Santo Domingo. – Con el objetivo de conocer y analizar desde diferentes enfoques los avances en la mejora a la calidad de los servicios públicos y contribuir al debate social sobre la Reforma en la Administración Pública, Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad realizaron tres foros sobre la calidad de los servicios en la administración pública.

Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, explicó que estas actividades, la primera en Santo Domingo, la segunda en Santiago y la tercera en Barahona, forman parte del componente de Sociedad Civil del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad del Servicio Público (PARAP II)

Señaló que el Estado Dominicano tiene, como parte de sus responsabilidades fundamentales, el deber de garantizar los derechos sociales.

Mientras que Ricardo Gonzales, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, agregó que, en la obligación legal y constitucional que tiene el Estado de proveer servicios públicos de calidad debe, además, garantizar la igualdad de género.

“La reforma de la administración pública debe darse incluyendo la calidad de los servicios y hacer esto sin una perspectiva de género no es posible”, enfatizó.

De su lado, Juan Castillo, director ejecutivo de Fundación Solidaridad, destacó la importancia que tiene el conocimiento y actualización de los marcos jurídicos referentes a la administración pública.

Al respecto se pronunció María Luisa Benítez Donoso, jefa de la sección de Política, Comunicación e Información de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, quien destacó la importancia del fortalecimiento de la estructuración de los servicios ofrecidos por las Instituciones Públicas a la ciudadanía como una prioridad para alcanzar el desarrollo.

"Desde la Unión Europea estamos aspirando a la construcción de una ciudadanía empoderada y la consolidación de un Estado democrático y de derechos", explicó.

En los foros se presentaron varios estudios, incluyendo uno sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Administración Pública No. Ley 247-12, autoría de Logia Grullón.

Además, se realizaron varios paneles con el tema “Mejora en la calidad de los servicios Públicos”, que contaron con la participación de Johanna Guerrero, directora de Diseño y Mejora de Servicios Públicos del MAP; Pedro Hernández, de la Liga Municipal Dominicana y Bernardo Matías, de la Sociedad Civil.

Otro de los paneles se centró en Mejoras en las Políticas públicas en violencia contra la mujer en base al género. En este participaron Altagracia Peña del Ministerio de la Mujer; Josefina Reyes, feminista y miembro del Consejo de Participación Ciudadana; Gladisleny Núñez, Encargada de la Unidad de Atención a Víctimas de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de la República Dominicana y Ana Vásquez, del Centro Integral para el Desarrollo Local, en Santiago.

Finalmente, el pasado sábado se realizó el último Foro en Barahona, donde se presentaron los resultados del informe Técnico de Veeduría Social de los Procesos de Profesionalización en el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio Público, además del Macro índice a la calidad de los servicios públicos de las instituciones priorizadas, por María Tatiana Burgos, consultora.

Luego se realizó el panel sobre Mejora en la atención a usuarios/as de los servicios públicos del Ministerio de la Mujer y Ministerio Público, en este participaron Margarita Feliz Montero, Ministerio de la Mujer, Marlen Andujar de la   Procuraduría Especializada de Género y Clara Feliz del Centro de Promoción Campesina (Lemba). 

9 de mayo del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó su rotundo rechazo a la agresión de que fueron objeto el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, su equipo y miembros de la prensa que lo acompañaron en una inspección al canódromo el pasado lunes. Consideran que esta acción constituye un grave atentado a la libertad de prensa, agravado por la acción de borrar lo documentado en el incidente, afectando el derecho a la información que tiene la población.

¨Es totalmente inaceptable que frecuentemente miembros de los cuerpos policiales y militares se comporten de manera dictatorial, agresiva y arbitraria contra ciudadanos y ciudadanas, y menos aún contra una autoridad constitucional como el Defensor del Pueblo, totalmente revestido del derecho de presentarse en cualquier organismo público o privado donde se haya denunciado violaciones a los derechos de la población¨, señalaron en nota de prensa.

