno pusiera atención a las recomendaciones formuladas por dicha Comisión, relacionadas con el fortalecimiento institucional y el uso adecuado de los fondos públicos, varias de ellas muy puntuales y que han formado parte de los reclamos de Participación Ciudadana y otras organizaciones sociales durante los últimos años. Por ejemplo, profesionalizar la función pública, limitar el número y el tamaño de los ministerios, suprimir viceministerios, reducir delegaciones diplomáticas,  imponer la transparencia en los contratos públicos, eliminar la práctica del “Barrilito”, aplicar la ley de presupuesto para alcanzar una gestión por resultado, entre otras medidas de similar naturaleza que darían legitimidad a iniciativas como el actual proyecto de reforma tributaria.

Cabe preguntarse, cuántas medidas parciales, dispersas, similares a las del nuevo proyecto de Reforma Tributaria tratará de aplicar el Poder Ejecutivo,  sin hacer los cambios necesarios por el lado del gasto. Mientras esto ocurre, descansa en el Congreso el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque coincidimos con el Informe Attali en el sentido de que “ninguna Estrategia Nacional de Desarrollo puede ser desplegada mientras siga reinando la desconfianza que opone a la población y a las instituciones dominicanas”.

Si las instituciones no actúen con ética, transparencia y eficacia, serán muy pobres los resultados esperados del aumento de la carga impositiva.