Participación Ciudadana pide a Organismos Internacionales revelar estudio sobre los niveles de corrupción en República Dominicana
El Movimiento Cívico indica que hace casi dos meses que estos organismos anunciaron la investigacón y re que se indague sobre múltiples casos.
Participación Ciudadana pidió a los Bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, al Programa de las Naciones Unidas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la Delegación de la Comisión Europea y la Embajada de España presentar los resultados del estudio sobre los niveles de corrupción en el país anunciado en diciembre pasado.
Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que hace casi dos meses que la ciudadanía recibió la información de que estos Organismos Internacionales acordaron con el presidente Fernández designar un grupo de expertos para la realización de un diagnóstico sobre los niveles de corrupción prevalecientes en la República Dominicana y formular recomendaciones para enfrentarla.
En una carta enviada a los representantes de dichas Entidades, Participación Ciudadana manifestó su apoyo a la iniciativa, pero aclaró que el problema de la corrupción no se origina en la falta de diagnósticos y ni siquiera en el desconocimiento de los mecanismos para enfrentarla, sino que es un asunto de decisión para combatirla.
El Director Ejecutivo de PC dijo que aunque desconocemos los términos de referencia de dicho estudio, nos permitimos sugerir que en el mismo se evalúe importantes denuncias de corrupción que no han sido debidamente aclaradas, a pesar de tener méritos suficientes para ser investigadas y sancionar a los que resultaren culpables como son: El desayuno escolar, el reparto de dinero a dirigentes del PLD a través de las nóminas CB, los vínculos entre estamentos de poder con los pasados fraudes bancarios, las relaciones de funcionarios civiles y militares con el narcotráfico y el lavado de activos, el uso para fines políticos de la asistencia social del Estado, los escándalos que se han generado en torno al uso de los recursos públicos en la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, la Secretaría de Estado de Obras Públicas, el Programa de Reducción de Apagones, así como en la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, por la remodelación del Palacio de Bellas Artes y de la Catedral de San Juan de la Maguana.
Otro caso de estudio que proponemos es el de la Sun Land, contrato realizado sin conocimiento de la opinión pública, mediante el cual se violaron distintas disposiciones legales relacionadas con el presupuesto nacional, la planificación e inversión pública, el manejo de la deuda, la contratación de obras y el control y auditoría de fondos públicos.
Cabreja indicó que en este último caso el Presidente de la República otorgó un poder a un funcionario público de segunda categoría, autorizándolo a emitir y negociar títulos valores del Estado Dominicano y colocarlos en el mercado internacional de capitales, por valor de 130 millones de dólares.
El Movimiento Cívico agregó que “se autorizó a esa empresa, apenas conocida en el país en algunos negocios turbios, a que a su vez subcontratara a otras empresas para construir unas 11 obras públicas, todo ello sin concursos, sin ningún tipo de competencia”. Posteriormente se le autorizó cambiar las once obras contratadas por sólo cinco, sin presupuestos conocidos. Finalmente las indicadas obras no se ejecutaron.
PC dijo que además sería conveniente que el estudio trate de determinar por qué en la República Dominicana las leyes no se aplican, especialmente las normas destinadas a regular el uso de los fondos públicos, como la ley 340-06 de Contratación Públicas, la 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la de Cámara de Cuentas, la ley 82-79 de Declaración Jurada de Bienes y otras.
La Organización No Gubernamental agregó que es cierto que posiblemente en la República Dominicana haya que perfeccionar algunos mecanismos legales para facilitar el trabajo del combate a la corrupción, pero más bien es un asunto de voluntad política, de contar con independencia de poderes y un ministerio público profesionalizado y alejado del interés político.
De todos modos, esperamos que el referido estudio contribuya a materializar las reiteradas promesas de enfrentar el grave problema de la corrupción como la expuesta por el presidente Fernández el 16 de mayo del 2004 y en abril del año pasado cuando encabezó la puesta en circulación del "Plan Estratégico República Dominicana Transparente de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012″, en donde aseguró que desde el gobierno habrá tolerancia cero para todo aquel que cometa actos dolosos en instituciones del Estado, cuyas promesas no han sido cumplidas.
Participación Ciudadana dijo confiar en que las propuestas que surjan del estudio sean aplicadas, contrario a lo que ha ocurrido hasta el momento.
El Movimiento Cívico no partidista dijo esperar con interés los resultados del estudio, mientras mantiene su compromiso de denunciar, someter y apoyar las acciones judiciales que emprendan instancias del gobierno o de la sociedad civil para poner freno a la ola de corrupción e impunidad que impera en la República Dominicana.
