PC evalúa revelación de detalles acuerdo de la PGR con Odebrecht

Ante la revelación de un acuerdo firmado por la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, manifiesta su desconcierto sobre el contenido, términos y plazos que han sido revelados hasta ahora.

El acuerdo parece limitar la responsabilidad civil de la empresa brasileña al pago del duplo de los valores utilizados para sobornar a funcionarios públicos dominicanos, cuando esa es solo una parte de su responsabilidad y probablemente la parte menor. El acuerdo parece excluir las sobrevaluaciones en los contratos adjudicados a Odebrecht a través del soborno, los 163 millones de dólares que dicha empresa admite haber ganado gracias a los sobornos, que se constituyen con toda claridad en enriquecimiento ilícito, y el costo financiero del dinero de los contribuyentes dominicanos.  Pretender que no se devolverá lo que la empresa se ganó con el fraude, equivale a decir que bastará con que devuelva lo robado para librarse de todo tipo de sanción y para colmo seguir operando en la República Dominicana como si nada hubiese pasado, lo que debe ser inadmisible para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana.

El acuerdo debió haber incluido una cláusula que estableciera que las sumas y forma de pago se acuerdan de manera preliminar y que las cifras y conceptos definitivos  serán establecidos luego de culminadas las investigaciones y validados por los tribunales dominicanos.

Es igualmente lamentable que con la firma del acuerdo no se haya obtenido absolutamente ninguna información sobre los funcionarios públicos dominicanos que fueron sobornados, pues lo que está bajo confidencialidad en Brasil son las delaciones de 77 ejecutivos de Odebrecht, pero no la información que ésta tiene en sus archivos a través de su División de Sobornos, llamada por ella División de Operaciones Estructuradas, donde también está la información de cuáles contratos y funcionarios dominicanos se encuentran involucrados en el caso de soborno transnacional más grande,  y en el que lamentablemente nuestro país está entre los protagonistas principales.

El gobierno dominicano debe actuar como lo está  haciendo con el caso de Los Tres Brazos, y rescindir todos los contratos que Odebrecht tiene actualmente en la República Dominicana, amparado en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite la rescisión unilateral de los contratos sin responsabilidad para el Estado dominicano en casos como éste, como lo han hecho ya otros países.

Ningún acuerdo que establezca de manera definitiva los montos a pagar por Odebrecht debe ser homologado por los tribunales dominicanos hasta tanto no se conozca el alcance de los daños sufridos por nuestro país en este caso, pues de lo contrario se estaría actuando con extrema irresponsabilidad.

Participación Ciudadana quiere dejar constancia de que más importante que el resarcimiento económico, que debe perseguirse hasta el último centavo, es la sanción penal que debe recaer sobre todos los responsables de haber contribuido a extraer de las arcas públicas los escasos recursos con los que cuenta nuestro país para cumplir con una deuda social que se arrastra históricamente y que mantiene a más un 40% de la población en la pobreza.

Existe gran desconfianza de la ciudadanía de que se identifiquen a todos los responsables y recaigan sobre ellos las sanciones más drásticas que establece nuestro ordenamiento legal, por lo que se ha solicitado, y nos sumamos a este reclamo, la designación de fiscales adjuntos independientes que trabajen el caso con la colaboración de las Naciones Unidas.