“Lamento el abordaje que está haciendo el Poder Ejecutivo sobre las últimas acciones delictivas que han circulado en los medios de comunicación y redes sociales”.

La Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana lamentó el abordaje que está haciendo el Poder Ejecutivo sobre las últimas acciones delictivas que han circulado en los medios de comunicación y redes sociales.   Las medidas tomadas en la semana pasada no impactarán en la disminución de los actos delictivos porque son acciones para dar respuesta a la alarma social y no como resultado de una política criminal.

Rosalía Sosa Pérez manifestó que la seguridad ciudadana está siendo tratada como un asunto exclusivo de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del juez y demás agencias que cumplen con la función de “seguridad del Estado”, y es muy poca la atención que se le ha brindado a la prevención, con lo cual no se asume con responsabilidad los factores desencadenantes de muchas actividades delictivas que con efectivas políticas pudieran desactivarse.

El problema es que se aborda desde la óptica reactiva y a corto plazo para responder a la alarma social generada por el aumento de actos que atentan contra la propiedad y la integridad física de los ciudadanos, de lanzar policías a las calles, de reactivar los proyectos de ley pendientes como el Código Penal, ley de armas, ley de la policía nacional, pero no se asume con responsabilidad con un plan operativo donde estén involucrados todos los entes y órganos del Estado, aclaró la doctora Sosa Pérez.

Si bien el delito es toda aquella conducta prohibida por la ley penal, las perspectivas reactivas de persecución y normativas no son suficientes para comprender y prevenir la criminalidad. Hay que entender que el delito proviene del conflicto que involucra a personas y que se manifiesta en un contexto determinado.  El delito es un indicador de conflictos que no encuentra una solución satisfactoria y pacífica a través de mecanismos comunitarios o institucionales.  Desde esta óptica, es necesario apreciar la criminalidad como un problema y al fenómeno de la conflictividad como realidad social que precede al delito y que resulta de un conjunto de factores que se presentan con mayor violencia y sofisticación.

A toda ésta situación se agrega el alto nivel de ineficiencia en el control, investigación, persecución, juzgamiento de las formas tradicionales de la criminalidad, lo que ha creado un ambiente de impunidad y complicidad, dimensionado por la sensación de inseguridad al delito que siente la población tanto dentro de sus casas como en todos los espacios públicos y privados, expresó la dirigente de la organización de la sociedad civil.

Desde Participación Ciudadana estamos trabajando en las Casas Comunitarias de Justicia para disminuir la conflictividad social, para que la gente resuelva sus conflictos a través del diálogo y se disminuya en los barrios la violencia.  Trabajamos para que los conflictos se resuelvan a través de la mediación y con ello contribuimos a la desjudicialización de los mismos y que no ingresen al sistema de justicia.  Las Casas Comunitarias es el único ejemplo de coordinación y cooperación entre actores del poder judicial, del poder ejecutivo, de los gobiernos locales  y de la sociedad civil, afirmó la profesora universitaria.

Agregó que conjuntamente la Fundación Institucionalidad y Justicia implementan un Proyecto desde la ciudadanía sobre seguridad ciudadana, para que la ciudadanía entienda que el Estado debe implementar políticas que garanticen adecuadamente la seguridad ciudadana como un derecho fundamental sobre la base del respeto a los principios democráticos.

Esperamos que el abordaje de la conflictividad, la violencia y el delito, se asuma con las instituciones que realmente pueden incidir tanto en la prevención como en la persecución para que las políticas públicas conjuntamente con la ciudadanía sean más eficaces y que puedan incidir no sólo  frente a los hechos punibles sino también al hecho previo  al delito, esto es, la prevención, concluyó Sosa Pérez.