La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes), conformada por el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF; Participación Ciudadana, Fundación Friedrich Ebert y Foro Ciudadano, elaboró un informe sobre el ejercicio de vigilancia y de observación que realizó al proceso de selección de cinco postulantes para su designación en el Tribunal Constitucional.

La ROI considera que el pasado proceso ha evidenciado serios desafíos a superar en el sistema de selección de jueces y juezas de las altas cortes, así como a aspectos que deben ser optimizados como son los de transparencia, meritocracia, participación ciudadana y respeto del principio de igualdad y no discriminación.

La Red destaca que la ausencia de criterios objetivos de evaluación sigue siendo una de las mayores debilidades del proceso y asegura que, de haberse considerado la matriz de evaluación propuesta, se hubiera evitado situaciones como la salida abrupta del senador Bautista Rojas en la última sesión del CNM, así como los cuestionamientos de los cuales han sido objeto las designaciones finales.

Entre las acciones de la ROI, estuvo la elaboración de una Matriz de Evaluación, una propuesta metodológica que combina el desempeño profesional y la perspectiva jurídico-administrativa. Una herramienta para establecer criterios de idoneidad que favorezcan la selección de personas independientes, capacitadas, con vasta experiencia en materia constitucional, con alto sentido de justicia y con compromiso de salvaguardar e impulsar los derechos fundamentales.

Otra debilidad destacada por la ROI en el pasado proceso fue la falta de transparencia, la no publicación de las actas de manera oportuna, lo cual constituye una franca violación a las normas que regulan el funcionamiento del CNM y dificulta el monitoreo tanto ciudadano como de los postulantes, ya que, ante cualquier afectación de sus derechos, carecerán de elementos para impugnar las decisiones a tiempo.

Respecto de las designaciones, sin dejar de lado los cuestionamientos por supuestos vínculos políticos con el oficialismo a la mayoría de las cinco personas favorecidas con el nombramiento en el Tribunal Constitucional, la ROI valora el avance hacia un aparente equilibrio de representatividad ideológica, lo que a su vez favorece al debate democrático y reviste de solidez la confianza de las personas en un órgano a cargo de la justicia constitucional y de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos fundamentales de todas las personas. 

Informe: https://drive.google.com/file/d/1MHrEkcE5PocKHAos3XaFgAEM_G4N9Q59/view?usp=sharing

El 2023, un año de exceso de campaña electoral, lentos avances en la institucionalidad y fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

1. Pocos avances en las reformas institucionales.

Para el 2023 la sociedad dominicana esperaba la aprobación de un conjunto de leyes de reformas institucionales que fueron prometidas por el actual gobierno y sometidas al Consejo Económico y Social. El año está por terminar sin que el Congreso Nacional muestre voluntad de conocerlas y aprobarlas. De todas ellas, solo fue aprobada la reforma de la Ley de Régimen Electoral, Ley 20-23 y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 90-16 Orgánica de la Policía Nacional, quedando pendientes la de Partidos Políticos, la de calidad educativa, reforma fiscal, reforma de la seguridad social, hidrocarburos, cambio climático, migración, salud, seguridad ciudadana, el Código Penal, la modificación de la ley de Cámara de Cuentas y la Modificación de la Ley de Contrataciones Públicas.

La dirigencia política y en especial el Congreso Nacional, han seguido mostrando falta de voluntad para hacer realidad la gran cantidad de reformas que el país reclama. Los legisladores se pasaron el año en campañas proselitistas a destiempo, con el resultado de que tendremos que esperar por las reformas mucho tiempo más porque, de seguro, los señores legisladores no encontrarán tiempo para ello el próximo año electoral.

En el 2023, la sociedad civil organizada continuó jugando un papel fundamental en la lucha por la transparencia, contra la corrupción y la impunidad. Asimismo, la prensa en general y, especialmente, los programas de investigación han sido pilares en los avances que hoy tenemos en esta materia. La ciudadanía en general aumenta su participación, fundamentalmente a través de las redes sociales.

2. Algunos avances en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y la impunidad.

En materia de transparencia, el 2023 estuvo marcado por altos y bajos, respecto al desempeño de los diferentes organismos del Estado dominicano. Las notas bajas se las llevan los de control externo, como la Cámara de Cuentas (CCRD) y el Congreso Nacional, en su rol de fiscalización. Mientras que los organismos de control interno, como la Contraloría General de la República (CGRD) y sus unidades de auditoría interna o antifraude y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) han mantenido o aumentado su incidencia y de alguna manera, han compensado las deficiencias del control externo, por lo que se llevan las notas más altas.

Tal como se comprometió, el presidente Abinader no ha sido indiferente ni tolerante frente a las denuncias que involucran a funcionarios de su gobierno en acciones contrarias a la ley o violatorias a la ética. Desde que inició este periodo gubernamental, más de 40 funcionarios públicos han sido destituidos, suspendidos o han tenido que renunciar.

3. Exceso de campaña electoral.

El 2023 se caracterizó por un exceso de campañas a destiempo, irrespeto a las leyes electorales, publicidad estatal masiva, intento de incumplir con la cuota de género, entre otras violaciones. El país ha presenciado el desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos nacionales. Sin ningún respeto por los plazos establecidos, la mayoría de los partidos políticos iniciaron sus actividades de precampaña antes de la proclama, violando las disposiciones del artículo 179 de la Ley de Régimen Electoral.

4. Buena organización electoral y respuesta eficiente del Tribunal Superior Electoral.

La organización de las elecciones del 2024 avanza bien. A pesar de las dificultades presentadas por la JCE para limitar y sancionar la campaña a destiempo, es importante mencionar sus esfuerzos para cumplir con el cronograma electoral, lograr consensos a lo interno del pleno, pero también frente a los partidos políticos, así como organizar y supervisar los procesos internos de los partidos políticos. En estas funciones, la JCE mostró un ejercicio eficiente y transparente que contribuye al fortalecimiento de la democracia.

