Por una real política migratoria

• Rechazamos una reforma constitucional para eliminar el jus soli, que no resolvería el problema de la inmigración haitiana

• Afrontemos con una real política migratoria la masiva presencia haitiana en el país

• Si no tomamos en cuenta el escenario internacional cada vez quedaremos más solos con el problema

Después de ponderadas consideraciones de sus comisiones de Asuntos Jurídicos y de Análisis Político, Participación Ciudadana ha decidido rechazar la propuesta que se viene barajando en las últimas semanas de que sea reformada la Constitución de la República para eliminar el jus soli, o derecho a la nacionalidad por nacimiento en el territorio nacional.

La reforma propuesta, a más de contradecir un principio presente en nuestra Constitución casi desde la fundación de la República, al amparo del cual somos un arco iris de razas procedentes de todas las latitudes, no resolvería en sí misma el complejo problema de la creciente inmigración haitiana, como algunos plantean.

La eliminación del jus soli no podría tener efecto retroactivo, por lo que resultaría inútil si lo que se persigue es negar la condición de dominicanos a los descendientes de haitianos ya nacidos en el país. Los que la demandan por tal motivo, implícitamente están reconociendo lo que pretenden negar.

Una reforma como esa sería contradictoria con el hecho de que cerca de millón y medio de dominicanos y dominicanas han emigrado en las últimas décadas, gran parte de los cuales se ha reproducido y buscan legítimamente la nacionalidad de destino para sus descendientes y a menudo para ellos mismos. Por esa razón se estableció el derecho a la doble nacionalidad en la reforma constitucional de 1994.

Nos oponemos también a una reforma constitucional en las actuales circunstancias cuando la nación  está ya inmersa en una prematura campaña para elegir nuevos legisladores, síndicos y regidores. Abrir ahora la compuerta constitucional sería dar pie a otras reformas coyunturales y oportunistas e incluso a que algunos revivan el acariciado sueño de la prolongación del período legislativo a nombre de la reunificación de las elecciones generales.

Lo que se impone es el establecimiento de una real política migratoria, de empleo y salarios que, acorde con los principios constitucionales que nos rigen, con absoluto respeto a las leyes, tratados y convenios internacionales, y sin menoscabo de los derechos humanos, reduzca el peso socio-económico de una inmigración desproporcionada a los recursos nacionales que no alcanzan ni remotamente para atender a las necesidades de todos los dominicanos y dominicanas.

No se discute el derecho soberano del Estado dominicano a restringir el ingreso de extranjeros, sino la forma anárquica y reñida con los derechos humanos como a menudo se ejerce, y el acto hipócrita de auspiciar el ingreso masivo de mano de obra barata, más explotable que la dominicana, para luego denunciar su presencia.

Una política migratoria pasa ineludiblemente por un censo y documentación de los extranjeros residentes en el país, estableciendo diferencias entre quienes están en condición de temporalidad real, los que tienen muchos años como residentes y los descendientes nacidos en el territorio nacional, a los cuales habría que reconocer sus derechos.

Como consecuencia del censo habría que establecer cuotas migratorias para aquellas labores agrícolas o de la construcción en que se estime necesaria la mano de obra haitiana, subordinando el interés particular al de la nación, y a partir de entonces ejecutar una justa política de repatriación de los indocumentados, sin permitir nuevos ingresos al margen de lo establecido. Esto implicaría que las autoridades nacionales se dispongan a mejorar de manera efectiva la seguridad en la frontera.

Esa política sobre inmigración no puede ser emprendida sin la cooperación del Estado con que compartimos la isla, por lo que conllevaría la reactivación de la Comisión Mixta Binacional que hace años no se reúne. Como forma de hacer transparente nuestra actuación, la nación también debería recabar la asistencia de algún organismo internacional con experiencia en la materia.

Lo que no podemos es continuar gritando el problema, mientras permitimos que se complique sin dar ningún paso para solucionarlo, y al mismo tiempo seguir proyectando una imagen internacional de xenofobia o racismo y de violadores de derechos humanos, que no se corresponde con el sentir mayoritario del pueblo dominicano. Si no tomamos en cuenta el escenario internacional cada vez quedaremos más aislados cargando con la pobreza y las precariedades institucionales de Haití.

Reiteramos nuestra declaración del 7 de Agosto pasado, en San Pedro de Macorís, en el sentido de que el problema de la inmigración haitiana tiene que ser analizado con ponderación y sin prejuicios, al margen de todos los intereses particulares de grupos o sectores, sin ignorar que la misma ha sido incentivada por un tráfico de mano de obra barata, al margen de las leyes laborales, que no reclama horario ni derechos sindicales y que puede ser despedida sin ningún límite ni pago de prestaciones.

Nuestra doble condición de país de inmigrantes y emigrantes y el peso que tienen las remesas de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior también nos obligan a una mayor serenidad y nobleza en el tratamiento de este  complejo problema.-