Por aprobación de ley, PC felicita Congresistas
El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresa su satisfacción por la aprobación del proyecto de Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones de parte del Congreso Nacional. Con la aprobación de esta ley se obliga al Estado a realizar licitaciones públicas y regular las Concesiones.
Es bueno recordar que durante siete años, nuestra organización se mantuvo impulsando junto a otras organizaciones y personalidades la aprobación de dicha ley. Esta labor incluyó acciones de presentación de propuestas, sugerencias para mejorar la calidad técnica de los ante proyectos sometidos y una amplia difusión de la necesidad de transparentar las compras públicas.
Esta iniciativa, viene a sustituir la legislación básica del sistema, la cual se fundamentaba en leyes que principalmente datan del 1954, 1966 y 1969, y que se asocian en gran medida, a la tradición administrativa centralista; y a la discrecionalidad, loque facilita los actos de corrupción.
En nota de prensa PC, precisó que para nadie es un secreto que las Compras y Contrataciones Públicas se encuentran dentro de las áreas de mayores riesgo de corrupción. Estudios realizados muestran que algunos de los factores de riesgo de corrupción en esta área están vinculados a la discrecionalidad de los funcionarios que ejecutan el trámite o procedimiento, a la falta decompromiso y sentido de pertenencia, a la urgencia del usuario, a la falta de información sobre trámites o procedimientos tanto del usuario / administrador como de los funcionarios, a la tecnológica obsoletas, y a la poca claridad y transparencia.
Los escándalos de los últimos días, que han puesto ante la opinión pública diferentes contractos aprobados por el Congreso Nacional y sometidos por el Ejecutivo, (que aparentemente no reúnen las condiciones de transparencia y equidad mínima) reafirman la necesidad de una ley como la aprobada.
La aprobación de este proyecto, se constituye en un paso de avance en la agenda legislativa anticorrupción, la cual será materializada al ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
Este movimiento cívico entiende que es necesario que desde los organismos responsables se creen todas las condiciones para la puesta en marcha de esta ley tan esperada por los dominicanos y dominicanas, lo que implicará necesariamente producir los ajustes en la estructura del Estado y sus instituciones.
