Balance del año 2014

Cada diciembre Participación Ciudadana pasa balance al año que termina. En él ofrece su visión general de lo acontecido y contribuye con información que permita a las autoridades y a la ciudadanía iniciar un nuevo año sin olvidar lo ocurrido, con el propósito de fortalecer las buenas actuaciones y condenar lo que está mal hecho.

 

  1. Pensamiento conservador predomina en las decisiones políticas

 

Durante 2014 se hizo evidente que las principales instituciones del sistema político y jurídico en las decisiones tomadas mostraron que responden a los planteamientos del pensamiento conservador. Esto sucedió de manera manifiesta con relación al contenido y, sobre todo, en la ejecución de la ley 169-14 y en la decisión del Tribunal Constitucional con relación a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primer caso los escasos resultados en las tres poblaciones que comprende la ley permiten apreciar una intención de que no se logren los objetivos establecidos en la ley. Con relación al segundo caso, se impuso el criterio por la sentencia del Tribunal Constitucional que solo existió una presunción de legalidad de la adhesión del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Superior Electoral sigue perdiendo credibilidad al inclinarse, con sus decisiones, a la protección de un partido político en particular quién no pudo demostrar la veracidad de sus argumentos,  recurriendo el órgano jurisdiccional  al tecnicismo en lugar de encarar la violaciones a la ley electoral cometidas ante los ojos de la ciudadanía.

Ha comenzado la campaña política de varios precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana sin que nada ni nadie haya tratado de impedir que esto sucediera. Aunque son varios los precandidatos el ex Presidente Leonel Fernández, sin ser todavía precandidato oficial acapara las preferencias electorales para las elecciones de 2016 en las encuestas de opinión pública.

A pesar de que está prohibida en la Constitución vigente, la reelección del Presidente Danilo Medina es defendida por miembros cercanos al Presidente y altos funcionarios del gobierno. La alta popularidad del actual Presidente ha motivado a esos colaboradores cercanos a defender que con la candidatura del Presidente Medina el triunfo del PLD está asegurado en las elecciones de 2016. El problema está en que la reelección sea posible hay que modificar la Constitución y solo podrá realizarse con la colaboración del Expresidente Leonel Fernández que controla una buena parte de los legisladores del PLD en ambas cámaras del Congreso, por lo que su apoyo es imprescindible en la modificación constitucional. Sin embargo, hasta el momento no están claros los incentivos por los cuales el Dr. Fernández apoyará una modificación de la Constitución para introducir la reelección que perjudicará su carrera política.

La oposición sigue, hasta ahora sin éxito, en busca de una unidad que le permita presentarse como opción de poder en las elecciones de 2016. La división en el PRD dio lugar al nacimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero ya han aflorado diferencias en cuando a la selección del candidato a la Presidencia de la República, que  indican que es posible que se produzca confrontaciones internas que disminuirán las posibilidades de crear un frente opositor que represente una verdadera opción de poder en2016. Las dificultades por las que atraviesa el PRM está afectando la consolidación de la convergencia por un Mejor país por cuanto se entiende que el PRM puede aportar la masificación del voto para un buen desempeño electoral en el próximo certamen.

 

  1. Crece el rechazo a la corrupción, se registran escasos avances en la transparencia y las promesas de combatir la corrupción.

 

A pesar de las expectativas creadas con las promesas del Presidente Medina de combatir la corrupción, el año 2014 transcurrió sin que se registraran avances significativos en esta materia. Una muestra de ello es el hecho de que todas las encuestas publicadas en el año dan como resultado que más del 80% de la población dominicana afirma que en el país existen altos niveles de corrupción e impunidad.  El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional dado a conocer recientemente, sigue presentando a la República Dominicana con altos niveles de corrupción, ocupando el lugar 115 de 175 países, con una puntuación de 32 sobre 100.

En importantes instituciones del Estado se experimenta un retroceso en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información. La información que presentan los portales de muchas de las páginas web de las instituciones públicas no responde a la veracidad y transparencia a que están obligadas.