El Tribunal Superior Electoral ha hecho un trabajo eficiente que fortalece a la democracia y el sistema de partidos, dirimiendo los conflictos electorales con celeridad y justicia, lo cual ayudará a evitar atrasos que puedan afectar las elecciones municipales de febrero.

Por fin fue nombrado recientemente el Procurador Fiscal Electoral, el magistrado Iván Vladimir Féliz Vargas, quien deberá asumir un rol activo en el fortalecimiento del sistema electoral con la persecución de los delitos electorales. 

5. Avances en la reforma del sistema judicial, arduo trabajo en el ministerio público, pero con fuertes amenazas de que los tribunales permitan la perpetuación de la impunidad por la vía del vencimiento de los plazos.

La República Dominicana avanza en su proceso de reforma judicial, tanto desde el lado de los jueces, como del Ministerio Público. Participación Ciudadana entiende que, en sentido general, se ha avanzado en el fortalecimiento de las Altas Cortes. Tanto el Tribunal Constitucional, como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral han realizado importantes esfuerzos que impactan positivamente los diferentes ámbitos de su incumbencia y contribuyen al mejoramiento del sistema de justicia. Sin embargo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia seguimos aspirando a la reducción de la población de presos preventivos, la agilización de los procesos contra la corrupción administrativa y un mayor acceso de la población al derecho a la justicia.

La mayor amenaza a la justicia es la impunidad. El principal responsable de que la impunidad logre mantenerse a flote por la vía de la extinción de la acción penal por la llegada del plazo de duración máxima del proceso, es el Poder Judicial y de manera específica, cada juez, pues su deber esadministrar elproceso judicial de manera que se pueda hacer justicia, absolviendo o condenando en un plazo razonable.

6. Altos niveles de inseguridad ciudadana.

Se mantienen altos niveles de inseguridad ciudadana, todavía no se ven los cambios en la Policía Nacional. Las estadísticas de homicidios muestran una ligera baja en el 2023, no ha pasado lo mismo con los feminicidios y los atracos que siguen siendo una realidad que atormenta la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Las actuaciones de la Dirección General de Control de Drogas han sido eficaces en la incautación de grandes alijos, aunque el micro comercio de sustancias prohibidas sigue siendo un enorme problema que contribuye a fortalecer la delincuencia.

Todavía la población no se siente protegida por la policía y la confianza en su eficacia y honestidad sigue siendo baja. 

7. Ralentización del crecimiento económico.

La economía dominicana sigue siendo afectada por una serie de factores exógenos que han convulsionado el mundo desde que se inició la presente década. Los obstáculos al comercio de mercancías y servicios y las políticas aplicadas para contrarrestar la inflación han dificultado el crecimiento. En este contexto, los datos apuntan a un crecimiento económico positivo, pero relativamente bajo de la economía mundial para el 2023.

Dado que el gobierno no tiene control de esta cadena de eventos mundiales, lo que ha hecho es reaccionar con medidas de alivio a la inflación y de impulso económico en los momentos en que ha sido posible. El crecimiento económico podría haber resultado nulo o negativo de no haber sido por la fuerte recuperación del turismo y en menor medida de la agricultura, puesto que la minería, la industria, zonas francas y construcción llegaron hasta septiembre en números negativos.

En el 2023, una vez más la diáspora dominicana ha contribuido de manera significativa al país, con remesas que se espera sobrepasen los 10 mil millones de dólares al finalizar el año.

La deuda del sector público no financiero ascendió a US$55 mil millones a octubre del 2023, lo que constituye el 46% del producto. A esto habría que agregar la deuda creciente del Banco Central, desde la crisis de Baninter, al punto de que sus valores en circulación superaron el millón de millones de pesos, lo que agrega a la deuda pública casi 20,000 millones de dólares adicionales, elevándola al 61% del PIB.

La confianza de los mercados internacionales en la economía dominicana ha aumentado, básicamente al proyectar una mejoría en la lucha contra la corrupción y mayor institucionalidad, permitiéndole realizar una serie de operaciones de manejo de deuda para bajar los costos y alargar los plazos, con lo que algunas agencias han mejorado la calificación de riesgos del país. 

Está claro que el principal reto que tiene el país para el 2024 es la celebración exitosa de las elecciones generales en todos sus niveles. El pueblo dominicano siempre respalda su sistema democrático, corresponde entonces al gobierno que aspira a reelegirse, a las autoridades electorales y a los partidos políticos comportarse a la altura de los avances que ha tenido el país en materia electoral, estabilidad política y económica, cumplir a cabalidad con las leyes y seguir mostrando ante el mundo una República Dominicana capaz de avanzar en medio de las dificultades.

CONSEJO NACIONAL

18 de diciembre del 2023

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco del Día Internacional contra la corrupción, Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, otorgó el “Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2023” al magistrado Julio Cesar Canó Alfau.

El Consejo Nacional del movimiento cívico señaló que el magistrado Canó Alfau, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha dedicado más de 35 años al ejercicio de la Judicatura, destacándose por su integridad, ética y eficiencia. Fundó y presidió el Comité de Ética del Poder Judicial, hacienda significativas transformaciones orientadas a lograr un ejercicio objetivo y con probidad. También recibió el reconocimiento de la ‘’Orden del Mérito´´ del Poder Judicial, otorgado a quienes han ejercido con integridad, lealtad y buen desempeño en el servicio judicial.

Lizzie Sánchez Padilla, coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó que el magistrado Canó es un ciudadano honrado, que eligió la carrera judicial y se ha mantenido en ella por más de 35 años haciendo las cosas bien, ayudando para que otros también lo hagan y aportando con acciones y ejemplo vivo a una justicia mejor.

“El trabajo bien hecho es un compromiso con la historia, con el país, con nuestras familias y con nosotros mismos y, en la medida que haya más personas guiadas por esos valores, como el magistrado Canó Alfau, la justicia será un templo al que acudirán confiados los/as ciudadanos/as y las instituciones, en busca del orden, del imperio de la ley y de la imposición de consecuencias a las malas acciones¨, expresó Sánchez.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Nora Elizabeth Sánchez Padilla (Lizzie Sánchez), aprovechó la ocasión para rememorar los 30 años de arduo trabajo de la institución, y recordar los valores de transparencia, justicia y empoderamiento ciudadano que impulsaron su conformación el 31 de octubre de 1993, donde un grupo de ciudadanas y ciudadanos preocupados y comprometidos con el bienestar nacional se convirtió en referente de cambio en nuestra sociedad.

