PC exhorta al Presidente Danilo Medina urgente aprobación Reglamentos Ley de Regulación Salarial y Ley Orgánica de Administración Pública
Participación Ciudadana lamenta el rezago del Poder Ejecutivo para impulsar la implementación de la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que fue promulgada el 6 de agosto del 2013, hace un año. Igualmente registramos los mismos síntomas y lentitud para poner en marcha la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12, la cual fue promulgada, hace 2 años y aún continúa sin ser aplicada.
Aprovechamos para reiterar que el Presidente Danilo Medina, cuando firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, se comprometía a: “AUSPICIAR la eliminación de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas y de esta manera contribuir a la erradicación del clientelismo, una perniciosa forma de corrupción”.
Lamentamos que a 2 años de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Administración Pública, aún no se aprueba el Reglamento General de Administración Pública, como ordena el artículo 86 de la misma Ley, que establece que: “El o la Presidente de la República concretizará su política organizativa, en implementación de la presente ley, mediante un Reglamento General de la Administración Pública deliberado en Consejo de Ministros y que constituirá un conjunto coherente y actualizado de normas y nomenclatura de referencia para la Administración Pública bajo jerarquía o tutela del Poder Ejecutivo”.
Participación Ciudadana entiende que se han violentado todos los plazos establecidos en la propia normativa, para la aprobación del Reglamento de Aplicación para impulsar la operatividad y cumplimiento; entre ellos se tenía un plazo de 1 año para la reestructuración de los órganos consultivos nacionales, suprimiendo las duplicidades existentes, creadas por décadas en la administración pública. Para ello falta la aprobación del Reglamento de Aplicación y la firme determinación de garantizar su cumplimiento.
En la misma situación de atraso en su implementación se encuentra la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, que fue promulgada el 6 de agosto del 2013, hace un año, donde se tenía un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Administración Pública elaborara el reglamento de escala salarial e incentivos para los entes y órganos dependientes o vinculados al Poder Ejecutivo, el cual debió ser dictado por el Presidente de la República y aún no lo hace.
Recientemente, el Ministro de Administración Pública (MAP), señaló que el Reglamento de la Ley de Salarios, se encontraba en el Despacho de la Consultoría Jurídica. El mismo es indispensable para poner a caminar ese importante instrumento de la Administración, que vendría a organizar uno de los aspectos más neurálgicos del Estado Dominicano: el desorden salarial y la desigualdad que impera en el mismo, a la hora de su asignación.
Participación Ciudadana advierte que la ausencia del Reglamento que debe servir para implementar la Ley de Regulación Salarial, está vulnerando y desconociendo la propia Constitución en su Artículo 140, que reza “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”. Esto indica que la carencia de dicho Reglamento constituye una violación a la Constitución.
Participación Ciudadana demanda que estos dos Reglamentos pendientes de aprobación y en manos del Presidente de la República sean aprobados, ya que su inobservancia a esta fecha están violando preceptos constitucionales, así como a las mismas leyes, pues las fechas previstas para emitir sus respectivos reglamentos ya caducaron, poniendo en inmovilidad los mecanismos institucionales de aplicación de dichas leyes, así como la efectividad gubernamental, elementos primordiales de la gobernanza.
