Capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional identifican riesgos de corrupción y medidas de integridad en contrataciones públicas durante COVID-19.

Santo Domingo, República Dominicana. Un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional (TI), presentó esta mañana un análisis sobre los riesgos de corrupción e identificaron las estrategias preventivas claves, para asegurar que las compras y contrataciones en período de emergencia que realizan los Estados frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia del virus COVID-19, cumplan los objetivos de aliviar los impactos en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.

Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, capítulo dominicano de TI, sostuvo que los riesgos de corrupción aumentan en los períodos de emergencia en países como la República Dominicana que para el año 2019 se encuentra entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, además “en un país donde las contrataciones públicas tienen una historia de opacidad, corrupción y ha servido para el enriquecimiento ilícito de funcionarios, políticos y empresarios”.

Los capítulos de Transparencia Internacional de la región, indicaron que “es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada en nuestros países. En el documento que presentaron denominado "Contrataciones Públicas en Estados de Emergencia: Elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante contingencias”, manifiestan cinco líneas estratégicas:

1. Máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia.
2. Activación de las agencias nacionales antimonopolio para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios.
3. Activar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia.
4. Concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en este tema o generando identificadores en las plataformas electrónicas de contratación pública.
5. La emergencia no es justificación para evitar una apropiada rendición de cuentas.

Los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional insistieron en que los riesgos de captura del Estado se manifiesten y profundicen para la apropiación de los recursos públicos por grupos de intereses políticos o económicos, y afirmaron que la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región.

“Con frecuencia se dice que la transparencia retrasa la entrega de bienes y servicios. Después de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete y daña la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población, es la opacidad y la corrupción”, expresaron.

La transparencia y la integridad salvan vidas
Los representantes de capítulos nacionales de Transparencia Internacional en América Latina, determinaron que “la corrupción en emergencias aumenta el impacto hacia la sociedad, estamos en alerta para prevenirla. El llamado a la transparencia en las compras y contrataciones públicas es la solución para prevenir que su mal uso cueste vidas y es la prevención para actuaciones delictivas”.

Anexo: Informe “Contrataciones Públicas en Estados de Emergencia: Elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante contingencias”.

26 de marzo de 2020

La pandemia del virus COVID-19 exige una acción global rápida. En el momento de escribir este artículo, 164 países están afectados, más de 200.000 personas han sido infectadas y más de 8.000 han muerto. Un número creciente de países ha impuesto límites a la vida pública para contener la pandemia, restringiendo actividades no esenciales como viajes y reuniones sociales, o cerrando escuelas, oficinas, universidades y espacios recreativos.

Durante crisis como la actual, el riesgo de corrupción en la atención médica se incrementa por la presión sustancialmente elevada que sufre el sistema de salud. La perturbación, la incertidumbre y la distracción contribuyen a un entorno en el que algunos actores intentan aprovechar la crisis para su propio beneficio.

Es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y se extiendan a todo el sector salud. Hemos identificado diferentes medidas clave para el control de la corrupción en el sector salud. Estas medidas incluyen, entre otras posibles, la publicación abierta de investigaciones sobre vacunas y tratamientos, la protección de los alertadores en los sistemas de salud y garantizar la igualdad de acceso a tratamientos que salvan vidas.

Sin embargo, la necesidad de transparencia y rendición de cuentas va más allá de los propios sistemas de salud.

Medidas de emergencia
Muchos países, regiones y ciudades han declarado estados de emergencia o invocado poderes extraordinarios similares para ayudar a prevenir la propagación del virus y acelerar así la toma de decisiones y la asignación de recursos. Estas medidas son clave y casi siempre necesario.

Sin embargo, la concentración de poder no debe, bajo ninguna circunstancia, conducir a su abuso. Es prioritario que los poderes de emergencia se ejerzan sólo para los fines para los cuales fueron otorgados.
Las salvaguardas para el control de la corrupción nunca deben relajarse ni eliminarse, de lo contrario corremos el riesgo de socavar nuestros esfuerzos para servir al bien público, mientras que los corruptos actúan con impunidad. El Consejo de Europa declaró que las protecciones esenciales al "estado de derecho, la supervisión parlamentaria, el control judicial independiente y los recursos internos efectivos, deben mantenerse incluso durante un estado de emergencia".