“Este aniversario es un recordatorio de que la voz de la ciudadanía es una fuerza poderosa para que el país pueda crecer y encaminarse por nuevos y mejores caminos de transparencia y democracia. Gracias a nuestros fundadores, pero sobre todo a todos los voluntarios y colaboradores que en estas tres décadas han entregado con valentía y desprendimiento parte importante de sus vidas a la causa de la democracia en la República Dominicana. A los que hoy sostienen en pie a esta organización, a los organismos de cooperación internacional y a los empresarios que nos han ayudado.” añadió.

Por su parte, Julio Canó Alfau, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, expresó que la corrupción es la mayor falta de transparencia y equivale a lesionar la confianza y este amplio espectro impacta en el desarrollo económico y social, y en el derecho a un plan de vida acorde a la dignidad de las personas, que les permita luchar por la prosperidad y transitar caminos dignos de lograr este estado de bienestar.

¨ El acto de juzgar es bastante complejo, tanto que resulta un atrevimiento del ser humano; sin embargo, en el marco de la sociedad organizada, el acto de juzgar es la mejor forma de resolver los diferendos apegados a la Constitución a la ley y a las reglas del debido proceso; esto implica compromiso, sentido de responsabilidad, empatía, templanza, respeto en todas sus manifestaciones y una comprensión total de que lo correcto no pasó y no pasará de moda jamás¨, expresó Canó.

Participación Ciudadana entrega el Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción cada año desde el 2009, con el propósito de destacar los esfuerzos realizados por la población que combate este fenómeno que tanto daña el cuerpo social y el alma ciudadana; con el interés fundamental de estimular a las personas que dedican tiempo y esfuerzos para luchar por la transparencia en la gestión pública y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

Otras personalidades han recibido el reconocimiento a la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción:

2009    Germán Miranda Villalona

2010    Roque Muñoz

2011    Nuria Piera

2012    Huchy Lora

2014    Alicia Ortega

2015    Fausto Rosario

2016    Miriam Germán

2017    Altagracia Salazar Bello

2018    Milagros Ortiz Bosch

2019    Juan Bolívar Díaz

2020    Mario Fernández

2021    José Alejandro Vargas

2022    Yeni Berenice Reynoso-Wilson Camacho

07 de diciembre del 2023

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, anunció que entregará el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2023 al Magistrado Julio César Canó Alfau, por su ejercicio ético y transparente en el servicio judicial y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción. El acto será celebrado el 7 de diciembre próximo, a las 6 de la tarde, en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El Consejo Nacional del movimiento cívico señaló que el magistrado Canó Alfau, Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha dedicado más de 35 años al ejercicio de la Judicatura, destacándose por su integridad, ética y eficiencia. Fundó y presidió el Comité de Ética del Poder Judicial, haciendo significativas transformaciones orientadas a lograr una mejor justicia. También recibió el reconocimiento de la ‘’Orden del Mérito´´ del Poder Judicial, otorgado a quienes han ejercido con integridad, lealtad y buen desempeño en el servicio judicial.

El Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción fue creado por Participación Ciudadana para ser entregado en diciembre de cada año, con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este reconocimiento se fundamenta en la necesidad de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción. Esta distinción tiene además el objetivo de educar mediante el ejemplo, presentando a la ciudadanía modelos positivos de conducta a ser emuladas y resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República Dominicana, y que promueve Participación Ciudadana.

                                                      Consejo Nacional

                                                14 de noviembre de 2023

Desde la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes), coalición de sociedad civil compuesta por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Participación Ciudadana (PC), Fundación Friedrich Elbert (FES), Foro Ciudadano, y el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), hemos unido esfuerzos con el interés de velar por un proceso de selección de las personas que integrarán las Altas Cortes, que sea apegado a la transparencia, al fortalecimiento institucional y a la equidad, con el que se materialice la consecución de un Estado Social, Democrático y de Derechos. Por lo que aprovechamos la ocasión para demandar que en este proceso venidero impere la independencia e imparcialidad en la selección de 5 integrantes que renovarán la matrícula del Tribunal Constitucional; y que toda la ciudadanía preste atención a este proceso de conformación, ya que el mismo constituye una columna indispensable para garantizar el fortalecimiento de la democracia.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se presta a evaluar en vistas públicas a 115 personas postulantes que fueron preseleccionadas y tiene la obligación de determinar con anticipación los criterios de idoneidad que servirán para evaluarlas.

Desde la Red, estamos sometiendo a la consideración del CNM una propuesta metodológica para la evaluación en la que se combine el desempeño profesional (la formación profesional, la experiencia y trayectoria personal, la experiencia académica y la perspectiva los aportes a las ciencias jurídicas, la independencia e imparcialidad y la conciencia ética) y la perspectiva jurídico-administrativa (visión jurídica y plan de acción). Esta herramienta será útil para establecer criterios de idoneidad que favorezcan a la selección de personas independientes, capacitadas, con vasta experiencia en materia constitucional; personas de coraje, con alto sentido de justicia, razonamiento jurídico, expresión escrita, que tenga consciencia del impacto e influencia de sus decisiones; pero, sobretodo, con la voluntad y el fiel compromiso de salvaguardar e impulsar los derechos humanos fundamentales y con la defensa del orden constitucional. 

Resaltamos que estos criterios no son exclusivos de personas postulantes provenientes del Poder Judicial, o con experiencias previas en altas cortes. La sociedad dominicana cuenta con una comunidad jurídica compuesta por personas con perfiles que satisfacen aquellos criterios de idoneidad e independencia, con experiencia en la academia, ajenas a la política-partidaria, comprometidas con la justicia social, con los derechos humanos fundamentales y con una trayectoria de ejercicio ético de la profesión, por lo que hacemos énfasis en la necesidad de equilibrar el acceso a la carrera constitucional eligiendo personas con experiencias diversas en el quehacer jurídico, pues esto enriquece el rol de la justicia constitucional.

