El análisis de los resultados de los cuatro estudios analizados en esta sistematización apuntó a que en general, la Junta Central Electoral no cumplió con sus resoluciones relativas al derecho al voto de forma independiente de las personas con discapacidad. Ya fuera por problemas de tiempo para la ejecución de las resoluciones, desconocimiento, o por imprevistos que pudieron darse en el proceso, las resoluciones adoptadas no fueron aplicadas en su mayoría y esto actuó en detrimento de las personas con discapacidad. Se recomienda que si la Junta Central Electoral adopta resoluciones debe estar en la capacidad de cumplirlas. No debe confundir lo que es una resolución con lo que es una promesa. Las asociaciones de personas con discapacidad por su parte, deben dar seguimiento a estos procesos para una mayor incidencia en la conquista del pleno disfrute de sus derechos.
Sistematización de Experiencias y Prácticas del Observatorio Electoral 2016 de Personas con Discapacidad