Sin embargo, en algunos países dónde las elecciones, las sesiones parlamentarias y otras actividades políticas han sido suspendidas para cumplir con las prescripciones sanitarias, muchos procesos normales de supervisión y rendición de cuentas también han sido severamente interrumpidos o alterados. Para cubrir el riesgo que esto supone, los gobiernos deberían hacer todo lo posible para actuar con integridad y compartir abiertamente la información con la ciudadanía. Para ello, asegurar el acceso a la información es clave para que en el futuro exista una clara rendición de cuentas por las decisiones tomadas ahora.

Ejemplos como el de Serbia nos ilustran la relevancia de nuestra reclamación.  El presidente Aleksandar Vučić ha hablado públicamente sobre la compra de equipos sin "procedimientos de adquisición por escrito" y agregó: "algún día me pueden enjuiciar por proporcionar respiradores a la gente". Si bien esta compra en particular puede haber sido para el mejor interés público, aceptar la crisis como un motivo para rechazar o detener las reglas de adquisición y la transparencia en el proceso, inevitablemente resultará en corrupción. Mientras tanto, el Primer Ministro de Serbia ha sembrado la confusión y ha expresado su preocupación al decir falsamente que la cantidad de respiradores en el país era un "secreto de estado".

Sumas extraordinarias
Ya se discuten paquetes de estímulo masivos para ayudar a las economías a recuperarse del impacto de la pandemia. En este sentido, la crisis actual también es un recordatorio de la importancia de la transparencia e integridad con la que las empresas e industrias presionan para acceder a fondos públicos. Los gobiernos deben proporcionar una justificación razonada de las decisiones que toman para contener la pandemia e impulsar sus economías, de modo que aseguren la confianza del público.

Información y desinformación abundante
En tiempos de crisis como los actuales, los medios de comunicación y la sociedad civil tienen un papel especialmente importante para proporcionar al público información confiable, independiente y actualizada en. El periodismo responsable y la experiencia de la sociedad civil pueden ayudar a detener la propagación de información falsa y, por lo tanto, contribuir en la construcción de confianza pública en el gobierno, factor clave para ofrecer respuestas efectivas ante la crisis. Estas voces deben ser protegidas, y los poderes de emergencia nunca deben usarse para reprimir la libertad de prensa. En Honduras, sin embargo, el artículo constitucional que protege la libertad de expresión, incluida la libertad del ejercicio periodístico, ha sido revocado por el estado de emergencia relacionado con COVID-19.

Para la mayoría de las personas afectadas por la pandemia, el foco principal es cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Sin embargo, durante estos tiempos extraordinarios, también debemos permanecer atentos frente a las amenazas a las libertades y a la justicia en nuestras sociedades.

Un Comunicado de Transparencia Internacional.

Traducción realizada por Paola Palacios y Mariel Miranda de Transparencia Mexicana (@IntegridadMx).
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Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó su rechazo al anuncio del Gobierno dominicano de que hará un desembolso adicional a la empresa Odebrecht, sobre todo en medio de una emergencia nacional que demanda que todos los recursos disponibles sean empleados en la salud pública, la protección social y la prevención del avance del Coronavirus.

Según datos analizados por Participación Ciudadana, provenientes de varias fuentes gubernamentales, el valor desembolsado hasta el momento a favor de Odebrecht, para la construcción de la Central Punta Catalina, es el siguiente:

El Consejo Nacional del movimiento cívico indicó que este monto solo incluye lo reportado hasta ahora por las fuentes oficiales, reconociendo que este monto ha sido cuestionado por varios especialistas que coinciden en elevarlo a cerca de 3,300 millones de dólares. Espera que algún día se sepa el verdadero costo de esta obra.

