Carta enviada por PC a la JCE
Esta carta fue enviada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana a los Jueces de la Junta Central Electoral, a propósito de que hoy estamo a ley de un año para la realización de las elecciones nacionales en el que se escogerá al presidente de la República.
P.C./067/07 15 de mayo de 2007
Dr. Julio César Castaños Guzmán
Presidente, y Jueces integrantes del Pleno de la
Junta Central Electoral
Presentes
Distinguidos Ciudadanos:
Nos complace saludarles y congratularles por sus reiterados propósitos y esfuerzos concretos por aplicar la ley electoral, reglamentar lo concerniente a las elecciones primarias de los partidos y hacer transparente el sistema de financiamiento de las actividades partidistas.
Consideramos un precedente de extraordinario valor la reciente decisión de la Cámara Administrativa de esa institución de reprobar la publicación de un mensaje de promoción personal de un precandidato formulado a nombre de un organismo del Estado como lo es la Liga Municipal Dominicana. Es fundamental que demos seguimiento al caso hasta comprobar que se hayan realizado las rectificaciones correspondientes ya dispuestas.
A un año de las próximas elecciones presidenciales la fecha es propicia para respaldar el propósito anunciado por ustedes de convocar a los partidos políticos para hacer cumplir los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral 275-97 que limitan las campañas electorales al período de 90 días antes de los comicios a partir de la proclama que al efecto debe hacer publicar esa honorable Junta.
La extensión, sin precedentes, que esta vez han tenido los procesos de elección de candidatos en los principales partidos, el desbordamiento de sus alcances que los han convertido en verdaderas campañas nacionales, y las enormes sumas invertidas en su financiamiento han escandalizado y obligan a establecer límites al proselitismo para las elecciones a celebrarse dentro de un año.
Los fundamentos de esta urgencia son conocidos de sobra por ustedes, y los expuso con precisión y detalles el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, justamente en la ceremonia religiosa con motivo del aniversario de esa Junta el pasado 12 de abril.
Participación Ciudadana quiere hacer propios los planteamientos del Arzobispo de Santiago sobre los "efectos perniciosos para la institucionalidad democrática" que conllevan las extensas y costosas campañas electorales dominicanas que ya casi no cesan en virtud de que celebramos elecciones cada dos años.
En consecuencia, compartimos la propuesta que se acuerde con los partidos la prohibición de toda promoción de candidaturas hasta que se inicie formalmente el período electoral, 90 días antes de los comicios del año próximo. Eso debe incluir todos los medios de comunicación y los espacios públicos.
Se debe prohibir también todo género de manifestaciones proselitistas en espacios abiertos, como calles, plazas, carreteras y en las oficinas públicas, así como prohibir las concentraciones nacionales que impliquen caravanas y masivas movilizaciones de vehículos, que no sólo conllevan un alto costo, sino que también afectan las normales actividades de la ciudadanía.
Para que haya equidad, en vista de que el ciudadano Presidente de la República será candidato presidencial, la restricción de la promoción electoral debe incluir todos los actos oficiales, como inauguraciones de obras y conmemoraciones. Y tal como propuso Monseñor de la Rosa, prohibir durante los 90 días de campaña la celebración de actos públicos gubernamentales que puedan servir de promoción de candidaturas. También debe prohibirse a los organismos estatales la repartición de cualquier tipo de bienes, de uso o consumo, a nombre o con la fotografía del Presidente de la República.
Esa honorable Junta también debe reglamentar para limitar la cantidad de publicidad que pueda hacer cada partido y candidato, tanto en los medios impresos como electrónicos y en las vías públicas, durante el período de la campaña electoral, como ya se hace en muchas naciones en aras de evitar que el dinero apabulle la conciencia ciudadana y contamine el medioambiente.
Particular reglamentación y atención debe darse al uso de los medios de comunicación en manos del Estado, sobre todo ahora que son múltiples por las incautaciones derivadas de las quiebras bancarias del 2003.
Como la experiencia demuestra nuestra propensión a firmar pactos para luego no cumplirlos, el consenso a impulsar con los partidos tiene que incluir las sanciones para quienes violen las limitaciones.
Quede constancia que no propugnamos por conculcar el derecho de cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, sea a través de un partido o cualquier otro género asociativo, a promoverse y buscar apoyo para un cargo público. Lo que se pretende es limitar las actividades propias de la campaña electoral, para garantizar los derechos ciudadanos en general y reducir el costo de la democracia. En ningún caso se podría impedir las actividades en locales cerrados, sean de carácter público o privado, como tampoco la comparecencia en los programas de radio y televisión o las informaciones, entrevistas y artículos en los medios impresos.
Tal como dijo el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, estas propuestas se fundamentan en "la necesidad de preservar la democracia dominicana de la amenaza que significa el preocupante encarecimiento de los procesos electorales y de la peligrosa y creciente influencia del poder del dinero".
Aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestra disposición a colaborar en todo lo que redunde en fortalecimiento de la institucionalidad democrática y para informarles que hemos constituido una comisión de coordinación con esa honorable Junta, presidida por el Coordinador General, Porfirio Rodríguez, e integrada por los miembros Ana Teresa Pérez, Rafael Toribio, Francisco Álvarez Valdez y Juan Bolívar Díaz.
A nombre del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, les saludan,
Atentamente,
Ing. Porfirio Rodríguez
Coordinador General