Rechazamos cualquier acción que trate de violentar el principio fundamental de igualdad, que se recurra a prácticas malsanas pero normalizadas que buscan seleccionar tras vestidores personas favorecidas de manera anticipada sobre la base de la repartición y no del mérito. Toda selección debe evitar que la política, el clientelismo e intereses particulares alcancen al órgano supremo de la interpretación y control de la constitucionalidad.  De no ser así, la Constitución será solo un pedazo de papel.

El Presidente Luis Abinader, quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura, junto a todas las personas que lo conforman, están en la obligación de abrir los espacios hacia mayor equidad. La ausencia de paridad en la conformación actual del Tribunal Constitucional es cuestionable, si se hace un análisis desde el propio texto constitucional. Es imposible que el órgano que garantice la consecución de un Estado Social, Democrático y de Derechos, que procure la igualdad y equidad, no sea ejemplo de ello.  El Tribunal Constitucional, en su mayoría, está integrado por hombres (3 mujeres y 10 hombres). Por lo que demandamos que en esta nueva selección se equilibre con la selección de mujeres que cumplan con todos los criterios de idoneidad antes mencionados para, de esta manera, ir caminando hacia la igualdad real.

Entendemos que la publicidad y la transparencia de este proceso son herramientas fundamentales para asegurar la idoneidad, la independencia y la legitimidad de las personas que resulten seleccionadas.  Por lo que demandamos también el cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 párrafo II del Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, donde establece que se habilitará un portal electrónico para publicar la información institucional y las actas de sesiones, así como los documentos e informes que se genere durante la convocatoria para fines de consultas de los interesados.   Hasta la fecha, ese mandato del reglamento no se ha cumplido, por lo que desde esta Red de Observadores de las Altas Cortes, aspiramos a un ejercicio en el cual la información oportuna es clave para lograr superar aquellas prácticas que atentan contra la transparencia, las cuales deslegitiman el propio proceso de selección. 

Reiteramos el llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos y a todos, sin distinción, a prestar atención a la selección de quienes integrarán el Tribunal Constitucional, pues estas personas marcarán el futuro de la democracia y la garantía de derechos en la República Dominicana.

Leído el 9 de noviembre de 2023.

“El mundo se queja de que el rosal tenga espinas en vez de alegrarse porque tiene rosas”. (Theodor Kallifatides).

Dedicamos este artÍculo a Francisco Álvarez Valdez, un militante de Participación Ciudadana, referente y activo.

La sociedad civil es tan antigua como tan pronto el ser humano se dio cuenta que su naturaleza es social, que no puede vivir aislado, que lo de ermitaño no es dable. Su encuentro e interactuación con los demás es lo que le permite hacer historia. Somos la única fuente de la naturaleza animal que, a través del lenguaje, de las articulaciones, se conexiona con sus congéneres, crea y recrea su pasado, su presente y su futuro.

La sociedad civil es la expresión de ese corpus de solidaridad de que nos necesitamos como humanos, trascendiendo lo individual para construir el puente de aventura de necesidades, de deseos y oportunidades, comprendiendo y validando que lo hacemos más rápido y mejor cuando actuamos juntos, y que solo no es posible de alcanzarlo, es más costoso en todo plano: tiempo, dinero y beneficios. Los costos individuales sobrecargan los beneficios. La sociedad civil es como nos señalaba alguien “es el pueblo organizado”. Allí, donde nace una necesidad, un vacío y que la sociedad política, lo público, no lo asume.

¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil para Sergio de Piero “Constituye esferas de las relaciones entre individuos, entre grupos y clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracteriza a las instituciones estatales”. El sociólogo Wilfredo Lozano nos señala que la “sociedad civil es el campo de articulación de intereses ciudadanos que al tomar posición sobre problemas centrales de la vida pública establecen una relación particular con el Estado que afectan las acciones propiamente política”. Cohen y Arato nos expresan que la misma es “La esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima, la esfera de las asociaciones, los movimientos sociales y las formas de comunicación pública”.

Lo que ocurre es que hay dos tipos de organización de la sociedad civil: de protección y de promoción. Participación Ciudadana, que cumplió 30 años de fundada el 31 de octubre, ha asumido un rol estelar en la vida política-social-institucional, cuya misión, visión y valores están en sus estatutos. ¿Qué dicen? Misión: “Somos un movimiento cívico no partidista, de concertación y presión para la construcción de una sociedad democrática, transparente y libre de corrupción e impunidad”. La Visión se caracteriza por “Ser una organización reconocida por su contribución significativa a la institucionalidad democrática, a la justicia social, la transparencia y la reducción de la impunidad”. Misión y visión cimentadas en los valores de: solidaridad, integridad, coherencia, honestidad, responsabilidad social, respeto a la dignidad de la persona y discreción.

A lo largo de esos 30 años de trabajos voluntarios (gratis) hemos trillado un loable camino que ha generado improntas inconmensurables en el plano político-electoral, en el plano de lucha contra la corrupción, en favor de mayor institucionalidad. Podemos decir que nuestra ruta marcó una verdadera marca organizacional, con diferenciación y muy distintiva en la sociedad dominicana. Pero, ¿por qué los miembros de Participación Ciudadana, de carne y hueso, dominicanos y dominicanas, hemos sido tan coherentes, consistentes a lo largo de tres décadas a diferencia de los partidos políticos?

Porque en nosotros confluye de manera inexorable, conformando una esencia indisoluble entre lo público y lo privado. No ondeamos la bandera de una ética personal, una ética profesional y una ética política. Hay en Participación Ciudadana la combinación de cabeza, tronco y extremidades. Se valida la integridad, la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas. No aspiramos más que a servir de manera voluntaria, en los valores reales de la democracia. No hay yuxtaposición, no nos sentimos cómodos con los dilemas éticos y el relativismo, caracterizado hoy en la banalidad y el espectáculo, como epicentro de la sociedad líquida.