Por otro lado, Participación Ciudadana señaló que el Gobierno dominicano no ha cobrado a Odebrecht la póliza de garantía de fiel cumplimiento, ascendente a US$77,8 millones, a pesar de los más de dos años de retraso de la obra. “En el Acuerdo Marco, una nueva penalidad de un máximo de US$16.8 millones por incumplimiento de plazo, tampoco ha sido descontada a la empresa, para un total dejado de cobrar de US$94.6 millones”, enfatizó.

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, afirmó que el Gobierno dominicano, desde el 2014 ha estado favoreciendo al consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella en perjuicio de las finanzas públicas, entre ellas las siguientes:

• Ha entregado cientos de millones de dólares adicionales a lo legalmente establecido.
• No aplicó las cláusulas que a su favor establece el contrato, habiendo podido recuperar casi 100 millones de dólares.
• No ha cobrado más de 40 millones de dólares que Odebrecht ha dejado de entregar a la Procuraduría General de la República, según el acuerdo de 2017 como penalización por los sobornos realizados a funcionarios del Estado, acuerdo que asciende a 184 millones de dólares.
• No ha llevado a cabo una investigación seria y completa sobre los sobornos confesados por esa empresa, ni sobre las sobrevaluaciones de obras y financiamiento de campañas.

Participación Ciudadana expresó su rechazo a las negociaciones para vender a Punta Catalina, a un precio totalmente subvaluado y aprovechando el periodo de cambio de transición post-electoral.

La organización de la sociedad civil precisó que, desde 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a la investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas, ya la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) había gastado un total de 224.0 millones de dólares en “actividades relacionadas con el proyecto”, que no descontó del precio final del mismo. Entre esos gastos están las asesorías ambiental, financiera y legal, unos 29 millones de dólares pagados en supervisión de la obra, impuestos municipales, etc., los cuales no están siendo tomados en cuenta por al gobierno para calcular el costo final de Punta Catalina. Tampoco se conoce los gastos del proyecto incurridos desde enero 2018 a la fecha.

“De acuerdo al contrato No. 101/14, punto 7.2, el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella debió entregar la planta número uno el 7 de agosto de 2017 y la número dos el 7 de octubre de 2017; al no cumplir con esta entrega el Gobierno debió ejecutar la póliza de garantía de fiel cumplimiento (punto 7.2.1), ascendente a US$77.8 millones, lo que no hizo”, manifestó el Consejo Nacional de PC.

La organización enunció también que, si bien es cierto que Odebrecht reclamó en julio de ese año pagos adicionales por 708 millones de dólares, amén de que no lo hizo según el procedimiento establecido en el contrato, esa reclamación no detenía la ejecución de la póliza de 77.8 millones de dólares.

“Lo más perjudicial aun para las finanzas nacionales fue el llamado ‘Acuerdo Marco’, firmado con Odebrecht-Tecnimont-Estrella el 18 de junio de 2018, mediante el cual se le entregó al consorcio la suma de US$336 millones de dólares adicionales a los US$1,945 millones del contrato aprobado por el Congreso, mientras seguía pendiente la reclamación de Odebrecht por 708 millones de dólares. Ese ‘Acuerdo Marco’ constituyó una violación a la Constitución y las leyes, pues sobrepasó lo aprobado por el Congreso Nacional, por lo cual debió ser sometido a éste, pero no se hizo”, determinó el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Recordó que el referido “Acuerdo Marco” estableció nuevas fechas para la entrega de las dos plantas de Punta Catalina. La planta uno para el 8 de mayo de 2019 y la planta dos para el 9 de agosto de 2019, acordándose que cualquier retraso se penalizaría con el pago por parte de Odebrecht-Tecnimont-Estrella de la suma de US$220,000.00 diarios, hasta un máximo de US$16.8 millones, tope que favoreció de nuevo a Odebrecht. El nuevo tiempo de entrega se venció con creces, por lo que correspondía al Estado cobrarse esa suma de US$16.8 millones, pero no se hizo.

