¿Qué hacer ante el impacto económico del COVID-19?

Por Miguel Collado Di Franco

Integrante del Consejo Nacional de Participación Ciudadana

 

La pandemia de COVID-19 tendrá un profundo impacto económico en República Dominicana durante el 2020 y, previsiblemente, en el año 2021. El efecto sobre la economía proviene tanto del exterior, así como de las medidas de contención adoptadas internamente para el manejo de la expansión del virus.

Para empezar, el país tiene una dependencia importante de la industria turística, cuyo tamaño se estima en un quinto de la actividad económica total. Con las restricciones a los vuelos internacionales y la aprensión natural a emplear el transporte aéreo aún luego de terminada la pandemia, el efecto sobre la industria de vacaciones a nivel mundial se extenderá por mucho tiempo. En el mejor de los escenarios proyectados por la Organización Mundial del Turismo, la caída durante este año sería cercana al 60%.

El impacto que está teniendo la pandemia ha afectado el empleo y el ingreso de los ciudadanos de las principales economías del mundo. Muchos de estos países son emisores de turistas a República Dominicana, por lo que hay que agregar un efecto adicional relacionado con la pérdida de poder adquisitivo. En adición, esta pérdida de ingresos se está traduciendo en menores remesas para los dominicanos/as que tienen parientes en Estados Unidos; así como en España, Italia y otras economías de Europa afectadas por la crisis sanitaria. En consecuencia, las dos principales fuentes de ingreso de divisas del país se verán afectadas sensiblemente.

Por otro lado, el impacto de la menor actividad económica mundial se empezó a reflejar en las exportaciones de bienes, tanto los nacionales como aquellos producidos dentro de las zonas francas del país. El efecto negativo sobre el sector exportador se está traduciendo en menores ingresos de divisas al país; y, al igual que el turismo, experimenta pérdidas de empleo. A esta pérdida de empleos relacionadas con actividades del exterior se unen aquellas que están vinculadas con el cierre temporal o permanente de empresas locales. Algunas de estas empresas fueron afectadas por las medidas de confinamiento que han sido adoptadas, pero también por la reducción en la actividad económica relacionadas con el sector externo.

El panorama de la economía puede resumirse en menores ingresos de divisas, aumento del desempleo, reducción en el ingreso de los dominicanos/as, aumento de la informalidad y, como consecuencia, menores recaudaciones de impuestos para el Gobierno.

El camino a la normalidad dependerá de que la población mundial alcance alguna forma de inmunidad. Mientras eso ocurre, es necesario adoptar políticas públicas coherentes con el fin de minimizar los efectos locales. En adición, lograr que la economía se encuentre en las mejores condiciones para poderse recuperar en la medida que las condiciones de salud lo permitan.

Las principales acciones de políticas públicas deberán estar destinadas a la implementación de reformas estructurales. Reformas que, desafortunadamente, parece que tendrán que esperar el avance del proceso político actual. Estas reformas deben estar orientadas a crear, de una vez, las condiciones que han faltado en el país para que existan los medios y el ambiente necesarios para la creación de más empleos formales que generen mayores ingresos a los dominicanos/as. El emprendimiento, en todos los niveles de la sociedad, es la única fuente de riqueza permanente y la base para levantar de la pobreza a una sociedad. El fortalecimiento de las instituciones políticas y jurídicas, la reducción de procesos burocráticos y permisología, las reformas en el sector eléctrico, en la previsión social, en el sector transporte, en el mercado de hidrocarburos y en la legislación laboral, entre otras, serán la base para una nueva República Dominicana.

 

¿Qué hacer mientras tanto? En el muy corto plazo, la principal acción a tomar por las autoridades debe ser someter un presupuesto complementario para el año 2020. El gasto en salud debe ser la prioridad para reducir las probabilidades de contagio y para atender a aquella población que depende de los servicios públicos hospitalarios. La referencia del gasto total que se adopte debe ser el año 2019. El presupuesto de 2020 no debe ser el referente ya que no será posible financiarlo como estaba previsto originalmente. Todo gasto debe ser bien priorizado y, en este sentido deben realizarse los ajustes necesarios para su control y lograr la mejor reasignación entre ministerios.

Aún con el control del gasto, los menores ingresos tributarios ocasionarán un déficit fiscal superior al que estaba originalmente presupuestado. Esto será inevitable. La forma como se financie ese déficit podría incidir sobre la estabilidad de los precios. En este contexto, el déficit no debe financiarse con transferencias del Banco Central hacia el sector público no financiero. Es decir, no debe haber financiamiento proveniente de lo que tradicionalmente se ha conocido como «dinero inorgánico», o financiamiento inflacionario. Las políticas que provocan depreciación e inflación crean lo que puede ser denominado «desigualdad por diseño», ya que los pobres suelen ser perjudicados de forma más fuerte por los procesos de aumentos de precios. En consecuencia, y para finalizar, en esta coyuntura es necesario evitar que el manejo de las finanzas públicas y su financiamiento afecte a los más necesitados del país.