Ha habido un reclamo popular para que fueran llevados a la justicia funcionarios del pasado gobierno que muestran una fortuna que no se puede justificar y contra quienes se elaboraron expedientes muy bien fundamentados. Sin embargo, hasta el momento, esos funcionarios no han respondido ante la justicia, amparados en la figura jurídica de archivo de expedientes o no ha lugar a la persecución penal, figuras procesales que han sido utilizadas abusivamente por fiscales y  jueces militantes de partidos políticos para encubrir a funcionarios acusados de corrupción. Resalta en este año el archivo del expediente contra el Ingeniero Víctor Diaz Rúa elaborado y sometido por la Fiscalía del Distrito Nacional, después de una exhaustiva investigación de sus actuaciones al frente del Ministerio de Obras Públicas, bajo el argumento de que no se informó al acusado de que estaba siendo objeto de investigación declarando nula todas y cada una de las actuaciones  del Ministerio Público.  Esta decisión fue confirmada  por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Un  actor que ha perjudicado las expectativas creadas y los compromisos asumidos por el Presidente Medina en esta materia, es el hecho de mantener en el principal órgano rector de la ética y la prevención de la corrupción a un funcionario del pasado gobierno, ampliamente rechazado por sus actuaciones, incluida la de presentar una declaración jurada de bienes que constituye una burla a la Ley y una falta de respeto al país.

Aunque en el 2014 hubo repartición ilegal de recursos del Plan de Pensiones entre los más altos funcionarios del Banco Nacional de la Vivienda, hecho constatado por la Cámara de Cuentas  y que hasta ahora no ha movido la acción penal pública ni la destitución de los funcionarios.

El II informe de Monitoreo del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad,  publicado por Participación Ciudadana a mediados de este año muestra un débil cumplimiento de los compromisos que asumió el Presidente Medina, cuando firmó este documento el 7 de mayo del 2012. Se registra un retroceso en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información en importantes instituciones del Estado, así como en la transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales.

En 2014,  Participación Ciudadana publico el libro “La Corrupción Sin Castigo” el cual contiene detalles de  94 denuncias y expedientes de delitos de corrupción reseñados por la prensa dominicana desde el año 2000 al 2013. De las 94 denuncias contenidas en esta publicación, muy pocas han sido conocidas por la Justicia y mucho menos sancionadas, aumentando de esa manera la percepción de corrupción e impunidad reinante en el país.

Si bien en el año 2014 se han notado ciertos avances en la transparencia de las compras y contrataciones públicas y en la consolidación de las cuentas del Estado en el sistema Cuenta Única del Tesoro, las instituciones autónomas y descentralizadas no se han integrado. Tal es el caso de la Junta Central Electoral, que se niega a someterse.

Se inició un proceso de saneamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior Dominicano,  a partir del nombramiento del Ministro Andrés Navarro, con la promesa de que se cambiará la imagen de corrupción y desperdicio de los recursos públicos que acompañó a este órgano de la administración publica en la anterior gestión.  Una muestra de la situación es la información que  ha circulado en los medios de comunicación sobre la nómina del servicio exterior con unos montos escandalosos los cuales no coinciden con la información que estaba publicada en la  página web del MIREX. La información confirma el personal numerario,  los altos salarios que no  corresponden a criterios de política salarial ni de capital humano sino al reparto político y  del presupuesto público del Estado.

Como avance también pueden señalarse los esfuerzos que han realizado la Dirección General de Compras y la Contraloría General de la República, para organizar y subordinar a la ley  entidades de la administración pública tan vulnerables a actos de corrupción. Sin embargo, el mayor obstáculo al cumplimiento de esta Ley lo presentan instituciones autónomas y descentralizadas que, como la Junta Central Electoral, se niegan a someterse a la legalidad, aunque están incluidas expresamente en la misma.

Otro aspecto positivo del año fue la promulgación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.  Sin embargo, este avance se ha visto empañado por la dilación en la promulgación del reglamento para la aplicación de dicha Ley, cuyo plazo venció. Hasta la fecha, la mayoría de los funcionarios no han cumplido con el depósito de la declaración jurada de patrimonio y no ha habido reacción de las autoridades para sancionar a los sujetos obligados    Igual suerte han tenido Ley de Regulación Salarial del Estado dominicano y la Ley orgánica de la administración, las cuales también están pendientes de que se emita su reglamento de aplicación.