El 2 de septiembre de 2019 Participación Ciudadana hizo a la CDEEE un requerimiento de información sobre el “Acuerdo Marco” y su Fondo Contingente de 336 millones de dólares, que el señor Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo, contestó el 8 de octubre de la siguiente manera: “En la Sección 6.3 del ‘Acuerdo Marco’ se indica que ese Fondo Contingente no altera y/o modifica de manera alguna, el Precio Definitivo-Contrato de EPC (US$1945 millones) y nada de lo establecido en el ‘Acuerdo Marco’ y documentación relacionada podrá interpretarse en sentido contrario” (punto 8.h, página 5). “Sin embargo, como lo dijimos y se ha demostrado, el ‘Acuerdo Marco’ fue una preparación del nuevo acuerdo anunciado en estos días que es perjudicial para el país”, sostuvo el Consejo Nacional de PC.

Explicó que. en el último acuerdo, el Gobierno ha aceptado un pago adicional a Odebrecht-Tecnimont-Estrella por la suma de 395.5 millones de dólares, que descontando los US$336.0 millones entregados en 2018 según el “Acuerdo Marco”, significa un nuevo pago de US$59.5 millones de dólares. Al no ser sometido al Congreso, este acuerdo viola nuevamente el contrato No. 101/14 y la Resolución No. 219/14 del Congreso de la República. Pero, además, no tiene justificación ni técnica ni financiera.

“Queda establecido que un contrato por US$1,945.0 millones se ha aumentado a US$2,564.0 millones en favor de Odebrecht-Tecnimont-Estrella, mientras el Estado dominicano dejó de cobrarse la suma de US$94.6 millones, ante la tardanza de la entrega de la obra (US$77.8 millones de la póliza de fiel cumplimiento y US$16.8 millones del incumplimiento del “Acuerdo Marco”). Esa tardanza ha ocasionado enormes pérdidas a la sociedad dominicana que sigue pagando una energía cara y deficiente”, concretó.

Participación Ciudadana llama la atención, ante las maniobras del Gobierno, la CDEEE y sus asesores de subvaluar el costo real de las dos plantas de Punta Catalina, con fines de futuros negocios. “Ese costo no es el del contrato inicial de 1,945.0 millones de dólares, ni lo reportado hasta ahora, US$2,564.0 millones, sino todo lo gastado hasta la fecha, parte de lo cual no está incluido en esta cifra. Por igual, hay que tomar en cuenta la revalorización de ese patrimonio, luego de 6 años de iniciado, así como el sólido valor de mercado de ese proyecto por la rápida recuperación de la inversión que tiene, al poder vender toda la energía que produzca a un precio rentable”.

Consejo Nacional
22 de marzo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, avisó que estará atento y monitoreará la contratación de bienes y servicios necesarios para contrarrestar los efectos del Coronavirus en la República Dominicana durante el período de emergencia.

En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, recordó que la Ley Orgánica No. 21-18 sobre regulación de los Estados de Excepción, en su artículo 10, establece: “…durante el estado de emergencia podrán adoptarse todas las medidas necesarias para combatir enfermedades infecciosas, la protección del medioambiente…”, y, a seguidas, observó que esto pudiera implicar la contratación de bienes o servicios para cumplir dichos fines.

Expresó que la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, con modificaciones de Ley 449-06, excluye de la aplicación de la misma los procesos de compras y contrataciones por razones de seguridad o emergencia nacional que pudieran afectar el interés público, vidas o la economía del país, previa declaratoria y sustentación, pero indica que no se deben vulnerar sus principios fundamentales para garantizar la transparencia, integridad y evitar la corrupción.

Enfatizó que las compras o contrataciones que realice el Estado dominicano sobre la base de esta excepción, no deben violentar o exceptuar principios básicos y estándares para garantizar una contratación pública transparente, como lo es el de la eficiencia, para garantizar la selección o adquisición de aquellos bienes que más satisfagan y compense la población dominicana.

“Los responsables de dichas contrataciones deben garantizar las condiciones más favorables al interés general, como la más conveniente oferta técnica y económica. Las entidades públicas deben consultar el Registro de Proveedores del Estado, identificando aquellos ya calificados”, añadió.