Participación Ciudadana enfatizó que, tratar de impedir su entrada a un recinto público, agredir a la comitiva, despojar de cámaras y celulares a los miembros de la prensa, son delitos que deben ser sancionados de manera ejemplar, no sólo con la destitución sino también con un sometimiento a la justicia.

¨Es hora de que, de una vez por todas, las fuerzas del orden entiendan que no están por encima de las leyes, ni para atropellar a los ciudadanos y que los recintos públicos no son lugares cerrados, protegidos por un muro de impunidad, donde nadie se entera de lo que ahí pasa¨, preciso el movimiento cívico.

Participación Ciudadana entiende que es oportuno el momento para transformar ese centro de retención de vehículos que ha sido denunciado por muchos años como un ente de corrupción, atropello y violación de derechos a los ciudadanos.

¨Miles de vehículos son incautados por decisiones arbitrarias de los policías de tránsito, más allá de las atribuciones que les asigna la ley. Es cierto que en el país se necesita imponer el orden en el tránsito, pero esto sólo se logrará con el imperio de la ley, educación y con actuaciones respetuosas por parte de la policía ̈, concluyeron.

El Consejo Nacional de la institución de la sociedad civil, confía en que el presidente Abinader aprovechará esta oportunidad para dar un ejemplo y ordenar el desmonte y total transformación de este centro de atropello y despojo a los ciudadanos. También, señalaron que, sería oportuno concientizar y disciplinar a los miembros de la DIGESETT en lo relativo a los derechos humanos, a los límites de sus actuaciones y al conocimiento de las funciones de figuras de la democracia como lo son el Defensor del Pueblo y la prensa.

Consejo Nacional

13 de abril del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. En su 28va. Asamblea Anualcelebrada el 27 de marzo pasado, Participación Ciudadana eligió un nuevo Consejo Nacional y proclamó su apoyo a los esfuerzos que se están haciendo para avanzar en reformas institucionales que hace años son necesarias e impostergables. 

El movimiento Cívico, señaló en nota de prensa que, en estos momentos, 16 temas de trascendencia están en la agenda de trabajo del Consejo Económico y Social (CES).

Precisaron que todos los temas son necesarios, pero entienden que este año deberían priorizarse y lograrse la Reforma Electoral y la Ley de Partidos Políticos, además de garantizar la total independencia del Ministerio Público, la reforma de la Ley de Seguridad Social, y trabajar por la reforma institucional que garantice la calidad de la educación pública.

También señalaron que es fundamental la reforma policial, la política de seguridad ciudadana y de persecución de la criminalidad organizada, la ley de Extinción de Dominio, que ya cursa en el Congreso, y la reforma de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas.

Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, precisó en rueda de prensa que, algunas de estas reformas están en el tiempo justo para ser concertadas y aprobadas, dados los enormes perjuicios que su posposición conlleva.

¨Para mejorar la calidad de la democracia y de las próximas elecciones, los cambios en la normativa deberían producirse este año, de manera que la Junta Central Electoral y los mismos partidos tengan tiempo de aplicarlas antes del periodo electoral¨, señaló Abreu.

El movimiento cívico, enfatizó que, también son urgentes los cambios en la seguridad social y en la calidad de la educación pública. ¨Esta última no requiere reforma legal, ya que se puede lograr con un acuerdo y voluntad de las partes que coloque como centro de atención el aprendizaje de los niños y niñas que acuden a la educación pública, cumpliendo con el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de acceder a una educación de calidad¨, indicaron en la nota.

Señalaron, además, que es impostergable que el país realice las reformas necesarias para fortalecer los órganos de control de la corrupción y la criminalidad, males que amenazan el Estado social, democrático y de derechos que establece la Constitución. 

¨Reconocemos avances en la persecución de la corrupción y del crimen organizado, pero la delincuencia común sigue siendo una amenaza que transforma en un infierno la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas, a lo cual se agregan las frecuentes actuaciones abusivas de la policía, especialmente contra los sectores más vulnerables¨, precisaron.