A lo largo del año, la Cámara de Cuentas dio a conocer una considerable cantidad de auditorías realizadas en los últimos años a instituciones del gobierno central descentralizadas y municipales. La gran mayoría de ellas muestran numerosas y graves irregularidades y manejo poco transparente de los recursos públicos. Sin embargo, estas auditorías caen en el vacío, sin que las autoridades correspondientes procedan a instrumentar el sometimiento a la justicia de los funcionarios responsables, lo cual podría hacerse sólo sobre la base de las auditorias, de acuerdo a lo establecido  por la Ley.

Se reconoce que el Procurador General de la República sometió a la justicia al Senador y funcionario del pasado gobierno, Ingeniero Félix Bautista, acusado de prevaricación y lavado de activos, entre otros delitos. Con gran escepticismo, amplios sectores de la vida nacional esperan que este caso sea llevado a juicio y que el acusado pueda demostrar la procedencia de la inmensa fortuna que exhibe y que está ampliamente documentada en el expediente.

 

  1. Comportamiento de principales variables económicas.

 

El Banco Central ofrece  cifras al cierre del tercer trimestre del año 2014, que reflejan una economía con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) muy por encima de la media latinoamericana y mundial, con una tasa de inflación controlada y una depreciación de la moneda por debajo de lo que habían proyectado las autoridades económicas al momento de elaborar el Presupuesto General del Estado (PGE) del año. Según los datos publicados, el crecimiento del PIB durante 2014 ha descansado, preponderantemente, en las actividades de explotación mineras y en los sectores de construcción y turismo.

En cuanto a los resultados de las cuentas del país con el exterior, durante el 2014 se observa una ligera disminución en el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, debido esencialmente a las exportaciones de oro, pues las exportaciones de los demás bienes siguieron experimentando el mismo estancamiento verificado en los últimos años. Otras actividades generadoras de divisas con una contribución importante en el resultado de la cuenta corriente externa, ha sido el incremento en los ingresos por servicios turísticos, dado el mayor dinamismo en la llegada de extranjeros no residentes, con lo cual ha crecido la ocupación hotelera del país. Los ingresos por remesas desde el exterior han acusado también un ligero incremento durante el cursante año, a pesar de que tanto Estados Unidos de América como la zona del Euro todavía siguen verificando modestas tasas de recuperación económica.

Un hecho alentador, que puede ayudar a mejorar los resultados de nuestras cuentas externas, es la significativa disminución en los precios internacionales del petróleo y sus derivados que ha tenido lugar durante el  2014, sobre todo en el último trimestre del año.

Como se conoce, la inversión extranjera directa constituye una de las fuentes más importantes para financiar el déficit de cuenta corriente de la Balanza de Pagos. En ese sentido, los datos oficiales sobre el flujo de inversión extranjera directa hacia el país, revelan una recuperación en el 2014 con relación a la caída sufrida por esta variable durante el año anterior.

 

  1. Persistencia del déficit fiscal y desmesura de la deuda pública.

 

A pesar de los signos positivos  en el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, revelados precedentemente, lo cierto es que nuestro panorama económico se torna sombrío cuando nos adentramos en el análisis de los déficits de las operaciones gubernamentales y su financiamiento.

Como se recordará, en nuestro balance final del año pasado, expresamos la preocupación de que el Gobierno Central se hizo aprobar un Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2014, ascendente a RD$613,137 millones, incluyendo un monto de RD$111,552 millones para amortización de la deuda pública; y con un déficit explícito de RD$77,709 millones. Advertíamos en esa ocasión sobre la posibilidad de que los Ingresos Corrientes calculados en el PGE 2014 estuviesen sobreestimados, lo cual podría agravar el déficit esperado. Y, en efecto, los datos de la DGII disponibles al momento de este informe, revelan que durante el periodo enero- octubre 2014, el nivel de cumplimiento de las recaudaciones estimadas había sido de 97.7%, a pesar de que durante el 2014 ingresaron al fisco varias partidas extraordinarias que no se habían contemplado originalmente, como lo fueron aquellas provenientes de impuestos sobre las ganancias de capital de compañías de telecomunicaciones y los nuevos aportes de la empresa Barrick Gold, exportadora de oro. Vale decir que, de mantenerse este comportamiento, al final de año se recaudarán alrededor de RD$10,000 millones menos del estimado oficial, lo cual significa que para mantener el déficit en el nivel proyectado el gobierno tendría que restringir aún más las inversiones públicas.