Participación Ciudadana espera que, cumplido el plazo y cuando cese la declaratoria de emergencia, prevalezca el principio de transparencia y publicidad, y que todo interesado tenga libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria de dichas contrataciones.

El director ejecutivo de la institución aprovechó para reiterar lo establecido en el Decreto No. 490-07, que instituye el Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, en lo relacionado a los procedimientos para los casos de excepción. “Lo primero es señalar que será necesario contar con la certificación sobre la disponibilidad de recursos financieros para la celebración del correspondiente contrato o el otorgamiento de una orden de compra, en el caso de adquisición de bienes”.

“Desde Participación Ciudadana estaremos pendientes, quince días calendario después de finalizado el estado de emergencia, a los informes detallados que la entidad contratante deberá rendir a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, como a la obligatoriedad de su publicación y difusión en la página Web de la Dirección General de Contrataciones Públicas”, manifestó Pimentel.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana señaló que la declaratoria de cuarentena como parte de una estrategia nacional para contrarrestar la expansión y los efectos del COVID 19, tanto en vidas humanas, como en las actividades económicas, turísticas, educativas, sociales y políticas, incluyendo la campaña electoral, es correcta y está acorde con los protocolos sanitarios internacionales.

El Congreso Nacional aprobó el proyecto de Resolución sometido por el presidente Danilo Medina para declarar el Estado de Emergencia en el país. Esto le permitiría la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias en circunstancias que no puedan realizarse por los mecanismos regulares de gobierno. Estas disposiciones incluyen la restricción del ejercicio de determinados derechos constitucionales y la excepción para la aplicación de los procedimientos de contrataciones públicas.

El Decreto134-20 declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante la Resolución núm. 62-20 del 19 de marzo de 2020.

Consejo Nacional
20 de marzo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, instó a la sociedad a guardar la calma ante la situación que vive el país y el resto del mundo por el Coronavirus y a seguir las recomendaciones expuestas por las autoridades de salud nacionales e internacionales a fin de cuidar y garantizar nuestro bienestar y el de nuestra familia.

“Controlar el contagio de este virus está en manos de cada ciudadano y ciudadana, por lo que desde Participación Ciudadana les invitamos a estar atentos a las informaciones de los organismos oficiales y a seguir al pie de la letra las medidas dispuestas por las autoridades competentes. En este momento es vital mantener los lazos de solidaridad que nos caracterizan e interpelar a la conciencia colectiva, a fin de salvaguardar nuestra integridad, así como la de nuestra familia y la de todos aquellos que nos rodean”, expresó la coordinadora general del movimiento cívico, Sonia Díaz Inoa.

Indicó que en estos días la sociedad está expuesta a recibir mucha información por lo que es importante verificar la veracidad de las mismas.

“Recomendamos a la ciudadanía a elegir con cuidado las fuentes de información y a seguir aquellas que exhiban un alto grado de credibilidad y confianza, de modo que evitemos la divulgación de noticias falsas. Debemos actuar de manera responsable y cooperar”, añadió.

Señaló que este es un momento donde las autoridades deben actuar con total transparencia y mantener informados a la sociedad. “La información es poder en situaciones como esta. Cuando estamos bien informados somos más estrictos con las medidas para evitar la propagación de este virus”.

La coordinadora general de Participación Ciudadana informó que, a fin de resguardar la seguridad de sus colaboradores y colaboradoras, desde ayer se encuentran trabajando de manera remota.

“Los medios de contacto de la institución estarán disponibles para el público en general, ya que contamos con un plan de trabajo que nos permite dar continuidad a los aportes que realiza nuestra organización desde sus diferentes áreas temáticas de trabajo. Reiteremos que nuestro compromiso es garantizar los derechos humanos de todos y todas, así como la legalidad y la transparencia de los procesos”, manifestó Díaz Inoa.

Santo Domingo, República Dominicana. La actividad de compra de votos aumentó de un 13% a un 19% en el balance de cierre de nuestros observadores electorales. Las provincias con mayor evidencia de compra de votos fueron Espaillat con 35%, María Trinidad Sánchez 33%, Duarte 29%, Sánchez Ramírez 28%, La Altagracia 26%, Santiago 25% e Independencia 22%. La media reportada en nuestro informe del mediodía fue de 13%.

