Las puertas giratorias y el Estado dominicano

 Por Cándido Mercedes

 “En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto, los problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riegos producidos de manera científico-técnica.”

 (Ulrich Beck: La sociedad del riesgo).

Oteando con los ojos entreabiertos parecería que alcanzamos a ver un horizonte desestructurado donde el conjunto social, expresado en los tejidos político, empresarial e institucional, colindan de manera impulsiva, de manera sempiterna; empero, más agravado en los últimos 25 años.

El lobbismo (que no existe como figura jurídica en nuestro país) se acrecentó. El tráfico de influencia, vía empresarial, acusó un desbordado sitial. Las puertas giratorias, de tanto producirse, se constituyeron en una norma. Las puertas giratorias, son la capacidad del empresario de entrar a los órganos del Estado, en sus principales mecanismos de control, de puestos de altas jerarquía (entrada) y de volver (salida) a las organizaciones privadas.

Al mismo tiempo, se produce desde la dimensión política, esto es, de cómo los directivos en el tren gubernamental, los políticos, se encuentran en el Estado para después de un tiempo pasar al sector privado. Es doble vía que se van dando de manera recurrente. Es sistemático y se expresa en ambas direcciones. No es que la división social del trabajo se diluyera sino como descomposición en el proceso de acumulación más rápido y más descarnada.

Las puertas giratorias se han convertido en un fenómeno social, pues expresa un modo de articulación, de vinculación de dos elites: la política y la empresarial, que tiene como protagonista al Estado. El político que llega y establece relaciones con una parte del tejido empresarial y, a veces por no decir muy a menudo, se hace rico y luego se transforma en burgués al construir su “riqueza” en capital. Los hay que saltan al sector privado con todo el expertise, el know how adquirido y con informaciones privilegiadas.

Los apologistas del sector empresarial muy a menudo aluden que como ventaja que estos llevan sus capacidades, competencias y experiencias gerenciales a fin de eficientizar y actuar con mayor eficacia y calidad en el Estado. Empero, se olvidan de que gobernar es mucho más que gerenciar. Lo trascendental para encontrar el equilibrio es como logramos controlar, regular la puerta giratoria en el sentido del tiempo de entrada y de salida y el grado de recurrencia con que ocurren y, al mismo tiempo, de cómo evitar la sangría de la corrupción.

En la sociedad dominicana no hemos conocido la figura jurídica del LOBBISMO. En los países que existe hay regulaciones y controles. Lo que se da en el tejido social nuestro es una enormidad de tráfico de influencia a todos los niveles y en todos los estratos de la pirámide social. Esto hace que los conflictos de intereses prevalezcan como un juego de niños que conforman las costumbres y tradiciones. Es tan vasta su dimensión que los distintos actores – político-empresarial y social – los asumen como una norma. No se “dan” cuenta cuando están en presencia de “conflicto de intereses”. Sobre todo, en una sociedad donde había una supremacía, una privilegiación y priorización en los dilemas éticos.

Hay una ausencia, debilidad y falencia en el marco legislativo frente a esta realidad que lo que hace es recrudecer la corrupción. Constituye uno de los soportes de porqué somos una de las sociedades con mayor testaferrismo y presta nombre. Los casos que estamos viendo, Anti pulpo y Coral, forman parte del tinglado de las puertas giratorias en toda su variedad. Aunque justo es resaltar que podemos estar en presencia de una puerta giratoria que no conlleva necesariamente delito alguno, solo el fino hilo de la delicadeza y reciedumbre ética moral lo impide; sin embargo, no amplifica un axioma inexorablemente hacia la conducta delictiva o conflicto de intereses.

Ese ir y venir en doble vía del sector público al privado, llamado puerta giratoria, se ha producido con mucha frecuencia en el Estado dominicano. Tal vez por la configuración del Estado en la época de Trujillo donde el peso de la administración es significativo en el tejido social y empresarial. En los doce años de Joaquín Balaguer (1066-1978) el otrora presidente llegó a señalar que se habían hecho más de 300 millonarios y que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.