Repitiendo el mismo comportamiento de años anteriores, el Poder Ejecutivo elaboró, y se hizo aprobar en el Congreso Nacional, un PGE 2015 por un monto de RD$630,934 millones, incluyendo amortización de deuda por RD$101,618 millones; y con un déficit explícito de RD$73,883 millones. Esto significa que durante el año 2015 el gobierno tendrá que buscar financiamiento por un monto de RD$175,501 millones, destinados a cubrir tanto la amortización de la deuda como el propio déficit fiscal.

Llama la atención que el servicio total de la deuda pública ascenderá a RD$189,635 millones durante 2015, de los cuales RD$101,618 millones, como ya fue establecido, se destinarán a la amortización y los restantes RD$88,017 millones al pago de intereses. Es decir, que los RD$175,501 millones de financiamiento requeridos se usarán, no sólo para cubrir todos los compromisos de amortización sino también para pagar el 84% de los intereses correspondientes al año 2015.

Así las cosas, surgen interrogantes sobre las razones por las cuales, en los últimos años, el Gobierno Central ha venido operando con niveles de déficit y de endeudamiento tan desmesurados. Es que los ingresos tributarios se han quedado estancados? o es que la estructura gubernamental está sobredimensionada, tanto en término de la cantidad de organismos como de personal remunerado? La respuesta podemos encontrarla con un simple vistazo a las cifras de ejecución presupuestaria de los últimos diez (10) años.

En ese sentido, se observa que mientras en el año 2005 los Ingresos Ordinarios del Gobierno Central alcanzaron RD$157,015 millones, diez años después, el PGE 2015 consigna un monto a recibir de RD$455,433 millones, para un robusto crecimiento cercano al 20% promedio anual durante el periodo considerado. Pero ocurre que durante el mismo lapso las remuneraciones pagadas por el Gobierno Central se han movido desde RD$37,191 millones en el 2005 hasta RD$138,801 millones en el PGE 2015, para un crecimiento promedio anual superior a 27%. Dicho de otro modo,  mientras los ingresos se multiplicaron por 2.9 veces, las remuneraciones crecieron 3.7 veces durante el periodo en consideración.

Sin duda alguna, ese desbordado incremento anual en los gastos de nómina obedece a la  cada vez más acentuada práctica clientelista en el manejo de las finanzas públicas, la cual se revela tanto en la existencia y creación de múltiples instituciones, organismos, e incluso Ministerios sin ninguna utilidad para el buen gobierno, como en la conformación de nóminas supernumerarias y hasta “nominillas” destinadas a garantizar un salario a militantes y activistas del Partido que detenta el control del presupuesto nacional. Eso es lo que explica que mientras en el año 2005 las remuneraciones significaron el 23.7% de los Ingresos Corrientes, en el PGE 2015 representan el 30.8% de los mismos.

Como ya expresamos, para sustentar esos y otros gastos igualmente improductivos, se ha venido recurriendo cada vez con mayor frecuencia al endeudamiento externo e interno. En forma tan desproporcionada que, mientras en el 2005 el servicio de la deuda representó un 24.6% de los Ingresos Corrientes, en el PGE 2015 está consignado que ese mismo coeficiente llegará al 42.1%.

Esa forma irresponsable de ejecución del gasto público, unido a la asignación de un significativo monto de recursos para cubrir parte del déficit operativo del ineficiente sector eléctrico del país (la otra parte se cubre con apagones), genera serias restricciones para una sana ejecución presupuestaria, obligando a sacrificar las inversiones públicas para poder mantener esos altos niveles de gastos corrientes parasitarios.

Importa señalar además, que los datos de endeudamiento arriba señalados, sólo se refieren a la deuda generada por el inadecuado desempeño del Gobierno Central. Vale decir, que en esos cálculos no está considerado el enorme endeudamiento ocasionado para cubrir las actividades del sector público financiero y, de manera especial, el llamado déficit cuasi-fiscal del Banco Central.

