La falta de cumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público se ha convertido en una burla que obliga a las autoridades competentes a actuar y someter a todos al imperio de la ley, aplicando el régimen de consecuencias correspondiente.

Participación Ciudadana y toda la ciudadanía son testigos, una vez más, de la apatía y desidia de la mayoría de los funcionarios públicos en el cumplimiento de su obligación de declarar su patrimonio en el plazo que fija la Ley No. 311-14, que instituye el sistema nacional autorizado y uniforme de declaración jurada de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos.

Ya vencido el plazo de 30 días que establece la norma, resulta inaceptable que la gran mayoría de los funcionarios públicos no haya presentado su declaración, incluidos legisladores que deberían ser los primeros en dar el ejemplo de cumplimiento de las leyes votadas por ellos mismos. Esto es especialmente grave cuando conocían, desde su elección el 16 de mayo, que tendrían que presentarla, por lo que no han tenido solo 30 días, sino 120 días.

Algunos legisladores han pedido una extensión del plazo para la presentación, lo que revela su desconocimiento de la ley. Se trata de un plazo fijado por la ley, que no puede ser ampliado por la Cámara de Cuentas, ya que implicaría una violación de la misma.

El reglamento de aplicación de la ley permite una extensión de diez días adicionales, pero solo para aquellos casos en que se haya presentado la declaración de forma incompleta, por lo que no son favorecidos quienes sencillamente no la han presentado.

La ley dispone que, si la declaración no es presentada en el plazo legal pero se presenta con posterioridad, debe ser clasificada como "declaración tardía" y enviada al Ministerio Público para que investigue la causa de la demora.

Declarar los movimientos de la tarjeta de crédito no es un requisito para depositar la declaración. La ley solo obliga a declarar las tarjetas que posea el funcionario público, el límite máximo autorizado y el saldo pendiente a la fecha de la declaración. Si la Cámara de Cuentas está exigiendo movimientos de las tarjetas, debería corregir esta exigencia.

Tampoco es obligatorio detallar los viajes al exterior, aunque sí se requiere depositar una copia del pasaporte, un requisito común cuando se solicita visa en los consulados de varios países, por lo que no debería ser fuente de conflicto.

La norma exige la identificación de los hermanos y padres, pero no la del patrimonio de estos familiares, lo cual sí se exige para el cónyuge o pareja en unión libre si están casados por comunidad de bienes, lo cual es lógico, ya que el funcionario público es copropietario de los activos a nombre de su pareja. No es excusa tener muchos hermanos, ya que solo se solicita su identificación, algo que se presume que cada persona conoce.

Participación Ciudadana hace un llamado a la Cámara de Cuentas y al director de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos para que publiquen en la página web de la Cámara de Cuentas los nombres de los funcionarios públicos que han cumplido con el mandato de la ley, los que lo han hecho fuera de plazo y aquellos que no la han presentado.

También solicitamos a la Cámara de Cuentas informar a la ciudadanía si se ha cumplido con la obligación legal de enviar los casos correspondientes al Ministerio Público y a los funcionarios encargados de aplicar la sanción de retener el salario hasta el debido cumplimiento, sin renunciar a las acciones penales que prevé la norma en caso de falsedad de la información contenida en la declaración.

Solicitamos a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, al Ministerio de Administración Pública, al Ministerio Público, al presidente de la República, a los presidentes de las cámaras legislativas y a las autoridades municipales hacer el esfuerzo necesario para someter a todos al imperio de la ley. Es indispensable aplicar el régimen de consecuencias vigente, que debería modificarse para disponer la inhabilitación para ejercer una función pública a quienes no cumplan con la declaración.

Como parte del observatorio de los casos de corrupción, Participación Ciudadana ha revisado el accidentado tránsito del caso Medusa en la etapa intermedia o audiencia preliminar. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras 40 personas y 22 sociedades son imputadas de estafar al Estado por más de RD$6,000 millones de pesos.

El propósito de este informe es evidenciar lo que NO debe ocurrir en ningún caso en esta fase del proceso penal. Tal como estamos haciendo con otros expedientes, el caso Medusa ha sido sometido a un análisis detallado del proceso para medir la eficiencia del sistema de justicia y prevenir al país ante maniobras que pudieran derivar en situaciones que repitan la historia de impunidad de la corrupción que hemos vivido.

Amplíe más leyendo el documento.

RESUMEN

• La audiencia preliminar tuvo que ser aplazada 94 veces antes de que el juez Amauri Martínez pudiera tomar su decisión sobre el caso. enviando a juicio de fondo a los imputados.
• El motivo principal de la dilación fue la decisión de que se leyera el expediente completo de 12,274 páginas, lo cual se tomó casi seis meses y provocó 45 aplazamientos. El Código Procesal Penal (CPP), solo manda a que en audiencia preliminar se lean las partes relativas a los hechos y su calificación jurídica, que solo tenía 1,300 páginas, que pudieron haberse leído en un mes.
• La recusación de jueces sigue siendo utilizada para dilatar los procesos, llegándose en este caso no solo a recursar al juez, sino además a todos los jueces de la corte que debían decidir la recusación.

