PC valora la sentencia TC 256-14 como un golpe de estado a los derechos humanos del pueblo dominicano
Participación Ciudadana expresa su más rotundo rechazo a la sentencia 256-14 emitida por el Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Esta decisión constituye el peor atentado al Estado de Derecho en la Republica Dominicana de las últimas décadas, superando al fraude electoral perpetrado en el año 1994 que conmovió al país y al mundo y obligó a una salida que permitiera volver al Estado de Derecho.
Mediante esta vergonzosa sentencia, violatoria del derecho internacional, de los derechos humanos, de la Constitución de la República y de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se pretende arrastrar a todo el pueblo dominicano a una situación de indefensión con tal de eludir los efectos creados por la decisión del Tribunal Constitucional y de la Junta Central Electoral de despojar de su nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de extranjeros establecidos en el país.
La sentencia TC 256-14 ha concertado el repudio generalizado del mundo y de las fuerzas democráticas e institucionalistas del país, porque pretende dejar a dominicanos y dominicanas sin la única instancia verdaderamente independiente en la protección de derechos humanos, en un país históricamente sometido al abuso, el crimen de Estado, la arbitrariedad, el despojo de derechos y una larga lista de violaciones.
La Convención Americana de los Derechos Humanos fue debidamente aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 739 de fecha 25 de diciembre de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial No. 9460 del 11 de febrero de 1978, bajo un régimen que se había caracterizado por las constantes violaciones a estos derechos. Es una vergüenza que 36 años después, luego de tantas luchas y afanes por construir una sociedad democrática de derecho, se pretenda despojar a este pueblo de una prerrogativa de la que gozan los países democráticos y que fue establecida precisamente para proteger a las personas más vulnerables contra los abusos del poder.
El Partido de la Liberación Dominicana que, a través de diferentes voceros y dirigentes ha estado impulsando y apoyando esta serie de despojos, debería sopesar bien las implicaciones que tienen sus decisiones y el derrotero por el que están conduciendo al país, pues las consecuencias que traerá esta decisión sólo benefician a los mismos que siempre han abusado de este pueblo, es decir, a los sectores más oscuros que crecen a la sombra de un nacionalismo que ha ganado fuerza en base a recursos sustraídos del erario público.
Participación Ciudadana, exhorta al presidente Danilo Medina, a no permitir que su gobierno corra con la responsabilidad de desvincular a los dominicanos del sistema interamericano, ya que está bien claro y ha sido advertido de que el país no puede pretender que le permitan mantenerse dentro de una convención internacional sin cumplir con los compromisos que conlleva y en este caso, sin someterse a los órganos establecidos en la Convención Americana.
La única forma de que los países, las instituciones y las personas crezcan es haciendo las cosas bien y si el presidente Medina se siente obligado a acatar esta sentencia y salir airoso de esta difícil situación, debe enviar al Congreso Nacional el instrumento de aceptación de la Corte IDH para la ratificación que exigen los nacionalistas, toda vez que la República Dominicana es una país donde las altas cortes e instancias superiores del sistema de justica ordinario y constitucional, están controladas por el partido en el poder y conformadas por allegados a un ex Presidente, que actualmente lucha por volver al poder. En estas circunstancias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye la última garantía de ciudadanos y ciudadanas.
El Estado dominicano está en la obligación internacional de cumplir con las decisiones de la Corte IDH, particularmente en los casos Yean y Bosica, Narciso González, y personas dominicanas y haitianas expulsadas, y no puede argumentar circunstancias de derecho interno frente a decisiones que le han sido desfavorables.
El movimiento cívico no partidista llamó al pueblo a defender las conquistas que tanto sacrificio y sangre ha costado y a manifestar por todos los medios disponibles su decisión de avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, donde se garanticen y protejan de forma efectiva los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio dominicano.
CONSEJO NACIONAL
Noviembre 11, 2014