El concepto sociedad civil parecería polisémico, vale decir, con muchas interpretaciones. Empero, no es así. Es solo que es amplio, es todo lo que no es la sociedad política, esto es, el Estado, lo público. El Estado es la sociedad políticamente organizada que crea instituciones para regular y controlar la esfera pública y todo aquello que afecta al individuo en sociedad. La sociedad civil va desde el CONEP y con este todas las organizaciones empresariales, los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, las cooperativas, zonas francas, Centro de Rehabilitación, etc.

Desde aquel 1993 cuando decenas y decenas de hombres y mujeres se dieron cita para fundar a PC, que no respondía ni responde a ningún interés corporativo (empresarial, político), hemos recibido elogios y espinas. A veces incomprensiones, otras veces perversidades y, las más de las veces: ignorancia. De cada 100 dominicanas, 90 no saben lo que es la sociedad civil. ¿Por qué la ceguera contra Participación Ciudadana y el amor y desamor, al mismo tiempo, de los partidos?  Porque PC es una organización que lucha en el plano público por más y mejor democracia, por mayor justicia social, por menos asimetría social, por más institucionalidad, por más rendición de cuentas y por cero impunidad. Por eso una parte de la elite política nos ve con temor, ojeriza; no porque vayan a “quitarle” su espacio, que no es posible, dado que ellos luchan por acceder al poder y nosotros porque lo hagan bien y de manera decente.

Participación Ciudadana es una organización referencial y representa el Capítulo Dominicano de Transparencia de la importante organización mundial Transparencia Internacional. Somos un movimiento cívico, apartidista, de personas que auguran y anhelan un mejor país, que deseamos mayores niveles de institucionalidad y que los funcionarios públicos entiendan que a los puestos públicos no se accede para ROBAR, para conformar una casta, merced a la delincuencia política, sino, para servir a su pueblo.

Aquí se confunde Estado y Gobierno. Tenemos un atraso tan arrítmico en el plano político institucional que cuando un miembro de PC asume un puesto público, pretenden crear espinas contra la misma. Pero, resulta que los miembros de PC son dominicanos y dominicanas y no necesariamente los escogen por ser parte de esa organización, sino por sus competencias, habilidades blandas y espíritu ético. Participación Ciudadana representa una escuela de la democracia y un hito en el escalón de la dimensión ética. Nuestro primer Coordinador General, Antonio Isa Conde, quien antes de existir la organización en el 1982-1986 fue Viceministro de Industria y Comercio; luego sería el Director General de la Capitalización en el Primer gobierno de Leonel Fernández. En los gobiernos de Danilo Medina ocupó el puesto de Asesor y Ministro de Energía y Minas. Isidoro Santana fue Asesor y Ministro de Economía en los dos gobiernos de Danilo Medina, miembro activo de PC, honesto, honrado, íntegro y excelente economista. Hoy están Rafael Toribio en el CES, quien fue 5 veces Rector del INTEC, Carlos Pimentel, quien fue Director Ejecutivo de PC, y Juan Bolívar Díaz Santana, 55 años como periodista brillante, está como Embajador en España.

En PC se recoge la unidad plural de la personalidad organizacional, un esfuerzo conjunto de sinergia, trabajo en equipo, optimismo, adaptabilidad. Somos personas con sus imperfecciones que, en la fragua de la colectividad, nos sumergimos para que reflote lo mejor. Porque, como dice Edgar Morín en su libro Lecciones de un Siglo de vida, “nadie es el mismo en la ternura, en que florece una personalidad amante, y en la cólera, cuando aparece una personalidad violenta”.

El animal social se recrea en PC, se poda la exacerbación del individualismo y se reditúa una resocialización, en que nos configuramos como una familia extensa, porque hoy sabemos que cuando se hacen trabajos voluntarios, cuando se labora en bien de una comunidad, de una sociedad, sin pedir nada a cambio, el éxtasis de sublimación espiritual es indescriptible, sin parangón. Amar y querer a los hijos y nietos es propio de la naturaleza animal. Empero, cuando se lucha por la construcción de un mundo y un país más justo, la felicidad campea y el dolor de la inequidad amengua.

30 años de lucha, de obstáculos, de incomprensiones, nos mantienen en el horizonte. Muchos actores se han ido físicamente, otros dieron parte de su tiempo, nuevos actores se involucran, donde todos han sido imprescindibles en cada salto de su historia. Hoy, nuevos desafíos nos llaman a trabajar con más imaginación, con la vista puesta en el futuro, en medio de un mundo erosionado por una poli crisis y la incertidumbre, donde la democracia, en la lucha entre lo viejo y lo nuevo se erige en el populismo, la posverdad y la polarización o una democracia más participaba e inclusiva.

Participación Ciudadana es como una gran organización que deja la huella familiar, que como decía Federico Reyes en el libro La Sociedad civil versus la corrupción “Desde el hogar familiar me di cuenta de que la rectitud era el verdadero referente de las personas. Se decía de alguien que era muy inteligente o un político muy hábil, pero, si era de moral laxa, eso te descalificaba”.

Santo Domingo.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional celebró el 30 aniversario de su fundación, en un acto que contó con parte de su membresía y principales dirigentes, en el que recordaron los valores de transparencia, justicia y empoderamiento ciudadano que impulsaron su conformación.

En ese sentido, Nora Elizabeth (Lizzie) Sánchez, coordinadora general de PC, recordó que el 31 de octubre de 1993, un grupo de ciudadanas y ciudadanos preocupados y comprometidos con el bienestar nacional se convirtió en referente de cambio en nuestra sociedad.

“Este aniversario es un recordatorio de que la voz de la ciudadanía es una fuerza poderosa para que el país pueda crecer y encaminarse por nuevos y mejores caminos de transparencia y democracia”, añadió.

