Ante una ofensiva contra la observación electoral independiente
Participación Ciudadana reitera su compromiso de observar las elecciones presidenciales del 2012 en forma independiente, como lo ha hecho desde 1996. Al mismo tiempo expresa su consternación y alerta a la sociedad por el nivel de intolerancia e interés de la presidencia de la JCE por controlar la observación electoral que se lleve a cabo desde las organizaciones de la sociedad civil.
El 2 de noviembre emitimos el Primer Informe de Observación Electoral 2012 destacando los elementos críticos encontrados, del mismo modo que reconociendo los avances que se han verificado en el organismo responsable de organizar y llevar a cabo las elecciones.
Expresamos preocupación por la propensión del presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, a tomar iniciativas importantes sin previamente presentarlas a la aprobación del pleno de un organismo que por naturaleza y ley es colegiado. Presentamos tres elementos indicativos de esa debilidad institucional:
a) Presentó a los partidos políticos su proyecto para crear una gerencia informática sin previamente entregarlo, discutirlo y aprobarlo en el Pleno.
b) Retuvo, sin entregarlo a los demás titulares del organismo, el proyecto de reforma de la ley electoral elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le fuera entregado personalmente por el secretario general José Miguel Insulza el 26 de septiembre pasado, contraviniendo una práctica administrativa de colectivizar los documentos dirigidos a la JCE. Después de nuestro informe es cuando esa propuesta llegó a manos de los miembros del Pleno de la JCE.
c) Se desplazó a la sede de la Unión Europea en Bruselas el 20 de junio pasado y solicitó financiamiento para “auspiciar observación electoral” sin que antes ni después esa gestión haya sido aprobada por el Pleno. Ni siquiera presentada a sus miembros.
En vez de referirse a estos elementos fundamentales o a la preocupación que expresamos sobre la tardanza en adecuar el marco institucional de la JCE al nuevo orden constitucional, el miembro titular del órgano electoral José Ángel Aquino emitió una declaración con una serie de acusaciones sin fundamento, como el de atribuirnos “el defender el derecho de exclusividad de observación del proceso electoral”, cosa que no aparece ni aparecerá en ninguna declaración o documento de Participación Ciudadana.
El deterioro de los mecanismos institucionales en la JCE nos preocupa y seguirá siendo objeto de toda nuestra atención por las implicaciones que tiene en la transparente gestión de las elecciones, para que siempre prevalezca el sagrado derecho ciudadano a elegir libremente sus autoridades.
Lo más grave de la declaración del doctor Aquino, distribuida por escrito a través del aparato institucional de la JCE, es que ya dictaminó la descalificación de Participación Ciudadana como ente responsable para realizar la observación de los procesos electorales, materia en la cual tenemos un crédito bien ganado a lo largo de las últimas dos décadas.
Alertamos a la sociedad dominicana por las implicaciones de esta ofensiva, y en particular de esta última descalificación, mientras por otro lado el doctor Rosario busca auspiciar su propia y controlada observación electoral, como quedó patente en la reunión que convocó la pasada semana, a la que asistieron más de un centenar de personas de diferentes entidades de todo el país, a muchos de los cuales el propio Rosario llamó para encarecerles su presencia. Al final se les ofreció pagarles los gastos del viaje.
Con algunos de los integrantes de la actual JCE, que integraban la anterior Cámara Administrativa, nuestras discrepancias se originaron a raíz de haberse encontrado situaciones anormales en la firma y la ejecución del contrato con la empresa SOMO (Soluciones Modernas), para la automatización del registro civil, proyecto que a la postre resultó de muy limitada utilidad, a pesar de que tuvo para los contribuyentes dominicanos un costo multimillonario en dólares. En adición, algunos miembros de la JCE se han sentido también afectados por la crítica de Participación Ciudadana a la forma como fueron escogidos por el Senado de la República, con repartición partidaria, a lo cual nos hemos opuesto desde nuestra fundación.
El más reciente motivo de discrepancia se relaciona con el reclamo de Participación Ciudadana, en el sentido de que la dirección del Centro de Cómputos del proceso electoral recaiga sobre una persona que disfrute de la credibilidad pública y del consenso de los partidos y candidatos a la Presidencia.
Participación Ciudadana no quiere conflictos con las autoridades de la JCE y más bien, como ha sido pauta desde nuestra fundación hace 18 años, reitera su disposición de mantener una relación de colaboración en los propósitos que nos son comunes, como el fortalecimiento del sistema electoral que es fundamento de la democracia, con procesos transparentes y participativos, preservando siempre la independencia del organismo electoral y de nuestra organización.
Hemos reconocido que el sistema electoral dominicano ha registrado avances fundamentales a partir de las reformas y el espíritu de concertación derivados de los traumas electorales de 1990 y 1994. Todas las autoridades electorales electas a partir del 1994 han contribuido a esos avances, pero también los partidos políticos, las organizaciones sociales y medios de comunicación, así como entidades internacionales.
Participación Ciudadana ha realizado contribuciones importantes al mejoramiento del sistema electoral. Hemos colaborado activamente con la JCE, a veces junto a instituciones internacionales, y en numerosas ocasiones hemos tenido tensiones derivadas de nuestros sistemáticos reclamos de transparencia y consenso entre los actores políticos y los organismos públicos. Sin embargo, nuestra colaboración, la observación de los procesos y nuestros conteos rápidos de los resultados de los escrutinios siempre terminaron recibiendo cálido reconocimiento de las juntas que presidieron los doctores César Estrella Sadhalá (QEPD), Juan SullyBonnelly, Manuel Ramón Morel Cerda, Luis Arias y Julio César Castaños Guzmán.
No queremos que sea diferente con las actuales autoridades electorales. Por eso desde el 28 de septiembre solicitamos una audiencia al Presidente de la JCE para presentarle nuestro plan de observación de las elecciones del 2012, la que aún no ha sido concedida.
Ni ahora ni nunca hemos pretendido monopolizar el derecho a la observación electoral. En todos los procesos desde 1996 hemos buscado y obtenido la participación de decenas de entidades de los más diversos ámbitos sociales, religiosos, empresariales y comunitarios. Esperamos que muchas otras organizaciones se animen a participar en la observación electoral.
Hemos coordinado observación internacional y dado apoyo a misiones de observadores de la OEA, del Acuerdo de Lima, del Centro Carter, de CAPEL y de varias embajadas acreditadas en el país. E incluso hemos organizado seminarios, conjuntamente con la JCE, para observadores internacionales.
Para el proceso actual, estamos en la mejor disposición de aunar nuestros esfuerzos con cuantas organizaciones y personas compartan nuestros principios y aspiraciones. Pero no hemos buscado ni podríamos aceptar apoyo financiero de la JCE, ni del Gobierno Dominicano ni de ningún partido o candidato, así como tampoco admitir que nos lo gestionen de otras fuentes, porque lo creemos improcedente al ser dichos agentes los objetos de la observación electoral. Tampoco nunca antes la autoridad electoral pretendió financiar la observación de las elecciones, limitándose a reglamentarlas y esperamos que así siga siendo para evitar confusiones de roles.
Como ha sido de nuestra esencia, la colaboración con las autoridades para nada implica que renunciemos a nuestros esfuerzos por perfeccionar aún más el sistema electoral y la institucionalidad democrática que todavía requieren importantes reformas. Como tampoco dejaremos de abogar por los necesarios consensos de los actores políticos en materias tan sensibles como la dirección de informática de la JCE, como lo requiere la misma ley electoral.
CONSEJO NACIONAL
17 de Noviembre del 2011.-