A pesar de esos datos, nuestros observadores reportaron cuatro casos de apresamiento por compra y venta de cédulas. En el Distrito Nacional, Galván y San Víctor se apresó por compra y en Río San Juan arrestaron a un ciudadano por vender su documento de identidad.

El proselitismo en los alrededores de los centros de votación aumentó un 10% (de un 28% a un 38%) en la jornada vespertina de observación electoral. Los observadores de Participación Ciudadana indicaron que en el 90% de los recintos electorales en que hubo proselitismo actuó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mientras que en el 77% lo hizo el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Esto indica que las organizaciones mayoritarias actuaron de manera similar en la mayoría de los recintos, aunque en distinta proporción.

En líneas generales, nuestros observadores coincidieron en el orden y la tranquilidad en que se desarrolló el proceso de votación en el que solo se registraron incidentes menores.

El balance de cierre y escrutinio de nuestros observadores en todo el país indica que la mayoría de los colegios cerraron a la hora establecida y que en los casos en que hubo personas en la fila se les permitió el sufragio.

Los observadores de Participación Ciudadana inicialmente fueron impedidos de participar en los procesos en las Juntas Electorales de Santo Domingo Norte, Samaná, Barahona y Baní a pesar de contar con las acreditaciones expedidas por la Junta Central Electoral. Posteriormente se les permitió acceder. En el resto del país nuestros observadores cumplieron con su trabajo sin mayores contratiempos.

Como habíamos advertido, el proceso de escrutinio ha sido muy lento. Hasta las ocho de la noche habíamos recibido solo el 18% de la muestra de los observadores de escrutinio.

Nuestros observadores en los colegios y en las Juntas Municipales permanecerán en sus posiciones durante todo el proceso de escrutinio hasta su conclusión.

Consejo Nacional

15 de marzo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. Las elecciones municipales se han desarrollado con normalidad, orden y fluidez en casi todo el territorio nacional. La instalación temprana del 86% de las mesas ha facilitado el ritmo del sufragio evitando la aglomeración de personas en los recintos de votación. El 96% de los colegios se instaló con todos sus miembros.

En el 13% de los recintos reportados en la mañana hubo registro de compra de votos en sus alrededores. En el 84% de los locales donde se observó la compra de votos corresponde al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el 49% al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Otras fuerzas políticas también lo hicieron, pero en menor proporción.

Los partidos políticos realizaron proselitismo en franca violación de la ley electoral en el 28% de los recintos de votación. En la mayoría de los casos con la exhibición de distintivos en dimensiones exageradas (baberos) con las fotos de los candidatos y candidatas. También se observó propaganda impresa, militantes en campaña, gorras, camisetas, botones, etc. También observamos distribución de dinero.

Hasta este momento solo tenemos el reporte de un incidente violento ocurrido en el Distrito Municipal El Barro de Azua, donde nuestra observadora reportó que un miembro de la policía electoral disparó accidentalmente provocando heridas a dos personas. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Taiwan en el municipio de Azua. En Boca Chica fue apresado un candidato a regidor del PRM para ser investigado por supuesto porte de armas.

Los observadores llamaron la atención sobre la actitud de la policía electoral frente al delito fragrante de compra de votos. Alrededor del 79% de los casos la policía ignoró la situación o simplemente dispersó a quienes incurrían en el delito. Nuestros observadores reportaron un arresto en Boca Chica a las 9:50 de la mañana de un activista que compraba votos, y otro en San Juan de la Maguana de alguien que lo vendió.

En el 10% de los recintos la policía electoral obstaculizaba la entrada de los votantes. En un 7% se informó que los uniformados amedrentaron a los ciudadanos.

La población ha respondido al llamado de Participación Ciudadana para reportar situaciones alrededor del proceso de votación. Hasta el momento hemos recibido 125 reportes a través de la plataforma Atento con tu voto, de los cuales hemos podido confirmar 81. En la mayoría de los casos coinciden con las informaciones de nuestros observadores fijos e itinerantes.

