Diez puntos para enfrentar la Corrupción

La Asamblea Nacional de Participación Ciudadana presenta al país una agenda de 10 puntos que deben ser abordados sin mayores dilaciones con el concurso de todos los sectores políticos, sociales y económicos si se desea avanzar de manera real en el siempre complicado tema de la corrupción.

La Corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la construcción de una sociedad democrática. Es un grave problema que afecta a todos los estratos de la sociedad y que debe ser enfrentada de manera enérgica. La corrupción es un sistema que forma parte de todos los ámbitos de la sociedad y es una de las principales consecuencias del patrimonialismo y el clientelismo presentes en la cultura política dominicana.

Los puntos que proponemos a la nación son:

1. Trabajar para que exista un marco legal adecuado en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia en los sectores público y privado. La plataforma anticorrupción presentada por diversos sectores de la sociedad civil en el año 2000,los resultados de la evaluación del plan nacional de Prevención y Lucha anti Corrupción y del Seminario Internacional de Aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción ofrecen importantes propuestas para lograr este objetivo. En este sentido, hacemos un llamado al Congreso Nacional para que coloque en agenda y apruebe en la próxima legislatura diversos proyectos de leyes sometido a su consideración en los últimos años, tales como:  el de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado, el de Acceso a la Información Pública, la reforma de la ley de declaraciones juradas de bienes, el que crea la Fiscalía Anticorrupción , la modificación de las leyes de la  Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, la de Presupuesto.

Al mismo tiempo pedimos al Poder Ejecutivo que hasta tanto el Congreso sancione las leyes mencionadas, promulgue un decreto exigiendo de los diverso organismos estatales que la asignación de obras y la contratación de bienes y servicios se haga mediante concursos públicos, desterrando el grado a grado y la discrecionalidad en las contrataciones.

2. Que se fortalezca la capacidad técnica operativa del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas de manera que cumpla el rol de fiscalizador de la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, prestando atención al uso en los gastos discrecionales que se producen en la administración pública, tal como lo consigna la Constitución de la República.
3. Que los organismos gubernamentales y las organizaciones que reciben fondos estatales lleven a cabo procesos de rendición de cuentas  obligatorios. Que se creen estos mecanismos de rendición de cuentas con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general; tal como lo contempla el proyecto de Ley de Participación Social.
4. Que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general participen activamente en las Comisiones de Auditoria Social creadas por el Decreto 39-2003 y se creen las condiciones que faciliten esta participación. Estas comisiones deben abarcar a todas las instancias del Estado que realizan inversión en obras públicas.
5. Ofrecer todo el apoyo necesario a la Oficina de Administración de Personal ONAP, para que la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sea aplicada de manera generalizada.
6. Solicitar que el presupuesto del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa sea aumentado substancialmente, con el fin de que este organismo adscrito a la Procuraduría General de la República, pueda ejecutar con eficiencia y eficacia el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción que elaborado en el Año 2001.
7. Hacer un llamado al Poder Judicial y al  Ministerio Público, para que se imparta justicia con objetividad, imparcialidad y celeridad en los casos de corrupción que se  encuentran en los tribunales y aquellos que sean presentados en el futuro. Que el Procurador General de la República tramite hacia los tribunales los casos de Corrupción investigados por el  Departamento de Prevención de la Corrupción y que permanecen en su despacho.
8. Reforma Institucional de la Administración Pública, que fortalezca los pasos dados en los organismos de control que tiene el Estado Dominicano. Fortaleciendo el control automatizado de los procesos financieros con su conectividad vía la Internet.
9. Recomposición y funcionamiento del Consejo Asesor  en Materia y Lucha Anti Corrupción, mediante la incorporación de representantes del Congreso, del Poder Judicial y  la Cámara de Cuentas, entre otros.
10. Las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial deben ofrecer a la ciudadanía claros mensajes de que las prácticas no éticas serán sancionadas ejemplarmente sin excepciones y sin dilaciones.