PC lamenta peledeístas no participen en debate.

La organización considera que resta calidad a la campaña.

El movimiento cívico Participación Ciudadana lamentó ayer la actitud del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de no aceptar la invitación de la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje)  para participar en un debate público con los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

“Yo creo que el hecho de que haya resistencia de parte del partido oficial resta calidad a la campaña electoral y  al sistema democrático”, precisó Javier Cabreja,  director ejecutivo del movimiento.

Agregó que los debates contribuyen a que el elector tenga una visión más amplia en torno a quien o quiénes representan  la mejor opción.

No obstante, dijo que espera que el PLD modifique su  posición, de manera que acepte la propuesta  “y de esta forma se eleve el nivel de la campaña electoral”.

“Es una actitud incomprensible, no entendemos por qué el PLD se resiste a participar”, expresó al ser consultado sobre la negativa de  los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana de no discutir sus respectivas propuestas de trabajo con sus opositores.

Entiende Cabreja que esta actitud, ya sea  por una especie de complejo de superioridad o por cierto temor, no solo hace daño a las propias candidaturas, sino también  al proceso electoral y a  la democracia misma.

El partido oficial ha rechazado la invitación.

Las claves

  1. Vigilantes

Por  otro lado,  Javier Cabreja advirtió que Participación Ciudadana  se mantendrá vigilante para  garantizar  que los funcionarios que aspiran a cargos electivos dimitan de sus funciones, a fin de evitar que utilicen los recursos que manejan en la campaña electoral en  detrimento de la competencia.

  1. Cumplimiento

“Vamos a estar vigilantes y esperamos que los partidos se acojan a ese llamado,  en virtud de lo que establece la ley”, dijo  Cabreja.

  1. Disposición

El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE),  Roberto Rosario, advirtió que serán ilegales los actos de los funcionarios públicos cuyas candidaturas para puestos electivos en las elecciones de mayo fueron aceptadas por ese tribunal.