Primer Aniversario de la Declaración de Guatemala contra la Corrupción
(Capítulo Nacional en la República Dominicana de Transparency International, en formación)
Un día como hoy, hace justamente un año, fue firmada la Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción. La misma fue firmada en la Ciudad de Guatemala el 16 de noviembre del 2006 por los Presidentes y Jefes de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, a saber Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice, Panamá y la República Dominicana.
En el caso dominicano el Presidente Leonel Fernández no pudo asistir personalmente a la firma, pero envió en su lugar y otorgó un Poder para su representación al Embajador Adscrito a la Cancillería, Lic. Luis Manuel Piantini. República Dominicana es, en consecuencia, signatario de la Declaración y compromisario del fiel cumplimiento de sus postulados.
Mediante la firma de la indicada Declaración, los gobiernos de la Región se comprometieron a garantizar el libre acceso ciudadano a la información pública en forma veraz y oportuna,contar con mecanismos de rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, el manejo transparente de las compras y contrataciones públicas y los programas sociales, el control del financiamiento político y electoral, la implementación de normativas de conducta que regulen el comportamiento ético tanto en el sector público como privado, que incluyan medidas para prevenir y controlar potenciales conflictos de intereses, la persecución de la corrupción, y el impulso a las reformas orientadas a contar con servicios civiles probos, estables y eficientes.
Es lamentable, sin embargo, que no se percibe que la firma de la indicada Declaración haya inducido cambios positivos en el manejo de los asuntos públicos en la República Dominicana. Más bien, lo que resulta evidente es que, transcurrido un año de haber sido suscrita, para el Gobierno Dominicano su firma no pasó de un acto protocolar, pues al interior del país y del Gobierno mismo el hecho prácticamente ha pasado inadvertido, en virtud de que el funcionamiento de la administración pública ha seguido su curso normal en los aspectos relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción, independientemente del compromiso firmado.
De hecho, algunos de los escándalos más graves relacionados con violaciones a la ética pública han afectado el país después de la firma de dicha Declaración. Ejemplos de ello son el caso del apoyo presidencial a que la Oficina del Metro desobedezca una orden judicial que obliga a suministrar informaciones públicas al periodista Luis Eduardo Lora. Otro ejemplo es el uso reiterado de los recursos del Estado en la campaña por la reelección presidencial del Dr. Leonel Fernández.
Y quizás el más escandaloso de todos, la firma y el mantenimiento en secreto del contrato con la Sun Land, y la defensa pública que del mismo hiciera el Presidente, no obstante estar claro que el caso conlleva procedimientos impropios en el uso de crédito internacional del país y la contratación de obras públicas, violatorios de la Constitución, de diversas leyes adjetivas y de acuerdos internacionales del país. Con el agravante de que todavía ni siquiera se ha aclarado a la Nación dónde están los US$130 millones que ahora el país debe.
