La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) Presenta Evaluacion 2009 Abarcando lo Social, Económico, Político y Judicial

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió a la consideración de la sociedad dominicana una evaluación donde recoge reflexiones y consideraciones relacionadas con el manejo y desempeño de los diferentes actores sociales en ocasión del cumplimiento de sus respectivos roles durante el año que próximamente termina.

La presentación del informe se produjo durante una rueda de prensa celebrada en las oficinas de la entidad de sociedad civil con la participación de sus directivos: Trajano Vidal Potentini, Giovanni Matos y José Sánchez.

El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) Trajano Vidal Potentini, declaró que el informe procura resaltar los grandes temas que atañen al interés nacional en el aspecto social, económico, político y judicial, haciendo especial énfasis en los tres poderes del Estado, tomando en consideración una serie de variables, a nuestro juicio las más relevantes.

Destacó Potentini, que otro de los puntos a considerar para la elaboración de este informe, de manera también primordial, fueron las proyecciones estadísticas e indicadores del comportamiento de la economía nacional, así como las principales noticias ocurridas durante el año 2009. Esta evaluación pretende ser objetiva e imparcial, con la esperanza de que se erija en un modesto aporte que contribuya a no repetir los errores del pasado y fortalecer los aciertos.

El Presidente de la FJT resalto el proceso de reforma y nueva constitución dominicana como el acontecimiento de mayor relevancia que de seguro marcará el año 2009, lo fue el recién finalizado proceso de reforma constitucional que se tradujo en un ejercicio cívico de fomento del constitucionalismo y en una participación democrática, caracterizada por las discusiones y puntos de vistas encontrados de los diferentes actores sociales, que finalmente fructifico en un instrumento constitucional moderno con avances y novedades, retos de cara al futuro y definitivamente algunos escollos.

A seguidas pasamos a priorizar algunas de las variables abordadas en el documento contentivo de la evaluación 2009, a saber:

Los partidos políticos y la narco-política

La experiencia presente del profuso proselitismo en las agrupaciones políticas y los graves y preocupantes señalamientos del auge de la narco-política nos invitan a instaurar mecanismos de control en la selección de candidatos a cargos electivos, que incluyan la depuración en los diferentes organismos del estado (DNCD, Policía Nacional, DNI, Procuraduría General de la República y Poder Judicial; además la presentación de una declaración jurada documentada con la justificación en detalles de la fortuna o bienes que posea, la prueba antidoping y la aplicación del detector de mentiras o polígrafo, siempre bajo la supervisión y responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE) que en adición deberá como órgano comicial del país, tomar los controles de lugar a los fines de garantizar un certamen electoral libre de la ilegitimidad que fomenta el narcotráfico con la compra de conciencia y el uso abusivo de recursos económicos de procedencia dudosa.

Las reservas de las candidaturas a cargos electivos

Constituye en la actual coyuntura electoral una traición de los partidos políticos a su propia militancia el reservarse la mayoría de las candidaturas a cargos congresuales y municipales en desmedro y violación al espíritu de la democracia, lesionando el sagrado derecho que tienen sus adeptos, de competir en igualdad de condiciones por una posición electiva. Esta acción conculca el derecho a elegir y ser elegido, un derecho con protección y tutela constitucional, contemplado en nuestra actual ley sustantiva en el artículo 13, numerales 1 y 2, que disponen lo siguiente: “Artículo 13.- Son derechos de los ciudadanos:1. El de votar con arreglo a la ley para elegir los funcionarios a que se refiere el artículo 90 de la Constitución. De ahí que las denominadas reservas de candidaturas constituyen una grosera violación a derechos fundamentales, condenadas por nosotros, en el rol que jugamos, como entidad veedora del respeto a las leyes y a la institucionalidad, características distintivas de un Estado social y de derecho, propio de los sistemas democráticos.

Creación de leyes y órganos anticorrupción

En materia de lucha contra la corrupción se advierten avances a nivel legislativo y de estructuras administrativas con una cantidad apreciables de leyes que versan sobre las materias, además de la Comisión de Ética y Ministerio Público especializado para la persecución de la corrupción administrativa, y que hoy en la nueva constitución son ampliamente fortalecidos con la previsión del nepotismo, la prevaricación, la declaración jurada de bienes, la imposibilidad de los funcionarios públicos de incrementarse el salario en provecho propio, la responsabilidad civil de los funcionarios públicos y del estado; así como el establecimiento de un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad y la facultad otorgada a la sociedad de control y fiscalización sobre los fondos públicos (Artículos 140, 146,148,245 y 246 de la nueva Constitución).

