Participación Ciudadana lamenta declaraciones del presidente de Junta Central Electoral
Los medios de comunicación publican esta semana declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Manuel Ramón Morel Cerda, según las cuales la resolución de ese organismo sobre la asamblea celebrada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el 1 de julio no fue “rigurosamente jurídica” y que “hay ocasiones en las cuales uno tiene que atender a requerimientos de más valía, de más peso”.
Participación Ciudadana entiende que la Junta Central Electoral, en sus funciones de tribunal electoral, debe fundamentar sus decisiones de manera estricta en las disposiciones legales vigentes. La institucionalidad queda en entredicho cuando se permite que los jueces puedan motivar sus decisiones al margen de las disposiciones legales y constitucionales. Para un juez nada tiene más peso y valía que las leyes y la justicia.
Si se permite que los jueces del tribunal electoral decidan en función de asuntos de “más valía y más peso” que las leyes, se reducen la legitimidad de sus funciones, y merma su autoridad como organismo regulador y fiscalizador de las asambleas de los partidos tanto para elegir candidatos como las dirigencias partidarias, tal como está consignado la Ley Electoral no. 275-95.
Tal práctica traería consigo un ambiente de inseguridad en torno a las decisiones del tribunal electoral, pues la única forma que tienen las partes en conflicto para acudir con confianza a cualquier jurisdicción es la certeza de que la ley será aplicada sin excepciones, independientemente de la importancia o influencia que pudiera tener cualquiera de los involucrados.
Participación Ciudadana considera que al dictar sentencias como la presentada por el doctor Morel Cerda se está perdiendo una buena oportunidad de comenzar a dar pasos en los procesos de institucionalidad de los partidos políticos. Confiamos en que la Junta Central Electoral sabrá rectificar y no convertirá en práctica esta forma de decidir los casos bajo su responsabilidad, creando las condiciones para que los partidos políticos y la ciudadanía sigan confiando en el trabajo que realiza el tribunal electoral.