Por su parte, Fátima Lorenzo, precisó que, desde la entidad de la sociedad civil, han trabajado incansablemente para construir un país más inclusivo, equitativo y democrático para todos y todas, al tiempo que agradeció a toda la ciudadanía que ha formado parte del movimiento a lo largo de los años.

Lorenzo, también destacó que la organización ha impulsado reformas importantes para el país, además de haber abogado por políticas públicas que beneficien a toda la ciudadanía, sin importar su origen, género o afiliación política, y reconocimiento social por su lucha en favor de la transparencia y la democracia en las elecciones nacionales, realizando observaciones a 12 procesos electorales a nivel congresual y presidencial, y ocho conteos rápidos a nivel presidencial.

Reconocimiento

En el marco del 30 aniversario, Participación Ciudadana realizó un homenaje a voluntarias y voluntarios destacados dentro de su membresía, siendo galardonado el sociólogo y pasado Coordinador General, Cándido Mercedes, como voluntario del año 2023, y de igual manera, fueron reconocidos: Marino Cáceres, Betty del Villar y Cesar Ballenilla, como miembros eméritos, en reconocimiento especial a sus años brindados al servicio de la institución.

En comunicado de prensa, destacaron que, a lo largo de estos 30 años, han logrado avances significativos en ámbitos como la educación ciudadana y el fortalecimiento institucional, así como en materia de justicia social e igualdad.

La experiencia del recién finalizado periodo de precampaña plantea al país algunos retos fundamentales de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2024:

• Aplicación por primera vez de los preceptos legales destinados al control de los gastos en campaña de los partidos y candidatos.
• Control de los gastos y actuaciones gubernamentales que pudieran ofrecer ventajas al partido en el poder y sus candidatos.
• Aplicación de todos los mecanismos disponibles en los partidos políticos, por parte de las autoridades y de la población para impedir que personas acusadas de corrupción, negocios ilícitos y otras violaciones a las leyes sean elegidas en posiciones gubernamentales.

Por 13va vez consecutiva desde el 1994, Participación Ciudadana está realizando la observación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Muchos aspectos de los procesos electorales han mejorado sustancialmente en estos 29 años, el país ha logrado una estabilidad política que ahora es citada como ejemplo en el continente, ya que, en todo este tiempo, las elecciones se han celebrado en las fechas establecidas, con amplia participación de partidos y de la población. Después de las mal recordadas elecciones del 1994, ningún gobierno ha sido acusado de ser ilegal. Aunque nunca faltan señalamientos, inconformidades y denuncias de violaciones a las leyes electorales, los gobiernos nacionales y locales resultantes han gozado de legitimidad y cumplido con sus periodos.

LA PRECAMPAÑA DEL 2023

El artículo 43 La Ley No. 33-18 establece que el periodo de precampaña inicia el 1ro. de julio del año anterior a las elecciones. La Junta Central Electoral estableció el 1ro. de octubre para la celebración de las primarias y a más tardar el 29 de octubre ser escogidos los candidatos para modalidades diferentes a las primarias, todos los cuales deberán ser inscritos en la JCE a más tardar 15 días después de su escogencia.  De acuerdo a la ley, la precampaña debe durar tres meses. Sin embargo, algunos partidos se adelantaron y comenzaron su precampaña mucho antes, desde el 2022.

El país ha presenciado el desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos nacionales, sin ningún respeto por los plazos establecidos. Producto de ese desbordamiento, en un esfuerzo por hacer cumplir la ley, la JCE presentó un comunicado de admonición publicado el 10 de agosto en el que plantea la prohibición de "la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión". Dicho comunicado desató reacciones adversas entre las organizaciones políticas opositoras que culminaron en una instancia depositada ante el organismo comicial. Algunos se escudaron en imprecisiones dejadas en la ley o en supuestos derechos constitucionales para, por su propia cuenta, establecer que el periodo de precampaña no tiene ninguna clase de limitaciones, a pesar de que ellos mismos, a través de sus representantes en el Congreso Nacional, fueron quienes aprobaron las leyes electorales y de partidos.

Como consecuencia, los periodos de precampaña y campaña, en vez de reducirse, como se aspiró por décadas, han aumentado, ahora bajo un contexto de rebeldía, gasto desbordado y debilidades de la autoridad electoral. Si contamos desde octubre del 2022 hasta mayo del 2024, República Dominicana tendría una de las campañas electorales más largas del mundo, sobrepasando un año y medio.

 La principal razón por la que los países con sistemas electorales más fuertes ponen controles a la duración de las campañas, es por el costo de las mismas. Esto, sumado a la ausencia de transparencia y la ineficacia de los controles del gasto de los partidos y candidatos, se convierte en una preocupación fundamental en la República Dominicana.

Con la información disponible a través de la observación electoral, no es posible determinar, ni siquiera estimar, con cierto grado de precisión los costos del periodo de precampaña. Varios partidos y candidatos realizaron marchas, caravanas, fiestas, grandes reuniones y miles de actividades propias de una campaña electoral y que implican un fuerte gasto.

Las vallas son uno de los mecanismos de propaganda más usados. Para tener una idea aproximada de la magnitud de este tipo de propaganda, voluntarios de Participación Ciudadana realizaron, en la primera semana del mes de septiembre un monitoreo por las principales carreteras del país y avenidas de varias ciudades. Se registró un total de 2,294 vallas de promoción política en tamaños grandes, medianos y pequeños, de las cuales el 53.75% correspondía al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus precandidatos. En segundo lugar, un 23.32% era del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus precandidatos; en tercer lugar, un 18.09% era del Partido Fuerza del Pueblo (FP) y sus precandidatos.  El restante 4.84% correspondía a 111 vallas distribuidas entre siete partidos minoritarios.

Si consideramos que la Junta Central electoral no pudo regular el tiempo y el gasto destinado a realizar manifestaciones públicas y organizar actos, se concluye que es mucho el dinero que ha corrido para la promoción frente a un proceso electoral que todavía no se inicia. Esto eleva el costo de ser candidato a casi cualquier posición, confiriendo una ventaja abrumadora a los que pueden disponer de más recursos, y viabilizando la penetración del dinero mal habido en la política y luego en las distintas instituciones estatales.