Contraste existente entre los avances legislativos y la situación real

Todos estos avances, de una profusa legislación en materia anti-corrupción y la existencia de organismos estatales especializados en combate a la corrupción, lamentablemente contrastan con las mediciones internacionales que continúan situando al país en un lugar privilegiado, señalándolo como uno de los países donde se percibe mayor grado de corrupción en la región, percepción que nos alarma, nos preocupa y sobre todo nos invita a la reflexión en este final de año 2009 de cara al 2010.

Falta de una cultura de transparencia en el país

En la República Dominicana, desde el gobierno de Pedro Santana hasta el presente, ningún gobierno ha instaurado un esquema de cultura transparente en el manejo de la cosa pública, sin política definida en materia de lucha contra la corrupción, con la única excepción del mandato de 7 meses del profesor Juan Bosch.

La dirección de persecución de la corrupción administrativa (DPCA) y sometimientos judiciales en curso

La dirección de persecución contra la corrupción administrativa luce incapacitado para dar repuesta a los múltiples expedientes que le han sido sometidos, por denuncias, querellas y hasta por rumor publico por la comisión de presuntos actos de corrupción. Casos que en el presente se mantienen en una especie de limbo jurídico, lo que se traduce en una eventual impunidad.

Cámara de Cuentas

Es el principal órgano del Estado llamado a controlar, vigilar y fiscalizar el uso y manejo de los recursos del pueblo dominicano, de ahí su trascendencia, como entidad orientada a prevenir y combatir la corrupción administrativa en la República Dominicana.

Esta entidad se erige como uno de los grandes escollos de la prevención y combate en contra de la corrupción en la República Dominicana, registrando una labor deficiente y deplorable, que apenas alcanza a cubrir un aproximado de un 15% equivalente a un poco mas de 200 auditorías del grupo de instituciones estatales que la ley le facultad a fiscalizar durante el año, situación que se presenta como un mal ejemplo que debilita, cuestiona y erosiona la institucionalidad y el propio sistema democrático del país.

ASPECTO ECONOMICO

La economía dominicana estuvo condicionada durante todo el año 2009, por el impacto de la crisis internacional que se iniciara en los Estado Unidos, a partir de la quiebra de los principales bancos de inversión durante el 2008, seguida después por el cierre masivo de importantes bancos comerciales y entidades de crédito inmobiliario.

Esta situación produjo efectos expansivos que alcanzaron a sectores determinantes de la economía mundial como el turismo, el comercio de bienes manufacturados y las remesas. Estos efectos fueron determinantes para que se produjeran reducciones apreciables en los niveles de crecimiento sostenido que habíamos alcanzados en los últimos años.

Auge de la narco-delincuencia

La Fundación justicia y Transparencia (FJT) ve como alarmante y de mayor preocupación para los dominicanos la ocurrencia reiterada de hechos delictivos o delincuencia que amenaza la paz pública y la armonía social en el país. Ante el incremento de la narco-delincuencia consideramos necesario ampliar la vigilancia y presencia policial en el país; así como perseguir y reprimir el narcotráfico que hoy por hoy se proyecta como el epicentro de más del 90% de toda la actividad criminal.

Causas que favorecen el fenómeno delincuencial

Asimismo entendemos que las principales causas que originan el fenómeno delincuencial tienen su génesis en una serie de factores económicos y sociales, a saber: desempleo, desigualdad social, falta de oportunidades y pobreza, niveles bajos de educación, consumo de drogas y la corrupción administrativa; factores que deben ser abordados con responsabilidad por el Estado Dominicano, dándole un enfoque y tratamiento integral, que incluya políticas preventivas o acciones alternas a la problemática en cuestión

Medidas a tomar

También favorecemos por parte de las autoridades competentes la aplicación y realización de encuestas, estudios, análisis y diagnósticos sobre el incremento y ocurrencia reiterada de actos delictivos, identificando las causas de la criminalidad y posibles correctivos a implementar para su combate eficiente.

En este contexto se hace necesario vincular a la Policía y a la DNCD en actividades preventivas con la comunidad como método efectivo de lucha contra la criminalidad.

