Grupos cívicos se declaran en vigilia ante reto de cambios institucionales.
Más de 80 organizaciones unen sus voces contra la falta de transparencia en la gestión pública.
SANTO DOMINGO, República Dominicana .- Una coalición de más de 80 organizaciones de la sociedad civil se declaró en estado de vigilancia ante los cambios institucionales que ocurrirán, como consecuencia de la reforma constitucional, para que se hagan con altura y apego a los mejores intereses del país.
En una declaración conjunta, las agrupaciones sociales advirtieron que estarán atentas- para que se proceda con apego a la ley y a la institucionalidad- al momento de seleccionar el Consejo Nacional de la Magistratura , la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Dijeron que se requiere una mayor movilización ciudadana a favor de la institucionalidad.
Alertaron sobre la necesidad de seleccionar jueces probos, independientes e imparciales, especialmente en el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son definitivas e irrevocables y es la entidad que tendrá la responsabilidad de “garantizar la supremacía de la Constitución , la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.
Manifestaron que tendrán también la vista fija en la escogencia del Defensor del Pueblo, la reestructuración de la Junta Central Electoral (JCE), la conformación del Tribunal Superior Electoral, la integración de la Cámara de Cuentas, la reforma a la legislación electoral y la aprobación de la ley de partidos.
Proclamaron que tienen la expectativa de que el Defensor del Pueblo cuente con la independencia y los recursos necesarios para cumplir con su objetivo y que el Senado actúe con extrema responsabilidad al seleccionar al presidente y los integrantes de la JCE.
Propusieron que el Tribunal Superior Electoral sea integrado por solo tres jueces de reconocida integridad y sus suplentes, lo que haría mas funcional el organismo y evitaría un gasto innecesario de fondos públicos. La nueva Constitución dice que este organismo debe estar conformado por no menos de tres jueces y no más de cinco con sus suplentes.
Respecto a la conformación de la Cámara de Cuentas, las entidades de la sociedad civil consideraron que este organismo debe mejorar sustancialmente su desempeño como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
En el plano político, la coalición manifestó su esperanza en que la ley de partidos –pendiente de aprobación- sirva para contrarrestrar el reparto de prebendas, los engaños, el uso indebido de recursos públicos, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política.
Consideraron propicio el momento para eliminar –de una vez y por toda- el barrilito de los senadores y otras prebendas de legisladores, mejorar el desempeño del Congreso y los ayuntamientos, elevar la calidad del presupuesto a través de un gasto racional y frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado.
El documento, que se publica en espacio pagado, está suscrito, entre otras organizaciones, por L a Lucha , Fundación Justicia y Transparencia (FJT) , Asociación Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) , Centro Juan XXIII , Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Inc. (AEIH) y Federación de Asociaciones Industriales, Inc. (FAI).
También, Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo , Pro-Bien , Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Ciudad Alternativa , Participación Ciudadana , Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes , Solidaridad Fronteriza , Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA) , Radio Santa María y Centro Fe y Cultura Manresa y Colectiva Mujer y Salud.