Hemos solicitado a la Junta Central Electoral (JCE) garantizar la presencia de nuestros observadores en los distintos recintos de votación. En el 10 por ciento de los recintos se impidió el acceso de los observadores de nuestra institución, aunque posteriormente la mayoría pudo hacerlo.

Participación Ciudadana estuvo presente en toda la geografía nacional a través de nuestros 2,600 observadores debidamente acreditados por la Junta Central Electoral, quienes realizaron esta mañana una observación itinerante, recorriendo los distintos recintos electorales y enviando a nuestro centro de operaciones las primeras incidencias del proceso electoral cortado hasta el mediodía, así como de nuestros observadores en las 158 juntas electorales existentes.

Los resultados de esta observación corresponden con una muestra aleatoria de 1,046 recintos electorales que equivale al 25% de la totalidad de los centros de votación.

Participación Ciudadana saluda la participación de la población en este proceso. Y exhortamos a quienes no lo han hecho a cumplir con su deber cívico.

El próximo informe de observación será presentado a las 7:00 de la noche.

Consejo Nacional
15 de marzo de 2020

Dispondrá de observadores en las 158 juntas electorales

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco del desarrollo de su Programa de Observación Electoral 2020, desplegará más de 2,600 observadores electorales durante la celebración de las elecciones municipales extraordinarias del próximo 15 de marzo.

“Para el 16 de febrero contábamos con 1800 observadores. Ahora hemos reforzado nuestra red y solicitamos a la Junta Central Electoral 800 nuevas acreditaciones de voluntarios y voluntarias que estarán vigilando el proceso en todo el territorio nacional desde la apertura de los recintos electorales hasta el escrutinio y transmisión de los resultados”, informó la coordinadora general de Participación Ciudadana, Sonia Díaz Inoa.

Destacó que dispondrán de observadores en las 158 Juntas Electorales y  que realizarán dos tipos de observación electoral, una observación itinerante, donde estos voluntarios y voluntarias se movilizarán por las calles y visitarán diferentes locales de votaciones, observando las incidencias dentro y en los alrededores de los mismos; y una observación de locales de votación, donde el observador u observadora tendrá asignado un local y podrá constatar las incidencias fuera del local y dentro de los colegios electorales.

A través de un comunicado prensa, la coordinadora general del movimiento cívico, invitó a la población en general a ser partícipe y vigilante del proceso de esta contienda, mediante la plataforma digital atentocontuvoto.org, a través de la cual toda la ciudadanía puede reportar cualquier irregularidad detectada durante la jornada electoral.

“La democracia la construimos todos y todas y de cada uno de nosotros depende la transparencia del proceso. Esta herramienta es para que cada ciudadano se comprometa a ser un guardián de nuestra débil democracia, para que no nos quedemos callados si presenciamos algún delito o crimen electoral y lo denunciemos. Les invitamos a que vigilen, a que voten masivamente y a que exijan que se cumpla lo establecido en las leyes. Es hora de que todos hagamos nuestra parte”, expresó Díaz Inoa.

Participación Ciudadana, indicó que atentocontuvoto.org visualizará en un mapa georreferencial los lugares donde se han reportado irregularidades o anomalías que induzcan a la vulneración de derechos durante el ciclo electoral. También dispondrán del correo [email protected] y el número de WhatsApp 809-764-4952 para que el ciudadano realice su denuncia.

Participación Ciudadana observa las elecciones de República Dominicana desde 1996, con el objetivo de velar por el respeto de la democracia y la voluntad popular en las urnas. Desde entonces, ha contado con más de 60,000 voluntarios y voluntarias.

10 de marzo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. La organización de la sociedad civil y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, solicitó este miércoles al presidente del Consejo Económico y Social, Monseñor Agripino Núñez, participar como observadores del Diálogo Nacional con los partidos políticos y otras instituciones para solucionar la crisis que afecta a la República Dominicana luego de ser suspendidas las elecciones municipales de febrero pasado.

