Urgente llamado sobre la Ley de Partidos
Nuestra organización con la fuerza moral de haber participado y dado seguimiento durante dos décadas a los esfuerzos y consensos por una ley que regule la actividad partidista en orden a la consolidación de la institucionalidad democrática, y tras la aprobación de un polémico proyecto pendiente de segunda lectura en el Senado de la República, Participación Ciudadana quiere apelar una vez más a los actores políticos y legisladores con las siguientes consideraciones y propuestas:
La imposición de un único mecanismo, primarias abiertas, simultáneas y bajo organización de la Junta Central Electoral, para elegir las candidaturas de los partidos políticos a los cargos electivos no ha sido objeto de consenso desde el primer proyecto de Ley de Partidos elaborado en 1998-99 por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, creada por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ni en ninguna de las otras concertaciones que le siguieron, como las del 2001-02, la del 2009 y la del 2012.
En la actualidad las primarias abiertas son objeto de un rechazo político y social generalizado, y que dividen hasta el propio partido (PLD) que tiene casi absoluto control del Congreso Nacional. Sólo respaldado por un partido aliado, el Revolucionario Dominicano. Ninguno de esos dos partidos ha convocado sus organismos directivos para aprobar una propuesta que por su naturaleza contradice hasta sus propios estatutos, los cuales establecen que son sus miembros quienes eligen sus candidatos.
El padrón abierto para las candidaturas ha sido rechazado reiteradamente por casi todos los partidos reconocidos, resaltando el bloque de once partidos de oposición al gobierno, pero también por los restantes, incluso casi todos los aliados electorales del PLD, agrupados en el Foro Permanente de Partidos Políticos. Igual ha sido generalizado el rechazo entre las instituciones sociales preocupadas por la institucionalidad democrática
La imposición del padrón abierto sería una aventura que podría conducir a mayores confrontaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, cuyo presidente ha adelantado que no propiciará una legislación para satisfacer el interés grupal. Y se sabe que allí faltarán unos 30 votos para lograr los dos tercios necesarios para la aprobación de esta ley orgánica.
No quisiéramos dar crédito a las versiones de que se podría estar planeando reproducir en la Cámara de Diputados el mercado de compras de votos que viabilizó la reforma constitucional del 2015. Pero aún si ese proyecto pasara sin el menor consenso en la Cámara de Diputados, ya se ha adelantado que se recurriría al Tribunal Constitucional buscando que se ratifique la declaratoria de inconstitucionalidad que anuló la ley 286-04 que estableció las primarias simultáneas, con padrón abierto y bajo responsabilidad de la JCE, como se replantea en el proyecto aprobado en primera lectura por los senadores.
Participación Ciudadana entiende que sería un proceso tan extenso y cuesta arriba que sumiría el país en la confrontación política y reduciría la gobernabilidad democrática, consumiendo suficiente tiempo para que la ley de partidos no tenga efectos en las campañas por las candidaturas a definirse el próximo año, ya en marcha en varios partidos. Hay quienes creen que en última instancia lo que se persigue con el intento de imposición es que no haya ningún límite ni ordenamiento.
Es obvio que dentro de ese clima de confrontación sería mucho más difícil consensuar y aprobar la nueva Ley del Régimen Electoral, también bajo ponderación del Congreso Nacional, llamada a adecuar el sistema electoral al marco de la Constitución del 2010, lo que debió hacerse hace más de siete años. Las experiencias recientes indican que el país no debe exponerse a otras elecciones generales sin adecuar su legislación a los requerimientos democráticos.
Recordamos que la Junta Central Electoral ha advertido de las graves dificultades que entrañaría una elección de candidatos por todos los partidos al mismo tiempo, sobre todo para el procesamiento de los resultados, cuando a cada cargo podrán optar tres precandidatos por partidos. Así para las elecciones municipales, con casi 4 mil cargos en juego, habría que contarle votos individuales a unos 12 mil aspirantes por partido, 48 mil en total, si la ley sólo obliga a los que han obtenido más del 5 por ciento de los votos, que son cuatro. La experiencia del procesamiento del voto preferencial por los 190 diputados, que le ha tomado a la JCE dos semanas, hace temer que lo propuesto por los senadores sería un acto de irresponsabilidad.
También se ha advertido lo riesgoso que sería embarcar a la JCE en tres elecciones generales en el corto plazo de seis meses, si las primarias son tres meses antes de las municipales de febrero, y luego de ésta la presidenciales de mayo. De haber segunda vuelta entonces serían cuatro votaciones generales.
El proyecto aprobado invade el ámbito de lo que sería la Ley del Régimen Electoral, en su artículo 41 cuando instituye sobre la apertura de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y cuando indica fecha de toma de posesión de "las autoridades electas en mayo". También en el artículo 50, párrafos III y IV al referirse a la alianza para las candidaturas, que no caben en las primarias.
El proyecto aprobado establece que la JCE debe decidir sobre solicitudes de nuevos partidos a más tardar 6 meses antes de las elecciones, cuando lo justo sería a más tardar 6 meses tras la solicitud, que no debería hacerse 6 meses antes de las elecciones.
No establece el porcentaje de la mujer en los cargos de dirección de los partidos, dejándolo a los estatutos. Reduce del 25 al 10 por ciento el porcentaje del financiamiento estatal que los partidos deben destinar a la educación y formación de ciudadanos y miembros. Y mantiene su distribución muy desigual, con 80 por ciento en función de los votos obtenidos y sólo 20 por ciento entre todos los partidos, incluyendo los nuevos. Se ha reclamado una reducción al 70-30 por ciento.
CONSEJO NACIONAL
17 de abril del 2018