Participación Ciudadana, en coordinación con Transparency International, el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) y Transparencia Venezuela, organizó el evento internacional "República Dominicana y Venezuela: Desafíos de la justicia y los ciudadanos contra la corrupción", celebrado en el Hotel Catalonia Santo Domingo. Este encuentro reunió a destacados expertos y actores clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional que impactan a ambos países.

El evento tuvo como objetivo visibilizar las conexiones entre las redes criminales venezolanas y su influencia en la República Dominicana, abordando temas como el tráfico de drogas, personas, lavado de dinero, corrupción y la colusión entre funcionarios locales y grupos criminales. A través de paneles, moderados por reconocidos expertos, se discutieron las estrategias de investigación y combate a estas redes, así como los obstáculos que enfrentan los sistemas de justicia de ambos países.

Mercedes De Freitas, Directora de Transparencia Venezuela, y Erick Hernández Machado, Coordinador General de Participación Ciudadana, dieron inicio a la jornada, subrayando la importancia de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar las amenazas del crimen organizado.

Machado resaltó los tres aspectos medulares que gravitan en esta actividad: el liderazgo político, el acceso a la información y  la democracia. Por su parte, De Freitas explicó cómo las redes de corrupción venezolanas se han expandido a otros países del mundo.

El evento incluyó tres paneles principales: 1): “Oro, drogas, corrupción, lavado de dinero: Investigaciones y reportajes que destapan redes transnacionales” contó con la participación de David González (OCCRP) y Heiromy Castro (ex Coordinador de Participación Ciudadana), quienes discutieron cómo los medios y las investigaciones han revelado la conexión de grupos criminales venezolanos con redes en República Dominicana.

El Panel 2  “Cómo actúan los facilitadores y agentes grises” se centró en la complicidad de actores legales que permiten el funcionamiento de estas redes. Este panel fue moderado por Mercedes De Freitas y contó con José Ugaz (Taskforce Venezuela) y Claudia Álvarez, experta en transparencia y anticorrupción.

El Panel 3: “Esfuerzos de investigación en la justicia dominicana de las redes de corrupción, crimen organizado y lavado de dinero venezolanos” fue moderado por Katya Salazar (DPFL) y contó con Alicia Ortega, periodista de investigación dominicana, y Robert Mustafá, especialista en delitos financieros, quienes explicaron los desafíos que enfrenta el sistema judicial en la persecución de estos delitos.

Durante el evento, se abordaron los efectos del tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas y la corrupción en las instituciones locales, y se destacó la falta de cooperación de la justicia venezolana para procesar estos casos.

El evento concluyó con un llamado a la ciudadanía y a las autoridades dominicanas a prestar atención a esta problemática y a trabajar en conjunto para combatir la corrupción y las redes criminales que afectan a ambos países.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, exigió explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore, luego de haberse anunciado la suspensión.

“Se espera que en las próximas horas el Gobierno ofrezca una explicación clara de las razones por las que se continuó ejecutando el contrato para la semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore a pesar de haber sido suspendido desde octubre del año pasado”, dijo la entidad en nota de prensa.

De igual manera considera que la población debe saber el nivel de ejecución del citado contrato, los pagos realizados durante el proceso y las razones por las que se dejó el control del sistema en una empresa cuestionada por el propio Gobierno.

Se recuerda que la Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el citado contrato por un monto superior a los RD$1,300 millones de pesos en octubre del 2023, luego de identificar irregularidades como que fue creada meses antes del citado concurso y que el dueño oficial era un empleado de la entidad organizadora del proceso, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT)

La organización cívica filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana considera que los argumentos expuestos la semana pasada por el vocero del gobierno, Homero Figueroa, resultan superficiales y no llenan las expectativas de una sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos.

“La sociedad dominicana está cansada del dejar hacer y el dejar pasar frente a contratos de esta naturaleza que envuelven miles de millones de pesos y que luego del escándalo caen en el olvido de los medios”, dice un comunicado del Consejo Nacional de la Organización.

Participación Ciudadana indicó que de igual manera el Ministerio Público debe explicar el curso de las investigaciones que se iniciaron el año pasado y de las que la ciudadanía no tiene información.

“Sabemos que en la fase investigativa el Ministerio Público no debe publicar resultados que incluso afecten el proceso, pero es preciso saber si en este caso que envuelve una cifra tan grande y un servicio que cae en el ámbito de la seguridad nacional, hay un proceso abierto”, acotó Participación Ciudadana.

La organización cívica cuestiona que días después de que funcionarios de la administración del presidente Luis Abinader firmaran un compromiso con la ética y la transparencia exploten escándalos como este o la suspensión de la licitación del pasaporte electrónico.