Lo que esperamos de la nueva JCE
Participación Ciudadana entiende que la nueva Junta Central Electoral debe enfrentar de inmediato grandes desafíos para dotar a los procesos electorales y a la propia institución electoral de una mayor confiabilidad y credibilidad.
A pesar de que el procedimiento llevado a cabo por el Senado de la República para la selección de los miembros de la JCE parecía prometedor, al final prevaleció la práctica de distribuir miembros entre las principales fuerzas políticas del país. Los miembros del pleno del organismo electoral, especialmente aquellos que no representan partidos políticos, tienen el gran compromiso de actuar en favor de los mejores intereses de todo el país, sobre todo para garantizar la transparencia electoral,la modernización del registro civil y el esclarecimiento de las denuncias sobre corrupción en cuanto al contrato con la empresa SOMO.
Es propicia la ocasión, para reiterar ante la opinión pública, que en la actual JCE, Participación Ciudadana no tiene ningún representante, pues como lo hemos señalado en distintas oportunidades, nuestra organización no presentó ni apoyó candidatura alguna ante el organismo electoral.
Algunos de los retos inmediatos que tiene por delante la nueva JCE son los siguientes:
Llevar a cabo un proceso transparente de rendición de cuentas acerca de los contratos de automatización del Registro Civil y voto electrónico, debido a los cuestionamientos reiterados que han salido a la luz pública sobre el contrato con el consorcio SOMO. Participación Ciudadana pide a la JCE que realice una investigación exhaustiva y hasta las últimas consecuencias sobre el caso, y que se tomen medidas para que la misma tenga lugar en condiciones de independencia. Para ello, hay que asegurar que en las pesquisas no participen personas que deban ser objetos de escrutinio y de fiscalización como parte de las mismas.
Comprometerse con la efectiva modernización de las Oficialías del Estado Civil, la cual va más allá de la automatización del Registro Civil, pues supone una verdadera reingeniería institucional de estos organismos, estableciendo procedimientos que ofrezcan un servicio eficiente y rápido a los ciudadanos; al tiempo que se garantiza la preservación y seguridad de las actas del estado civil. Es necesario resolver de una vez y por todas, el grave problema que significan los cientos de miles de dominicanos y dominicanas sin documento de identidad. Es necesario además, que se de cumplimiento al artículo 8 de la Ley 8-92 que establece que la Junta Central Electoral regulará las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil, consagrando como ingresos de Estado las tasas y derechos que actualmente perciben los oficiales de Estado Civil, a los cuales se les fijará un salario.
debida capacitación de los integrantes de los colegios electorales. En esta oportunidad se requiere de un estricto control y supervisión de las campañas electorales para impedir que las mismas inicien antes del tiempo establecido por la ley y que se conviertan en un escenario donde prime el abuso de los recursos del Estado, el derroche de dinero, el clientelismo y la propaganda negativa. En este sentido, la JCE tiene ante sí la oportunidad de demostrar su compromiso con este tema, ejerciendo su autoridad para desmontar las campañas políticas que vienen realizando algunos pre-candidatos de varios partidos políticos, así como el exceso de publicidad estatal, parte de la cual puede interpretarse como campaña política realizada con fondos públicos.
Participación Ciudadana reitera su vocación de observadora electoral e institución independiente de los partidos, y se compromete ante la ciudadanía y los cientos de organizaciones que la han apoyado, a mantenerse vigilante y a seguir exigiendo el cumplimiento de la normativa electoral.