Para tener una idea, basta señalar que al 31 de diciembre de 2004, ya efectuado el rescate auspiciado por el gobierno como solución a los fraudes bancarios descubiertos en 2003, todavía los valores emitidos por el Banco Central estaban por el orden de los RD$101,966 millones. Sin embargo, al 31 de octubre de 2014, los valores emitidos alcanzaron la exorbitante suma de RD$346,589 millones. Y esta deuda se sigue acumulando anualmente a pasos agigantados,  pues el costo financiero o pago de intereses que la misma genera (actualmente alrededor de RD$50,000 millones anuales), se cubren con la emisión y colocación de nuevos valores, mientras el Gobierno Central  aporta menos del 40% de dicho costo.

Es esa la razón de que los organismos internacionales especializados que le dan seguimiento a la economía, principalmente el Fondo Monetario Internacional, ha comenzado a externar preocupaciones por el crecimiento desmesurado de la deuda pública dominicana, la cual ya supera el 50% del PIB. Aunque debe señalarse que la medicina insinuada por el FMI para disminuir la magnitud del déficit fiscal y los requerimientos de nuevos financiamientos, se circunscribe  al aumento de los ingresos tributarios, sin hacer ninguna referencia a la necesaria disciplina que debe adoptar el gobierno para eliminar, de una vez por todas, los excesivos gastos corrientes ocasionados por las políticas públicas clientelistas que viene aplicando.

 

  1. Necesidad de un sistema de justicia independiente que persiga y castigue la corrupción administrativa 

 

La justicia dominicana concluye el año 2014 con un balance negativo en cuanto al cumplimiento de su misión. El tecnicismo procesal  y los reenvíos marcaron el desarrollo de los procesos judiciales, aumentando  la mora judicial,  el alto costo de la justicia, el aumento del número de presos preventivos y la impunidad.  Algunos casos estuvieron impregnados de una alta influencia política en las actuaciones del operador del sistema de justicia.

En el campo de la corrupción administrativa,  el sistema judicial dominicano dio muestras de parcialidad e indiferencia, provocando un descontento social en una sociedad que demanda el fin de la corrupción por las vías legales.  Denuncias desde el 2007, como es el caso de los aviones tucanos,  o el de Aduanas en Santiago del 2010, o del INDHRI del 2011, o de los ayuntamientos en diferentes municipios,  son muestras de un proceso de investigación lento y cuando llega a juicio de una justicia tardía, ya que muchos de ellos están inmersos en  eternos aplazamientos como una muestra de la ineficiencia de la justicia, particularmente frente a las acusaciones de desvío de recursos públicos.  Se pudo comprobar que sólo un caso del 2006 por fraude  a las pensiones en el Ministerio de Hacienda fue condenado durante este año.

Otros casos como del Tesorero del PLD y pasado Ministro de Obras Públicas y el Encargado de Organización del PLD y actual senador, han estremecido a la cuestionada  justicia dominicana, no superando la prueba de la independencia funcional y la imparcialidad.

A diferencias de los casos de corrupción administrativa que se pierden en el entramado judicial y quedan impunes, ocurrieron casos como los de Hato Mayor y Santiago,  donde los jueces condenaron a un pobre hombre y a una madre adolescente a tres meses de medida de coerción por robar ocho chinolas y por la publicación de fotos desacertadas en las redes sociales, respectivamente.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desconociendo los compromisos derivados de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de los acuerdos de cooperación hechos por el propio Tribunal Constitucional, actuando en franca alianza con sectores que promueven la exclusión, el racismo y el retroceso de la democracia.

A pesar de que se entendía que el proceso de reforma y modernización de la justicia había llegado a un punto en el que fuese imposible su retroceso,  el mantenimiento de las viejas prácticas antidemocráticas y la ausencia de una  política judicial de cambio,  posicionan al sistema en un callejón sin salida, cooptado como está por los intereses políticos partidarios y sin que exista una separación de poderes que fortalezca la democracia dominicana.

 

  1. Reconocimiento a la Sociedad Civil

 

Por último, Participación Ciudadana reconoce el buen desempeño de la sociedad civil en el año que finaliza. A pesar de todas las dificultades confrontadas, incluyendo esfuerzos  para reducir la actividad de sus organizaciones, la voluntad ciudadana se manifestó con energía sobre diferentes temas de interés nacional, especialmente frente a los actos de corrupción y de manera particular con la amplia movilización lograda en torno a Loma Miranda y las observaciones al Código Penal sobre la interrupción del embarazo en condiciones excepcionales.

 

Consejo Nacional
Diciembre 22 de  2014