En cuanto al gasto gubernamental con fines electorales, el presidente Luis Abinader ha manifestado reiteradamente que no van a usarse recursos públicos para fines de campaña electoral. Es difícil establecer la relación entre ese gasto y la campaña. Sin embargo, las observaciones realizadas a todos los procesos electorales y el conocimiento de la cultura política dominicana, muestran que en los años preelectorales y electorales suben los gastos gubernamentales en varios renglones íntimamente relacionados con lo electoral, como son: el gasto en publicidad gubernamental; el gasto en programas sociales; el empleo gubernamental; la inversión en obras públicas de corto plazo, como por ejemplo el asfaltado de calles.  Esto se presenta, tanto en el nivel del Poder Ejecutivo, como de los municipios e involucra a todos los partidos políticos que dominan plazas electorales.

Este año, para publicidad e impresión está presupuestado un monto de RD$9,595 millones, superando en 51 por ciento los 6,375 millones de pesos gastados en el 2022. Vale indicar que hasta el pasado 13 de octubre ya se habían destinado a este fin unos 4,709 millones, lo que implica un aumento de 34 por ciento con relación a igual fecha del año pasado, sin que haya ocurrido este año algún acontecimiento especial que justifique el incremento.  Recientemente el presidente Abinader acaba de anunciar que el gobierno comprará asfalto por RD$11,200 millones que se estarán ejecutando en plena campaña electoral.

Las elecciones internas de los partidos

En esta ocasión, los partidos reconocidos escogieron para sus elecciones internas las convenciones, encuestas y primarias cerradas y que se acogerían a las reservas de candidaturas para las negociaciones con otros partidos.

A pesar de los deseos de la sociedad dominicana de contar con un congreso digno y mejorar la calidad de la representación a nivel congresual y municipal, lamentablemente seguimos arrastrando los vicios de la política malsana y del sistema político clientelar. Esto es así, a raíz de que las primarias y las encuestas, que fueron los mecanismos utilizados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se han beneficiado con la intención del voto personas vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, señaladas por temas de corrupción y por violencia de género, y que están siendo presentados como candidatos o como posibles candidatos para una próxima contienda electoral.

De igual manera, la Fuerza del Pueblo está presentando como candidato oficial para alcalde de Santo Domingo Este, a Julio Romero, persona vinculada con temas de violación a menores de edad.

Alzamos la voz de alerta ante el intento de vulnerar el deseo de la sociedad dominicana de contar con una verdadera calidad de la representación congresual y municipal.

El trabajo de la Junta Central Electoral

Participación Ciudadana ha observado que, en sentido general la JCE ha venido cumpliendo con su calendario electoral y adoptando las medidas necesarias para organizar las elecciones del próximo año. Mediante 17 resoluciones han sido reglamentados la mayoría de los aspectos requeridos hasta la fecha.

Durante todo este proceso la JCE ha mantenido su decisión en lo referente a la proporcionalidad de género en su interpretación del artículo 58 de la Ley No.33-18, al disponer en su resolución No.13-2023 que el 20% de las candidaturas reservadas a la máxima dirección colegiada de cada partido se calcula sobre cada nivel de elección y no sobre el universo de las candidaturas. El organismo ha advertido a los partidos que no aceptara la violación de las proporciones de género en la inscripción de candidaturas.

Participación Ciudadana lamenta que la JCE decidiera no imponer su autoridad para lograr el cumplimiento de la ley en lo relativo a las campañas a destiempo, para evitar conflictos con los partidos políticos. Entiende que el máximo organismo electoral debe revisarse, en razón de que candidatos y partidos pudieran entender esa posición como una debilidad y abusar de la misma en el futuro.

Tres aspectos llaman la atención en el trabajo de la JCE. El primero fue la falta de planificación del voto de los dominicanos en el exterior para las primarias del PRM. El segundo aspecto tiene que ver con los equipos que se usarán en las elecciones de febrero y mayo próximos. La comprobación previa de que alrededor de un 8.7% de los escáneres no funcionaban adecuadamente y que estos equipos habían sido descontinuados y no existían piezas para repararlos, debió ser detectado mucho más temprano para sustituirlos por equipos modernos, como planea hacerlo ahora la JCE.

El tercer aspecto tiene que ver con la necesaria activación de la Dirección de Control Financiero de los Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas de la JCE, cuyos trabajos aún no se perciben y este debe ser el instrumento clave para controlar las violaciones a la ley en materia de uso ilegal o no transparente de los fondos públicos y privados que reciben partidos y candidatos.

Trabajo del Tribunal Superior Electoral

Participación Ciudadana incluyó dentro de su plan de observación electoral el seguimiento a los trabajos del Tribunal Superior Electoral (TSE). En lo que va del 2023, hasta el 16 de septiembre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) había dictado 17 sentencias relacionadas con las elecciones pautadas para el 2024, incluyendo los procesos internos para la definición de precandidaturas y candidaturas. En las últimas semanas, la escogencia de candidatos por los partidos ha aumentado el número de reclamos que llegan al TSE.

Existe una clara tendencia a que muchos de los casos sean declarados inadmisibles, lo que impide que se conozcan y se decidan en cuanto al fondo. Esto no permite conocer los méritos en hecho y derecho de los casos, e identificar dónde falla nuestro régimen electoral, con la finalidad de implementar las mejoras correspondientes. En el futuro deben identificarse las causas que generan que los tecnicismos procesales se impongan sobre el conocimiento del fondo y así lograr una justicia electoral más efectiva.

Un dato relevante es que la JCE figura como demandada, conjuntamente con el PRM, en 55 de los 61 casos sometidos al TSE. Esto se debe a que el artículo 46 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, hace recaer sobre la JCE la responsabilidad de reglamentar, organizar, administrar, supervisar y arbitrar los procesos de primarias, convirtiéndola en parte del proceso. Esta situación fue advertida por Participación Ciudadana cuando se estaba discutiendo la ley de partidos.

Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales

Lamentablemente la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, demanda por años y establecida en la Ley         20-23 de Régimen Electoral, no ha sido establecida. El proceso electoral ya inició y hasta la fecha no ha sido designado el Procurador Electoral adjunto, ni los fiscales electorales provinciales y del Distrito Nacional.

CONSEJO NACIONAL

26 de octubre del 2023

En carta enviada al Doctor Henry Molina, la organización de la sociedad civil expresa su “profunda preocupación por el destino de los expedientes de corrupción que actualmente cursan en diferentes tribunales.”

Afirma en su carta que “los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos que lo ordinario. No nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el poder judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia. Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana.” Estas medidas pueden ser tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.

PC afirma “entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes.”

Afirma PC que “Sería una gran pena y una enorme pérdida para el país que, después de años de lucha de amplios sectores nacionales contra la corrupción y la impunidad; después de los enormes esfuerzos realizados por el ministerio público en la elaboración de expedientes que muestran claros indicios de que  entramados de corrupción actuaron desde el Estado para cometer enormes delitos de corrupción, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, fraudes, falsificación, entre otras acusaciones, éstos quedaran en la impunidad por la vía del vencimiento de los plazos, tal como ha ocurrido recientemente con el caso de los tucanos.”

En su carta al Dr. Henry Molina, PC afirma que “en los extensos y complejos casos que se conocen en la actualidad, se ha impuesto el criterio de que los jueces están obligados a exigir la lectura íntegra de las acusaciones del ministerio público, bajo el argumento de que la Constitución dispone que el juicio sea oral. Sin embargo, la organización de la sociedad civil difiere de esa interpretación de la oralidad, ya que, en la práctica, su interpretación para fines de extensión debe ir acorde con el fin de que el proceso concluya en un “plazo razonable.”

Participación Ciudadana dice sentirse alarmada “ante una clara tendencia a que el máximo de duración del proceso establecido en el Código Procesal Penal (CPP) se convierta en un instrumento de impunidad, debido a factores que pueden ser controlables, asegurándose de que los jueces tengan el tiempo suficiente para dedicarlo a los casos bajo su responsabilidad y actúen con firmeza frente a las maniobras de dilación de algunos imputados.”

CONSEJO NACIONAL

02 de octubre del 2023

● Este hecho demuestra las funestas consecuencias del aumento de la violencia política
y de la fuerza del crimen organizado en Ecuador.
● Ad portas de las elecciones, es preocupante el anuncio del presidente Guillermo
Lasso de un nuevo estado de excepción por 60 días.
● Garantizar los comicios requiere de la adopción de medidas eficaces para revertir la
violencia política, lo que va más allá de la militarización de los territorios.
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Quito, 10 de agosto de 2023. La red de Observación de Integridad Electoral
-RedOIE* repudia el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando
Villavicencio, ocurrido ayer 9 de agosto en horas de la noche en la ciudad de Quito,
cuando se encontraba en un mitin político.
Villavicencio era uno de las 8 candidaturas a la presidencia de Ecuador por el
Movimiento Construye y, de acuerdo con las últimas encuestas de opinión, se
encontraba en el segundo lugar en la intención de voto con un 13,2%. En días
pasados Villavicencio denunció públicamente ser objeto de amenazas y
amedrentamientos de parte de estructuras delictivas como consecuencia de su
trabajo y discursos relacionados a la seguridad ciudadana en Ecuador.
Su asesinato acontece a menos de 10 días de la jornada electoral en Ecuador, y
constituye un atentado contra la democracia de este país y de la región, al igual que
representa una victoria parcial del crimen organizado vinculado al narcotráfico que ha
incrementado su presencia en el país en muy poco tiempo.
De acuerdo con Ruth Hidalgo, directora de la ONG Corporación Participación
Ciudadana, que actúa como miembro de esta Red y es veedora del proceso electoral,
“ante este hecho, que demuestra las funestas consecuencias del aumento de la
violencia, es imprescindible que las autoridades garanticen la seguridad de las
candidaturas y de la ciudadanía de cara a los comicios del 20 de agosto”.
Asimismo, para Alejandra Barrios, Secretaria General de la red de Observación de
Integridad Electoral -RedOIE y directora de la Misión de Observación Electoral -MOE
de Colombia, “las organizaciones miembros de la RedOIE coincidimos en que este
tipo de hechos de violencia política deben ser un llamado para los países de América
Latina, para que garanticen el desarrollo los procesos electorales y acompañen
desde la observación electoral a la democracia de cada país”.
Finalmente, para esta Red resulta de especial preocupación el anuncio del presidente
Guillermo Lasso de un nuevo estado de excepción por 60 días para que las Fuerzas
Armadas se movilicen en todo el territorio ecuatoriano, pues el proceso de garantizar
los comicios electorales requiere de la adopción de medidas eficaces para revertir la
violencia política, lo que va más allá de la militarización de los territorios y de la
suspensión de algunos derechos fundamentales como la libertad de reunión.
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*La red de Observación de Integridad Electoral -RedOIE surgió con el fin de contribuir en
temas de transparencia, legitimidad, legalidad y equidad de los procesos electorales y del
ejercicio del poder público de los distintos gobiernos de los países que forman parte del
Acuerdo de Lima. Esta red está conformada por organizaciones y movimientos cívicos de
América Latina y el Caribe:
Corporación Participación Ciudadana – Ecuador
Misión de Observación Electoral MOE – Colombia
Poder Ciudadano – Argentina
Fundación Construir – Bolivia
Transparencia Eleitoral Brasil – Brasil
Costa Rica Íntegra (CRÍ) – Costa Rica
Iniciativa Social para la Democracia (ISD) – El Salvador
Acción Ciudadana – Guatemala
Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) – Honduras
Alianza Cívica – México
Ética y Transparencia – Nicaragua
Comisión Justicia y Paz – Panamá
Decidamos – Paraguay
Asociación Civil Transparencia – Perú
Participación Ciudadana – República Dominican
Fundación Instituto Universitario Sudamericano (IUSUR) – Uruguay
Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación – Venezuela