Ante la Convocatoria a la Cumbre por la consolidación y ampliación de la gobernabilidad, la sostenibilidad macroeconómica y el desarrollo económico social del país
El movimiento cívico Participación Ciudadana manifiesta su disposición a participar en la reunión cumbre convocada por el gobierno, a condición de que su agenda abarque los aspectos económicos sociales y los políticos institucionales incluyendo los constitucionales, inseparables dentro de un pacto de nación, con la firme resolución de contribuir a que la misma no devenga en otra burla y frustración como tantas que hemos padecido en la historia de los diálogos y consensos nacionales.
Frente a la convocatoria al encuentro de las “fuerzas vivas” formulada por el gobierno dominicano, tras reuniones de su Comisión de Análisis Político y su Consejo Nacional, Participación Ciudadana manifiesta lo siguiente:
1.- Como institución que aboga por la ampliación de la democracia nacional al estadio de la participación de la ciudadanía, no podemos menos que acoger la convocatoria esperando que la misma se inscriba en el espíritu de la solicitud que formulamos en carta que dirigimos al presidente de la República el 8 de agosto pasado, en vísperas del inicio de su actual período gubernamental.
En esa oportunidad, refiriéndonos al escenario de crisis económica derivada tanto de nuestros desaciertos como del ámbito internacional, planteamos la necesidad de “concentrar atención y esfuerzo en lograr un gran consenso nacional para pactar un proyecto de nación que permita corregir todas nuestras distorsiones, eliminar subsidios improductivos, promover la producción agropecuaria, industrial y energética, reorientar la inversión en beneficio de un desarrollo más justo, combatiendo la pobreza, disminuir el dispendio y la corrupción y al mismo tiempo crear un marco constitucional y jurídico que fortalezca la institucionalidad democrática”.
2.- A nuestro juicio no había ni hay duda que los aspectos económicos-sociales tienen que ser prioritarios en cualquier género de concertación nacional por las urgencias que imponen las distorsiones y excesos nacionales y la recesión internacional. Señalábamos que “En una escala de prioridades, nos permitimos sugerir que el necesario pacto nacional conlleve un riguroso calendario y una firme y plural comisión de seguimiento, poniendo en primer lugar los aspectos de políticas económicas y sociales, relegando para una segunda etapa la reforma constitucional”.
Por eso este encuentro debió preceder la aprobación del presupuesto para el 2009 que a juicio de gran parte de las fuerzas sociales no refleja la austeridad, la prudencia y la rigurosa prioridad en el gasto público que demanda la situación. Además de deficitario y poco realista, ya que se fundamenta en niveles de endeudamiento externo sin precedente precisamente en medio de la peor crisis de los mercados financieros internacionales
3.- Si el gobierno quiere real y sinceramente una concertación por la gobernabilidad está obligado a poner a consideración su proyecto de nueva Constitución que no ha sido consensuado con nadie, aunque fue precedido de una consulta muchos de cuyos resultados fueron ignorados o distorsionados. Por otro lado el proyecto contiene conflictivas reformas fundamentales que han sido objeto de múltiples observaciones y rechazos.
Resulta insostenible y hasta burlesco que se pretenda concertar un pacto “para asegurar el avance en el desarrollo económico, social e institucional de la República”, como dice la convocatoria, y que al mismo tiempo se pretenda imponer unilateralmente una nueva carta fundamental de la nación. Más contradictorio aún cuando se ha convocado a “Acordar un programa de trabajo que permita arribar a un gran pacto nacional entre los sectores políticos, sociales y económicos que plasme en una Estrategia Nacional de Desarrollo las prioridades nacionales y los objetivos de desarrollo para los próximos veinte años”.
4.- Planteábamos en nuestra carta del 8 de agosto que la búsqueda de consenso para enfrentar la crisis económico-social obliga a un aplazamiento del conocimiento del proyecto de nueva Constitución porque este “podría desviar la atención nacional de los problemas económicos sociales que nos amenazan y generar un clima más de desacuerdos que de concertación, comenzando por la forma misma de emprender esa tarea”. Ese aplazamiento daría además lugar a que el presidente de la República reivindique el valor de tantas concertaciones previas dejadas en el olvido, aceptando el mayor consenso nacional de las últimas décadas que ha sido la convocatoria de una Asamblea Constituyente de amplia participación social por elección popular para una profunda reforma de la Constitución de la República.
