PC solicita el cumplimiento de la Ley No. 194-04 sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa del Ministerio Público y del Poder Judicial y la designación del Defensor del Pueblo
Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, solicita al Senado y a la Cámara de Diputados que den cumplimiento a la Ley No. 194-04, donde se consigna que el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público será “de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto General del Estado, los cuales se deben distribuir en un 65% del 4.10% para el Poder Judicial y un 35% del 4.10% para el Ministerio Público.
De igual manera, recuerda que debe asignar recursos a la Oficina Nacional de Defensa Pública, la cual hasta el momento opera en sólo 22 Distritos Judiciales, estando imposibilitada de garantizar el derecho a la defensa en 19 distritos judiciales, en franca violación de la Constitución del 2010.
El párrafo del artículo 5 de dicha ley establece que “cada tres años deberán ser revisados los porcentajes con el propósito de adecuarlos a las necesidades” tanto del Poder Judicial como el Ministerio Público, situación que no se ha hecho hasta el momento en franca violación a la ley y a la Constitución.
La real independencia del Poder Judicial no sólo descansa en su autonomía funcional sino en la garantía de poder contar con los recursos económicos necesarios para que la actividad judicial alcance la calidad que exige la ciudadanía .Los procesos de reforma y modernización del sector justicia están paralizados por no contar con los recursos necesarios para su implementación plena.
El Ministerio Público debe iniciar el proceso de captación de aspirantes a los fines de poder dar respuesta con un personal de carrera en la investigación y persecución penal para poder contribuir de manera efectiva a la demandada seguridad ciudadana. De igual manera, no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia organizada por falta de los recursos para la adquisición de los mismos, situación que debe preocupar a toda la sociedad.
Los jueces, los fiscales, defensores públicos y los empleados administrativos de dichas instituciones laboran con grandes carencias lo que explica la dificultad de respuesta rápida y oportuna frente a las demandas de la ciudadanía de acceso a la justicia.
Participación Ciudadana solicita, además, a la Cámara de Diputados y al Senado la designación del Defensor del Pueblo, ya que es inaceptable que el Poder responsable de legislar y fiscalizar en representación del pueblo, sea el primero que no cumpla con la Constitución de la República Dominicana.
Consejo Nacional
14 de diciembre de 2012
