Por un compromiso Etico para el Ejercicio del Poder Al Presidente electo, Dr. Leonel Fernández Reyna En ocasión de su toma de posesión

La actual crisis económica y el creciente deterioro de las condiciones de vida del Pueblo Dominicano son de tal magnitud que exigen un compromiso de todos. Es por ello que el movimiento cívico Participación Ciudadana desea manifestarle nuestra plena disposición a apoyar todas aquellas acciones y decisiones de su Gobierno orientadas al fortalecimiento institucional del país y a superar la actual situación.

Corresponde al Gobierno dar las primeras señales de que sus directrices serán firmes en esa dirección. Entendemos que la sociedad espera una gestión estatal caracterizada por la transparencia y, particularmente, la no impunidad. Es por ello que proponemos un compromiso ético para el ejercicio del poder, dirigido a fomentar una gestión pública  moderna, transparente y confiable, que garantice los servicios públicos a la ciudadanía, elimine la corrupción y establezca un nuevo modelo de gobierno fundado en la eficiencia y la austeridad.

Estamos convencidos de que si su gobierno empieza dando señales claras de pulcritud y eficacia en el uso y destino de los recursos públicos, recibirá todo el apoyo que necesita de la ciudadanía.

En este sentido consideramos que el compromiso ético debe estar fundamentado en los siguientes aspectos:

1.Aplicar una política racional en el gasto público,que abarque desde la depuración de la nómina hasta el control estricto de los gastos en materiales y servicios tales como combustibles, viáticos, telecomunicación inalámbrica y de larga distancia, publicidad, viajes y otros de similar naturaleza.

2.Instruir administrativamente a todos sus Secretarios de Estado, Directores y Administradores Generales y a cualquier funcionario que tenga la responsabilidad de manejar fondos públicos, para que las compras gubernamentales y las asignaciones de obras cumplan estrictamente con mecanismos de licitaciones y concursos transparentes, como única manera de eliminar la corrupción inherente al otorgamiento de contratos grado a grado.

3.Suprimir la práctica clientelista de realizar nombramientos en determinados consulados para favorecer amigos y relacionados con ingresos extraordinarios que deberían ser depositados en la Tesorería Nacional. Entendemos que lo correcto es remunerar a esos servidores públicos con un sueldo o salario en función del costo de la vida de la ciudad o país donde le corresponda ejercer sus funciones.

4.Seleccionar un Ministerio Público comprometido con la lucha contra la corrupciónpública o privada, dotado de la suficiente independencia y probidad para no amedrentarse ante el poder económico o la alcurnia de los inculpados.

5.Dar cumplimiento estricto a la Ley 82 que obliga a los funcionarios públicos a hacer una Declaración Jurada de Bienes ante un Notario Público, tanto al inicio como al final de su gestión, disponiendo además que estas declaraciones de bienes sean auditadas por la Contraloría General de la República y publicadas en una página de internet.

6.Cesar la práctica de otorgar exenciones y “facilidades” arancelarias,que no estén amparadas por la ley.

7.Velar de manera especial por un eficaz funcionamiento de los mecanismos estatales de control y supervisión en toda la administración pública y muy particularmente en los sectores financiero y eléctrico, así como garantizar la preservación de la propiedad pública.

8.Procurar que los programas sociales lleguen a los sectores más pobres sin distinción en función de preferencias políticas y adoptando los controles necesarios para evitar que se constituyan en fuentes de corrupción.

9.Disponer, una vez depurada la nómina gubernamental, un ajuste general de salarios, en dos etapas,que permita a los servidores públicos y trabajadores en general recuperar parte del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la devaluación y la inflación padecida por el país tanto en el presente como en el pasado año.

10.Impulsar y velar por el estricto cumplimiento de la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, incluyendo su Código de Ética del Funcionario Público

Como podrá observar, Sr. Presidente, las líneas de acción de este compromiso ético no requieren la intervención de ningún otro poder del Estado para su ejecución. Dependen sólo de su propia voluntad política.

Por eso, esperamos que estas, así como cualesquiera otras medidas imbuidas del mismo espíritu, serán ejecutadas y mantenidas durante todo el periodo de su mandato constitucional.