La institución de la sociedad civil ve con preocupación los escasos avances en las diferentes mesas del CES que están a cargo de estos temas y la aparente disposición de algunos sectores de dificultar las reformas.

En tal sentido, exhortaron a los diversos sectores que confluyen en el CES a aportar la voluntad indispensable y comprometerse en las conversaciones, asumiendo un rol activo, tanto desde el sector social, empresarial y laboral, así como desde el oficialismo y los partidos de oposición, contribuyendo con sus propuestas a alcanzar resultados tangibles y arribar a los consensos necesarios para su posterior ponderación por las cámaras legislativas.

Participación Ciudadana, además, realizó un llamado a los legisladores para que las reformas se guíen por el artículo 147 constitucional, que manda a proscribir la corrupción y ordena castigo para toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos del Estado, obtenga para sí o para terceros provechos económicos, o proporcione ventajas a sus asociados, familiares, amigos o relacionados.

Siguiendo este mandato, la institución de la sociedad civil, considera que en el Congreso Nacional debe ser aprobado el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que también es un mandato constitucional, consignado en el artículo 51.6.

En ese tenor, señalaron que, es urgente establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprovechando que el artículo 147.5 constitucional establece que la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción.

Con relación a la reforma de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas de bienes y servicios, la institución puntualizó que se hace urgente su revisión integral de tal manera que permita fortalecer el marco jurídico regulatorio para hacerlo más transparente y eficiente en su funcionamiento y contrarrestar las prácticas de corrupción que han sido evidentes en los últimos años.

¨Las reformas que ahora se encuentran en discusión son un reto para la sociedad dominicana y no deben ser aplazadas bajo ningún pretexto. El pueblo dominicano cuenta con las fortalezas para avanzar ante las situaciones difíciles. Es precisamente para los malos tiempos que necesitamos instituciones fuertes¨, destacaron.

La organización de la sociedad civil señaló que todas las reformas que están apoyando tienen enormes repercusiones en el futuro inmediato del pueblo dominicano. Si no se logra ahora, el país arrastrará por décadas los mismos males que lo agobian.

Concluyeron, reclamando al sector político, oficialista y de oposición, cumplir con las promesas de campaña y los compromisos de avanzar hacia una República Dominicana más democrática y progresista, donde se incentive el trabajo honesto, la justicia y la paz y se castigue ejemplarmente la corrupción y el crimen.

 Consejo Nacional de Participación Ciudadana

6 de abril del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional del movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, eligió a Joseph Abreu, como el nuevo coordinador general de la institución para el periodo 2022-2023.

Joseph Abreu es licenciado en Contabilidad, y cuenta con una maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Actualmente trabaja como Gerente de Impuestos y Nóminas, en una institución privada.

Ingresó a PC en el año 2016, ha sido miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, del Comité Científico de la Asociación Tributaria de la República Dominicana (ATRIRD), del Consejo Nacional de Consultores Impositivos (CONACI), y de la International Fiscal Association (IFA).

En la actualidad es miembro de las comisiones de Ética, Transparencia y Control Interno.

“El rol en mi gestión como nuevo coordinador de Participación Ciudadana será de continuidad, a las acciones para el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana, a favor de la institucionalidad y la integración de la ciudadanía, donde exijamos juntos mayores derechos y compromisos de los actores políticos del país”, señaló Joseph Abreu.

Un Consejo Nacional renovado

En su XXVIII Asamblea General, Participación Ciudadana, renovó su Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la entidad. Este año fueron electos: Danilsa Peña Medina, Diego D’Aniello, Isidoro Santana, Miriam Díaz Santana, Naomi Rodríguez, Nora Elizabeth Sánchez, Sarah Jorge y Willy Montán.   

La renovación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana forma parte de las acciones que se realizan anualmente durante la Asamblea General Ordinaria del movimiento cívico, en la cual participa la membresía activa de la organización.