“Hacemos esta solicitud en virtud de ser una organización acreditada en el país para la observación electoral de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2020 y en nuestro inseparable rol de defensa de la democracia e irrenunciable objetivo de aportar en la realización de unas elecciones libres y transparentes”, expresó Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de PC, en un comunicado de prensa.

En una carta enviada al señor Agripino Núñez, Participación Ciudadana demandó participar de este proceso o en cualquier otro que se convoque para tratar asuntos de interés nacional, colectivo y relacionado con el futuro inmediato de la democracia y el sistema electoral dominicano.

“De nosotros, la sociedad puede esperar la defensa de la Constitución, las leyes, el Estado de derecho, al tiempo que nos compromete en nuestro rol de observadores del proceso para informar al país todo lo que acontezca en los espacios de diálogo o concertación en los que participemos, relativos a los valores democráticos, a la transparencia y al derecho de la ciudadanía de ejercer la democracia en sus diferentes manifestaciones. Nos reiteramos vigilantes de los procesos democráticos del país y seguiremos promoviendo la participación de la ciudadanía”, señaló Díaz Inoa en el comunicado.

Carta PC a Agripino

Consejo Nacional
04 de marzo de 2020

Los jóvenes empresarios del país, estarán sumándose a la plataforma de Observación Electoral de Participación Ciudadana, con el objetivo de promover la transparencia de estos comicios.

Lunes 2 de marzo de 2020, Santo Domingo, R.D. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, firmaron este lunes un acuerdo con el fin de aunar esfuerzos para garantizar que se realicen unas elecciones municipales transparentes el domingo 15 de marzo, luego de su suspensión el domingo 16 de febrero.

En virtud de este acuerdo, ANJE y su membresía, formada por jóvenes empresarios del país, estarán sumándose a la plataforma de Observación Electoral de Participación Ciudadana, organización que desde 1996 ha participado como Observador de los Procesos Electorales de la República Dominicana, contribuyendo con la transparencia de los mismos, la vigilancia ciudadana y el respeto de la democracia y la voluntad popular en las urnas.

Durante la rueda de prensa en la que se anunció la firma de acuerdo, los directivos de ambas organizaciones manifestaron que tanto ANJE como Participación Ciudadana, desde sus inicios, han coincidido en sus propósitos de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia dominicana, cada una aportando desde su sector y área de expertise.

“En la coyuntura actual que vive el país, se hace necesario que unamos nuestros esfuerzos para colaborar con la celebración de unas elecciones masivas, legítimas, pacíficas y transparentes, en el plazo que contemplan la Constitución y las leyes, asegurando la igualdad de derechos para todos los candidatos y reforzando la confianza de ciudadanos y ciudadanas en las elecciones y sus resultados”, expresó Radhamés Martínez Álvarez, presidente de ANJE.

Por otro lado, Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, señaló la trascendencia del acuerdo para el país. “Nos complace contar con la participación activa de ANJE en este proceso electoral, que por sus particularidades hace imperativo que la sociedad civil, incluyendo el sector empresarial, se una para vigilar y salvaguardar la soberanía del voto, contribuyendo a garantizar la seguridad y fidelidad de la voluntad popular y acreditando la transparencia del proceso electoral. De esta forma, unimos nuestras fortalezas para construir una sociedad democrática, transparente y libre de corrupción e impunidad”, afirmó.

Al mismo tiempo, las dos organizaciones hicieron un llamado a toda la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a continuar involucrándose y participando activamente de los procesos democráticos del país, ejerciendo masivamente su derecho al voto y participando de esta y otras plataformas que contribuyen con la transparencia de los procesos electorales.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes, por ANJE, su presidente Radhamés Martínez Álvarez; la primera vicepresidenta, Susana Martínez Nadal; el segundo vicepresidente, Luis Manuel Pellerano; el secretario, Christian Cabral; el vicesecretario, Jaime Senior; el vocal, Yasser Mármol; además de la Directora Ejecutiva, Sol Disla y por Participación Ciudadana, Sonia Díaz Inoa, coordinadora general, Carlos Pimentel, director ejecutivo, y miembros del Consejo Nacional.