Participación Ciudadana solicita la realización de una Declaración Jurada Voluntaria de Patrimonio a todos los Candidatos Presidenciales
Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, invita a los candidatos presidenciales a presentar una Declaración Jurada Voluntaria de Patrimonio de conformidad con el principio de rendición de cuentas y en interés de contribuir con la transparencia en la gestión pública.
La Declaración Jurada Voluntaria de Patrimonio puede constituir un mecanismo mediante el cual los candidatos presidenciales, coloquen y hagan de dominio público su patrimonio, expresando en la práctica su compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Es una oportunidad para comunicar a los ciudadanos y ciudadanas sus antecedentes laborales y económicos, así como el total de ingresos que perciben, los activos y pasivos que ostentan, en el país o en el extranjero, debidamente especificados y valorados. Dichas declaraciones proporcionarían datos para que la población pueda considerar, analizar y formarse opiniones sobre quienes aspiran a dirigir la nación.
Tomando como parámetro el principio de buena fe, de respeto a la institucionalidad y transparencia que se presume poseen todos los candidatos en esta contienda, la ciudadanía tiene el derecho de estar debidamente informada y dar seguimiento a la evolución de estos patrimonios, en el transcurso de un eventual ejercicio presidencial, para detectar situaciones de enriquecimiento ilícito originadas en la administración de los recursos públicos.
Participación Ciudadana realiza esta solicitud con el único interés de contribuir con los esfuerzos por hacer más transparente el ejercicio de la actividad política y el financiamiento de las campañas electorales en la República Dominicana.
Estamos convencidos de que la transparencia es una condición fundamental para generar un voto informado, aumentando la confianza de la ciudadanía en la democracia. Para los candidatos es una oportunidad de pasar del discurso a la realización de buenas prácticas.
Finalmente, es importante el compromiso y la capacidad de los actores políticos de poner en práctica acciones, normas, políticas y estrategias que garanticen el financiamiento transparente de la campaña electoral, permitiendo que la ciudadanía pueda ejercer efectivamente su derecho a conocer y fiscalizar la influencia del dinero en la política.