Tiempo después, muchos de esos funcionarios pasaron a ser empresarios y accionistas de empresas. Lo mismo sucedería en los próximos 10 años de Balaguer (1986-1996). En este último interregno el gobernante nonagenario fortaleció a esos sectores y el tráfico de influencia seguiría gravitando; empero, la acumulación originaria de capital sería menos estrepitosa. Los empresarios, ayer como hoy, tienen las puertas abiertas en el Palacio. No conozco ningún país donde ese sector fáctico incida tanto en la construcción de leyes y en la gravitación de políticas públicas.

En los últimos 25 años las puertas giratorias se darían con mayor incidencia desde lo público hacia lo privado. Muy pocos empresarios ocuparon puestos en el tren gubernamental. Algunos dieron un buen servicio al país y no crearon distorsiones negativas. Solo que la sensibilidad los llevó a desempeñar un cargo público que refleja, cuando lo hacen con entereza y dignidad, el grado de compromiso e identificación con su país.

El “devolving door” como se dice en anglosajón es la puerta giratoria que implica desplazamiento de personas, generalmente de cargos encumbrados, en la cima del poder del Estado (público). En nuestra sociedad no ocurre con mucha frecuencia por dos razones: una parte de la elite política no tiene una alta competencia profesional para irse al sector privado y además, vivimos en pleno Siglo XXI, en el Capitalismo familiar; la otra explicación es lo desacreditada que se encontraba la política que impedía que actores empresariales fueran al sector público.

Lo más trascendente de la puerta giratoria, desde la óptica del sector privado en el plano de lo público, son los riesgos que se producen al no poder diferenciar los distintos actores (público y privado) y, el grado difuso con que toman las decisiones pudiendo crear no solo la captura en las acciones y decisiones sino la entera captura del Estado, cambiando las normas y leyes del mismo para su beneficio. Ahí se encuentra el verdadero dilema de la calidad y desarrollo de la democracia cuando no se sabe vincular y los distintos intereses, cuando siempre debería ser lo colectivo, lo público. La captura institucional está permanentemente al acecho, sobre todo, si la elite empresarial es muy dominante en su visión corporativa.

Aquí, como en todas partes, la calidad de la democracia depende hondamente de la visión de esa elite empresarial a corto, mediano y largo plazo, de la sociedad y de la calidad, competencia y honor de la elite política. Sin esa articulación viabilizadora el desarrollo de la democracia no es posible ni sostenible. Balaguer logró una alta autonomía desde la dirección del Estado que le permitía la articulación con la elite empresarial, desde la visión de su interpretación sin presión desde lo privado. A partir de 1996 las puertas giratorias, acusaron una dimensión cuasi demencial. Empresarios golondrinas llegaron al Estado en puestos públicos y acumulaban más fortunas de la que en todos sus años anteriores no habían logrado, al tiempo que otros que llegaron sin nada (político) se hicieron potentados y luego crearon empresas mediante testaferros para esconder la riqueza que no podían explicar legal y razonablemente.

Llegaron de la empresa a lo público para volver a la empresa en doble dimensión: empresarios –políticos, empero, con más poder económico. Urge todo un proceso de regulación como lo tiene el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, donde los incumbentes, incluyendo los Miembros de la Junta Monetaria, no pueden trabajar en otras organizaciones por espacio de un año. Esto así para evitar lo que sucedió con una persona que formaba parte de la Unidad de Análisis Financiero y pasó a trabajar en la defensa de un imputado.

Se requiere normalizar el lobbismo, reducir al máximo el tráfico de influencia que expande la corrupción y que desde la dirección del Estado no se negocie con actores individuales del sector empresarial sino con las organizaciones. Ello ayudaría a disminuir la bipolaridad de intereses entre las instituciones que representan y luego sus intereses individuales en el Palacio con el “lobbismo” sin preámbulo.