PC denuncia fisco pierde más de 200 millones de pesos por exoneraciones a Legisladores

Indica que la Suprema Corte Justicia no ha conocido recurso de inconstitucionalidad depositado por PC en contra de exoneraciones luego de un año.

El año pasado, el movimiento cívico Participación Ciudadana hizo de público conocimiento un informe contentivo del escandaloso caso de las exoneraciones de vehículos de lujo a los legisladores, abusando de sus funciones, y por medio de las cuales, el Tesoro Nacional había dejado de percibir más de mil millones de pesos en los ocho años previos.

Consecuencia de ello, nuestro propio movimiento sometió una acción ante la Suprema Corte de Justicia demandando la declaración en inconstitucionalidad de la ley que faculta a los miembros del Congreso a traer, cada dos años vehículos de motor exonerados sin límitación alguna, dándose el caso de que vehículos de las marcas más sofisticas, caras y reputadas mundialmente, entraran al mercado local libre de impuestos, en franca violación a lo preceptuado por la Constitucional de la República cuando “condena todo privilegio y situación que venga a quebrar la igualdad entre todos los dominicanos y dominicanas” y dispone que “la ley es igual para todos.” “Sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad…” , proscribiendo toda forma de corrupción, particularmente aquella de personas que se prevalezcan de sus funciones “para beneficio propio de familiares , relacionados o terceros.”

Pero pasado más de un año, todavía ni la Suprema Corte de Justicia ha conocido la instancia sometida por Participación Ciudadana, ni los miembros del Congreso han puesto en agenda algún proyecto que modifique y corrija esa mala práctica.

Por lo contrario ha continuado la fiesta. Traer carros lujosos se ha convertido en una fórmula de acumular riquezas y empobrecer al pueblo y a las comunidades a quienes los legisladores se deben, más que a sus propios partidos e intereses. En el mismo año 2010 el Ministerio de Hacienda procesó la exoneración de 127 exoneraciones más, con un sacrificio fiscal ascendente a RD$266.8 millones, con los cuales el Estado pudo haber financiado importantes iniciativas, como por ejemplo en escuelas, hospitales, infraestructura, o múltiples otras necesidades insatisfechas de la ciudadanía.

Se trata de vehículos adquiridos a un costo promedio muy elevado, pues sumado el valor de compra más los impuestos dejados de pagar, en caso de haber sido adquiridos de acuerdo a las normas regulares aplicables a un ciudadano normal, el costo promedio de dichos vehículos comprados ascendió a casi seis millones de pesos.

La tendencia negativa se ha agravado respecto al listado que les entregamos el año pasado, según el cual pudo comprobarse que muchos legisladores alegaban no habían abusado de ese privilegio, al haber usado su exoneración para adquirir vehículos modestos. Pero cada día se ha convertido en más habitual que las exoneraciones correspondan a vehículos que, bajo cualquier parámetro de evaluación, se consideran de lujo, como Rolls-Royce, Maserati, Mercedes Benz, Bentley Continental, Ferrari, Lexus, Porshe, BMW, etc.

En el cuadro que acompaña esta nota se mencionan sólo los vehículos importados el último año con un valor CIF de más de seis millones de pesos. Pero hay muchísimos otros con valores de entre cuatro, cinco y seis millones, sin contar impuestos, lo que los coloca muy por encima de los seis millones si hubieran tenido que pagarlos. Es de notar además que es habitual ver aparecer el nombre de esos mismos legisladores dos años después adquiriendo exoneraciones para nuevos vehículos.

Sin embargo, lo grande del caso es que la mayoría de las veces el vehículo exonerado ni siquiera es usado en las labores congresuales. En numerosas ocasiones se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas por estos a terceros, convirtiendo este beneficio en una especie de tráfico que se presta a situaciones, si no ilegales, al menos carentes de ética e injustificables, porque no se supone que estos funcionarios públicos deban hacer negocios a costa del Estado. Incluso se ha dado el caso de que estos vehículos de lujo han ido a parar a poder de poderosos personajes, muchas veces con capitales cuya procedencia lícita no puede ser comprobada.

El listado de las exoneraciones enviado por el Ministerio de Hacienda a solicitud de Participación Ciudadana, en virtud de la Ley 200-04 de Acceso a la Información Pública, se pone a disposición de los medios, y además puede ser consultado por cualquier ciudadano interesado, entrando a la página web de Participación Ciudadana www.pciudadana.org

Se recuerda que los legisladores han venido haciendo sucesivas reformas a la antigua ley Número 50 de 1966, para provecho propio. La primera ley posibilitaba la importación de un vehículo modesto, sólo cada cuatro años, y sin posibilidad de reventa. Pero con las modificaciones posteriores los legisladores eliminaron la restricción a venderlos, volvieron a modificar la Ley para optar por una segunda exoneración al cabo de dos años, y finalmente se eliminaron las normativas que evitaban la importación de vehículos de lujo, permitiendo la importación sin límite de precios, marcas, modelo, año o consumo de combustible. Es decir, se cambió el espíritu de la ley orientado a evitar que la misma se convirtiera en un privilegio.