La policía nacional y los derechos humanos

La criminalidad en la República Dominicana proyecta avances preocupantes que han devenido en múltiples cuestionamientos a la policía nacional por los métodos empleados en la persecución y combate a la delincuencia, que al día de hoy suman más de 400 muertos en intercambios de disparos, algunos de ellos bajo la duda de posibles ejecuciones, unas hasta ahora demostradas por sometimientos y condenas por parte de las autoridades y otras en proceso de investigaciones.

Consecuencias internacionales por violación a los derechos humanos

Lo cierto es que la materia derechos humanos siempre será un tema muy sensible para cualquier país, por las implicaciones que en el plano internacional pudieran tener el irrespeto a los mismos, de cara al acceso de la República Dominicana a algunos organismos internacionales de cooperación y ayuda en temas conexos con la pobreza, medio ambiente y desarrollo, entre otros.

Creemos que el gobierno tiene el ineludible deber de garantizar eficazmente la tutela y protección efectiva de los derechos humanos, no observar este postulado traería consecuencias negativas para el país, ejemplo en la objeción que podrían hacer otras naciones a candidaturas presentadas por el país a cargos o puestos en organizaciones internacionales, así como las trabas al desarrollo del intercambio comercial de manera reciproca en el marco de los acuerdos internacionales de libre comercio como lo sería el DR CAFTA, donde el incumplimiento de estándares internacionales de protección a los derechos humanos acarrearía consecuencias negativas.

El Poder Judicial en la República Dominicana

Luce, rezagado, con múltiples tareas pendientes, el necesario impulso de la denominada segunda ola de reformas y de la falta de recursos, en adición al desgaste natural de una Suprema Corte de Justicia con más de doce años de labor ininterrumpida, son algunos de los escollos que advertimos han obrado en perjuicio o desmedro de un mejor desempeño por parte del Poder Judicial.

Consideraciones varias de hechos trascendentes en diversas aéreas acaecidas durante el año 2009

La cumbre de las denominadas fuerzas vivas, auspiciada por el gobierno dominicano, fue un interesante ejercicio de dialogo, discusión y consenso de los grandes problemas nacionales, arrojando conclusiones que han quedado engavetadas sin seguimiento y resultados positivos.

El pacto Leonel Fernández-Miguel Vargas sobre la reforma constitucional, positivo en principio aunque gestado al margen de la institucionalidad partidaria, sirvió para relanzar en ese momento la rezagada reforma constitucional, el cual en una segunda etapa o extensión y ampliación de los acuerdos devino en un precedente funesto para la democracia dominicana.

La firma y aprobación congresional del contrato de la Barrick Gold en medio de diversos cuestionamientos que lo señalan como un contrato leonino, lesivo y dañino del interés nacional.

Los aprestos del gobierno para rescatar el peaje de las Américas dado en concepción a la empresa CODACSA en condiciones poco transparente, erosionando el patrimonio nacional.

El escarceo y reacción social del pueblo dominicano en el caso de la instalación de una cementera en el Parque Nacional de los Haitíses.

La migración Haitiana y la campaña internacional de descredito en contra de la Republica Dominicana, dirigida por países y organismos internacionales, situación que nos invita a la reflexión y nos pone en alerta de los grandes problemas y amenazas que se ciernen sobre el país.

Retos y tareas por delante para el año 2010

Mantener la estabilidad macroeconómica, dinamizar la economía, observando un crecimiento aceptable.

Implementar exitosamente la nueva constitución.

Combatir eficazmente la corrupción.

Perseguir, castigar y prevenir la delincuencia y el narcotráfico.

Celebrar elecciones limpias y libres de cuestionamientos.

Mejorar y relanzar el sector energético.

Generación de empleos y disminución los niveles de desigualdad social.

Consensuar una ley de partidos políticos, que prevea los problemas y defectos del sistema democrático dominicano (financiamiento, publicidad, duración y costos de las campañas, uso de los recursos del estado, clientelismo y celebración de las primarias en los partidos políticos etc.)

La elaboración e implementación de un plan nacional de austeridad.

La modificación del código procesal penal, en una especie de pro-reforma, adecuando a nuestras condiciones objetivas y particulares las disposiciones del código.

Mayor rentabilidad, organización y transparencia en el manejo de los fondos del sistema de seguridad social.