Baste recordar que así fue consensuado en el extenso Diálogo Nacional que auspició el gobierno del presidente Fernández (1997-98), por laboriosas concertaciones de la Comisión Nacional para Reforma del Estado y de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional integrada por el presidente Hipólito Mejía en el 2001, que incluyó representantes de todos los partidos reconocidos, de varias instituciones estatales, de unas veinte organizaciones sociales y de una docena de expertos. Para más obligación moral los tres partidos mayoritarios firmaron en septiembre del 2001 un “Pacto por la Reforma Constitucional” en el que se comprometieron a convocar la Asamblea Constituyente por elección popular. Monseñor Agripino Núñez Collado fue el coordinador de la Comisión Especial y luego encabezó una comisión de seguimiento del pacto en la cual se integró a Participación Ciudadana. Por respeto a nosotros mismos nunca hemos dejado de reclamar el cumplimiento de ese pacto.
5.- Nos sentimos obligados a advertir que la tradición de burlas a los consensos y leyes frutos de encuentros como el que ahora se nos convoca y de largos procesos de negociaciones, ha creado una profunda desconfianza en la capacidad del sistema político para cumplir acuerdos.
Nos referimos a los olvidados acuerdos del Diálogo Nacional y los referentes a la reforma constitucional, incluyendo aspectos claves de la consulta que precedió la elaboración del proyecto bajo consideración del Congreso. El último consenso fruto de negociaciones gubernamentales con instituciones empresariales, sindicales y sociales originó la Ley de Austeridad para el 2007 y todos sabemos que tan pronto fue promulgada el 28 de diciembre del 2006 por el presidente Fernández comenzó a ser violada o ignorada. El “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico” suscrito con el empresariado por el gobierno del presidente Mejía en diciembre del 2002, también fue vulnerado. Resultó imposible poner en vigencia el “Consenso sobre Políticas Sociales” del 1998. Infructuosas han sido también numerosas concertaciones político-sociales para leyes que luego no han sido aprobadas, como la de partidos políticos y la de participación social, o que aún promulgadas no han sido plenamente acatadas, como la del Defensor del Pueblo o las que establecen porcentajes del presupuesto para educación, consignada en dos planes decenales, y para los ayuntamientos.
6.- Sería muy peligroso para la imagen del gobierno, dado el clima de desconfianza imperante en el país, que esta convocatoria resultara en otra frustración, porque se le pretenda utilizar simplemente para paliar el disgusto generalizado. La cumbre carecería de sentido si no puede afectar las prioridades del presupuesto de este año y si paralelamente la mayoría gubernamental impone una nueva Constitución sin someter su proyecto a consideración de las organizaciones políticas y sociales. Para su éxito el gobierno tiene que dar claras señales de interés en una real concertación.
En conclusión, Participación Ciudadana propone
A) Que la cumbre se realice sin apresuramientos y por tanto que sea a mediados de febrero para que todas las organizaciones tengan tiempo de reunir a sus órganos ejecutivos y presentar sus propuestas y que estas sean procesadas por el equipo coordinador.
B) Que el gobierno aplace el conocimiento de su proyecto de Constitución hasta que sea discutido y que la sociedad tenga oportunidad de rescatar el reiterado consenso de una Asamblea Constituyente que podría ser electa en los comicios congresionales y municipales del año próximo.
C) Apoyar la metodología de la convocatoria en cuanto a que en una primera etapa sólo se conozcan las propuestas referentes a la coyuntura de crisis económica, incluyendo políticas sociales y seguridad pública. Y en una segunda los aspectos económicos y sociales y los institucionales y políticos, incluyendo la reforma constitucional.
D) Que en todos los aspectos partamos de la revisión del cumplimiento de todas las leyes y acuerdos frutos de consensos anteriores para no comenzar de cero en problemas ya ampliamente debatidos, lo que implicaría:
a. La ley de austeridad del 2007
b. El Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico del 2002
c. El Pacto para la Reforma Constitucional
d. Las propuestas de reformas constitucionales de la Comisión Especial del 2001
e. Las resoluciones del Diálogo Nacional 1997-98
f. Los repetidos consensos para una Ley de Partidos Políticos
g. El consenso para una Ley de Participación Social
h. La Ley General de Educación que establece el 4 por ciento del PIB para el sector educativo
i. La Ley General de Municipios que destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos nacionales
j. La ley que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social
k. La Ley General de Presupuesto
l. La Ley sobre Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado
m. La Ley General de Electricidad
n. La Ley del 2007 que sanciona el robo de Electricidad
o. La Ley de Función Pública
p. La Ley de Libre Acceso a la Información
q. La Ley que instituye el Defensor del Pueblo que data del 2001
r. La Ley General de Migración del 2004
s. La Ley sobre Organizaciones sin Fines de Lucro
t. La Ley sobre Declaración Jurada de Bienes
u. Las leyes del sistema de control del Estado: Contraloría y Cámara de Cuentas
E) Establecimiento de un eficiente mecanismo de seguimiento.
