Cuando los árbitros son parciales

Los senadores de la República y los jueces de la Junta Central Electoral deben comprender que si los principales partidos políticos del país son tres y dos objetan la nueva composición de ese organismo, entonces algo hay que hacer para que la JCE sea objeto de la confianza que necesita todo proceso comicial.

El Senado de la República y quienes son sus mentores políticos ha cometido el gran error de escoger los miembros de un tribunal colegiado al margen de las más elementales consideraciones de equidistancia partidaria. Ni siquiera se pide, en esta ocasión, equidistancia ideológica, sino partidaria.

Y lo bueno del caso es que el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido de la Liberación Dominicana tienen razón en sus reclamos y pedimentos.

No importa que en sus largos años de gobierno, 22, el PRSC y su líder Joaquín Balaguer lo hubieran hecho como lo hicieron ahora el Senado de la República y sus mentores políticos.

Tampoco importa que el PLD lo hubiera hecho igual en sus cuatro años de gobierno, en caso de que hubiera tenido una matrícula senatorial mayoritaria. Importa poco, por igual, que el PLD cometiera el tremendo error político e institucional de conquistar a papeletazos limpios los regidores del PRD para darle la Liga Municipal Dominicana a los reformistas.

En cada caso la opinión pública lo reprobó con la misma energía, con la misma fuerza, con la misma vehemencia, con los mismos argumentos y con el mismo tesón con que ahora rechaza que un partido quiera monopolizar la composición de la Junta Central Electoral.

Los dominicanos tenemos que avanzar en la construcción de la institucionalidad. Cada cosa en su sitio. Tan sencillo como esto. Los jueces, los árbitros, los mediadores y los componedores tienen que ser personas ubicadas en el mismo centro de los intereses en juego. Ni reformistas, ni perredeistas, ni peledeistas. 

La vieja práctica de no cumplir la ley, tan propia de nuestra cultura política, tiene que ir cediendo paso a una manera diferente de hacer política. Y en este caso la ley reclama la condición de independencia partidaria.

Los jueces electorales recién nombrados por la Junta Central Electoral deben renunciar a su posición, porque son magistrados cuestionados por dos de los tres grandes partidos del sistema político dominicano. Su trabajo no será bien recibido por los cientos de miles de dominicanos y dominicanas que pertenecen a esos dos partidos, porque consideran que son parciales, que miran hacia un solo lado del espectro político dominicano.

Los informes que se escuchan en Santiago, en el Sur y aquí en la capital es que se trata de ciudadanos que, en sentido general, gozan de la estima de su comunidad por su formación profesional y por su trabajo, pero esos mismos informes les reconocen vinculaciones partidarias muy acentuadas, incluso con algunos de los partidos impugnadores.

Los senadores de la República han realizado una tarea que entendían necesaria desde el punto de vista político. Ellos respondieron a sus mentores políticos, sin importar las consecuencias de sus actos. Importó más el mandato de la facción que el requisito constitucional. Ahora, todos conocemos las derivaciones registradas y suponemos las que pueden sobrevenir. Incluso al interior de los propios partidos, donde hay tendencias insatisfechas.

Los magistrados recién designados son, sin embargo, los verdaderos actores de esta crisis, y en sus manos está, en su dignidad, en su responsabilidad ciudadana, abrir la oportunidad de una solución. Ojalà que así sea, para bien de una nación que merece y necesita consolidar sus instituciones.